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Sobreexplotación e ilegalidad

Este es un tema que preocupa bastante a autoridades nacionales, ONG e institutos de investigación. Aunque la pesca ilegal también se da por parte de pescadores colombianos, fuentes consultadas por Mongabay Latam aseguran que esta práctica proviene, en su gran mayoría, de embarcaciones pesqueras extranjeras. La dificultad para combatirla radicaría en la ausencia de una flota pesquera propia y fuerte que se imponga ante las extranjeras. “Se deja el espacio y ahí tenemos gente que viene a nuestras aguas a pescar. Los espacios del Pacífico son más abiertos y difíciles de controlar y eso nos impide llevar un control del territorio”, comenta el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). De acuerdo con Arias, los tiburones y atunes ─grandes especies─ son los más pescados ilegalmente pues producen enormes rendimientos económicos.  

El camarón es otro de los recursos sobreexplotados en el país, tanto las especies de aguas someras como las de aguas profundas. Hoy, casi toda la flota del Pacífico está adaptada para atrapar camarón de aguas de profundidad porque el de aguas someras está prácticamente acabado, aunque el primero también ya está al borde del colapso. De hecho, según afirma Juan Manuel Díaz, la operación de los barcos ya no es rentable y más de la mitad de la flota está oxidándose en los muelles de Buenaventura (Valle del Cauca). Con una flota camaronera de más de 30 barcos, el año pasado no operaban  más de 15.

Otro aspecto importante es que la Armada Nacional, autoridad colombiana en los océanos, debe luchar contra muchos otros delitos. A pesar de esto, la Armada ha logrado importantes resultados en el tema de pesca ilegal y en lo corrido del año, con fecha de corte el 23 de agosto, ha logrado incautar más de 14 toneladas de pesca ilegal y un total de 122 toneladas en los últimos tres años.

 

 

Por su parte, Diego Triana, asesor jurídico de la dirección general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), asegura que el fenómeno de pesca ilegal siempre se ha venido presentando pues “si bien hay unas coordenadas geográficas que determinan los límites entre un país y otro, es muy difícil ejercer control si no hay una permanencia constante de las autoridades. Donde más sucede este fenómeno es en el océano Pacífico, pues allí se tiene la mayor cantidad de recursos”. El funcionario también añade que toda el área de influencia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, también se ha convertido en un punto caliente luego del fallo de la corte de La Haya.

Juan Manuel Díaz de Mar Viva asegura que a la Armada le queda muy difícil abarcar todo el espacio marítimo. A esto se suma que es frecuente que en Colombia haya flotas extranjeras autorizadas para pescar. El problema, según él, es que a pesar de tener permiso, muchas terminan realizando pescas ilegales como en el caso del tiburón, que en repetidas ocasiones se encuentra dentro de barcos costarricenses que pescan en aguas colombianas, incluso en áreas protegidas como Malpelo. “Lo que ellos argumentan es que caen accidentalmente, pero eso no es verdad, porque si uno va a las bodegas de esos barcos lo que encuentra es básicamente tiburón. Las aletas tienen un mercado muy atractivo en Asia”, comenta.

Las fuentes consultadas por Mongabay Latam coinciden en que la existencia de la pesca ilegal está vinculada necesariamente con el mercado. En la medida que hay más demanda de pescado, la ilegalidad se vuelve un negocio atractivo debido al aumento de los precios. Por otro lado, el incumplimiento de las épocas de veda, tanto en  flotas extranjeras como nacionales, incluso artesanales, sobre todo en el Pacífico, constituye un gran problema.

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Una contaminación que se expande

Como casi todos los problemas a los que se enfrenta el mar, la contaminación es otro tema que urge atacar. Desde hace 20 años el Invemar ha venido haciendo un monitoreo de la calidad de las aguas marinas colombianas y ha encontrado que el principal problema tiene que ver con el mal manejo de las aguas residuales de las poblaciones costeras y en general de toda Colombia, ya que a través de los ríos todos los desechos llegan al mar. “Es el viejo concepto equivocado de que el mar es capaz de funcionar como cloaca depuradora de todo lo que producimos en tierra”, afirma categóricamente el capitán Arias de Invemar. Y es que para él, está claro que el océano puede asimilar unas cosas, pero no todo. En particular le preocupan los pesticidas, los hidrocarburos y los metales pesados ─asociados hoy a minería ilegal como en el caso del río Atrato y otros afluentes del Pacífico que reciben cantidades importantes de mercurio─.

Pero también hay otros contaminantes que llegan en volúmenes mucho más grandes como los nutrientes exagerados ─nitrógeno principalmente─. Aunque el mar es capaz de asimilar mejor ese tipo de contaminaciones, preocupan los casos puntuales de grandes ciudades costeras colombianas como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tumaco, Buenaventura y San Andrés. “Son puntos de altísima contaminación, aunque a lo largo de todas nuestras costas los niveles son relativamente bajos. Si hiciéramos un promedio, todavía podemos hablar de costas más bien sanas, eso sí, con puntos específicos donde tenemos problemas fuertes”, añade Arias.

