- ¿Qué lleva a un hombre a arriesgar su vida y la de su familia por la defensa de su territorio?
- ¿Por qué hasta hoy el gobierno de Guatemala no emite el título de propiedad que exige desde hace años el pueblo q’ueqchí?
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Plaza Pública de Guatemala)
Rodrigo Tot se ajusta el sombrero de palma y con resignación dibuja una mueca que parece sonrisa en el rostro de un hombre serio. No está acostumbrado a que la prensa lo busque. Hoy, su agenda, coordinada desde semanas antes, está anotada con precisión en un documento de Excel. Dispone de 30 minutos para explicar a cada medio de comunicación con voz ronca y escuetas frases una lucha de décadas de la comunidad Lote 9 Agua Caliente, en El Estor (departamento de Izabal), que busca legalizar la propiedad de sus tierras.
Tot ganó este año el Premio Ambiental Goldman para América del Sur y Central, un reconocimiento que desde 1989 premia a cinco defensores del medioambiente en diferentes regiones del mundo, postulados a partir de nominaciones confidenciales y elegidos luego de un año de deliberación.
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La historia de Rodrigo Tot empieza en 1957 a 146 kilómetros de El Estor, Izabal: en Purulhá, Baja Verapaz, donde nació y vivió sus primeros 12 años. Su familia, dedicada a la agricultura, había llegado al municipio acostumbrada a moverse de una zona a otra de Guatemala, en función de las temporadas de cultivo de maíz. Cuando apenas levantaba un metro del suelo, con cinco o seis años —no recuerda con exactitud— su padre y su madre fallecieron —“de enfermedad”—. Después de escuchar que uno de sus tíos tenía una casa en El Estor, donde cultivaba frijol y maíz, el niño juntó lo poco que tenía y viajó con su hermano mayor. Tot no regresó a Purulha.
Aprendió a hablar español jugando en la calle, y a escribirlo y a leerlo unos años más tarde, con ayuda de unos amigos de la iglesia. Nunca pisó una escuela. Se sacó la primaria a los 18 años, con apoyo de una organización de la comunidad.
Tot se hizo pastor evangélico a inicios de los ochenta, en una época en la que el militar Efraín Ríos Montt dirigía el país y estar fuera de la religión suponía ser considerado comunista. “Me junté con unas personas evangélicas que me dijeron que me convenía estar ahí para no entrar en el vicio”, explica. Ahora dirige una iglesia en Chichipate, una aldea cercana a Agua Caliente, donde recita el evangelio dos veces por semana.
En El Estor encontró su lugar, y en Agua Caliente Lote 9, a tres horas del municipio, su causa. “Empecé a apoyar con 18 años y en 2002 me nombraron líder”. Hasta la fecha, Tot es el guía principal de la comunidad —reelegido año a año—, donde trabaja para lograr que los miembros de la misma cuenten con certeza jurídica de la tierra.
La lucha en el Lote 9
El Lote 9 Agua Caliente es una de las comunidades que descansan sobre el valle del Río Polochic, en el departamento de Izabal, región nororiental de Guatemala. El verde de los cultivos y la vegetación contrasta con el color rojo oscuro de una tierra húmeda rica en minerales, de la que durante décadas se ha buscado certificar la propiedad. La cronología de la comunidad la cuentan las personas de más edad. Los nombres y rostros detrás de una lucha.
En la escuela del Lote 9, unas 40 personas se sientan en los pupitres y bancos de madera. Hombres —la mayoría—, mujeres, niños y niñas. Los más ancianos, apoyados en alargadas varas, se levantan de sus lugares para dar una clase de historia en q’eqchí. Juan Manuel Pérez, el maestro de la escuela, hace las veces de un improvisado traductor.
