- La comunidad tiene su propia represa hidroeléctrica que funciona con la técnica “a filo de agua” por lo que no afecta el curso ni el caudal de río.
- Al contrario de los grandes proyectos hidroeléctricos que han provocado graves crisis sociales y ambientales en Honduras, la represa de Plan Grande ha cohesionado a la comunidad y es un ejemplo de generación de energía sustentable.
Grandes proyectos hidroeléctricos en Honduras han estado en el ojo de la tormenta tras haber sido vinculados, por organismos de derechos humanos como Global Witness y movimientos indígenas, con las persecuciones a líderes ambientales que en algún momento se opusieron a ellos. Amenazas, hostigamientos, desplazamientos e incluso crímenes han sido denunciados en medios de comunicación del país. El caso más emblemático es el asesinato, en 2016, de la líder indígena lenca Berta Cáceres, crimen que habría sido encargado, según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) ligados a funcionarios públicos, entre ellos militares activos y en condición de retiro.
Las personas que se oponen a estos grandes proyectos de infraestructura suelen argumentar que la construcción de estas megaobras pueden causar serios impactos ambientales en los ríos, así como en la flora y fauna. Ese era el discurso de Berta Cáceres cuando denunciaba que la hidroeléctrica Agua Zarca acabaría con el río Gualcarque.
Pero no toda generación de energía limpia arrastra problemas y denuncias. Existen ejemplos positivos que permanecen olvidados en pequeñas localidades de Honduras y que involucran a poblados que han demostrado que es posible producir energía hidroeléctrica sin provocar daños en el curso de los ríos.
Mongabay Latam viajó hasta Plan Grande, una aislada localidad del Atlántico hondureño, accesible solo por mar, para ver cómo sus habitantes se enorgullecen de abastecerse de energía 100 % limpia y con un impacto casi nulo.
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Llegó la luz a Plan Grande
Desde hace quince años la noche es distinta para Yadira y otras cien familias de esta comunidad ubicada en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón.
“Yo recuerdo el primer día cuando vino la luz. Me dio mucha alegría. Yo empecé a llamar a mis amigas para ver si les había llegado la luz en las casas. Al inicio llegó bien débil, pero era un hecho. Fue una alegría que teníamos que celebrar y después fue pasando el tiempo y la luz se fue poniendo fuerte y desde ese entonces la tenemos así”, cuenta Yadira Santos, 34 años, pobladora de Plan Grande.

Antes de la llegada de la electricidad, los habitantes de esta localidad nunca habían visto encender un foco, un ventilador y mucho menos un televisor o una refrigeradora. En esos tiempos, los preparativos para la pesca y la siembra, la limpieza de las casas y las tareas de los niños eran todo un desafío frente a la falta de energía. “Todo debía hacerse antes de las cinco de la tarde porque al caer la noche solo un candil con gas proyectaba una pequeña luz, lo justo para moverse dentro de las casas”, cuenta Yadira.
En 2004, la comunidad logró tener, por primera vez, tres horas de electricidad al día gracias a un generador alimentado con diesel. Durante siete años fue así hasta que en 2010 el presidente del patronato o líder de la comunidad, Oscar Padilla, recibió una invitación de la Cooperación Española en Tegucigalpa, capital de Honduras, para hablar de una propuesta de financiamiento que fortalecería el proyecto de electrificación.

La comunidad, cuyas familias tienen ingresos que no superan los cien dólares mensuales, reunió sus limitados recursos para aportar con los viáticos del viaje del dirigente patronal, quien a cambio regresó con la feliz noticia: un nuevo donativo les permitiría la construcción de una pequeña represa hidroeléctrica.
Hoy, el 100 % de la electricidad que consume la comunidad de Plan Grande es a base de agua generada por una pequeña represa instalada en el río Matías que, al utilizar la técnica “a filo de agua”, no interviene el curso del río.
Un mecanismo sustentable
Los grandes proyectos hidroeléctricos en Honduras como Patuca I, II y III o El Tornillito, que han sido cuestionados por sus impactos medioambientales, se caracterizan por desviar, por medio de enormes tubos, la totalidad del curso de agua hacia la turbina. “Al acaparar toda el agua de la corriente, la vida natural del río muere”, explica el ingeniero mecánico Ramón Zavala, quien lamenta que los grandes proyectos hidroeléctricos “están represando los ríos más importantes del país, provocando así un desabastecimiento en las comunidades”.
A diferencia de estas grandes infraestructuras, la represa instalada en Plan Grande no usa el represamiento. Aunque cuenta en la parte alta del río con una cortina o pared de cemento para contener el agua, explica Zavala, solo utiliza una parte de esta en la generación de energía, por lo que el río no llega a perder su caudal.

