- Según análisis de Global Witness, el 60 % de la madera supervisada procedente de las regiones de Loreto y Ucayali, en la selva peruana, tiene origen ilegal.
- Una variedad de permisos de tala se han utilizado para blanquear madera cuyo valor estimado es de 112 millones de dólares.
Un reciente informe publicado por Global Witness, que analiza datos oficiales de los últimos diez años, ha puesto en evidencia el descontrol y la ilegalidad que existe en la extracción de madera en Perú.
El análisis se centra en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, las tres más importantes para la extracción de madera en la Amazonía peruana, lugares con elevados niveles de ilegalidad según las cifras presentadas en el documento titulado El Justiciero forestal.
Uno de los hallazgos revela que más del 60 % de la madera inspeccionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), en dos de estas regiones –Loreto y Ucayali–, tiene origen ilícito y proviene de lugares de extracción cuyos propietarios o representantes han sido sancionados por cometer graves violaciones de la legislación forestal.
Sin embargo, este cálculo ha sido considerado ‘conservador’, porque solo refleja los bosques de extracción de madera que han sido supervisados por el organismo estatal, aproximadamente el 40 % de los que realmente existen, indica el propio estudio.
Laura Furones, directora de la campaña Perú de Global Witness, señala que los resultados de un análisis con información de diez años demuestran una tendencia. “No se trata de una anécdota ni de una eventualidad, sino de índices altos de ilegalidad como resultado de la evaluación de datos oficiales”.
El trabajo de esta organización que defiende los derechos humanos y protege el medio ambiente ofrece un panorama sobre las modalidades de lavado de madera, el papel de los regentes forestales y la participación de los aserraderos en el negocio ilícito. La investigación también incluye declaraciones de empresarios que fueron filmados con cámaras ocultas. Algunos de ellos revelan que conocen de todos estos mecanismos para no cumplir con la ley.
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Las modalidades del lavado de madera
Durante muchos años, los madereros en Perú han estado haciendo pasar como legales grandes cantidades de madera talada ilegalmente. La blanquean mediante una serie de canales, a menudo con la ayuda y complicidad de una supervisión laxa, se lee en El Justiciero forestal.
Una variedad de permisos de tala que se detallan en el informe, incluidos los permisos de cambio de uso agrícolas, de predios privados, de bosques locales y otros tipos de permisos, se han utilizado para blanquear madera cuyo valor estimado es de 112 millones de dólares.
El Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, conoce bien de las mafias que van buscando diferentes mecanismos para continuar con su actividad ilícita. “La ilegalidad va mutando”, dice Guzmán y reclama la implementación de verdaderos mecanismos para la trazabilidad de la madera, un pendiente que podría reducir los delitos en los bosques.
Una de las formas descritas tiene que ver con los árboles fantasma. Es decir, se declaran ubicaciones forestales falsas y se talan árboles de forma ilegal en otro lugar. Mediante esta modalidad se han arrasado por lo menos 2.5 millones de metros cúbicos de madera sin autorización en casi una década, lo que corresponde a más de 133 300 árboles inexistentes en los planes operativos.
Otro sistema de blanqueo de madera se concreta a través de los bosques locales, aquellos espacios de uso forestal que se entregan a gobiernos municipales y comités locales para que los gestionen. El organismo supervisor ha calculado que alrededor de 85 millones de dólares en madera se ha ‘lavado’, a través de este tipo de bosques, en todo el Perú. Furones menciona que el 95 % de los planes operativos inspeccionados entre 2010 y 2017 se utilizó para sacar madera de algún otro lugar.
“Cuando Osinfor intensificó sus acciones de fiscalización en las concesiones forestales, comunidades nativas y otros lugares de extracción de madera, la ilegalidad migró a los bosques locales”, explica el procurador Guzmán.
Los bosques sometidos a procesos de cambio de uso de suelo y las plantaciones forestales también se utilizan para el blanqueo de madera, señala Furones. Un total de 5000 plantaciones forestales que abarcan más de 28 000 hectáreas se crearon —bajo la autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna silvestre (Serfor)— entre los años 2016 y 2018, “una puerta abierta para la ilegalidad”, comenta la representante de Global Witness.
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Aserraderos y regentes forestales
Los regentes forestales —consultores antes del 2014— juegan un rol clave en esta actividad ilícita. Un informe de cómo las comunidades son multadas por responsabilidad de los regentes publicó Mongabay Latam el año pasado.
Son ellos los responsables de la información que se consigna en los planes de manejo y, por tanto, quienes aprovechan sus funciones para, muchas veces, consignar datos falsos en los permisos de extracción. La ilegalidad se completa con el aval de los funcionarios regionales.
