- Se estima que 22 mil toneladas al año son producidas por plantas ilegales identificadas en la provincia de Pisco, al sur del Perú.
- El sistema de registro de producción, basado en declaraciones juradas, permitiría que las plantas productoras de curados, que desvían las anchovetas hacia plantas harineras, declaren producciones ficticias.
Perú es el principal productor de harina de pescado en el mundo. Oficialmente, unas 800 mil toneladas son producidas al año aunque, en la realidad, la cifra es mayor puesto que Perú exporta más harina de la que produce. Según datos oficiales del Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2016, del Ministerio de la Producción (PRODUCE), entre 2012 y 2016, la producción promedio anual fue de 799.9 mil toneladas, mientras que la de exportación fue de 867.1 mil toneladas.
La diferencia entre la producción y la exportación no solo salta a los ojos en la cifras oficiales. Según un informe elaborado por Apoyo Consultoría para la Superintendencia de Banca y Seguros, alrededor de 90 mil toneladas de harina de pescado fueron producidas ilegalmente en Perú, entre los años 2015 y 2017. Esta producción implica unas 400 mil toneladas de pescado desviado ilegalmente, una cantidad valorizada en más de US$ 130 millones por año.
La historia en 1 minuto: Las plantas ilegales de harina de pescado son un problema millonario en la costa del Perú. Video: Mongabay Latam.
Una investigación de la organización para la conservación marina, Oceana, ha identificado tres mecanismos ilegales que actualmente operan en Perú para obtener harina de pescado para la exportación y consumo interno.
Se trata de plantas que funcionan sin autorización de instalación ni licencia de operación, y empresas que afirman producir alimentos para el consumo humano pero que desvían, sistemáticamente, la anchoveta hacia plantas harineras. Eso, sin contar las pampas de secado, donde las sobras de las anchovetas son secadas al sol en un proceso completamente artesanal, ilegal y pestilente.
Primer mecanismo: plantas ilegales
Diez plantas de harina de pescado, completamente ilegales, fueron identificadas por Oceana en la provincia costera de Pisco, al sur del Perú. Sin autorización para su construcción, ni licencias de operación, estas plantas que no tienen nombre ni rótulo, ubicadas en sectores agrícolas y de difícil acceso, demandan entre 10 y 90 toneladas diarias de anchoveta fresca principalmente. Aunque, según el informe de Oceana, también procesarían otras especies, en caso de ser necesario, para cubrir las cantidades requeridas de materia prima.
Los pescados son traídos directamente desde el desembarcadero pesquero artesanal San Andrés y el Complejo Pesquero La Puntilla, a través de unos diez intermediarios. “Ahí es donde se pierde el rastro”, dice Renato Gozzer, ingeniero pesquero de la asociación REDES y coautor de la investigación. “Ese mundo, el de los intermediarios, es bastante cerrado y peligroso. Son muy territoriales, se dividen los puertos y actúan de manera mafiosa”, dice.
Desde el año 2000, las plantas industriales han modernizado sus equipos para acogerse a las nuevas normas ambientales. Toda su maquinaria ha sido así dada de baja y vendido como chatarra. Sin embargo, “estos equipos no se han destruido sino que se han reciclado y son los que estas plantas ilegales utilizan”, explica Gozzer. Equipadas con tecnología, si bien no de punta, son capaces de procesar hasta 15 toneladas por hora de materia prima, tres veces más que lo que tiene autorizado una planta legal de harina residual.
Según establece el informe, el producto final “es vendido a intermediarios quienes acopian harina de diferentes plantas ilegales hasta completar un volumen requerido para transportarlo y entregarlo al comprador final en Chimbote y Callao”.
Oceana estima que estas plantas producen 22 mil toneladas al año de harina de alto contenido proteico y cinco mil toneladas de aceite de pescado. Todo ello con un valor total estimado en 32 millones de dólares al año. Ese monto es solo una parte de la cifra negra y este mecanismo solo uno de los utilizados en este millonario negocio.