En la década de los cincuenta, cuando la zona de El Estor era conocida como el granero de Guatemala por la prosperidad de sus cosechas, la aldea Chichipate estaba dividida en fincas que trabajaban los comunitarios. Los empleados cobraban “50 centavos de quetzal por 40 varas (cada vara mide 0.699 m²)”, recuerda Ricardo Chub, un hombre de 75 años con barba de días y cejas pobladas. “Vivíamos ahí, pero nuestras familias y nuestro ganado aumentaban cada vez más. Nos terminaron expulsando”, añade, con tono serio. Los patronos no veían con buenos ojos ceder una mayor parte de sus tierras para mantener a tantas personas y animales.
Los jornaleros comenzaron así el éxodo en busca de otro lugar donde establecerse. Ellos, apartando maleza y conociendo el terreno. Ellas, preparando y cargando los alimentos que tendrían que abundar para varios días. Durante meses caminaron hasta encontrar la zona que ahora habitan: Q’ixinha. Delimitaron el terreno que ocuparían para sembrar frijol y maíz. Unas 30 caballerías (1353 hectáreas) con forma de trapecio. Poco a poco crearon una nueva comunidad de la nada en medio del cerro. Los nacimientos de aguas termales en los alrededores le dieron nombre. Agua Caliente. Hoy son ya 400 personas. En las áreas contiguas otros vecinos de El Estor fueron abriéndose espacio y marcaron otros 15 lotes. Con los años, varios comunitarios del Lote 9 volvieron a bajar la montaña para instalarse de nuevo en Chichipate. La mayoría de ellos, por trabajo. Otros, para acompañar a sus familiares. Entre ellos, Rodrigo Tot, que vive a unas cuantas calles de la iglesia en la que predica como pastor evangélico y quien sube a pie a la comunidad un par de veces por semana para trabajar como guía. El camino a Agua Caliente, de 45 minutos en un vehículo de doble tracción y un mínimo de dos horas para las piernas más ágiles, está construido, reforzado y reparado íntegramente por la comunidad. Unos metros antes de comenzar la subida, en la aldea San Julián, un puente cerrado con una cadena —que un hombre que vive a un lado baja y vuelve a subir cada vez que llega un vehículo— da la bienvenida.
En febrero de 1985, tres décadas después de aquella primera diáspora, lograron el primer paso para conseguir la certeza jurídica de la tierra. El Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) adjudicó provisionalmente el Lote 9 Agua Caliente a 64 campesinos y campesinas, en calidad de Patrimonio Agrario Colectivo. El título permitía a los miembros de la comunidad vivir y trabajar en la tierra, bajo la condición de que pagaran previamente la suma de Q32 490.35, a Q24 por hectárea (32 490.35 dólares en aquella época ). El monto se abonó, pero Agua Caliente todavía no tiene un título definitivo. Entender los motivos supone conocer la historia de la extracción de níquel en El Estor. Una historia que corre paralela a la de la comunidad.
El negocio que resurgió de sus cenizas
A seis kilómetros del centro de El Estor, la Mina FeNix aparece entre la maleza y la polvorienta carretera. De camino, seis alargadas chimeneas de las que emana un humo oscuro anuncian su presencia en la zona. La escena en la mina es la misma las 24 horas del día. Sonido de hornos. Rugido de motores. El pitido de un camión que da marcha atrás. La empresa no cierra, no pierde un minuto de descanso. Hornos, motores, pitidos. Los empleados, que trabajan en tres turnos —de 8:00 a 16:00, de 16:00 a 0:00 y de 0:00 a 8:00— salen de la fábrica a paso lento, con el rostro y las botas manchadas de rojo oscuro. Es el mismo rojo que el del suelo de Agua Caliente. El rojo de la tierra que llena unos camiones que nunca dejan de circular. La tierra que una grúa procesa a un costado de la compañía. La tierra de níquel.
