Serfor: el origen ilegal de la madera se define desde el bosque

El director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán, habló sobre la situación y desafíos de uno de los sectores más complejos en el Perú. Gonzales-Zuñiga —nombrado en el cargo por concurso público de méritos en enero de este año— sostiene que “la pérdida de biodiversidad en el Perú está asociada a la deforestación” e identifica las principales actividades que la promueven: el cambio de uso de la tierra, la tala ilegal, los cultivos ilícitos, las carreteras y la minería.

Este año Serfor cumple cinco años. ¿Cómo analiza en perspectiva el desempeño de la institución que ahora dirige?

Hemos ido creciendo y enfrentando una cantidad de desafíos para la gran cantidad de bosques que tenemos. Nos hubiera gustado que sea más rápido, que no haya habido cambios en los énfasis, pero creo que en retrospectiva estamos en proceso. Por ejemplo, para tomar un caso extremo, Estados Unidos con un tercio de bosques más que nosotros tienen 35 000 personas y 5000 consultores trabajando en su servicio forestal. ¿Sabes cuántas personas trabajamos en Serfor? Solo 760. Y en Lima entre 280 y 290. Entonces, ya se pueden imaginar la magnitud de los desafíos que tenemos con este personal. Pero somos optimistas de lo que se puede lograr.

Al revisar el presupuesto pareciera que ese entusiasmo no se traduce con el presupuesto que el gobierno le ha asignado. El 2018 tuvieron un presupuesto de S/ 109 millones y este año S/ 88 millones.

Lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas es que ellos empiezan con un nivel de presupuesto corto y dependiendo de tu desempeño pueden autorizar una extensión. Si todo sale bien, esta extensión para Serfor se aprobaría a fin de mes o principios del próximo mes. Estamos pidiendo entre 34 y 35 millones de soles adicionales. Yo les mencionaba el caso de Estados Unidos, pero también hemos hecho el análisis con Colombia, Ecuador y Bolivia, y quedamos en último lugar. Eso no puede ser si somos un país megadiverso.

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“La zonificación cuesta, pero hay que hacerla”

En varias regiones los agricultores han vendido los certificados de posesión de uso de la tierra para grandes plantaciones. ¿Han hecho una valoración legal sobre si se pueden vender estas constancias?

Para nosotros, como Serfor, la respuesta categórica ha sido que no. Tenemos unos lineamientos de sesión de uso de la tierra que reconocen a los ocupantes como posesionarios de un predio, lo podemos ayudar a mejorar su productividad, pero no le podemos dar derecho de propiedad. Hacerlo podría crear un mal precedente y seguramente detrás podría haber personas que podrían invadir más tierras.

¿Qué va a pasar con las empresas que han adquirido estas constancias?

Hasta donde tengo entendido, esto está a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y de los gobiernos regionales. Ellos están revisando todo eso. La realidad es que hay terrenos en los que se han ubicado algunas empresas de palma y no es la correcta. La actual gestión está revisando esa herencia. Pero además debemos mencionar que hay otros proyectos privados interesantes que sí buscan fomentar actividades agroeconómicas en áreas deforestadas.

Hasta hace unos años, el Ministerio de Agricultura no tenía un catastro georreferenciado de áreas deforestadas y desocupadas. ¿Cómo impulsar la inversión privada sin conflictos si no hay información actualizada sobre estas unidades?

Una de las condiciones más importantes para estas inversiones es la zonificación. Para cualquier tipo de inversión debe contarse con esa información. De tal manera que se pueda saber si esa tierra tiene o no vocación de bosque. Ese nivel de información lo da la zonificación territorial en las regiones.

¿Se tiene esa información ahora?

En el caso de la región San Martín está prácticamente terminada. Es lo más avanzado que hay. En Ucayali también se ha avanzado. En otras regiones el avance es pequeño. El ordenamiento territorial es crucial. Y la zonificación cuesta, pero hay que hacerla. Todos estos temas los estamos conversando dentro del Serfor, y sabemos que es lo que se tiene que hacer.

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“Nuestras relaciones con Osinfor las hemos cambiado totalmente. Ahora nos reunimos permanentemente”

Perdone el pesimismo, pero desde hace muchos años se habla de la necesidad de ese ordenamiento y de un catastro, ¿por qué ahora sí tendría que funcionar?

Hay dos factores que convergen. El primer factor es que hay inversionistas interesados. Por ejemplo, para una concesión con fines de conservación, lo que ellos van a querer saber es si la concesión tiene las características de lo que él busca. El otro factor es que ahora, a diferencia de hace años, tenemos tecnología que nos permite tener más información precisa sobre el territorio. Esos factores nos permiten ver la situación con un lente menos pesimista.

Uno de los temas más complejos para el sector es la tala ilegal. ¿Qué están haciendo en Serfor y cuál es el tipo de relación que tienen actualmente con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), que ha identificado que Perú exporta madera de origen ilegal?

Nuestras relaciones con Osinfor las hemos cambiado totalmente. Ahora nos reunimos permanentemente, cada dos semanas. Tenemos planes de trabajo conjunto. En segundo lugar, respecto al tema de la trazabilidad [procedimientos que permiten seguir el recorrido del producto forestal] estamos trabajando conjuntamente en la Comisión Multisectorial de Lucha contra la tala ilegal. En Serfor se ha trabajado el tema de trazabilidad desde hace algún tiempo. En mayo o junio debe culminar el proceso de capacitación para lo que son dos libros de operaciones de campo y planta.

