Amazonía peruana: tierra de todos y de nadie

Seis personas que se dedicaban a la producción de madera fueron asesinadas el viernes 1 de setiembre de 2017 en la Quebrada Juanita, Caserío El Encanto Santa Rosa, Distrito de Nueva Requena, en Ucayali. Los cuerpos fueron hallados flotando en un río cercano con disparos en la cabeza y las manos y los pies atados. Líderes comunales y pobladores del área señalaron que fueron atacados por una banda criminal que intentó arrebatarles sus tierras para destinarlas al desarrollo de cultivos comerciales.“Todos tenemos miedo y ninguna autoridad nos respalda. Desde que llegó la empresa Plantaciones de Pucallpa no estamos tranquilos. Están deforestando territorio ancestral y ahora, después del caos, están empezando a llegar los muertos”, cuenta Iván Flores, líder shipibo-konibo de la comunidad de Nuevo Requena para Mongabay Latam. “Nadie dice algo al respecto”, se queja Flores, que desde hace cuatro años viene defendiendo su bosque frente a la deforestación causada por plantaciones de palma aceitera que ya han desaparecido más de 13 000 hectáreas en esta región Amazónica en el último lustro. “Estas personas se negaron a vender sus tierras a las empresas y por eso los mataron. Contratan sicarios y traficantes para asustar a la población”, sentencia Flores ansioso y desesperado. “¿Y el gobierno? ¿Qué esperan? ¿Regalar toda nuestra Amazonía y que sigan apareciendo muertos?”, se enfurece Flores que ya no sabe dónde meter su indignación.

Acaparamiento de tierras

Desde el 2011, peruanos de la Amazonía de Loreto y Ucayali viven en pie lucha por sus tierras. Según la investigación Amazonía arrasada: El Grupo Melka y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú, elaborada por el equipo de Convoca, todos estos problemas en ambas regiones son consecuencia de la presencia del empresario checo Dennis Melka. Dueño de Asian Plantations Limited, una compañía con sede en Singapur que se dedica a comprar y desarrollar grandes plantaciones de palma aceitera en Malasia y que está constantemente en búsqueda de inversionistas para expandir sus operaciones.  

La Amazonía peruana se convirtió en una atractiva plaza para sus ojos. Básicamente, por las grandes extensiones (60 % del territorio peruano es Amazonía) por los vacíos legales del país y por la falta de fiscalización, como lo han explicado los expertos que han estudiado este caso. En los últimos años ha creado más de veinte empresas en Perú, con las que fue solicitando tierras a algunos gobiernos regionales y adquiriendo predios de particulares. Sin pedir permiso y jugando con los vacíos en las leyes peruanas.

El sociólogo Juan Luis Dammert, tal vez una de las personas que más ha investigado estos temas en el país y autor del libro Acaparamiento de Tierras en la Amazonía Peruana, el caso de Tamshiyacu, nos comenta esta preocupación que no lo deja tranquilo desde hace varios años. “Esto tiene que ver con el incremento dramático de adquisición de grandes extensiones de tierras para asegurar la producción de mercancías con el fin específico de venderlos en el mercado. Cogen grandes extensiones de tierra para ello. Esto es un fenómeno global. En Indonesia, Malasia, que tienen un ecosistema similar, un bosque tropical abundante, existe un proceso extendido de millones de hectáreas de bosque convertidas en plantaciones sobre todo de palma aceitera”, sostiene el experto.

Le preguntamos a Dammert cómo operan estas empresas y explica que existen dos dinámicas: la del despojo y la de la asimilación. “La de despojo es cuando viene la empresa y, de una u otra manera, legal o ilegal, le quita la tierra a alguien o la posibilidad de continuar haciendo sus actividades económicas. La de la asimilación implica contratar gente de la zona como mano de obra en la plantación, les dan trabajo y se genera una dinámica en la que hay personas que se benefician económicamente y otras no tanto. En todos los casos hay combinación de ambas cosas. Y eso también va ayudando a crear más conflictos entre la misma población”, declara Dammert para Mongabay Latam.

“Desde que llegó la empresa, no podemos dormir tranquilos. La gente está espantada, todo ha cambiado acá. Nos están quitando nuestros bosques vírgenes. Se mueren nuestros animales, se contaminan nuestros ríos, estamos desesperados”, apunta Flores desde Pucallpa.

Para Henry Vásquez, poblador de Tamshiyacu, donde trabaja Cacao del Perú Norte, propiedad de Melka y donde también han surgido conflictos por las más de 2300 hectáreas deforestadas en la zona, “la empresa ha pasado por encima de las autoridades, de la población. Parece que tuviera un peso económico importante, un poder en el Estado. Han despojado los terrenos de la gente, ha entrado en bosque primario. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? ¿Un desierto?”, declara para Mongabay Latam.