Pero quizás el caso que más empieza a preocupar es el de La Guajira, donde se han encontrado altos niveles de plomo en el agua que viene de la gasolina de contrabando de Venezuela, pues en este país todavía utilizan el tetraetilo de plomo como antidetonante. En muchos países este componente se ha venido sustituyendo progresivamente por otros antidetonantes. De ahí la “gasolina sin plomo”. “Es un contaminante grave y persistente que se está empezando a presentar en nuestras aguas pues no se asimila en la naturaleza. Sabemos que viene de Venezuela porque en Colombia no se utiliza ese compuesto en la industria”, destaca el capitán Arias.

La contaminación por plásticos es otro tema que ha empezado a tomar fuerza. Juan Manuel Díaz comenta que no es fácil determinar cuánto plástico proviene de Colombia y cuánto viene de otros países, pues el agua circula y no respeta los límites que traza el hombre. “Ahora está el tema de los microplásticos, que solo se detectan con filtros especializados pero que están acabando con el plancton que está en la base de la cadena alimenticia marina. Es un tema que debe mirarse en conjunto con todos los países, hay unos que aportan más y otros menos, pero la única forma de controlarlo es que haya una legislación internacional muy fuerte que sancione a los que no cumplan con una cuota mínima de control y que no restrinjan al máximo su uso”, afirma.

 

 

Una industria offshore en desarrollo

Comparado con otros países, Colombia aún no ha tenido mucho desarrollo en este sector dedicado a la extracción de hidrocarburos en el mar. Aunque sí hay un gran ‘boom’ petrolero en exploraciones fuera de costa, hasta el momento solo hay dos bloques en explotación offshore, ambos para gas. Se trata de los pozos Chuchupa 1 y Chuchupa 2 que llevan casi 40 años operando cerca de las costas del departamento de La Guajira y del que se extrae casi el 100 % del gas natural que consume Colombia.

Datos de 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hablaban de 24 contratos offshore y un total de 12 áreas disponibles en el Pacífico y 33 en el Caribe. (Aquí puede ver el mapa de tierras de la ANH). Todos estas áreas se encuentran en proceso de estudios ambientales o en exploración.

Aunque estas tecnologías son relativamente seguras, la tragedia de BP en el golfo de México mostró la vulnerabilidad de este tipo de explotación cuando la operación se sale de control en el mar y donde un pequeño error puede ser muy difícil de controlar.

“Las empresas que han recibido los bloques de exploración han estado trabajando ─y debo reconocerlo─ de una manera diferente a cómo se trabaja en el continente”, afirma el capitán Arias. Según dice, antes se encontraba el petróleo y luego se hacía el estudio de impacto ambiental, mientras que ninguno de los pozos offshore que se han ofrecido han partido directamente a perforar. “Pero esto sigue siendo un tema completamente sensible. La responsabilidad de las empresas tiene que ser enorme y el Estado debe tener los ojos encima para que se cumpla con el máximo estándar de seguridad”.

Sin embargo, “lo que deberíamos estar pensando es cómo migrar y cambiar la matriz energética hacia fuentes de energía limpias no convencionales que nos alejen de los combustibles fósiles”, asegura Arias.

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Presiones sobre las áreas protegidas

En 1994 Colombia suscribió el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y se fijó tener, para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras protegidas, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Esa meta hoy se superó, pues el país cuenta con 30 921 869 hectáreas protegidas, de las cuales 12 750 004 son marinas y marino costeras (13,73 % de sus aguas).

A pesar de esto, la sola declaración en papel no es suficiente. “El principal reto está en generar mayor información del estado de estos ecosistemas. Tenemos más datos del tema terrestre, pero de lo marino hasta ahora se está generando la información. El trabajo en mar es mucho más costoso, la logística más fuerte y se necesita gente mucho más especializada”, asegura Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Y es que en las áreas protegidas confluyen todos los problemas que se presentan en los océanos: contaminación, pesca ilegal y destrucción de ecosistemas.

Para Juan Manuel Díaz de la Fundación Mar Viva, el indicador no puede ser el número de hectáreas declaradas como protegidas, sino con qué grado de eficiencia se maneja cada hectárea. “Ya cumplimos la cuota, pero va uno a ver y en el Parque Corales del Rosario y San Bernardo, en el Caribe, muy cerca de Cartagena, se encuentra una horda de personas nativas vendiendo el coctel de camarón, el pargo frito… ¿De dónde sale eso? Pues de las aguas del Parque que está hecho para proteger esos recursos”, dice.  

Muchas de estas áreas están pensadas también para garantizar el sustento sostenible de comunidades de pescadores. “Estas figuras son vitales para las comunidades y hablo en este caso de los pescadores artesanales que dependen estricta y directamente de lo que proveen esos ecosistemas. Si esas áreas desaparecieran, las comunidades tendrían que cambiar sus modos de vida o convertirse en desplazados”, resalta el capitán Arias de Invemar.

