- Hace un año, el colapso de la represa de residuos Fundão terminó con la vida de 19 personas y contaminó 663 kilómetros (441 millas) de longitud del río Doce con 40 mil millones de litros (cerca de 10.5 mil millones de galones) de residuos de lodo tóxico. Es la peor catástrofe medioambiental y minera en la historia de Brasil.
- Hacia finales de octubre, los fiscales federales acusaron a 22 ejecutivos y 4 empresas (Samarco, Vale, BHP Billiton y VOGBR Consultancy) por su rol en la catástrofe que ocurrió en la ciudad de Mariana, del estado de Minas Gerais.
- La demanda federal de 272 páginas incluye una cantidad de documentos internos de la empresa que parecían demostrar que Samarco tenía conocimiento de la amenaza que representaba la represa de residuos para la seguridad pública, pero no hizo lo suficiente para resolver el recrudecimiento del problema.
- Estos documentos internos llegaron tan lejos como hasta estimar las muertes que probablemente fueron consecuencia del colapso de la represa. El estimativo de Samarco de 20 o más muertes solo superó el total real de las 19 fallecidos en una persona. La demanda también enumera los daños a las pesquerías comerciales (14 toneladas de peces muertos) y hasta bosques y comunidades.
Las autoridades federales publicaron sus descubrimientos en relación al colapso de la represa de residuos Fundão en un informe sólido e incriminatorio que se presenta en la víspera del primer aniversario del acontecimiento. Los fiscales acusaron a veintidós ejecutivos y cuatro empresas por su papel en la catástrofe que ocurrió en la ciudad de Mariana en el estado de Minas Gerais.
La demanda de 272 páginas redactada por el Ministerio Público de Brasil (MP) ofrece un recuento vívido de la mayor tragedia medioambiental del país, un suceso que causó la muerte de 19 personas.
El documento oficial del Ministerio Público delinea la historia de la falla de la represa corporativa descomunal que liberó 40 mil millones de litros (cerca de 10.5 mil millones de galones) de residuos de lodo tóxico, arrasó con la vida salvaje, la vegetación, las propiedades y 663 kilómetros (441 millas) del río antes de alcanzar el Océano Atlántico. La catástrofe, dice el informe, sigue en curso con otros 4 mil millones de galones de fango que continúa filtrándose desde la represa en ruinas.
Las empresas acusadas incluyen a Samarco (propietaria de la represa), junto con las empresas matrices Vale y BHP Billiton, todas imputadas de homicidio calificado con dolo eventual (donde no existe la intención de matar, pero se asume el riego de causar la muerte).
Veintiuna de las veintidós personas mencionadas por los fiscales del Ministerio Público también fueron imputadas por homicidio calificado. Entre los ejecutivos de Samarco acusados se encuentran el director ejecutivo Ricardo Vescovi (con licencia dos meses después de la catástrofe), el director general de operaciones Kléber Terra y tres gerentes de operaciones. También se encuentran bajo acusación cinco empleados de Vale y BHP, once miembros del consejo de administración de Samarco, todos designados por Vale y BHP.
Entre los miembros del consejo hay cinco brasileños, dos estadounidenses (Margaret McMahon Beck y Marcus Philip Randolph), un ciudadano británico (Stephen Michael Potter), un ciudadano francés (Jeffrey Mark Zweig), un sudafricano (James John Wilson) y un australiano (Antonio Ottaviano).
Samarco, Vale y BHP Billiton son acusados de doce crímenes medioambientales. A una cuarta empresa, VOGBR Consultancy, se la imputa, junto con el ingeniero superior, Samuel Santana, por presentar informes falsos sobre la estabilidad de la represa.
“Los acusado tenían conocimiento de los problemas de la represa”
“Cuando se analiza el material recabado —incluidos los documentos de la empresa y los informes de la policía federal [unidad de delitos medioambientales] y civil— es evidente que los acusados tenían conocimiento de los problemas de la represa y decidieron a conciencia desatender la seguridad de la edificación”, le expresó a Mongabay el fiscal general José Adércio Leite Sampaio.
El coordinador del comando del Ministerio Público mencionó que las leyes brasileras que regulan la seguridad de la represa minera son relativamente débiles y “llenas de vacíos legales”. Las inspecciones federales y estatales son mínimas y las empresas son libres de determinar qué riesgos pueden presentar las represas de residuos para la población y el medioambiente. “El [gobierno] no inspecciona todos los diques existentes en el país, sino que trabaja con muestras. Solo el dos por ciento de las grandes represas son inspeccionadas anualmente por agencias medioambientales”, dijo el fiscal general.
Minas Gerais tiene 317 represas residuales (47 por ciento del total del país), según la Agencia Nacional de Aguas. “En ese estado, el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) trabaja con solo dos técnicos del campo”, explicó Sampaio. “Debido a la escasez de [inspectores], el DNPM basa sus informes sobre la autodeclaración del propietario de la represa”.