¿Para esta gestión del Serfor dónde se inicia este proceso de trazabilidad?

En el árbol, en el bosque.

Hubo una propuesta para que la trazabilidad empiece desde el aserradero.

Para nosotros comienza en el bosque. Ahora, en el tema de la madera ilegal, hay algo que nos está haciendo mucho daño. Es un dato que proviene desafortunadamente del Banco Mundial y que hemos podido detectar, no solo nosotros sino también varios investigadores, que se trata de un dato con muy poco sustento. Este dato dice que el 80 % de todo lo que exportamos es ilegal. Y eso no tiene sustento. Cuando llegamos a Serfor este año, hemos encontrado una iniciativa que ya está en marcha que busca  estimar el porcentaje de tala ilegal en Perú. Se supone que en unos tres meses se tendrán los resultados del trabajo para conocer de manera técnica cuál es el porcentaje de madera ilegal en el país.

Un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estima que el monto de lavado de activos en el sector forestal por la tala ilegal alcanza los 155 millones de dólares.

Correcto. Pero claro, son metodologías. La iniciativa que está impulsando Serfor está siendo realizada con el apoyo de consultores que han trabajado con FAO, se trata de una metodología conocida. Ahí vamos a tener un dato mucho más fino y vamos a saber de qué tamaño es la economía basada en la madera ilegal, porque ese dato del 80 % no es real y nos afecta mucho en el extranjero.

¿Considera que la presión del sector maderero es fuerte en la decisión de políticas públicas de la fiscalización del origen la madera?

No lo sé. Mira, ellos han venido a conversar con nosotros. En realidad, cuando se habla del sector maderero, no hay un sector uniforme. Hay un sector maderero, y quiero empezar por subrayar esto, que está haciendo las cosas bien. Y nuestra orientación institucional es apoyarlo. Por supuesto, hay otras que no lo están haciendo y les afecta cualquier tipo de supervisión y fiscalización. El rostro de Serfor debe ser en primer lugar el de promotor, claro, con nuestras funciones de vigilancia y fiscalización, pero es principalmente promotor de actividades productivas sostenibles en el bosque.

¿Ese sector que está haciendo las cosas bien está de acuerdo con que la trazabilidad comience desde el bosque?

Sí, te abren sus empresas. Te abren su información.

Un grupo de empresarios exportadores menciona que es imposible que ellos conozcan el origen de la madera porque la compran con papeles en regla y de buena fe. Dicen que el control debería empezar en las plantas de transformación.

Sí, pues, nosotros trabajamos con diferentes empresas. Las que quieren hacer las cosas bien.

Hace unos años se conformó un grupo de trabajo para actualizar la lista de especies forestales amenazadas, pero nunca se oficializaron los hallazgos. ¿Cuándo tendremos una lista actualizada de especies de flora en situación de riesgo, como el shihuahuaco?

Estamos en eso. No te imaginas la cantidad de cosas que hemos encontrado como pendientes y ese es uno de ellos. Queremos meterle fuerte a ese asunto. Estamos estableciendo prioridades para eso. En el caso de madera en lo que nos hemos enfocado es el tema de la trazabilidad. Ya estamos cerca de que salga el sistema de trazabilidad, consensuado con todos los organismos involucrados…

¿También lo han consensuado con el grupo maderero de la Asociación de Exportadores (ADEX) y de la Sociedad Nacional de Industrias?

En realidad, con el sector empresarial que participa dentro de la mesa ejecutiva forestal. Por supuesto, hay algunas empresas que apoyan y otras que no, pero nosotros seguimos con esto. El sistema de trazabilidad comenzará a implementarse este o el siguiente semestre, y de manera completa el año que viene.

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“El caso del shihuahuaco nos preocupa mucho”

¿Cuándo comenzarían a ver el tema de la clasificación de nuevas especies forestales amenazadas?

Sí, allí hay varios temas. El caso del shihuahuaco nos preocupa mucho y lo estamos analizando con detalle. Es una planta que tiene un nivel de desarrollo de mil años para su madurez. ¿Cómo la van a cortar de esa manera? Dicho sea de paso, hay una empresa en Madre de Dios que está haciendo reforestación de shihuahuaco. Están convencidos que es posible hacer esto. Están trabajando con asistencia técnica de Brasil y Perú.

Serfor tuvo una relación tensa con Osinfor. A fines del año pasado, lo debilitaron y adscribieron al Ministerio del Ambiente y esto fue tan cuestionado en el marco del TLC con EE.UU que el gobierno tuvo que revertir el proceso. ¿Cuál es la evaluación que hace Serfor ahora?

Nosotros pensamos que un organismo como Osinfor es indispensable. Es un organismo en realidad supervisor y fiscalizador. Así como en el agua existe la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y energía está Osinergmin, el Osinfor debería supervisar el cumplimiento de entidades como Serfor o de las empresas. Ese esquema es útil y da señales fuertes. La señal debe ser, si tú quieres salirte de ese marco legal, “te vamos a caer encima”, pero si quieres trabajar dentro de ese marco “te apoyaremos”.

¿Cree que la Unidad de Inteligencia Financiera debería participar en la Mesa de lucha contra la tala ilegal y la Comisión ejecutiva multisectorial forestal?

Yo creo que cuanto más transparente sea una actividad de negocio es mejor. Mi opinión personal, no institucional, es que sí debería participar. Si hay organismos especializados que puedan aportar, como es el caso de Sunat, creo que sí deberían participar.

Imagen central: EIA.

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Artículo publicado por Alexa

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