Para Arias, son muchas las presiones. “Un turismo mal manejado, al que suelen ponerle el nombre de ‘ecoturismo’ se vuelve masivo y depredador”. Para justificar su afirmación cita el caso de Playa Blanca en la isla de Barú (Cartagena), un sitio que se vende como producto turístico debido a la presión económica, pero donde la ocupación de esos espacios supera las capacidades de carga y “terminan haciendo un tremendo daño”. Para el director del Invemar las áreas protegidas crean una gran paradoja: “cuando se declara un Parque lo que la sociedad normalmente entiende es que ese es un sitio especial, entonces quiere ir. Tenemos que aprender a manejar eso de manera racional”, enfatiza. “Una cosa es ir a un Parque dedicado a conservación y otra ir a una playa a broncearse”, cuestiona Juan Manuel Díaz.

Sumado a todo lo anterior, Carolina Jarro de Parques Nacionales conoce muy bien los problemas de las áreas protegidas y tiene una lista aún más larga de presiones y amenazas sobre ellas. El control de los pescadores es uno de los puntos de ese listado. “Las construcciones en áreas de costa (puertos, sector hotelero, entre otros) han desplazado a los pescadores y han llegado a las áreas protegidas. Se necesita brindar alternativas para que no generen presiones en las zonas donde justamente se busca conservar la sostenibilidad del producto del que ellos dependen. Estas áreas son conocidas como zona de desborde y ahí se produce gran parte de la futura producción del sector pesquero”.

Pero el asunto no para ahí. Ejercer la autoridad en estas áreas marinas es muy complejo y a veces suceden cosas que parecen absurdas. Jarro explica que cuando Parques Nacionales logra articularse con la Armada y traer a playa el barco que estaba pescando ilegalmente, ya se han vencido los tiempos que se requieren en el marco legal para legalizar una captura. “Esa es una odisea… A veces lo hemos logrado, pero luego te quedas con la embarcación y te toca hacerte cargo de ella mientras se da todo el proceso sancionatorio, ¿dónde ubicas el barco, qué haces con los peces que llevaba?”, se pregunta Jarro.

A todo lo anterior se suman otros delitos ambientales como el tráfico de madera de las costas y el de flora y fauna que no son castigados con la severidad que se espera. Entre enero y el 23 de agosto de 2018 la Armada incautó 1120 especies de animales, algunas de ellas en vía de extinción, y 18 000 metros cúbicos de madera que salieron por vía fluvial hacia el mar. “En el tema de tráfico de fauna y flora las personas capturadas no son judicializadas, sino puestas a disposición de las autoridades competentes, pues estas actividades no están configuradas como un delito que tenga esa connotación. Con pesca ilegal se surten unas multas e inmovilizaciones de las embarcaciones, pero al final del proceso hay una repatriación de los extranjeros”, le dijo el vicealmirante Evelio Enrique Ramírez, jefe de Operaciones Navales de la Armada a Mongabay Latam.

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La ley y la autoridad

Desde mediados del 2017 Colombia cuenta con una ley de pesca ilegal que ha dejado claro los procesos que se deben surtir desde el momento en que se detiene una embarcación en actividades de pesca ilegal. De hecho, la Comisión Colombiana del Océano (CCO) ha hecho varias capacitaciones y las diferentes entidades involucradas en este tema aseguran que la ley de pesca ha permitido mejorar ciertas cosas, sin embargo, su ejecución sigue siendo bastante complicada.

“Como todo en este país, muchas veces las cosas quedan muy bonitas en el papel, pero ponerlo en práctica no es tan fácil” dice Juan Manuel Díaz de Mar Viva. Tal vez su crítica más fuerte se enfoca en las cuotas que la AUNAP le asigna a las flotas pesqueras. Para él, esa información debe medirse y sustentarse en estudios, sin embargo, en la práctica no se tiene la capacidad de saber el estado de las poblaciones de todos los recursos pesqueros y ahí comienza la falencia del sistema. “Lo que se hace es reunir un panel de expertos que tienen una idea del tema y hacen recomendaciones a la AUNAP pero también tienen mucha fuerza los industriales de la pesca. Ellos tienen mayor músculo político para influenciar las decisiones y finalmente las cuotas de pesca sobrepasan las que se recomiendan desde el punto de vista científico y técnico. Eso no contribuye a frenar la sobreexplotación de los recursos”, apunta.

El divorcio entre las políticas ambientales y de explotación de recursos es uno de los problemas más álgidos que tiene Colombia. Además, el capitán Arias del Invemar destaca la pobre articulación que se da en muchos escenarios de la vida política donde, por ejemplo, “Parques toma una decisión, el alcalde toma otra, el gobierno Nacional otra, finalmente no se ponen de acuerdo, el tema llega al juez y este decide algo completamente distinto”. Para Arias, lo anterior, junto con la reducción de presupuesto, implica un riesgo enorme para la gestión ambiental. “Cuando el Gobierno decide no poner presupuesto es un mensaje muy fuerte, básicamente significa: ‘esto no nos importa y que el problema se resuelva solo’. En Colombia siempre ha habido un olvido de las zonas costeras, de los mares y de las aguas marinas de interés nacional”, concluye Arias.