- “La minería ilegal en Colombia es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y la salud de los colombianos, indicó Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales de Colombia.
- La minería ilegal ha generado una crisis social y ambiental por la degradación del territorio y la contaminación por mercurio, coincidieron los especialistas consultados por Mongabay Latam.
Hablar sobre minería ilegal en Colombia genera un gesto de preocupación en el rostro de las personas entrevistadas. Algunas no pueden ocultar el horror que les causa el tema.
“La minería ilegal en Colombia es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y la salud de los colombianos. Es el principal reto que tenemos”, dijo tajante a Mongabay Latam Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales de Colombia, presente en la COP13 de Cancún, México.
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Aunque elogió el trabajo realizado por el ejército y la policía de Colombia, Miranda reconoció que hasta el momento “no hemos logrado frenar este delito tan terrible que avanza a una velocidad impresionante sin que podamos desarrollar todavía algo suficientemente contundente para detenerlo ya”.
De acuerdo con el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), la minería ilegal es la que “no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que, además, no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por la ley: la licencia ambiental, las normas laborales, ambientales, de seguridad o de salubridad industrial; la capacidad técnica necesaria o el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales”.
Carlos Alberto Botero, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, manifestó a Mongabay Latam que la minería ilegal ha aumentado en los últimos años, lo que coincide con el proceso de paz y los acuerdos alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ahora que “ya no están estos grupos alzados en armas, la gente llega libremente a esos sitios sabiendo que no va a tener las consecuencias de ser secuestrada o asesinada”.
Botero advirtió que se está trabajando en una nueva legislación que permita actuar contra la minería ilegal, que en su momento reemplazó al secuestro como mecanismo de financiación de grupos delincuenciales.
“Con el proceso de paz y la desmovilización consecuente de actores armados es necesario que se fortalezcan los procesos de gobernanza territorial y generar una mayor institucionalidad nacional, regional y local con el fin de reducir las brechas económicas y sociales del país para que no se aumente la degradación de los ecosistemas”, señaló a Mongabay Latam Ximena Barrera, Directora de Política de WWF Colombia.
Jonás Pinzón Osorio, del College of the Atlantic, una institución educativa dedicada al estudio y práctica de la ecología humana, le dijo a Mongabay Latam que con el acuerdo de paz, el gobierno colombiano debería invertir parte de su producto interno bruto en fomentar el desarrollo económico de las zonas que se vieron más impactadas por la violencia. Antioquia, con una gran actividad minera, se ha caracterizado por ser una de las zonas más afectadas por la guerra contra las FARC.
Una larga historia de conflictos por minería
El Atlas Global de Justicia Medioambiental, una plataforma colaborativa dirigida desde el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cartografiado con el apoyo de la Universidad del Valle los diferentes conflictos ambientales en todo el país, entre ellos conflictos por minería y energía. Colombia es uno de los países con más conflictos socioambientales, según esta plataforma.
Los principales conflictos sociales relacionados con minería en Colombia están vinculados “con el ordenamiento territorial, dada la falta de articulación entre la planeación del suelo en los municipios contra la planeación del subsuelo, con la consecuente entrega de títulos mineros y de licencias ambientales”, mencionó Barrera.
La especialista consideró que la desconexión entre las decisiones acordadas por los ciudadanos en los procesos de ordenamiento territorial y los proyectos mineros ha generado tensión y conflicto en el desarrollo de proyectos en fases de exploración y de explotación.
“Otro conflicto que viene aumentando es la extracción ilícita de minerales en todo el territorio nacional pero, en especial en el departamento del Chocó, donde la falta de un adecuado control por parte de diferentes entidades públicas encargadas ha permitido esta extracción ilícita”, indicó Barrera.
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A pesar de lo complicado que resulta documentar la minería ilegal, “sin duda genera un impacto significativo en zonas del Caribe y la Amazonía, donde se ha implementado, afectando de manera absoluta estos ecosistemas porque quedan en un estado de transformación tan severo que difícilmente se pueden recuperar la estructura y funciones ecosistémicas que estos territorios tenían”, explicó preocupada a Mongabay Latam Ángela Andrade, presidenta de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Problemas de salud
Los mineros decantan el oro con mercurio que es depositado al río. Este elemento químico es muy contaminante y genera efectos negativos en los seres vivos que están en contacto con él o lo ingieren.
Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales de Colombia, indicó que han desarrollado un plan de medición del impacto en la salud por la contaminación del mercurio en funcionarios de Parques Nacionales y de grupos indígenas, ayudados por expertos con la Universidad de Cartagena.
“La minería por sí misma no es mala, es cómo se hace. Hay lugares donde definitivamente no se puede, como en las reservas o las áreas protegidas, pero en las zonas donde se puede realizar una minería amigable con el medio ambiente, nuestra Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entrega estos permisos”, indicó Botero a Mongabay Latam
En lo anterior coincidió Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales de Colombia, al decir que es “bienvenida la minería legal en donde se tomen las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos que necesariamente causa esta actividad económica”.
Marmato es una zona donde la mayoría de los habitantes “trabaja en minas como ‘ilegales’, entre comillas, porque no tiene permisos y hay una gran problemática porque ahí hay también una empresa canadiense que está explotando ese lugar con un permiso del gobierno, entonces están las que se fomentan en la legalidad y las que se fomentan en la ilegalidad”, indica Jonás Pinzón.
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Botones de muestra
En el departamento de Chocó, en la región del Pacífico colombiano, la explotación de oro, platino y plata se ha incrementado drásticamente en los últimos años.
Esto ha generado una crisis social y ambiental por la degradación del territorio y la contaminación por mercurio, coincidieron los especialistas consultados por Mongabay Latam.
“Tan solo entre 2012 y 2013 las dragas que operan en esa región aumentaron en un 180 %. La extracción ilícita de minerales ha generado la degradación de alrededor de 64 mil hectáreas en once municipios. El Chocó es el segundo productor de oro en el país, a pesar de que la mayor parte de su explotación no cuenta con título minero”, explicó Barrera, quien aseguró que WWF promueve planes de desarrollo rurales integrales con un enfoque étnico para la región.
De acuerdo con la Directora de Parques Nacionales de Colombia, Julia Miranda, el Parque Nacional de Farallones de Cali; la Reserva Nacional Natural Puinawai, en el departamento del Guainía, en la frontera con Brasil; el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, entre los departamentos de Amazonas y Vaupés, o la Ciénaga de Ayapel son otros sitios alcanzados por la minería ilegal.
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En el río Caquetá la minería ilegal “afecta la conservación de la tortuga charapa (Podocnemis expansa) que desova en las playas que quedan totalmente destruidas por la minería que se hace en esos ríos”, puntualizó Miranda, quien exhortó a jueces y fiscales a establecer sanciones contundentes a los responsables para frenar este problema.
Como concluyó Miranda, la fiebre del oro no detiene a nadie en la búsqueda de los beneficios económicos que da este metal, pero a un costo muy alto para la riqueza biológica de Colombia.
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