Un ejemplo citado en el estudio es el de Roldán Pinedo Ríos. Según el análisis de Global Witness, en 13 planes operativos aprobados por el gobierno regional de Loreto en 2017, después de que Pinedo Ríos hubiese obtenido su licencia de regente, el 100 % de los árboles inspeccionados resultó falso. Estos planes se usaron para blanquear al menos 45 000 metros cúbicos de madera ilegal con un valor estimado de siete millones de dólares.
Pero no es el único. En la lista figuran diez personas, entre consultores y regentes, que firmaron decenas de planes de manejo con datos de árboles inexistentes. Nueve de ellos ya enfrentan procesos judiciales por mentir en los informes. Si se suman sus permisos se alcanza la suma de 572 planes operativos con datos de árboles fantasmas.
“La información sobre los consultores y regentes es un reflejo del nivel de impunidad”, dice Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA). “Llevan años validando árboles inexistentes para lavar millones de dólares de madera ilegal”, agrega.
Un tema aparte son los aserraderos. Algunos de los más grandes ubicados en Loreto y Ucayali han recibido enormes cargas de madera ilegal. Para este estudio se analizaron ocho de ellos, cuatro en cada región, tomando como base miles de guías de transporte forestal e informes de inspección del Osinfor. Los resultados demuestran que en Loreto más del 60 % de la madera procesada en estos sitios era de origen ilegal, mientras que en Ucayali superaron el 50 %. La evaluación corresponde solo al año 2016 y el valor de la madera alcanzó los 16 millones de dólares.
“Me parece importante ver la cantidad de madera ilegal que ingresa a los aserraderos, donde se lava gran cantidad de este recurso”, comenta Urrunaga y cuestiona que Osinfor no cuente con facultades para fiscalizar en estos negocios.
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Los empresarios hablan
El estudio de Global Witness también contó con investigadores encubiertos. Furones explica que registrar con cámara oculta conversaciones con empresarios madereros permitió descubrir si ellos estaban al tanto de la ilegalidad que se mueve en el sector.
Las declaraciones son ahora parte de un video documental en el que se ve a algunos madereros comentar cómo era la fiscalización ambiental cuando el Osinfor estaba bajo control del Ministerio de Agricultura y Riego.
Uno de ellos cuenta que cuando el Inrena (Instituto Nacional de Recursos Naturales) se encargaba de las supervisiones, los madereros cubrían todos los gastos de las inspecciones. Otro menciona que nunca inspeccionaban, que el funcionario responsable de la visita estaba en cualquier lugar, pero firmaba el acta como si hubiera llegado al bosque. Un tercero recuerda que antes del 2009 –año en que Osinfor se convierte en organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)– todo era “muy libre” porque cualquier persona podía cortar un árbol y trasladarlo a un aserradero.
En una segunda parte los empresarios hablan del Osinfor. “Ahora si inspeccionan”, dice uno de ellos. Otro comenta que con el organismo estatal es más difícil porque no pueden sacar tanta madera como lo hacían antes. “Nos hemos tenido que adecuar”, señala un tercero. “Se creen los todopoderosos”, manifiesta un maderero sobre el ente fiscalizados, casi al final del reportaje.
En diciembre del 2018, el gobierno peruano decidió que Osinfor deje la PCM y pase a depender del Ministerio del Ambiente. Esta norma ha generado polémica dentro del país, pues algunos sectores consideran que le resta independencia al ente estatal.
No es la única oposición que ha despertado la medida del presidente Martín Vizcarra. En el congreso de Estados Unidos un grupo de demócratas también se ha manifestado en contra, porque, según explican, se vulnera los compromisos ambientales asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como el Tratado de Libre Comercio (TLC), que entró en vigencia en el 2009.
En el país de Donald Trump ya se inició un proceso de consulta sobre el tema a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Mientras tanto en Perú, el gobierno de Vizcarra ha defendido la norma.
El informe de Global Witness también cuestiona la medida, pues, según explica su vocera Furenes, se trata de un debilitamiento a la institución. “En los últimos diez años, Osinfor ha demostrado que está haciendo un buen trabajo. Es esencial que se devuelva su independencia y se amplíen sus competencias para hacer frente a las nuevas formas de blanqueo de madera que están surgiendo”.
Urrunaga va en la misma línea. Para ella, este informe y sobre todo el video debe servir para demostrar la importancia de tener y mantener un organismo supervisor independiente. “Que el gobierno recapacite y regrese a Osinfor a la PCM. Sin institución independiente, no puede haber trazabilidad, ni madera legal creíble”.
Por su parte, el procurador Guzmán plantea cambios más profundos. “El Perú debe actualizar su estrategia de lucha contra la tala ilegal. La que tenemos fue aprobada en el 2002 y ya no tiene relación con la realidad de hoy. También debemos hacer un esfuerzo de coordinación entre todas las instituciones. De lo contrario seguiremos con propuestas aisladas en cada organismo del Estado y no enfrentaremos el problema de manera adecuada”.
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