- La autoridad ambiental acogió una denuncia presentada por organizaciones civiles para investigar el proyecto Domos de la empresa minera australiana Equus Mining. Esta habría iniciado exploraciones incumpliendo la ley.
- La autoridad representante del ministerio de minería en la región de Aysén, asegura que la empresa operó apegada a la norma y que no habría ninguna controversia respecto a las primeras operaciones realizadas por la empresa.
El pasado diciembre se formalizó la creación del Parque Nacional Patagonia, uno de los ocho parques que conforman la Red de Parques de la Patagonia en Chile. La buena noticia no estuvo exenta de polémica luego de que el medio de comunicación Interferencia diera a conocer que el parque que se creó no tiene los límites que se establecieron en la propuesta inicial. La denuncia señala que 5000 hectáreas eliminadas correspondían a un terreno fiscal donde la empresa minera australiana Equus Mining, a través de su filial Southern Gold SpA, quiere desarrollar el proyecto Domos para la extracción de oro y plata. Este proyecto está siendo investigado por la Superintendencia de Medioambiente, el organismo encargado de fiscalizar que se cumpla la normativa medioambiental a nivel nacional, por haber iniciado las actividades de exploración sin contar con los permisos necesarios.
Según el representante del Ministerio de Bienes Nacionales en la región de Aysén, el Secretario Regional Ministerial (Seremi), Gabriel Pérez, en la decisión no intervinieron intereses particulares de ninguna empresa, sino que “vimos el lugar como terreno fiscal con posibilidad de minería”. Según explica Pérez, la propuesta del parque había sido poco consultada con la comunidad y varios terrenos privados habían sido ingresados al parque por lo que había un problema con los límites. “Al llegar nosotros a la administración tomamos en consideración tanto a los campesinos del lugar como a la gente que históricamente ha trabajado en minería y a los operadores turísticos. Tuvimos esa conversación y se llegó a este acuerdo”.
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Varios terrenos fiscales y privados fueron eliminados de la propuesta inicial del parque, con el fin de compatibilizar la conservación con las actividades mineras y ganaderas propias de la zona, explicó el Ministerio de Bienes Nacionales, encargado de administrar y gestionar el patrimonio fiscal del Chile. Sin embargo, su ministro, Felipe Ward, asegura que otros terrenos fueron añadidos a modo de compensación por lo que el parque finalmente cuenta con 304 000 hectáreas, 2000 más que la propuesta inicial. Lo anterior fue desmentido, sin embargo, por la ex Ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, quien aseguró a Interferencia que “el terreno ingresado por la presidenta Bachelet era sobre las 309 000 hectáreas. El ministro Ward sacó 5000 hectáreas básicamente para permitir que allí se lleve adelante el proyecto minero. Aquí no hubo un problema de límites, eso estaba súper claro. Me molesta, con el respeto que le tengo al ministro Ward, que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política del gobierno del presidente Sebastián Piñera de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia. Así de claro”.
¿Quién tiene la razón? Esa una pregunta que aún se mantiene en debate. Pero más allá del número de hectáreas, científicos y conservacionistas temen que las actividades mineras que se realizarán tengan impactos sobre el patrimonio ecológico y paleontológico de la zona.
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La denuncia contra Domos
La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida y la Corporación para el Desarrollo Sustentable del lago General Carrera interpusieron una denuncia contra de la empresa Southern Gold SpA, ante la Superintendencia de Medioambiente. La acusación es por haber desarrollado el proyecto de exploración sin antes haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).
El 10 de mayo 2017, la empresa ingresó al SEA una solicitud de pertinencia con el fin de saber si debía o no someterse a una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, un mes después, el 13 junio de 2017, Southern Gold desistió de la pertinencia y el proceso se detuvo.
Aun así, a pesar de no haber ingresado al sistema, un patrullaje realizado el 6 de junio de 2017 por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la entidad estatal encargada de administrar la política forestal del país y las áreas silvestres protegidas, dio cuenta de actividad minera en el terreno fiscal que hoy se encuentra en el ojo del huracán por haber sido eliminado del parque nacional Patagonia. Además, el informe del patrullaje señala que “la actividad de sondaje [exploración] se encuentra afectando el curso de agua permanente aguas abajo, siendo depositario de relaves de color plomo desembocando al Río Jeinimeni que abastece a la población de Chile Chico.”