La mina FeNix empezó a funcionar en la década de los sesenta produciendo ferroníquel, un producto de venta internacional para la fabricación de acero inoxidable. A finales de 1962, la compañía canadiense International Nickel Company (Inco), que era la casa matriz de Exploraciones y Explotaciones Metálicas de Izabal S.A. (Exmibal), comienza a negociar con el General Miguel Ydígoras Fuentes, entonces Presidente de Guatemala, y le sugiere implementar una nueva ley de minería para estimular la industria. En abril de 1965, el coronel Enrique Peralta Azurdia, que sucedió a Fuentes en el poder, promulga el nuevo código de minería (Ley 342), que permitió a Inco lograr una concesión de explotación minera por 40 años.
Durante casi 20 años el negocio fue próspero y logró mantenerse en el mercado. Pero los precios del níquel se desplomaron en los ochenta y la fábrica cerró abruptamente en 1982. De nuevo, durante dos décadas, el gran gigante se mantuvo en silencio.
El resurgimiento comenzó en 2004, cuando la firma Skye Resources adquirió la empresa, ahora llamada Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Luego de cuatro años de enfrentamientos con las comunidades de la zona, en agosto de 2008, Hudbay Minerals adquiere el proyecto minero. De nuevo, los conflictos de tierras hacen que la sociedad termine vendiendo también el negocio, que en 2011 lo recibe la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal S.A. (Pronico), una subsidiaria de la firma rusa Solway Investment Group. “Los rusos”, como se conocen en la comunidad, y como ellos mismos se denominan, retomaron las operaciones en 2014, luego de que el ex presidente Otto Pérez Molina inaugurara la planta.
La certeza jurídica
Cuando la empresa retomó las actividades, en 2004, Rodrigo Tot llevaba dos años en el cargo de guía del Lote 9. Ante la incertidumbre que la reactivación de la mina FeNix generaba en la comunidad, Tot decidió averiguar cómo se encontraba el proceso de legalización de las tierras.
Según se consigna en el Fondo de Tierras, la comunidad pagó los Q32 490.35 para obtener el título definitivo el 22 de septiembre de 2006. Sin embargo, cuando Tot solicitó revisar la inscripción del terreno en el Registro General de la Propiedad, encontró que las páginas donde esta se localizaba, habían sido arrancadas.
A partir de ahí, Tot comenzó un proceso legal, apoyado por la Defensoría Q’eqchí y por el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas —organización de los Estados Unidos que proporciona apoyo legal a pueblos y naciones indígenas de las Américas dedicados a la protección de sus tierras, recursos, derechos humanos, medioambiente y patrimonio cultural. En 2009, la Corte de Constitucionalidad (CC) obligó al gobierno de Guatemala a reponer las páginas del Registro de la Propiedad —lo cual se logró en 2016— y a expedir los títulos de propiedad —por los que la comunidad todavía espera—.
“Se supone que la CC es la máxima autoridad, pero ni así”, lamenta Tot. “En 2014 fui a presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, porque aquí ya nadie quiere apoyarnos”.
Robin Macloni Sicaján, director ejecutivo de la Defensoría Q’eqchí, explica la situación del proceso acompañado de tres carpetas con documentos. La oficina de la organización, un espacio que lograron adquirir este año, es un local sencillo al que los empleados dan los últimos retoques mientras avanza la conversación.
“Hay un traslape”, indica Sicaján. Eso es lo que les repiten en el Fondo de Tierras. Según la institución, la compañía posee un espacio de unas seis o siete caballerías (270 a 315 hectáreas) que, según el Registro de la Propiedad, están en posesión provisional de la comunidad. Puesto que en 1985 el INTA otorgó un “Patrimonio Agrario Colectivo”, de unas medidas específicas por las que los miembros de la comunidad pagaron, estos se niegan a ceder parte del terreno.
En la empresa, la visión es diferente. Maynor Álvarez, un militar retirado que hoy trabaja como gerente de relaciones comunitarias de Pronico, afirma tajantemente que “no puede haber un traslape”. “El Registro de Información Catastral (RIC) ha hecho mediciones no legales y a la gente le crea una expectativa. Extiende documentos que son pretensiones y la gente piensa que son documentos legales. Eso confunde”, asegura.