Malos recuerdos

Sentada en un café de San Isidro, distrito de la capital de Perú, Katherine Riquero, ex Directora General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAA), dice a Mongabay Latam, que esta es la primera vez que habla sobre lo que pasó mientras ella encabezaba este ente estatal del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Una experiencia que terminó hace un año pero que la sigue llenando de decepción del Estado. Cuando le conté sobre los asesinatos de la semana pasada, preguntó: ¿y en dónde salió eso? ¿quién te lo ha contado? Ella, como muchos peruanos, tampoco se había enterado.

En 2015, mientras seguía como directora de la DGAA, realizó una visita a Nuevo Requena para constatar los trabajos que estaba realizando la empresa Plantaciones de Pucallpa. Ahí conoció a Iván Flores y a distintos líderes shipibos con quienes entraron a ver esta masacre ambiental. Recuerda trepándose en sogas para llegar, saltando puentes y peleándose con empleados matones que no la dejaron realizar su trabajo. Pero lo que tiene grabado hasta hoy es el coraje de estos peruanos para luchar por la vida. “Antes de liderar la DGAA, tenía mucha experiencia en temas de sostenibilidad y ambiente, pero nunca había entrado a la Amazonía. Sin embargo, desde el primer día me di cuenta que teníamos que protegerla”, dice Riquero, que se dedicó a ordenar y a sistematizar información que por años estuvo metida en cajas apiladas en una oficina que se quedó estancada en los años setenta.

En sus primeras semanas en el cargo, se percató de una situación peculiar. en Loreto y en Ucayali existían grandes extensiones de tierra con plantaciones que habían deforestado miles de hectáreas. “La DGAA no ve el tema de deforestación, eso es competencia del SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), pero me interesé por el tema porque había cultivos, y ese sí era mi competencia. Yo podía fiscalizar y otorgar certificaciones. Y pregunté si tenían certificación. No tenían. ¿Cómo unos proyectos tan grandes no contaban con uno de los requisitos más importantes? Me pareció muy raro”, cuenta Riquero. En unos meses, paralizó las actividades de estas empresas. Cacao del Perú Norte en Tamshiyacu, Loreto; y Plantaciones de Pucallpa en Ucayali. Metiéndose en un lío que la persigue hasta hoy, un año después de su renuncia.

“Cuando yo entré, las direcciones internas del DGAA estaban divorciadas. No se conocían. Tuve que hacer una restructuración interna para alinear a todos hacia un mismo lado. Todo era muy confuso. No había una data. Era cero”, recuerda el caos Riquero.

Hay dos tipos de suelo. De capacidad forestal y agropecuaria. En la primera no puedes hacer cultivos ni ganado. Cualquier actividad de este tipo es ilegal, un delito. En la segunda, no hay problema, te certificas y puedes empezar a trabajar. Sin embargo, hay que anotar que en la Amazonía más del 90 % del suelo es forestal. “Encontrar un poco de tierra agrícola es como encontrar una veta de oro”, afirma Riquero. “Para hacer una actividad agrícola, vas y te fijas qué zonas son las que están disponibles. Luego, tienes que realizar estudios de suelos, para saber cuál es el tipo. Si sale de uso agrícola o pecuario, recién puedes ir a la DGAA con tu estudio de suelos y evaluación ambiental, para solicitar hacer agricultura. Con este estudio, se evalúa, se pasa al SERFOR y a la ANA (Autoridad Nacional del Agua), si hay recursos hídricos, y ellos dan su opinión técnica favorable”, explica la exdirectora de la DGAA los procedimientos para trabajar la tierra, algo que antes de ella estaba poco claro.

Julia Urrunaga, directora de los Programas en Perú de la Environmental Investigation Agency (EIA) recuerda que durante años estuvo detrás de funcionarios de la DGAA, SERFOR y Minam, para que le explicaran este procedimiento y le proporcionen información. La única persona que le pudo aclarar sus dudas fue Riquero, que en diciembre de 2014 y julio de 2015, dictó medidas preventivas de paralización de actividades en Tamshiyacu y Nueva Requena, respectivamente, hasta que presentaran su clasificación de tierras. “No tenían certificación ambiental ni estudios de impacto ambiental”, cuenta, sin explicarse cómo el Serfor, el encargado de velar por los bosques, no había hecho nada para paralizarlo. En Serfor, dicen que los responsables de la fiscalización son los Gobiernos Regionales. Los Gobiernos Regionales (GORE), le echan la culpa a la falta de presupuesto y a una ausencia de una política de Estado con respecto a la tierra. “¿El país tiene una ley para el ordenamiento territorial? No tiene. Y si el país no tiene, ¿cómo le podemos pedir a los GORE? Si el país no sabe a dónde quiere llegar con el ordenamiento territorial, la región mucho menos”, declara para Mongabay Latam, Juan Carlos Vilca, Gerente Regional de la Autoridad Ambiental Regional (ARA) de Loreto.