Ramón Zavala, quien ha trabajado por muchos años en la instalación y funcionamiento de El Cajón, la represa de administración estatal más grande de Honduras, explica que los pequeños proyectos, como el de Plan Grande, “lo que hacen es utilizar lo que se conoce como cresta, es decir, el agua que corre por encima del río”.
Esa agua es conducida a través de tubos, que son mucho más pequeños que los de las grandes represas, y en dirección a la turbina. Allí, a partir del movimiento del agua, se genera la energía que luego es distribuida por cableado hasta la comunidad.
Don Emilio Hernández, de 57 años, quien ha vivido toda su vida en Plan Grande, fue pieza fundamental para consolidar el proyecto hidroeléctrico del cual actualmente es el técnico.
Asegura que aunque el proyecto tiene una capacidad de generación de 25 kilowatts, solo está produciendo 12 kilowatts con el objetivo de extender la vida útil de la turbina y cuidar el río, “porque a mayor generación, más repercusiones hay en los afluentes de agua”, dice. Además, 12 kilowatts “es la cantidad que se requiere para mantener a una colonia de 1000 o 2000 casas”, asegura Zavala.

El ambientalista Pedro Landa es historiador e investigador de Derechos Humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj), el principal centro de investigación en Honduras. En conversación con Mongabay Latam, asegura que estos proyectos, además de ser amigables con el medio ambiente, “generan un impacto positivo en la comunidad, porque es ella la que define la tarifa residencial (que es la que pagan los hogares) en base a los costos de operación”.
En Plan Grande, cada familia tiene una cuota establecida como tarifa del servicio. Estas varían entre 100 y 250 lempiras, es decir, entre unos 5 a 10 dólares mensuales por vivienda, dependiendo de los artefactos que tenga cada hogar. Así, por ejemplo, quienes solo tienen focos y un televisor pagan 100 lempiras, mientras quienes tienen una refrigeradora cancelan 250.

En total, según María Fernández, fiscal de la junta directiva que administra el proyecto, mensualmente se recaudan en promedio 12 000 lempiras (480 dólares) que son utilizadas para pagar el salario del operador de máquina, los gastos de mantenimiento y la distribución de la electricidad.
Emilio Hernández asegura que no solo Plan Grande le ha apostado a proyectos de este tipo. La vecina localidad de Kinito es otra que ha instalado su propia represa. Los proyectos comunitarios de generación hidroeléctrica no se encuentran identificados en el mapa estatal y la mayoría están ubicados en pueblos similares a Plan Grande: aislados y “abandonados por el Estado”, como los define Yadira.
Para el investigador económico, Ismael Zepeda, estos ejemplos de organización comunitaria son una alternativa a las grandes inversiones empresariales de generación energética que existen en el país. “Hay proyectos de este tipo que han demostrado que la comunidad, gestionando sus recursos, se encamina a la sostenibilidad”, dice.
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El negocio de la energía
En Honduras, más de diez grandes proyectos hidroeléctricos estatales se encuentran en funcionamiento. La central hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón y que produce más de 300 megavatios cada tres meses, es la mayor de todas.
Al mismo tiempo, el país cuenta con una serie proyectos de generación de energía hidroeléctrica privados, que se instalan gracias a concesiones otorgadas por el Congreso Nacional.
Hasta el 2018, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) registraba un total de 315 plantas generadoras de energía. De esa cantidad, 157 se tipifican como concesiones para hidroeléctricas. Algunos de los proyectos que resaltan por su gran capacidad son Patuca I, II y III, sobre el río Patuca en Olancho; la represa el Tornillito en la zona occidente de Honduras, e Hidrocep e Ingelsa en el departamento de Atlántida.

Pedro Landa asegura que, en el otorgamiento de concesiones, existen vacíos en la normativa legal. “Podría llegar cualquier empresario a solicitar una concesión para explotar irracionalmente los recursos, agotando las fuentes de agua y contaminando el medio ambiente y, debido a la débil institucionalidad de Honduras, la concesión se le otorgaría en cuestión de horas”, dice.
Mongabay Latam pidió la versión del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente, sin embargo, hasta la publicación de esta nota éste no envió respuesta a las preguntas hechas.
En la investigación Redes y Lealtades detrás del Poder, publicada este 2019 por el ERIC-sj, se asegura que históricamente han existido en Honduras unas pocas familias a cargo de la generación de energía térmica. En los últimos años, serían esos mismos apellidos los que han migrado hacia las energías limpias acaparando los contratos de generación. Se trata de la familias Chufri Kafie, dueña de la generadora térmica Lufussa; Freddy Nazzer, propietaria de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA); Larach, dueña de las represas El Remolino en las cercanías de la represa El Cajón y la familia Atala, propietaria de Desarrollos Energéticos (DESA).
Según denunció el diputado Edgardo Castro, las empresas venden al Estado la energía a tarifas que ellas establecen y quienes deben asumir el alto costo de esos precios son los usuarios. “El Estado está pagando onerosos contratos a las empresas de energía hídrica sin meterse a discutir el precio que se le cobrará a la gente”, dijo Castro.