Además, el trabajador de la empresa añade que “en su momento, la comunidad reconoce en el anonimato que hubo un movimiento de mojones (señales que delimitan un área)”, lo que habría alterado las mediciones del terreno.
En el título provisional del INTA se especificó que la superficie del Lote 9 es de 29 caballerías, 64 manzanas y 5732 varas cuadradas — en total 1352 hectáreas. Según la información del RIC, el área catastral de la comunidad equivale a 36 caballerías, una manzana y 3918.85 varas cuadradas — en total 1625 hectáreas .
Se solicitó a Álvarez información acerca de la tierra que actualmente tiene en posesión la empresa —de la que indica que menos de la mitad está siendo explotada— y acerca del área que le fue otorgada en licencia, para corroborar si ambas entrarían en la zona del Lote 9. A pesar de que se comprometió a entregar los datos, estos no fueron recibidos.
Aunque Rodrigo Tot recalca en varias ocasiones que nunca ha hablado con ningún miembro de la compañía, Álvarez asegura sin preguntársele que han estado en diálogos constantes con él. “Nosotros queremos estar seguros de que quedan con certeza jurídica”, afirma.
Los enfrentamientos
Desde la apertura de la empresa minera FeNix, la zona de El Estor ha sido escenario de conflictos entre los gestores de la compañía y los miembros de las comunidades.
En enero de 2007, durante la administración de Skye Resources se produjeron varios desalojos de comunitarios que ocuparon tierras adquiridas por la empresa. Los directivos de la compañía celebraron en su momento la recuperación de los terrenos, y se mostraron agradecidos con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) “por la manera profesional en la que esta desafortunada situación fue resuelta”.
Ese mismo año, varias mujeres del Lote 8, colindante a Agua Caliente, denunciaron haber sido violadas y acosadas por miembros de la seguridad de la empresa.
Con Hubday como subsidiaria, los desalojos producidos llevaron al asesinato del maestro Adolfo Ich Chamán, en septiembre de 2009. Según su esposa Angélica Choc y personas que se encontraban en el lugar, fue un guardia de la CGN quien disparó. La empresa se desliga de la acusación en un apartado de su página web, en el que da su versión de los hechos.
En Solway Investment Group, la actual propietaria, aseguran que la política de la CGN cambió totalmente con su entrada en la zona. “Desde que la empresa cambia de dueños, el lineamiento de la dirección es evitar confrontación con las personas, aunque estén usurpando tierra. Ante todo se busca el diálogo”, dice Maynor Álvarez.
Al igual que las demás comunidades, los miembros del Lote 9 recuerdan también los conflictos y las intimidaciones que aseguran haber sufrido. En el salón de la escuela, donde las emociones salen conforme avanzan las horas, Antonia Pop Cac, se levanta con firmeza para explicar cómo en una ocasión un pickup de la CGN llegó a pocos metros de Agua Caliente y durante tres días permaneció ahí. “Varios hombres de la comunidad habían salido y nosotras nos quedamos en nuestras casas. No queríamos salir por miedo”, relata.
Ese temor que remarcan varias personas llegó a su punto alto en octubre de 2012. Edin Leonel Tot Suv, uno de los hijos de Rodrigo Tot, fue asesinado cuando viajaba en autobús a la capital. Otro de sus hijos, Wilfrido Rodrigo, quien iba a su lado, quedó gravemente herido.
“Tengo ocho hijos. Cinco varones y tres mujeres. Pero de los cinco me mataron a uno. El primero de octubre de 2012. Asesinaron a mi hijo, por la misma lucha. Fue como por el kilómetro 18, ya llegando aquí a la capital. Para disimular no lo hicieron allá, sino que lo vinieron a hacer por aquí. Fue un asalto, pero no era asalto”, narró Rodrigo Tot.
Wilfrido Tot vive en Chichipate. A unas pocas casas de la iglesia donde su padre predica el evangelio. Viste una playera blanca, sin mangas, que permite ver una cicatriz alargada debajo de su cuello.
