- La mayoría de delitos corresponden a minería ilegal y tala ilegal, dos problemas que afectan seriamente a la región y que en lo que va del 2018 ya suman 53 denuncias.
- Uno de los casos emblemáticos está relacionado con el gobernador regional Luis Otsuka Salazar, quien tiene dos denuncias por minería ilegal y negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
El primero de abril se instalará en Madre de Dios un Juzgado Especializado en Materia Ambiental. Es el primero que se instalará en el Perú, en una región que actualmente reúne una gran cantidad de denuncias por delitos ambientales, la cifra más alta en todo el país, según indicó a Mongabay Latam el Procurador público especializado en delitos ambientales, Julio César Guzmán Mendoza.
“Para el distrito Judicial de Madre de Dios, al 20 de febrero de 2018, tenemos activas 2983 denuncias ambientales. De los 20 000 casos, aproximadamente que hay en todo el Perú, casi 3000 corresponden a esta región”, explicó el procurador en relación a todas las denuncias que investiga la procuraduría y que van desde el 2009 hasta febrero de este año.
Los delitos ambientales que más se presentan en la región están relacionados a la minería y tala ilegales, señaló Guzmán. Pero hay que sumar también delitos afines como la contaminación ambiental y la deforestación.
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Minería ilegal y daños a los bosques en primer lugar
De los 64 casos presentados en lo que va de este año, 15 denuncias corresponden específicamente a delitos por minería ilegal y 38 se refieren al delito contra bosques o formaciones boscosas. Los otros 11 están vinculados al tráfico ilícito de insumos químicos y uso de maquinarias en la minería ilegal, la contaminación ambiental, depredación de flora y fauna silvestre protegida, y el tráfico ilegal de productos forestales.
En cuanto a las cifras del 2017, de los 491 casos vigentes, 97 son específicamente por minería ilegal y 211 por deforestación, es decir que el 62 % de los casos, en total 308, corresponden a estos dos problemas ambientales de la región: la minería y la tala ilegal.
El año pasado, además de los delitos ya mencionados se presentaron denuncias por tráfico ilegal de especies, responsabilidad de funcionarios públicos en el otorgamiento ilegal de derechos, entre otros delitos.
Para el procurador, uno de los casos emblemáticos de Madre de Dios está relacionado con el gobernador regional Luis Otsuka Salazar, quien desde el año 2013 tiene una denuncia por minería ilegal que se encuentra en dos juzgados, el juzgado de investigación preparatoria transitorio ambiental del Cusco y el cuarto juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos ambientales de Madre de Dios
Además, desde el 2016 el gobernador regional es investigado también por el otorgamiento ilegal de derechos territoriales, proceso que ya se encuentra en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Madre de Dios.
En este caso, la denuncia se sustentó en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que puso en evidencia la negligencia e incumplimiento de sus funciones como autoridad regional.
En cuanto a otros casos emblemáticos, si bien para el procurador todos son importantes, resaltó aquellos relacionados con la minería ilegal en el sector denominado La Pampa o los de la comunidad nativa Tres Islas.
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Entrampamiento en la justicia ambiental
El procurador Guzmán considera que el gran problema de la justicia ambiental en Perú puede observarse claramente en Madre de Dios, donde se evidencia un conflicto entre la excesiva carga de procesos y la poca asignación de procuradores y fiscales para atenderlos.
“Si bien es un avance este nuevo juzgado ambiental, el problema del sistema de justicia en Perú no se va a solucionar con nombrar un nuevo juez ni abrir un nuevo juzgado”, señaló Guzmán.
Explicó también que el problema no es judicial, sino la alta carga a la que están sometidos los procuradores y fiscales, lo que origina deficiencias en las investigaciones. “Cuando hay investigaciones deficientes los jueces se ven obligados a dejar en libertad a los acusados. ¿Y por qué sucede esto? Por la gran cantidad de carga procesal, que no permite profundizar las investigaciones”.
Al respecto, mencionó que la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, que él dirige, cuenta con un staff de ocho abogados para las 20 000 denuncias que existen en todo el Perú, incluidas las 3000 de Madre de Dios.
En conversación con Mongabay Latam, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Kori Paulet Silva, dijo que actualmente solo hay 200 casos judicializados en Madre de Dios y que estos se encuentran en etapa de investigación preparatoria a cargo de los magistrados que laboran en la región.
“La información que manejo es que la mayoría de las denuncias se encuentran aún en etapa de investigación en las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y estas todavía no han llegado a judicializarse, por eso tenemos un número bajo de casos ingresados al Poder Judicial”, explicó Paulet Silva, reafirmando así que el entrampamiento se presenta en la etapa de investigación, según dice, porque en muchos casos no se identifica a los autores del delito, ya que estos ocurren en el campo y los bosques de la región. “Si no se identifica a los posibles responsables, si la investigación no camina, entonces no avanza hacia su judicialización”.