De acuerdo con la literatura geotécnica, el método de construcción utilizado por Samarco en el sitio de Fundão es el más económico y más inestable de todos los modelos de represas residuales existentes. “Este tipo de presas de materiales sueltos para diques residuales no debería permitirse más en Brasil”, Sampaio declaró rotundamente.
A través de la oficina de prensa, Samarco le dijo a Mongabay: “La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del estado de Minas Gerais (Semad) y el DNPM no tenían una frecuencia regular para las inspecciones de la represa de Fundão. Nuestros consultores independientes e internacionales revisaron la edificación de tres a cuatro veces por año, dependiendo de la compañía o profesionales contratados”.
Samarco respondió oficialmente que se encuentra en contra de las imputaciones y expresó que “refuta la acusación del Ministerio Público, que desestimó la defensa de la empresa y los testimonios presentados durante la investigación, pruebas de que no tenía conocimiento previo de los riesgos de la edificación [de la represa]”.
Vale también “rechaza la denuncia del Ministerio Público, que [eligió] ignorar la evidencia presentada [por la empresa] que demuestra la ausencia del conocimiento previo de riegos reales de la represa de Fundão por parte de Vale, sus ejecutivos y sus empleados, [e] intenta injustamente atribuirles cierta forma de responsabilidad inaceptable a toda costa”.
Cuando se les contactó desde Mongabay para este artículo, Vale respondió que su portavoz no estaba disponible para la entrevista. El director ejecutivo de VOGBR André Euzébio dijo por correo electrónico que la empresa no emitiría ninguna declaración.
Problemas desde el comienzo
Mientras Samarco y Vale —productor de mineral de hierro más grande del mundo— declaran que no sabían nada sobre los peligros reales que enfrentaba la represa Fundão, los documentos de las empresas obtenidos por el Ministerio Público Federal parecen demostrar lo contrario. Los errores manifiestan haberse cometido desde el comienzo del proyecto y la negligencia parece estar en evidencia.
“Los documentos demuestran que, desde la fase de planificación, las empresas y los empleados imputados ya estaban al tanto de la existencia de las fallas geológicas en la región”, dice la demanda del Ministerio Público Federal.
Un documento en la lista de la demanda es el informe de peritaje geológico y geotécnico conducido por la empresa Pimenta de Ávila titulado: “Proceso erosivo y trabajo de restauración en Dique 1”. El Ministerio Público menciona que: “El 22 de septiembre de 2008, Samarco obtuvo su licencia operativa. En diciembre, comenzó la deposición de residuos. Sin embargo, al comienzo de las operaciones, Samarco identificó un fallo en la represa. Durante una inspección, llevada a cabo entre el 1 y el 5 de diciembre de 2008 por Andrew Robertson, un consultor internacional contratado por Samarco, identificó evidencias serias y responsables del funcionamiento inestable de la maquinaria de drenaje interno principal desde el sistema de diques primario. Se descubrió [que el drenaje precario conllevó al incremento de] la acumulación impropia de agua en el reservorio del Dique 1”.
Más evidencia del drenaje continúa: “En una reunión [del consejo de Samarco] el 22/07/2009 […] los consejeros acusados escucharon informes de los directores de Samarco (entre ellos, —en ese entonces director de operaciones y sostenibilidad— Ricardo Vescovi) sobre los problemas de la represa Fundão. El consejo expresó su preocupación por la efectividad de la solución propuesta y [le solicitó] al equipo administrativo de la represa de Vale trabajar en representación suya”.
Sin embargo, aparentemente, esos esfuerzos para llevarse a cabo fueron infructuosos: “En septiembre de 2014, los ingenieros de Samarco se reunieron con la consultoría Pimenta de Ávila para discutir el desliz del macizo [un precursor del colapso de la represa de arcilla]”.
Un informe de la inspección del sistema de evacuación de relaves fechados el 4 de septiembre de 2014 menciona que: “varias grietas transversales en la cresta del macizo […] [fueron observadas por] el equipo de inspección de Samarco. Las grietas caracterizan el comienzo del movimiento de desplome del montón de macizo y Samarco inmediatamente construyó un vertedero de refuerzo al pie de la pendiente de la hendidura” para resolver el problema.
Otro documento interno de Samarco, titulado: “Manual de riesgos corporativos de Samarco”, claramente demuestra que la empresa era consciente del problema en Fundão: “El riesgo identificado […] para el año 2015, [incluye] la alteración e irregularidades estructurales geotécnicas que pueden ocurrir en operaciones diarias [de varias represas de Samarco]. Incluidos en ese riesgo se encuentran la evacuación de relaves y estructuras en aguas de: Fundão, Santarém, Germano, Matipó, Norte Ubu, Cava de Germano y Muniz Freire”.