“La bala me entró por aquí —se señala el entrecejo, al lado derecho de su nariz—, me atravesó la lengua, y llegó hasta el pecho. Todavía la tengo ahí, porque no me la lograron sacar”, comienza su relato. Las marcas a lo largo de su cuerpo siguen la trayectoria del proyectil.
Wilfrido viajaba con su hermano y su sobrino —hijo de Edin Leonel— a la capital, un día entre semana. Salieron de El Estor a la 1:00 y viajaron toda la madrugada. Cuando apenas faltaban 18 kilómetros para llegar, cuatro hombres se levantaron. “Bueno cerotes, al primero que se levante lo mató”, se escuchó. Los dos hermanos se quedaron quietos. “Cuando sentí, ya le habían disparado”, cuenta Wilfrido. “A mí me pusieron la pistola en la cabeza, y porque yo levanté la vista, fue que la bala me entró por donde me entró. Si no, no lo contaba”. Él se hizo el muerto y eso le salvó la vida.
Tanto él como su familia rechazan que se tratara de un asalto. Lo toman como una consecuencia del trabajo de resistencia que realiza su padre. “A él le dicen líder invasor, pero mi papá solo está trabajando para conseguir la certeza jurídica de la tierra”, afirma.
Ryan Mack, oficial de programas de las Américas de la Fundación Goldman, reconoce que el premio, a pesar de poner un foco de luz en la situación de la comunidad, podría conllevar también un riesgo para sus miembros. “Hemos hecho un análisis de seguridad. Es un proceso que siempre hacemos con los premiados. Estamos trabajando mucho con ellos para que todo se maneje bien y sobre todo para no ponerlos en peligro”, remarca.
La CIDH otorgó en 2012 medidas cautelares para Tot y su familia, en el documento señalan que “(…) los factores que dieron lugar a la situación de riesgo estarían relacionados —directa o indirectamente— a intereses de terceros en el territorio ocupado históricamente por estas comunidades indígenas.
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La situación de inseguridad les llevó en octubre de 2006 a tomar una decisión drástica. La comunidad se separaría. Un grupo se quedaría en el mismo punto del Lote 9 —ahora llamado M2, por Mojón 2— y el otro se movería a la otra esquina del terreno—el M1—, colindante con las tierras en posesión de la guardia de seguridad de la CGN. Entre ambos extremos, se encuentra el famoso traslape.
El Lote 9-M1 es un lugar al que cuesta llegar. La subida es empinada, con unas piedras que logran que hasta el vehículo más potente resbale hacia atrás. En lo alto, la vista del valle, del río Polochic y del lago Izabal es imponente. En la escuela, mucho más pequeña que la del M2, se juntan unas 20 personas. Un grupo de niñas descalzas, con los pies rojos, miran curiosas a su alrededor. Uno de los vecinos se excusa: “Aquí llegamos menos porque las casas están más dispersas”.
— ¿Vivir en el M1 es duro?—se les pregunta.
Las miradas se vuelcan en el piso. Silencio. Nadie quiere hablar de eso. Desde hace 11 años viven a kilómetros de algunos de sus familiares. A horas a pie de las que fueron sus casas durante décadas. Comenzaron de cero, una vez más. Las palabras no salen y las lágrimas asoman.
Martín Pop, uno de los vecinos, se anima a hablar, finalmente. “Vinimos aquí para proteger a la madre tierra. Hicimos el esfuerzo de vivir alejados, pero somos una única comunidad, y eso quiero dejarlo claro”, expone, muy serio.
Los miembros de Lote 9 Agua Caliente repiten unas palabras que parecen tener un efecto sanador. Se encuentran también entre las frases Rodrigo Tot y entre las de su hijo, Wilfrido. Son un mantra, que ayuda a continuar. “Es duro, sí. Pero hay que seguir. En la lucha”.
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