Es por eso que, en opinión de Don Emilio, la comunidad de Plan Grande nunca aceptaría que el Estado o la empresa privada administren el proyecto hidroeléctrico que tanto los enorgullece. “Si se instala una empresa, ellos pondrían sus precios más altos. Además, la comunidad se quedaría sin agua porque toda se destinaría a la generación de energía”, dice.
“Que las comunidades sean dueñas de las generadoras permitirá garantizar el servicio de energía eléctrica a bajo costo. Además evitará que las empresas compren la voluntad de las comunidades prometiendo la construcción de escuelas, centros de salud y otros programas que son responsabilidad del Estado”, añade Zavala.
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Plan Grande se salva de la crisis
Don Emilio Hernández y los demás habitantes de Plan Grande saben que los beneficios que les ha traído la energía provienen de la capacidad que han tenido para autoadministrar el proyecto. También están enterados de lo que padecen comunidades como Jilamito en Arizona, Reitoca en Francisco Morazán, Pajuiles en Tela, La Esperanza en Intibucá, donde se han construido grandes hidroeléctricas. Estas localidades han quedado expuestas a “un gran deterioro social y ambiental”, dice Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, espacio conformado por las comunidades donde se han instalado estos proyectos.
Aguas contaminadas, escasez y deforestación son los padecimientos que denuncian las comunidades. Así, por ejemplo, en 2017 los habitantes de localidades aledañas al río Mezapa, donde se había comenzado a construir una represa, reportaron que las cuencas habían sido contaminadas con sedimentos, que los peces habían muerto y que más de 200 árboles habían sido talados. El conflicto, que explotó a raíz de estos eventos, requirió incluso la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Los ríos son los que abastecen a las comunidades de agua, pero con esta construcción de represas lo que llegaba a las llaves de las casas era lodo”, señala Fernández.

En cuanto a las repercusiones sociales, informes de la organización británica Global Witness colocan a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra o el medio ambiente. Sus investigaciones han logrado documentar la existencia de acuerdos entre políticos y empresarios que se confabulan en el otorgamiento de concesiones mineras e hidroeléctricas, con el propósito de favorecer proyectos de generación de energía, mineros, agrícolas y turísticos.
Así como la ambientalista Berta Cáceres fue asesinada por liderar una lucha por la defensa del río Gualcarque, muchos otros han corrido con la misma suerte. Según Global Witness son más de 120 los activistas que han sido asesinados desde 2010, cuatro en 2018, por defender sus derechos en el contexto de la construcción de megaproyectos de energía o extracción.
Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, el espacio que aglutina a los empresarios que se dedican a la generación de energía hídrica, considera que “las comunidades que se oponen a los megaproyectos están frenando el desarrollo. Las empresas generadoras dan empleos y construyen carreteras. Todo, a cambio de utilizar los ríos para generar energía”, dice.

Además, asegura que los proyectos que se implementan no tienen impacto negativo en los afluentes de agua y que los pequeños proyectos comunitarios, aunque son iniciativas interesantes, son insostenibles a largo plazo.
“Hay que ser realista, no hay que generar falsas expectativas. Ya existen varios proyectos comunitarios que no pueden acceder a préstamos porque quienes financian son la banca privada y organismos como el Banco Mundial. Las comunidades carecen de garantías para recibir préstamos. Por ejemplo, para un proyecto de 800 kilowatts se requieren tres millones de dólares y (las comunidades) no logran el financiamiento para ejecutarlo”, enfatizó Paz. Por lo mismo, “hay proyectitos que las mismas empresas (generadoras de energía) están facilitando”, asegura.
A pesar de la gran cantidad de proyectos hidroeléctricos que operan en Honduras, el país enfrenta actualmente una fuerte inestabilidad energética. Según han declarado autoridades de gobierno, esto se debería a una mala administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que privatizó su servicio a través de la empresa de capital colombiano Empresa Energía Honduras (EEH), y a irregularidades en la aprobación de contratos de generación hidroeléctrica.
Como consecuencia, algunas regiones principalmente de la zona norte y occidente del país han sido afectadas con suspensiones del servicio eléctrico hasta por ocho horas diarias, provocando, a su vez, manifestaciones entre la descontenta población.
Plan Grande, sin embargo, a pesar de que esta situada en una de las zonas más afectadas por la crisis energética, no sabe de apagones.
Emilio, Yadira y María tienen algo claro: el proyecto ha valido la pena y sus condiciones de vida han cambiado para mejor. “Es un pequeño rayo de luz en la calidad de vida de las próximas generaciones”, concluye Emilio Hernández.
Foto principal: La generación, distribución y administración de la energía en manos de la comunidad. Foto: Martín García
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