Respecto a la “Salud y seguridad”, el Manual de riesgos corporativos de Samarco muestra que la empresa tenía identificadas las posibles consecuencias del colapso de la represa de Fundão: “> a 20 instalaciones. Discapacidades permanentes (> 30% del cuerpo) en más de cien personas”.
La denuncia del Ministerio Público Federal menciona que: “¡La precisión del documento [interno de Samarco] es escandalosa!”.
Un informe de la destrucción
La denuncia del Ministerio Público Federal ofrece detalles escalofriantes del resultado del colapso de la represa. Tan grande fue la fuerza de la riada de lodo tóxico que partes de cuerpos humanos se encontraron a 43 millas de donde algunas de las 19 víctimas fallecieron. El cuerpo de un fallecido, Edmirson José Pessoa, no se recuperó hasta hace poco. El antiguo empleado de Samarco había estado trabajando cerca de la represa cuando ocurrió la falla, cerca de las 3:30 p.m. el 5 de noviembre de 2015.
Según el Ministerio Público, la riada de fango residual alcanzó e impactó 39 ciudades en dos estados. Bento Rodrigues, una ciudad que yacía justo tres millas debajo de la represa, sufrió los peores impactos y dejó de existir. Tenía 585 habitantes en el momento del siniestro y padeció la destrucción del 80 por ciento de sus 257 edificios.
“Ante el instinto de supervivencia, la mayoría de las personas no tuvo tiempo de rescatar ninguna de sus pertenencias, ya que se vieron forzadas a huir a un terreno más elevado donde no las pudiera arrastrar el lodo”, indica el informe del Ministerio Público.
De las 195 propiedades rurales atascadas en Minas Gerais, 25 fueron completamente destruidas, según la demanda. La Secretaría de Estado para el Desarrollo Regional, Urbano y Administración Metropolitana de Minas Gerais mencionó que cientos de hogares fueron destruidos, junto con escuelas, iglesias, plazas y capillas.
“El daño a la salud humana se percibe al día de hoy, especialmente en las ciudades de Mariana y Barra Longa. En la segunda, hubo un aumento del 1000 por ciento en la demanda de asistencia médica, con reclamos constantes sobre el secado del lodo tóxico en la región, [que] aún no se ha quitado”, señala el documento del Ministerio Público.
Daños a la fauna y la flora
Como consecuencias de la catástrofe de Samarco, 14 toneladas de peces muertos se recolectaron a lo largo de los ríos Doce y Carmo. El mineral de hierro y el barro de sílice también causaron “la destrucción de los hábitats y mataron, entre otros, a los crustáceos y otros animales acuáticos; criaturas terrestres lentas, como las serpientes, tortugas, ranas y [sus] crías; animales que vivían en madrigueras o nidos cavados en el suelo; insectos, arácnidos y anélidos”.
“El área marítima de la región afectada, la costa norte del estado de Espírito Santo, es parte de uno de los sitios más importantes para la cría de tortugas marinas”, menciona el informe. “Dos especies en peligro de extinción desovan allí, la tortuga boba (Caretta caretta) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea)”. Esta área costera es el único lugar donde la tortuga laúd se reproduce en Brasil. Además: “El derrame de residuos […] destruyó áreas de cría de los langostinos frescos, [mientras] las especies [acuáticas] que llevaban sus huevos terminaron con un estado de dificultad respiratoria”.
La mata atlántica, uno de los biomas más amenazados en Brasil, también fue víctima de daños significativos. Bosques protegidos fueron menoscabados o destruidos, este daño incluye al bosque primario y la vegetación secundaria en estados de regeneración media y avanzada.
Próximos pasos
La semana pasada, el periódico de Brasil O Globo informó que la continuación de las actividades mineras propuesta por Samarco en la región ha sido un asunto de serios desacuerdos entre la empresa y sus propietarios, Vale y BHP Billiton. El director ejecutivo de Vale Murilo Ferreira declaró que la reanudación de la minería por parte de Samarco no es factible debido a la utilización actual de la represa de residuos a contracorriente. Sin embargo, el director de integridad corporativa de Vale, Clóvis Torres, anteriormente defendió el rápido regreso de las operaciones de Samarco. La empresa “está completamente paralizada y necesita regenerar dinero fiscal, empleo y riqueza de nuevo”, expresó. Esta última opinión también la comparte Fernando Coelho Filho, el ministro de minas y energía de Brasil. Declaró que se podría revisar la licencia de Samarco para regresar a su funcionamiento a principios de 2017.
En noviembre, el Ministerio Público probablemente le hará recomendaciones tanto al Congreso como a los ministerios de minas y energía y de ambiente sobre los cambios necesarios para mejorar las normas de seguridad de la represa.
De acuerdo con el proceso del litigio contra las empresas y los individuos acusados, el fiscal general Sampaio fue precavido sobre los siguientes pasos: “La etapa actual del caso es muy complicada. Estamos a la espera de una respuesta oficial de los acusados”.
