- La represa Barro Blanco sobre el río Tabasará en Panamá ha sido controvertida desde el principio debido a una supuesta falta de consulta sobre el proyecto con los pueblos indígenas y a la inundación de las comunidades Ngäbe. En la actualidad, la estructura de la represa está completa, pero muchos Ngäbe-Bugle quieren cancelarla.
- Si bien se había llegado a un acuerdo entre los representantes indígenas y el Gobierno panameño para aceptar la represa en agosto, el acuerdo fue rechazado en septiembre por el Congreso General Ngäbe-Bugle, que afirmó que sus representantes excedieron los límites de su autoridad.
- En la reunión de septiembre, el Congreso General creó una comisión nueva para analizar el proyecto y hacer recomendaciones sobre acciones futuras respecto de la represa. El rechazo del acuerdo concretado entre el Gobierno de Panamá y los grupos indígenas no deja un final a la vista para este conflicto.
El destino de la polémica represa Barro Blanco en la zona occidental de Panamá es incierto después de que el Congreso General Ngäbe-Bugle votara en contra de un acuerdo concretado un mes atrás entre el presidente del país y Silvia Carrera, la líder del grupo indígena, ahora destituida.
El acuerdo firmado el 22 de agosto, a pesar de una oposición comunitaria fuerte, permitió la finalización de la represa, pero fue rechazado por 76 a 67 el 17 de septiembre por los miembros del Congreso General, el órgano más importante para la toma de decisiones de la región semiautónoma de Ngäbe-Bugle, conocida como “Comarca”. El Congreso General, al que concurrieron 141 de los 300 delegados indígenas, llegó a la decisión final luego de una sesión extraordinaria de cuatro días convocada específicamente para debatir el proyecto hidroeléctrico.
Carrera, quien no concurrió a la sesión, fue destituida de su cargo por el Congreso por supuestamente excederse en el ejercicio de su mandato como cacica general (la representante elegida del grupo) y por no informar adecuadamente al Congreso sobre sus negociaciones con el Gobierno.
El documento ahora rechazado había sido proclamado por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, como el “acuerdo definitivo” que permitía la finalización y operación del proyecto de 28 vatios, que había tenido una oposición constante por parte de las comunidades locales Ngäbe desde que se le había dado luz verde en 2007.
Según Weny Bagama, una delegada del Congreso General Ngäbe-Bugle y líder del Movimiento 10 de abril (que se opone a la represa), los tres caciques que firmaron el acuerdo originalmente nunca tuvieron realmente el poder para negociarlo en primer lugar.
“Dentro del marco legal de la comarca, los caciques no están autorizados a firmar ningún documento con el Gobierno ni para un proyecto; son solo representantes de la autoridad tradicional, que pueden coordinar, supervisar e informar. Es todo lo que pueden hacer”, explicó a Mongabay Bagama, quien también pertenece a la comunidad de Kiad, afectada por la represa.
Durante el cuarto día de sesión, el Congreso General Ngäbe-Bugle creó una nueva comisión compuesta por tres representantes de cada una de las principales regiones de la comarca: Kodri, Ño Kribo y Nedrin. Bagama, quien fue designada para esta comisión nueva, enfatizó que este organismo oficial no tiene el poder de negociar con el Gobierno, sino de “analizar” de forma apropiada el conflicto Barro Blanco.
La represa Barro Blanco está ubicada sobre el río Tabasará, tres millas río abajo de la comarca Ngäbe-Bugle. Se calcula que el embalse de 258 ha (1 mi2) impactará 6 ha (15 acres) de la tierra más fértil dentro de las tres comunidades ribereñas Ngäbe, como así también inundará seis casas, un bosque en galería importante, y un petroglifo religioso. Indirectamente, impactará la vida de unos 150 Ngäbe.
El proyecto ha generado numerosas protestas y represiones violentas por parte del Gobierno; además, atrajo muchas críticas de ONG nacionales e internacionales, ya que la compañía constructora no obtuvo el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades locales, un concepto codificado (pero no jurídicamente vinculante) por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
El rechazo de la represa por parte del Congreso General Ngäbe-Bugle ha obligado al Gobierno panameño a regresar a la mesa de negociaciones y a trazar una ruta nueva con la esperanza de revivir el proyecto detenido, cuya estructura está finalizada.
Según el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, dicho ministerio y el viceministro de Asuntos Indígenas están llevando a cabo reuniones con las autoridades de la comarca y analizando el rechazo formal del documento con el objetivo de “establecer una nueva hoja de ruta”.
Encontrar una forma de seguir adelante será un desafío, teniendo en cuenta las disensiones caracterizadas por el reciente voto indígena en desacuerdo, por la destitución de Carrera y por el hecho de que una gran cantidad de delegados del Congreso General no participó de la reunión de septiembre. Dicha disensión podría dificultar la posibilidad de un acuerdo final en un futuro cercano.
“Lamentablemente, la comunidad [Ngäbe-Bugle] no tiene un conocimiento profundo sobre el tema de Barro Blanco. Muchos en la comunidad saben que existe un problema, pero no saben todo lo que sucedió”, explicó Bagama. Además, agregó que la postura del Congreso General Ngäbe-Bugle sobre la comisión creada no fue unánime.
“Hay delegados que quieren negociar [con el Gobierno]… pero, si el Congreso va a negociar, nosotros como comunidades afectadas vamos a abstenernos”, sostuvo Bagama y agregó que las comunidades impactadas siempre han reclamado la cancelación inmediata de la represa.
La comisión nueva debió reunirse en octubre con las comunidades afectadas por la represa para recolectar testimonios directos y documentación histórica que abarquen una década de oposición. Luego, presentará sus conclusiones ante el Congreso General Ngäbe-Bugle y propondrá los pasos a seguir con el Gobierno.
A pesar del rechazo del acuerdo, el Gobierno ha continuado con las pruebas de inundación del embalse de la represa, un trabajo que volvió a comenzar oficialmente el 23 de agosto y que continúa afectando a las comunidades Ngäbe.
“Alrededor de la zona [inundada], tenemos una serie de cultivos, la mayoría de bananos. Todos esos árboles que producían fruta están ahora bajo agua, por lo que nos quedamos sin alimento y algunas personas, sin hogar”, afirmó Bagama.
Según Roberto Meana, administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP), la inundación —actualmente a 98 m (321 ft) sobre el nivel del mar— es necesaria para llevar a cabo pruebas estructurales y operativas de vital importancia.
Barro Blanco —que ha sido fundada por dos bancos europeos de desarrollo, así como también por el Banco Centroamericano de Integración Económica— permanece registrada bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas, lo que significa que la represa ayudará a reducir emisiones de carbono, un sello de aprobación medioambiental que se sumó a la polémica en curso que rodea el proyecto.