- Killeen inicia el séptimo capítulo de "Una tormenta perfecta en la Amazonía" hablando de la Gobernanza, es decir, aquella gestión del Estado que permite no solo manejar el Gobierno sino crear políticas capaces de generar desarrollo.
- En los gobiernos de la Panamazonía, por desgracia, pasamos por una crisis de gobernanza. Detrás de ella no solo hay incapacidad ni falta de control sino, en opinión de Killeen, también la voracidad de los mercados globalizados que no atienden a los crecientes impactos del cambio climático ni a los efectos disruptivos del COVID-19 en el 2020.
- Peor aún, para Killeen es claro que los líderes políticos ambiciosos y sin escrúpulos han explotado el malestar ciudadano frente al supuesto "fracaso" de la democracia. Y así intensificar la polarización que domina muchos aspectos de la sociedad amazónica.
- Tampoco se puede culpar a las ONGs que no deben ni pueden reemplazar a las instituciones públicas ni en escala ni en legitimidad. La buena gobernanza requiere la existencia de instituciones gubernamentales competentes.
Cuando los mercados no logran gestionar adecuadamente la oferta y la demanda de bienes y servicios, se produce lo que se conoce como fracaso del mercado. Las causas de este fenómeno son diversas, pero la más común es la incapacidad de incorporar las externalidades, tanto positivas como negativas.
En términos económicos, una externalidad es un costo o beneficio que no se considera al calcular el rendimiento financiero de una inversión. Los problemas medioambientales son un claro ejemplo de fracaso del mercado, ya que los productores y consumidores no asumen los costos de los daños que generan, ni reciben beneficios económicos por contribuir a la sostenibilidad. Estos fallos solo pueden corregirse mediante la intervención del Gobierno, que suele adoptar dos enfoques: (1) la aplicación de normativas que obligan a productores y consumidores a adoptar ciertas prácticas, o (2) políticas basadas en el mercado que incorporan los costos y beneficios de las externalidades a través de impuestos o subvenciones.
Sin embargo, los gobiernos enfrentan resistencia por parte de los ciudadanos, quienes rechazan las restricciones a sus opciones de consumo, el aumento de precios o la carga impositiva necesaria para financiar subsidios.
Los politólogos definen gobernanza como la formulación de políticas y la gestión del Estado. En la Panamazonía, la discrepancia entre políticas y resultados refleja, en parte, una crisis de gobernanza. A pesar de los avances logrados durante medio siglo de gobiernos democráticos, estos países no han logrado sortear los obstáculos impuestos por fuerzas sociales y económicas fuera de su control, como la voracidad de los mercados globalizados, los impactos crecientes del cambio climático y los efectos disruptivos de la pandemia de COVID-19. Tampoco han gestionado con éxito amenazas que, en teoría, podrían abordarse mediante acciones basadas en la integridad y la previsión.
Con frecuencia, los funcionarios subordinan el interés público a intereses particulares, beneficiándose ellos y sus allegados. Lo más preocupante es que la corrupción fomenta una cultura de mediocridad que aleja aún más a los ciudadanos y socava el respeto por las instituciones estatales.
El descontento ha propiciado un auge del populismo que amenaza la democracia liberal, un fenómeno agravado por la difusión de desinformación en redes sociales. Líderes políticos ambiciosos y sin escrúpulos han explotado este malestar para intensificar la polarización que domina muchos aspectos de la sociedad amazónica. Mientras la región enfrenta una recuperación económica lenta y prolongada tras la pandemia, persiste el riesgo de nuevas protestas sociales, inestabilidad política y debilitamiento democrático.
Los países de la Panamazonía han implementado diversas políticas para conservar su biodiversidad y los servicios ecosistémicos del bioma y sus entornos. Entre ellas destacan la consolidación de áreas protegidas, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la mejora en la gestión forestal y del uso de la tierra. Además, los proyectos de infraestructura y extracción de minerales están sujetos a revisiones ambientales y sociales, mientras que las normativas buscan garantizar que los propietarios de tierras cumplan con la legislación medioambiental.
Más aún, los gobiernos han expresado su compromiso con el fin de la deforestación y, en algunos casos, colaboran con la agroindustria para incorporar principios de sostenibilidad en sus cadenas de suministro. No obstante, la degradación y fragmentación de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la región sigue avanzando y, en términos cualitativos y cuantitativos, podría estar empeorando.
El crecimiento del número de organizaciones de la sociedad civil responde, en parte, a la incapacidad del sistema electoral para generar cambios y consolidar una administración pública eficiente. Sin embargo, la proliferación de ONG también conlleva desafíos, pues puede reducir la presión sobre los gobiernos para mejorar y fortalecer las instituciones estatales.