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Segundo mecanismo: el desvío de anchovetas
Cuando una anchoveta es pescada en el mar del Perú, su destino depende del tipo de embarcación en la que terminó aleteando sus últimas bocanadas. Si es que la capturó una embarcación artesanal, llegará hasta una planta de Consumo Humano Directo, donde son fabricadas conservas, congelados y enlatados, especialmente de anchoas, conocidos como curados. Ahí, la cabeza, la cola y las tripas le serán cortadas y solo una parte de su cuerpo terminará en la mesa de algún comensal.
Todas las sobras de esa anchoveta, que pueden por ley ser hasta tres cuartas partes de su cuerpo, van a las plantas de harina residual que, como bien dice su nombre, procesan las sobras de los pescados para convertirlos en harina.
La calidad de esa harina, puesto que es fabricada con desechos, es mucho menor que la harina de pescado convencional, elaborada por un tercer tipo de planta que procesa la anchoveta completa. En este caso, esas empresas solo utilizan anchoveta capturada por las embarcaciones industriales.
Oceana investigó durante meses los flujos de la producción pesquera en diferentes lugares de la costa del Perú y constató que, sistemáticamente, las anchovetas que llegan a las plantas de Consumo Humano Directo son desviadas, completas, hacia las plantas de harina residual.
Son fachadas, garajes sin nombre ni rótulo alguno, “donde simplemente un camión entra y retiene ahí la anchoveta durante un tiempo, hasta que ya no está óptima para el consumo humano y debe ser enviada hacia las plantas de harina”, explica Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de Oceana.
La organización comparó los volúmenes oficiales de exportación y de producción de curados de anchoveta. Según las cifras, las exportaciones son marginales por lo que la mayor parte de la producción, unas 5,2 mil toneladas anuales, estarían disponibles para el consumo interno del país. Lo raro es que “en el Perú, no comemos anchoas; las exportamos”, dice Sueiro.
Pese a no existir un mercado interno que consuma la producción de curados que supuestamente está disponible, las plantas que fabrican estos productos han aumentado en los últimos años. Si en el 2011 había 61, entre artesanales e industriales, hoy hay 73. La mayor parte se encuentra en el departamento de Ancash, al norte de Lima. Allí existen 38 plantas y, de todas ellas, solo dos registran exportaciones directas de curados, según afirma el informe. No solo eso, sino que además, de todas las plantas de curados del país, solo cinco exportaron, en conjunto, el 46.5 % del total nacional de curados de anchoveta de los últimos cinco años. Esto significa que “el porcentaje remanente de las exportaciones es cubierto por las 68 plantas restantes”. Para Sueiro, eso no tiene sentido, y menos aún si se considera que aquellas cinco plantas, exportaron casi la mitad del total nacional, teniendo solo el 5,8 % de la capacidad de procesamiento total de curados.
Según las conclusiones de Oceana, la explicación detrás de esta disparidad entre la producción exportada por cinco plantas, contra la de las 68 restantes, es que “dentro del grupo de las 68 habría plantas de curado que sistemáticamente desviarían la anchoveta fresca hacia plantas que producen harina ilegal”, dice el informe.
Fuente: Información oficial de PRODUCE
Mongabay Latam preguntó a PRODUCE y al Gobierno Regional de Ancash por qué se siguen entregando permisos de operación a plantas de curados, si es que no existe un mercado que lo justifique. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, ninguno de los dos organismos respondió a las preguntas.
Las plantas de harina residual, al procesar anchovetas completas y no los residuos, obtienen una harina de alta calidad que es principalmente instalada en mercados internacionales, asegura el informe. La investigación de Oceana identificó dos vías para su comercialización. La primera es que esta harina es comprada por plantas procesadoras de harina convencional —aquellas que fabrican harina a partir de descargas de la flota pesquera industrial— que las comercializan como producción propia. El segundo camino es exportar directamente a través de brókeres —o corredores— especializados en colocar dicha harina en el extranjero. Hasta ahora no se ha logrado estimar cantidades de producción.
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) aseguró a Mongabay Latam que “se ha preocupado de que todas las plantas de sus empresas asociadas cumplan con la certificación IFFO RS, a fin de que los compradores tengan garantizada la trazabilidad y origen del producto. En ese sentido, la SNP recomienda a los compradores que adquieran solo harina de pescado proveniente de plantas certificadas IFFO RS.
