- Cristian Java falleció en La Petrolera tras el disparo de invasores asentados dentro del territorio de la comunidad. En el ataque también resultaron heridas otras cinco personas.
- La Policía y la Fiscalía llegaron dos días después del hecho para levantar el cuerpo; mientras que los heridos fueron llevados hasta Iquitos un día después del ataque.
La mañana del 17 de abril, un grupo de personas de la comunidad nativa La Petrolera llegaron hasta un sector invadido dentro de su territorio para pedir a los ocupantes ilegales que abandonen el lugar y dejen de extraer madera de forma ilegal. La decisión de expulsarlos se había tomado un día antes en asamblea comunal, acuerdo que fue notificado a los invasores a quienes les dieron 24 horas para dejar el territorio.
Pero el pedido no tuvo ningún efecto en quienes desde hace un año ocupan, de forma irregular, parte del territorio de la comunidad nativa La Petrolera, ubicada en la cuenca del río Chambira, distrito de Urarinas, región Loreto.
En lugar de retirarse, los invasores los esperaron armados y abrieron fuego contra los indígenas. Cristian Java Ríos, monitor ambiental de La Petrolera, cayó con la primera ráfaga de escopeta. El joven de 22 años murió en ese lugar. “Las balas le alcanzaron en diferentes partes del cuerpo y perforaron el pulmón. Cristian murió de una hemorragia interna. Fue una emboscada”, dice Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).
Las balas de un segundo disparo alcanzaron al presidente de la comunidad La Petrolera, Robles Pisco Torres, quien resultó herido en el abdomen. Otras cuatro personas –Weyder Java Ríos, Royer García, Andrés Sandi y Ángel Flores– se sumaron a esta lista de personas abatidas durante el enfrentamiento con los invasores. Los cinco heridos fueron trasladados al hospital regional y al de Apoyo de Iquitos. Actualmente, todos se encuentran fuera de peligro.
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Territorio tomado
El problema en La Petrolera empezó hace aproximadamente un año –cuenta López– cuando un grupo de invasores ocupó parte del territorio de la comunidad. Ellos no solo llegaron para instalarse de manera irregular en el terreno, sino para extraer ilegalmente madera y aprovechar las plantas que la comunidad guardaba en el vivero medicinal.
Las amenazas de muerte se convirtieron entonces en una constante para los habitantes de La Petrolera. “Les dijeron que iban acabar con la comunidad para que el territorio quede libre y puedan hacer lo que quieran”, asegura López.
Por eso el 18 de marzo, los comuneros solicitaron garantías personales ante la Subprefectura de Nauta, en Loreto, contra 18 personas, señala la abogada Verónica Shibuya, coordinadora regional del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), quien acompaña a La Petrolera en este proceso.
Un par de semanas después, sin embargo, los invasores volvieron. Entraron nuevamente armados a extraer ilegalmente madera. Dos de las escopetas fueron decomisadas en esa oportunidad y entregadas a las autoridades fiscales el 4 de abril, como consta en la denuncia verbal presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta.
En la acusación se precisa que miembros de la comunidad encontraron a dos de los invasores con las armas de fuego en su poder, quienes además estaban deforestando un sector del bosque. Tras confiscar las escopetas, se percataron que había otro grupo de personas también con armas en una embarcación en las riberas del río.
“Se informó que los invasores tenían más armamento y solicitaron una visita de las autoridades a la zona. La emboscada se hizo con las armas que las autoridades competentes tenían que haber decomisado”, reclama la abogada del CAAAP.
El fiscal a cargo del caso, Raúl Barrezueta, dijo a Mongabay Latam que ya realizaron la prueba de absorción atómica a los presuntos implicados, quienes fueron detenidos por miembros de la comunidad. Además que tomaron las declaraciones pertinentes a los testigos. Sin embargo, nadie ha sido detenido por este caso hasta el cierre de esta publicación. “Supuestamente han sido cinco las personas que han disparado, pero hasta ahora, ninguno de los testigos ha podido reconocer a alguno de ellos”, precisa.
La abogada Shibuya asegura que se cuenta con las pruebas suficientes para que se proceda a la denuncia fiscal y espera que el proceso se acelere en los próximos días.
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Urge atención de la comunidad nativa
El presidente de Acodecospat denunció que pasaron casi dos días para que la Policía y la Fiscalía lleguen a levantar el cuerpo del joven monitor. Y que los heridos fueron traslados a Nauta un día después del ataque.
Alicia Abanto, Adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas lamenta que ante la escasa presencia del Estado, las comunidades nativas se vean obligadas a asumir la defensa de sus territorios, con todas las consecuencias que ello representa. Es en ese contexto –dice– que se producen situaciones que llevan a la muerte de líderes indígenas y defensores ambientales.
“El Estado tiene que ser diligente ante las quejas o denuncias que presentan los líderes indígenas de los pueblos alejados, pues tienen los mismos derechos de aquellos que viven en zonas urbanas. Es en el marco de esa ausencia que se ha presentado la muerte de esta persona, así como varios heridos”, precisó la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
Abanto llamó la atención también sobre los mecanismos que debe implementar el gobierno para la protección de los territorios comunales. Recordó que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está pendiente la aprobación de un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y derechos ambientales, así como la ratificación del Acuerdo de Escazú, un mecanismo internacional que promueve la participación pública, el acceso a la información y sobre todo a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. “Los líderes de las comunidades y los defensores ambientales sufren graves vulneraciones a su vida y a su integridad”.
El Ministerio de Cultura informó a Mongabay Latam que luego del ataque reportado en La Petrolera el 17 de abril, se coordinó con la Dirección Regional de Salud de Loreto para que se atienda a los heridos y con la Fiscalía de Loreto y el Ministerio del Interior para “que las investigaciones se realicen en un plazo razonable y se brinden las garantías del caso”.
En una reunión multisectorial, realizada el viernes 26 de abril en Iquitos, se acordó el ingreso de un contingente policial a la comunidad nativa La Petrolera, con el fin de mantener el orden interno. En la cita participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Ministerio de Cultura, así como los dirigentes de Acodecospat y de CAAAP.
La llegada del equipo policial está programado para este lunes 29 de abril –asegura Shibuya– y luego se espera el ingreso de representantes de las otras instituciones estatales para atender las necesidades de la población. “La situación es tensa y continúan las amenazas a los miembros de la comunidad por parte de los invasores que se han instalado en zonas cercanas”, señala Shibuya, quien espera que con los acuerdos de la reunión del viernes se atiendan estas demandas urgentes de la comunidad.
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