Paulet Silva indicó que la actividad delictiva contra el medio ambiente es alarmante en la región y que la mayoría de los casos están relacionados a la minería ilegal, la misma que arrastra otros delitos ambientales. “La inmensa riqueza que tiene Madre de Dios, que debería ser el motor para su desarrollo es, lamentablemente, la entrada para el subdesarrollo”, sostuvo.
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El nuevo juzgado ambiental
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios manifestó algunas dudas sobre el nuevo Juzgado Especializado en Materia Ambiental. Al respecto, dijo que en la norma no especifica si estará a cargo un juez de investigación preparatoria o uno para juzgamiento. La diferencia consiste en que el primero se encarga de resolver los requerimientos de acusación de los fiscales, es decir, revisar los expedientes y aprobarlos para que puedan entrar a juicio; mientras que el segundo lleva los juicios que derivan en las sanciones.
La resolución del Poder Judicial publicada el 24 de enero en el diario El Peruano, señala que “el referido órgano jurisdiccional tendrá competencia penal, contencioso administrativa y constitucional ambiental”.
Paulet Soria indicó que ya ha hecho la consulta correspondiente con la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial y ahora está a la espera de una respuesta. No obstante, precisó que lo conveniente en este caso sería que el nuevo juzgado cuente con un magistrado dedicado a aplicar las sanciones, puesto que Madre de Dios ya cuenta con un despacho de investigación preparatoria que ve los temas ambientales.
El magistrado agregó que se trata de una muy buena medida y que el Poder Judicial está tomando la iniciativa para mejorar el sistema de justicia en el Perú. Soria precisó también que este paso debe ser el inicio de una serie de medidas que garanticen una mejor aplicación de la justicia en materia ambiental en el país.
El Estado debe fortalecer las fiscalías y la policía, instituciones que realizan los operativos y las investigaciones para que luego nosotros podamos juzgar. Como ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, “estamos tomando la iniciativa, pero se deben tomar otras medidas al respecto”.
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Visión integral de la justicia en Perú
Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que la creación de este juzgado es una medida adecuada adoptada por el Poder Judicial, sobre todo en la región más afectada por la minería ilegal.
Sin embargo, reflexionó sobre la complejidad y el rol de otras instituciones que deben coadyuvar para que un juez pueda tener todos los elementos para sancionar el delito ambiental.
“La persecución del delito y la sanción no solo es una función del juez, sino también una labor del Ministerio Público, de las fiscalías, de la policía y de otros organismos estatales como el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Agricultura y Riego, por citar algunos relacionados con los temas ambientales”, precisó Abanto.
Con relación a la sobrecarga que tiene la procuraduría del Medio Ambiente, Abanto dijo que sería conveniente que el Estado la fortalezca con más recursos, pero también que otras procuradurías —de Energía y Minas, de Agricultura, de Salud— se involucren en la defensa del medio ambiente. “La protección del medio ambiente no solo es competencia del Ministerio del Ambiente, sino que tiene que ver con múltiples sectores”, dijo.
Jean Pierre Araujo, abogado del programa forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), consideró que la decisión del Poder Judicial se suma a la decisión tomada por el Estado peruano en el 2008, cuando se crearon las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente (FEMA). “En aquel momento vimos cómo se dio una eclosión de denuncias ambientales”, explicó.
El experto de la SPDA destacó que se trata de una reforma que se desprende del Plan Estratégico del Sistema Ambiental del Poder Judicial, aprobado en el 2017 y cuya vigencia va hasta el 2021. “Es un documento de políticas que justifica estos cambios y permite que el Poder Judicial, progresivamente, mejore los estándares de conocimiento y especialización en materia ambiental”.
No obstante, dijo que los juzgados para delitos ambientales también deberían instalarse en otras regiones como Loreto, Ucayali, Cusco, Piura, Lima y San Martín, entre otros. “El Plan Estratégico contempla nueve regiones prioritarias para la instalación de juzgados ambientales, pero este año solo se abrirá uno”, explicó.
Por su parte, Mariano Castro Sánchez-Moreno, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú, consideró que las acciones del sistema de justicia en Perú tienen algunas brechas que deben superarse, como la especialización.
El exviceministro dijo que el tratamiento de los asuntos ambientales “requiere un manejo sensible a lo que está ocurriendo y, además, un conocimiento de la materia jurídica para que sea tratada en toda su complejidad y se tomen decisiones considerando las particularidades que tienen los temas ambientales penales”.
Coincidió con los demás expertos en que se debe fortalecer el sistema de justicia en general. “La remediación, la rehabilitación ambiental, todo eso es el sistema. La actividad que tienen las fiscalías ambientales, la policía y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, que se encarga de supervisar los ríos deben tener los elementos adecuados para realizar su trabajo en las condiciones adecuadas”, concluyó el experto.
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