- ¿Qué actividades están acabando con los bosques de Caquetá?
- ¿Cuáles son las consecuencias ambientales del proceso de desarme de las Farc?
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Semana Sostenible de Colombia)
La Amazonía es una de las primeras víctimas de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como estaba previsto, el proceso de desarme ha sido el detonante de la desaparición de cientos de hectáreas de bosque en esa región donde la guerrilla ejerció históricamente la “autoridad” ambiental. En La Novia, una localidad de San Vicente del Caguán, saben bien de lo que se trata.
Jorge Suárez*, un dirigente campesino de la región acostumbrado a recorrer el área, calcula que en esa zona se han talado al menos 4000 hectáreas de bosque primario desde octubre pasado. “El sistema que tienen es simple: la gente entra, delimita un terreno de 200 hectáreas y empieza a tumbar. Allí hay gente que ha entrado seis horas selva adentro del límite que tenían establecido las FARC para abrir nuevas tierras”.
La Novia pertenece al corregimiento de Campohermoso, una vasta selva ubicada al oriente de San Vicente del Caguán que sirve de zona de amortiguamiento o puerta de entrada al Parque Nacional Natural Chiribiquete, la “joya” de la conservación que Colombia tiene para mostrar ante el mundo. En enero de este año, el Instituto de Estudios Meteorológicos y Ambientales (IDEAM) emitió 29 alertas tempranas por deforestación en Campohermoso.
Mapas satelitales de esta entidad muestran cómo entre noviembre del año pasado y enero del presente se abrieron al menos tres boquetes (hoyos) dentro de la selva de esa parte del país. Suárez confirma en tierra las imágenes aéreas: “Acá la gente se adjudica la tierra por nombre, porque una persona puede decir: estas 200 hectáreas para mí, estas para mi hijo, estas para mi esposa y así…”.
Mario Barón, director de Corpoamazonía en el Caquetá, reconoce que en esa parte de San Vicente del Caguán la salida de las FARC ha facilitado la tala indiscriminada “en áreas que antes estaban restringidas por ellos”. Pero aclara, sin embargo, que la deforestación es un problema crónico en su departamento. En 2015, sin ir tan lejos, se perdieron 24 142 hectáreas de bosque, casi el 20 % de la cifra total del país en ese año. La diferencia es que antes esa destrucción estaba en gran medida orientada por la coerción armada de las Farc.
“Cuando estaba la guerrilla se manejaba el tema de cuidar el 20 % de todas las fincas y tenerlas en reserva de montañas y había una ley dictada por las Farc que permitía tumbar máximo cinco hectáreas. Las personas que no cumplían eran sancionadas, pero ahora al no haber ningún control sobre esas áreas todo el mundo está acabando hasta con el 20 % que tenía en monte”, explica Suárez.
El proceso de desmovilización de la guerrilla trajo consigo la disolución del control que ejercían en esos territorios. Y ante la tardía llegada del Estado a ocupar esos espacios de autoridad, la gente tomó el mando en sus propias manos. Pese a que para nadie era un secreto que uno de los principales retos ambientales del posconflicto sería llenar de inmediato los vacíos de poder dejados por las FARC, la respuesta estatal solo se produjo el 13 de diciembre del año pasado. Ese día se constituyó “la Burbuja contra la Deforestación” en el Caquetá, una alianza entre la Gobernación, la Fiscalía General de la Nación, Corpoamazonia, Parques Nacionales, la Procuraduría y las Fuerzas Armadas para enfrentar este fenómeno.
La estrategia se está ejecutando bajo la coordinación del General César Parra, Comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército y ha implicado la realización de varias jornadas de capacitación para las Fuerzas Armadas y las comunidades sobre la importancia de prevenir la deforestación. “Ha sido complicado porque nosotros estábamos preparados para otras cosas y nos ha tocado aprender sobre maderas y animales silvestres para decomisarlos en los operativos”, cuenta Parra.
Con la información de las alertas tempranas del IDEAM, la Fuerza Aérea ha realizado sobrevuelos en San Vicente del Caguán en los que ha constatado la pérdida de al menos 1200 hectáreas de bosque. Pero ese es un cálculo aproximado, pues solo hasta que el IDEAM entregue el informe oficial sobre la tasa de deforestación se conocerá la magnitud de la destrucción.
Según el General Parra, los principales motores de la tala son la ampliación de la frontera agrícola para meter ganado, el comercio de madera, los cultivos de uso ilícito y la minería criminal. Desde que entró en acción, “la Burbuja” ha logrado el decomiso de 193 689 metros cúbicos de madera aserrada y 127 bultos de carbón vegetal, así como la captura de una persona y la destrucción de cinco motobombas.
Con todo, las autoridades son conscientes de que tras la deforestación se esconde un complejo problema social. Si bien existen mafias y actores poderosos que están impulsando la tala para hacer plata, en zonas como La Novia hay muchas personas sin tierra que no están dispuestas a esperar la promesa de un Estado incierto.
Según Suárez, la voz popular habla de grandes finqueros que contratan a un grupo de personas y les dicen: “marquen unas 200 o 300 hectáreas, tumben 10 o 20 y las trabajan. Les pagamos 30 millones (unos 10 000 dólares) por eso, pero cuando el gobierno legalice la tierra vuelven y nos la pasan a nosotros”.
La otra modalidad, explica, es la de gente que nunca ha tenido tierra y que ve en esta coyuntura la posibilidad de obtenerla a su manera. “Hay gente que me dice: nosotros no queremos hacer esto, pero si el gobierno no nos trae un proyecto en el que podamos ubicarnos o tener un modo de vida diferente a estar jornaleando, nos toca seguir en este tema, tumbando la selva”.
El General Parra asegura que están trabajando en la identificación de las personas que promueven la deforestación en el Caquetá y que en los próximos días entregarán resultados concretos al respecto. Pero dice que también hay “factores culturales” que explican el problema y que por eso “se tienen que llevar proyectos e inversiones a las comunidades para que no tengan que hacerlo por necesidad”.
El director de Corpoamazonía coincide con la explicación de Parra, y espera que con el plan Visión Amazonía que trazó el actual gobierno para reducir a cero la deforestación en esa región, lleguen los recursos para tratar de forma integral el fenómeno. Suárez piensa que hay que tener paciencia y ver qué pasa con el proceso de paz. “Igual nos hemos esperado toda la vida, esperemos un poco más”, les dice a sus vecinos. ¿Será capaz el Estado de evitar otra tragedia anunciada?
Notas:
*Nombre cambiado por seguridad.
Foto de portada: Cortesía Jorge Suárez.
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