Riquero fue denunciada penalmente y frente a la Contraloría de la República por Dennis Melka por no dejarlo trabajar y abuso de autoridad. Incluso la han vuelto a denunciar en los últimos meses. “A mí nadie me defiende ahora. Me denuncian por hacer mi trabajo y velar por el país y el Estado me ha abandonado. Sigo sola con todo esto hasta ahora”, dice con pena y ojos llorosos, Riquero, que afirma, “mis acciones tuvieron frutos. Yo estoy tranquila, no sé si otras personas que siguen ahí podrán dormir tranquilas. En el tiempo que estuve en el cargo, se disminuyó la deforestación y logramos detener estos trabajos ilegales. Yo ya no puedo responder por lo que venga después y por lo que hagan los que están en la DGAA”. Saca su computadora y me enseña mapas satelitales con la progresión de la deforestación. “Antes de que empezara mi función, se habían deforestado miles de hectáreas en Loreto y Ucayali. Y pueden ver que desde el 2015 y 2016, esta actividad se frenó considerablemente”, puntualiza la ex funcionaria pública, que confirma haber trabajado una base de datos para una clasificación de tierras, que permitía conocer la situación de los suelos para una mejor administración, y así evitar la deforestación. “Pero no lo han usado. Eso me da mucha pena. Hemos regresado a cuando yo empecé. A algunos intereses le beneficia el caos”, afirma.

“La selva no es para agricultura”, recalca Riquero, que además dice que “los suelos son ácidos y no rinden para cultivos. El 90 % es forestal. ¿Qué pasa con los cultivos en estas tierras? No producen como deberían. Se terminan echando químicos para obligarlos a crecer. Luego de unos años, se terminan abandonando estas tierras porque ya no da nada”.

En Tamshiyacu, Ruperto Vásquez, comunero en juicio con la empresa Cacao del Perú Norte de Melka por la ocupación de tres de sus hectáreas, reafirma para Mongabay Latam lo dicho por la ex DGAA. “Los cacaos que hay acá ni crecen. No dan fruto. Se les tiene que poner bastante químico para que levanten”. ¿Entonces para qué seguir promoviendo la agroindustria en la Amazonía? Para Dammert, esto podría ser una jugada especulativa de parte de Melka, en la que los únicos perjudicados seríamos los peruanos. “Hay un fuerte componente de levantar fondos en mercados internacionales, en la bolsa alternativa de Londres principalmente. Es decir, reúnen a inversionistas con mucho dinero y les dicen que tienen un proyecto de cacao en la Amazonía. Los convencen de que es un negocio rentable y les piden que inviertan en esto. De esa forma han apalancado muchos fondos y así han desarrollado la plantación. Luego pueden vender y ganar mucho más dinero. Ahora están en problemas porque entre estos inversionistas se han peleado. No porque el Estado les haya puesto multa o sanciones. Sino porque internamente han considerado que Melka estaba haciendo malos manejos administrativos con el dinero y la plantación no avanzaba como debía ser. Esto lo he visto escrito en documentos de la bolsa de valores de Londres cuando han retirado a Melka del directorio. Hasta ahora no sabemos bien qué pasará con ellos”, dice el sociólogo, que tampoco descarta que esta sea una jugada de la empresa para distraer la atención. Cuando las cosas son poco claras, todo puede suceder.

Mientras tanto, ni la Procuraduría especializada en delitos ecológicos y ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) ni la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público,pueden pronunciarse sobre el tema porque el proceso contra estas empresas sigue abierto. Y los actuales directores de la DGAA no han querido declarar.