Al mes siguiente, una segunda fiscalización, realizada por la secretaría regional (Seremi) del Ministerio de Bienes Nacionales, confirmó los hallazgos de la CONAF: “producto de la construcción de los caminos de acceso a las zonas de sondaje, se afectaron los cursos de agua de los arroyos existentes en el área”. El informe da cuenta además de depósito de baños químicos en el arroyo, contaminación de los cursos de aguas y afectación de napas producto de las labores de sondaje minero, entre otros impactos. Por todo esto, la Seremi de Bienes Nacionales recomendaba “coordinar una reunión para determinar el cierre de la faena de sondaje [de exploración]” y el “envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado”, la entidad encargada de defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile en sus intereses patrimoniales. En mayo de 218, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, denunció que se estaba realizando “actividad minera ilegal en terrenos fiscales”.
A pesar de todas aquellas observaciones, recomendaciones y denuncias, la siguiente fiscalización se realizó un año después, en julio de 2018. “No encontraron nada. Lógico que no encontraron nada, si los trabajos ya habían terminado”, dice Patricio Segura, representante de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
La denuncia presentada por las organizaciones civiles se sustenta además en otro punto. Cuando la empresa ingresó al SEA los antecedentes del proyecto Domos, para saber si era o no pertinente presentar un estudio de impacto ambiental, estableció que se trataba de 19 plataformas para la realización de 19 perforaciones. Los patrullajes que más tarde realizaron CONAF y Bienes Nacionales corroboraron esa información. Sin embargo, las organizaciones civiles denunciantes hallaron un documento de la empresa Equus Mining, “Descubrimiento epitermal de metales preciosos en el sur de Chile”, fechado septiembre 2018, en el que se señala que hasta la fecha se habían realizado 41 perforaciones en el proyecto Domos y no 19 como se supone sería. “La gravedad no solo recae en que habría más actividad de la que dijeron tener, sino que pone en serio cuestionamiento la eficacia de las organizaciones que deben fiscalizar” dice Segura.
Mongabay Latam se puso en contacto con Equus Mining para saber por qué sus documentos internos señalan la existencia de 41 perforaciones. Pero hasta la publicación de este artículo la empresa no entregó respuesta.
Según Segura, en diciembre 2018 la Superintendencia de Medioambiente confirmó que había acogido la denuncia presentada por las organizaciones civiles para investigar el caso.
A pesar de ello, otro documento de la empresa Equus Mining con fecha 31 de enero 2019, señala que habiendo terminado los trabajos de las primeras etapas, “la perforación en el T7 Target —correspondiente a la Etapa III— comenzó durante enero de 2019”.
El secretario regional ministerial (Seremi) de minería en Aysén, Julio Zúñiga, aseguró que la empresa no ha iniciado los trabajos de una tercera etapa. Ello, debido a que esta “aún se encuentran definiendo si las nuevas exploraciones forman parte de la etapa anterior o si se trata de una unidad geológica distinta a la que ya perforaron”. Dependiendo de ello, se determinará cuál es el procedimiento de evaluación ambiental al que deben someterse, explicó. Pero respecto a los trabajos anteriores, aquellos que están siendo investigados por la Superintendencia de Medioambiente, Zúñiga señala que “la empresa cumplió con el plan de operación y con el plan de cierre presentado” y que no tiene información sobre la controversia respecto a la legalidad o no de las operaciones, ni tampoco de la investigación iniciada por la autoridad ambiental. Según el Seremi, los antecedentes que él maneja dan cuenta de que todo se hizo según lo establecen las normas y que no hay nada pendiente en lo que respecta a las primeras exploraciones de Equus Mining.
Informes de fiscalización que evidencian impactos medioambientales, cantidades de perforaciones declaradas que no coinciden con el número especificado en los documentos internos de la empresa, y desconocimiento de las autoridades respecto a los procesos legales que se estarían llevando a cabo, mantienen en vilo a un sector de la sociedad civil que mira con desconfianza el panorama. Y es que a pocos metros del terreno fiscal donde se encuentra Domos, comienza el Parque Nacional Patagonia y parte de una de las mayores riquezas paleontológicas del país.