Pero en el Perú, los registros oficiales de la materia prima recibida y lo producido a partir de esta se basan en declaraciones juradas que las plantas pesqueras envían al Ministerio de la Producción. Es decir, explican los investigadores, no existe un sistema de trazabilidad, en tiempo real, que permita cotejar con pruebas concretas la correlación entre la cantidad de pescado recibido y la cantidad de producto obtenido.
“Esta debilidad en el control de las estadísticas de producción pesquera deja abierta una brecha para que titulares de plantas de Consumo Humano Directo, que estuvieran incurriendo en el ilícito de desviar anchoveta a la producción ilegal de harina, declaren producciones ficticias para que en los registros figure que están fabricando los productos que tienen autorizados”, señala el informe.
La SNP asegura estar consciente del problema y tener en marcha el Proyecto de Mejoramiento Pesquero de la anchoveta “mediante el cual se busca fortalecer la investigación científica y la gestión de esta pesquería. Una de las actividades de este proyecto, sostiene, se refiere a mejorar la trazabilidad de la pesca de anchoveta que hacen las embarcaciones artesanales y de menor escala”.
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Tercer mecanismo: las pampas de secado
Debido a que las plantas de harina residual no están procesando los descartes que salen de las plantas de Consumo Humano Directo, las pampas de secado han proliferado para cubrir esa necesidad. En esos lugares, los residuos de anchovetas son esparcidos sobre el suelo, a la espera de que el sol los seque para que puedan ser molidos artesanalmente en un proceso tan ilegal como insalubre.
Al mismo tiempo, hasta ahí llegan los desperdicios de los mercados locales y de los desembarcaderos pesqueros. También llega pescado que proviene directamente de las embarcaciones artesanales, pero que debido a su avanzado estado de descomposición no es recibido por las plantas. Por último, en épocas en que existe sobreoferta de anchoveta, también llega el pescado que, por falta de capacidad, no puede ser recepcionado por la plantas.
Oceana identificó más de 24 pampas repartidas, de sur a norte, en los departamentos de Ica, Ancash y Piura.
Según el informe “esta harina es comercializada, a través de un intermediario, al mercado nacional o extranjero. Sin embargo, es más común que vendan el producto a plantas residuales o ilegales, las cuales terminan de producir la harina para llevarlas a los compradores finales”. El objetivo sería alcanzar los stocks que necesitan para poder vender, y/o abaratar costos. “La producción en pampa está en una condición bien mala para venderla sola, pero si dos toneladas de esa harina se mezclan con 20 toneladas de una de mejor calidad, pasa”, dice Sueiro.
Por otro lado, en el Perú, la producción de especies acuícolas, avícolas y pecuarias que demandan alimento balanceado, está creciendo. “La harina de pescado es el insumo principal y una de las fuentes más importantes de proteínas en la formulación de estos alimentos”, señala el estudio. Sin embargo, la harina y aceite de pescado, producidos legalmente, se exportan casi en su totalidad. La creciente demanda interna de harina de pescado no estaría siendo entonces abastecida lo que, según el análisis de Oceana, estaría incentivando la producción de harina ilegal.
Según Sueiro, esta hipótesis se refuerza si es que además se considera que, pese a que debiera haber mayor demanda de harina, “lo que hay es una progresiva disminución del consumo interno de harina legal”. Sin embargo, por ahora, las cantidades son indeterminadas y “ni el Estado, ni el PRODUCE, ni las ONG, ni los pescadores saben a dónde van. Ese ha sido para nosotros uno de los temas más difíciles de interpretar”, asegura. Sueiro agrega que “lo que nosotros hemos hecho ha sido poner luz sobre el problema para entender cómo funciona. Ahora los organismos competentes tendrán que hacer su trabajo.”
Mongabay Latam quiso saber la opinión de PRODUCE, pero hasta la publicación de este artículo no recibió respuesta a las preguntas enviadas.
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Imagen principal: Oceana.
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