En la Amazonía, muchas ONG realizan investigaciones y prestan servicios de extensión que, en teoría, podrían ser mejor gestionados por universidades públicas, que también cumplen un papel clave en la formación académica. Además, los esfuerzos de estas organizaciones suelen ser fragmentarios e ineficaces, especialmente cuando compiten entre sí por recursos limitados de los donantes.
Si bien las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol fundamental al exigir responsabilidad a los organismos gubernamentales y pueden complementar ciertas funciones del Estado, no pueden reemplazar a las instituciones públicas ni en escala ni en legitimidad. La buena gobernanza requiere la existencia de instituciones gubernamentales competentes.
Marco Jurídico de la Gobernanza Medioambiental
El derecho medioambiental moderno surgió en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos. Su desarrollo comenzó con la consolidación del sistema de parques nacionales durante el gobierno de Theodore Roosevelt, quien también impulsó la creación de agencias federales encargadas de administrar los recursos naturales renovables del país. Esta evolución hacia una filosofía de gestión holística se llevó a cabo a lo largo de varias décadas y estuvo acompañada por el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil, que presionaron para la aprobación de leyes y la asignación de fondos públicos destinados a la conservación y la gestión científica de los recursos naturales.
Los ideales conservacionistas se extendieron a otros continentes y, hacia mediados del siglo XX, la mayoría de los países panamazónicos habían establecido uno o varios parques nacionales.
Brasil se destacó como uno de los primeros países líderes en la región al crear, en 1921, el servicio forestal nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Posteriormente, en 1934, el presidente Getúlio Vargas promulgó un decreto que sentó las bases jurídicas para la protección forestal y la gestión de la fauna silvestre. Este decreto estableció una serie de infracciones denominadas «delitos forestales», castigados con multas o penas de prisión. Aunque en las décadas siguientes la norma no tuvo un impacto significativo en el uso de la tierra, marcó un precedente legal de gran importancia histórica.
El movimiento ecologista mundial experimentó una transformación radical en la década del 60, impulsado por la publicación de influyentes libros que advertían sobre los peligros de la contaminación industrial y los límites del desarrollo convencional. Como resultado, surgieron organizaciones no gubernamentales que presionaron a los gobiernos para la promulgación de leyes dirigidas a combatir la contaminación y proteger las especies en peligro.
En 1970, la evaluación de impactos ambientales se convirtió en una exigencia legal y quedó codificada en la normativa de la recién creada Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La indignación pública ante catástrofes medioambientales, especialmente los vertidos de petróleo y residuos tóxicos, motivó a las empresas a modificar sus prácticas para reducir la exposición a riesgos ambientales. Al mismo tiempo, las mismas fuerzas sociales y económicas que impulsaban estos cambios estaban redefiniendo las agendas políticas en Europa Occidental, lo que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1972.
Durante las décadas de 1960 y 1970, los países panamazónicos estuvieron centrados en sus propios problemas internos, y varios atravesaron largos períodos de gobierno militar. Aun así, las élites urbanas y los círculos académicos presionaron a las autoridades para que incorporaran principios medioambientales en sus estructuras de gobierno. A partir de la década del 80, las organizaciones conservacionistas internacionales comenzaron a respaldar a los defensores locales, al tiempo que presionaban a las instituciones multilaterales para incluir programas medioambientales en sus estrategias de desarrollo.
Si bien el crecimiento económico continuó siendo la prioridad, la conservación de la naturaleza y la reducción de la pobreza ganaron protagonismo en la agenda de la cooperación internacional. Paralelamente, las empresas multinacionales impulsaron la clarificación de la normativa ambiental con el objetivo de reducir el riesgo de inversión y facilitar el flujo de capital privado hacia los países panamazónicos.
Estas agendas convergieron en la década del 90 con el auge del Consenso de Washington, que promovía políticas de economía de mercado, privatización y democracia. La conservación medioambiental se presentó como parte de una estrategia más amplia para fortalecer una economía global basada en normas. Irónicamente, hoy se reconoce que la globalización económica ha sido uno de los principales motores de la degradación medioambiental en el sur global y de la deforestación en la Panamazonía.
Imagen de portada: La primera zona protegida de la Amazonía, el Parque Nacional Kaieteur, fue creada en 1929 para preservar los paisajes que rodean las cataratas Kaieteur, ubicadas en el río Potaro, Guyana. Debido a su altura y volumen, Kaieteur es considerada la catarata más potente del planeta. Crédito: Sorenriise vía Wikimedia (CC BY-SA 3.0 Unported).
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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