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La riqueza de los Domos
El proyecto Domos se ubica dentro del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni – Bahía Jara. Es por ello que, de hecho, estuvo a punto de formar parte del Parque Nacional Patagonia. Además, esos terrenos forman parte de la Zona Nacional de Interés Turístico Chelenko y son aledaños a los yacimiento de fósiles más grande del país.
Enrique Bostelmann, paleontólogo especialista de la Universidad Austral de Valdivia, explica que el polémico terreno fiscal, que quedó fuera del parque y donde Equus Mining ha hecho trabajos de exploración, es colindante a un predio que contiene importantes fósiles. Se trata del polígono marcado con el número nueve y delimitado por los puntos M, N y Ñ. En ese lugar, existen yacimientos de fósiles que “van desde el período jurásico —150 millones de años— hasta más o menos 18 millones de años. Es decir, un lapso de tiempo bastante grande”, explica Bostelmann. Dicho predio, junto con otros de gran importancia paleontógica quedaron dentro del parque por lo que “los nuevos límites engloban bastante bien una representación importante de yacimientos con fósiles muy relevantes”, asegura Bostelmann.
Aun así, la escasa información científica levantada en la zona no permitiría asegurar que los terrenos destinados a la minería no contengan riquezas arqueológicas o paleontológicas, ni tampoco que la actividad minera no tendrá impactos en el área protegida.
Bostelmann dice tener la sospecha de que en el límite entre el lote nueve y el terreno fiscal haya una escama tectónica con fósiles marinos del mioceno, de unos 20 millones de años. “Si eso fuese así, también habría en el terreno fiscal”, dice el científico. El problema, es que “casi no hay científicos trabajando en la zona”, agrega. Otros especialistas coinciden en el hecho de que la escasa investigación desarrollada en el área deja muchas preguntas sin responder. El limnólogo Brian Reid, doctor en ecología y científico del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia asegura que “no hay nada de información”, en lo que respecta a la cuenca del lago General Carrera. Que solamente existe un estudio científico publicado en ecosistemas acuáticos continentales y que “el conocimiento es pésimo. Cero, realmente cero”, dice.
Consultado el Ministerio de Bienes Nacionales sobre si se realizaron o consultaron estudios científicos para determinar los límites del parque, el representante en la región, el Secretario Ministerial Regional Gabriel Pérez, señala no tener conocimiento de ello puesto que todas las gestiones se hicieron desde la capital, Santiago.
Al mismo tiempo, debido a que la empresa no ingresó al sistema de evaluación ambiental, tampoco se cuenta con información científica que la empresa haya podido recabar para realizar sus trabajos de exploración.
El biólogo Fabián Jaksic, premio nacional de ciencias naturales, asegura que la minería de oro “aunque no se meta dentro del área protegida, puede que afecte la cuenca de área protegida y eso habría que considerarlo”. Lo anterior se respalda en el hecho de que “para sacar oro se utiliza arsénico que es terriblemente contaminante y, a pesar de que este es reciclado de las piscinas de tratamiento, siempre hay una parte que queda en el tranque de relaves. Allí, por problemas de presión hidrostática, siempre se escapa agua con alto contenido de arsénico. En el peor de los casos, si viene una lluvia muy intensa o un aluvión, eso contamina todos los cursos de agua incluso hasta llegar al mar”, explica Jaksic.
Por otro lado, el biólogo advierte que la declaración de un parque no impide la explotación minera puesto que lo que se protege es la superficie, pero no así el subsuelo ni tampoco el aire. “Tal vez esa podría ser una modificación de la ley, que no solamente se protejan las superficies de los terrenos sino también las subsuperficies. Dado que el Estado es dueño del subsuelo, asegurar que este no pueda ser entregado en concesiones, arriendos, ventas, comodatos a nadie. Eso podría ser una contribución a la legislación. Pero hasta ahora no hay ninguna propuesta que vaya en esa dirección”.
Foto principal: Parque Nacional Patagonia
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