Tierra de todos

El caso de Melka, señalan los entrevistados para este artículo, refleja la poca información que el Estado maneja sobre nuestros suelos y la falta de fiscalización que existe. En Tamshiyacu y en Nueva Requena los pobladores denuncian que se sienten  desamparados. Y tiene sentido si se toma en cuenta que lo deforestado en Loreto es del tamaño de la ciudad de Iquitos, y lo perdido en Ucayali es siete veces más. Ante esta alarmante situación, la Defensoría del Pueblo ha salido al frente con el informe Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado. “Hicimos un análisis en cuatro regiones: Ucayali, Loreto, Huánuco y San Martín, pero nos concentramos principalmente en las dos primeras, por todos los problemas con la empresa del grupo Melka y porque son las más grandes extensiones de bosque deforestadas en los últimos años. Notamos varios vacíos e inconsistencias en las normas. También advertimos que las autoridades competentes no habían cumplido con sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción. A la fecha no existen sanciones a la empresa. Se les deja avanzar y no se hace nada al respecto”, afirma para Mongabay Latam, Tania García, abogada de la Defensoría del Pueblo, que realizó el informe junto a Edmundo Huerta Barrón, Patricia Tipian Mori y Alicia Abanto Cabanillas.

García sostiene que, según el Ministerio de Ambiente (MINAM), en estas cuatro regiones se han deforestado alrededor de 30 000 hectáreas. “Si no hacemos algo ahora, en los próximos años vamos a estar hablando de un problema mayor. Están entrando a bosque primarios, vírgenes, para reemplazarlos por cultivos en zonas no adecuadas. Hay una incapacidad de parte de las autoridades que no están haciendo nada al respecto. Nadie hace algo. Cada vez hay más hechos nuevos y no hay investigaciones penales. Nadie se pronuncia. La ley es clara, yo no sé por qué no quieren actuar”.

Y agrega la abogada de la Defensoría del Pueblo que “por ejemplo, los estudios de suelos deberían ser una exigencia, pero no se hacen. ¿Cómo podemos explicar que solo existan 37 ingenieros “sueleros” en todo el país? Si hubiera demanda, habría más gente realizando ese trabajo, ¿no? No estamos funcionando bien y la Amazonía y los peruanos nos estamos viendo perjudicados”.

Rafael López, jefe de la Dirección Regional Agraria de Loreto (DRAL)  se defiende de las acusaciones. “Nuestra función es el ordenamiento. Yo espero que no existan presiones de otros lados que influyan en nuestro trabajo. Pero yo desde aquí no puedo controlar todo lo que sucede en el campo ni en otras oficinas. La gente es susceptible a la corrupción. ¿Yo qué puedo hacer?”, se justifica así López. En SERFOR hicieron un estudio de valoración económica de cuánto se había perdido en Tamshiyacu a causa de la deforestación para entregarla a la procuraduría ambiental. Pero dicen no poder hacer más. Confirman que las funciones forestales son competencia de los Gobiernos Regionales, y que ellos solo articulan, recomiendan y asisten, pero no se pueden meter en el trabajo de las regiones. Cuando le comento eso a Katherine Riquero, ella solo levanta una ceja para no dejar rastros de ironía en la grabadora.

Propuesta de Serfor

Ante todo este caos e incertidumbre por la tierra, SERFOR está trabajando junto a los gobiernos regionales la Zonificación Forestal. “Es un proceso técnico, participativo y obligatorio, en el que se delimitan las tierras forestales para definir cuáles son las alternativas de uso más adecuadas para cada tipo de recurso forestal y de fauna silvestre. Es el primer paso que realiza el Estado para establecer las unidades de ordenamiento forestal y otorgar los derechos de aprovechamiento. Esto sentará las bases para asegurar la conservación y uso sostenible del patrimonio”, declaró para Mongabay Latam, Beatriz Dapozzo, Directora de la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento de SERFOR.

“Tenemos claro que hay un gran vacío y problema con la situación de la ocupación actual del territorio. La única forma de disminuir la deforestación y la degradación que ocurre en nuestros recursos forestales, es otorgando derechos, títulos habilitantes, que ayuden a velar por este recurso forestal. Por eso es importante generar esta información. Estamos empezando con los gobiernos regionales de Amazonía, porque es la que tiene en estos momentos mayor presión en cuanto a sus recursos. Esto nos va a permitir frenar la deforestación y degradación que estamos viendo”, confirma Dapozzo. Según la directora, esto evitará lo que es muy común en el Perú: que un mismo espacio de territorio tenga infinitos títulos superpuestos y entregados a infinitas personas por distintas instancias del Estado. “Si no hay planificación, nunca vamos a tener una gestión sostenible de los recursos. No podemos gestionar bien algo que no se conoce”, puntualizó.

Los días siguen pasando, Iván Flores, en Nueva Requena me escribe todos los días, esperando que algo cambie. Ruperto Vásquez sigue preocupado, así como buena parte de la población de Tamshiyacu.  El miedo se sigue apoderando de la gente.

Foto de Portada: Diego Pérez.

Artículo publicado por Alexa

Bosques, Deforestación, Palma, políticas ambientales, Pueblos indígenas, Tala

PRINT