Correa ganó las elecciones de 2007 prometiendo refundar la Patria. Redactó una nueva Constitución en la que se ampliaban los conceptos de Estado “pluricultural y multiétnico” que se habían incorporado en la Constitución de 1998. Aprobada en 2008, el nuevo texto constitucional incluía  temas que, durante años, el movimiento indígena pedía que se respetaran: celebraba a la Pachamama (y le daba derechos), reconocía las formas de espiritualidad ancestral y designaba al kichwa y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Además, declaraba que, más que pluricultural, era plurinacional —un reconocimiento directo a la existencia de las quince nacionalidades y dieciocho pueblos indígenas que habitan en el territorio del Ecuador. “Era una oportunidad histórica incluirlos en la Carta Magna. Si alguien te propone algo por lo que ya luchaste, no frenas”, dice Acacho sin quitar la mirada de la carretera. “Al contrario, aceleras, hablando en términos de chofer como estoy manejando ahorita”.

Pero todo quedó en romanticismo legal. “Ya en el 2009 veíamos con extrañeza sus deslizamientos, su desorientación, su desvinculación con su proyecto político y su inclinación al extractivismo”, dice Pepe Acacho, que en ese momento presidía la Ficsh. “Nos empezamos a enterar de las nuevas concesiones mineras y petroleras y dijimos ‘no pues’ se está descarrilando entre lo que dice la constitución y lo que pasa, ¿dónde está la consulta libre previa e informada? no se respetó en nuestros territorios”.

Ese año, el gobierno —que gozaba de una popularidad de fierro— propuso una ley del agua que, según los dirigentes indígenas, abría la puerta a la privatización del recurso.

En respuesta a la ley, la organización que agrupa el aquelarre de federaciones, dirigencias y grupos del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (la Conaie), convocó a un paro nacional en todas las provincias. Miles se movilizaron a Quito y otros viajaron de sus comunidades a las ciudades de la Sierra y Amazonía. A Macas —la capital de la provincia de Morona Santiago, al sur del Ecuador—, calcula Pepe Acacho, llegaron cinco mil.

El pedido del movimiento indígena de ese entonces era claro: retirar de la Asamblea el proyecto de Ley de Aguas. Durante los primeros días de protesta hubo un supuesto diálogo entre la dirigencia de la Conaie y delegados del gobierno pero, dice Acacho, los manifestantes en territorio se sintieron traicionados. “Hubo gente que para venir a hacer su manifestación se movilizó durante dos, tres días en canoas. Caminando. Por río. Por carretera. En la montaña. Pasaron días de sol. Días de lluvia. Sin agua. Sin tener qué comer”. Cuando llegaron, dice Pepe Acacho, les dijeron que se cancelaba la protesta aunque no se había eliminado la Ley.

El paro acabó en varias provincias del país, pero no en Morona Santiago. Un delegado del gobierno de Correa viajó hasta Sucúa —un cantón de Morona Santiago, donde está la sede de la federación shuar— para reunirse con sus dirigentes. Entre ellos, Pepe Acacho. “Llegamos a un acuerdo: nosotros levantábamos la medida de hecho (el paro) si ellos retiraban la Ley de Aguas de la Asamblea Nacional, anulaban las concesiones mineras dentro de nuestro territorio y acordaban no judicializar a nuestros líderes, entre otras cosas”, recuerda. El acólito del presidente se fue de regreso a Quito con el acuerdo bajo el brazo diciendo que debía mostrarlo antes de firmarlo.

Andrés Wisum —un shuar, excombatiente del Cenepa— fue parte de la comisión de negociación junto a Pepe Acacho. Dice que el acuerdo incluía que en dos horas, ellos irían a decirles a los manifestantes que habían llegado a un acuerdo y que se levantaba la protesta. Pero apenas veinte minutos después, los manifestantes que seguían resistiendo llamaron a Acacho: habían llegado más policías. “Pepe les dijo que estén tranquilos, que seguramente habían llegado a brindar seguridad, que ya habíamos llegado a un acuerdo”, recuerda Wisum. Pero los policías estaban armados. En el documental Por qué murió Bosco Wisuma hay imágenes de esa tarde: Pepe Acacho —con corona de plumas rojas y amarillas, y de copiloto en una camioneta blanca— hablaba por celular, enojado:

— No sirvió de nada esa mierda de asesor que mandó el gobierno. Se agudizó esto.

Iban hacia el puente sobre el río Upano, a la entrada de Macas, donde se agrupaban la mayoría de protestantes. Era el 30 de septiembre de 2009. Cuando llegaron, Bosco Wisuma ya había sido asesinado de un disparo en la frente. Diez años después, Pepe Acacho detiene su carro en la curva que hay antes del puente, se baja y señala un matorral:

— Aquí cayó el compañero Bosco Wisuma.

En 1992, después del primer gran levantamiento indígena, el entonces presidente Rodrigo Borja se había sentado con los líderes del movimiento para acordar el reconocimiento, mediante títulos legales, de la propiedad sobre las tierras ancestrales de las comunidades. Los recibió en el palacio de Carondelet, un edificio colonial convertido en sede oficial del gobierno y residencia presidencial, para discutir el mecanismo de reconocimiento de las tierras. Fue un momento histórico: nunca antes un Presidente había recibido a los pueblos originarios del país.

Casi dos décadas después, la dirigencia volvía a Carondelet tras la muerte de Bosco Wisuma por un tiro de perdigón que el gobierno insistía no salió de la Policía, sino de los indígenas. Era el quiebre final entre el gobierno y sus aliados indígenas.

Las protestas de 2009, que inicialmente no habían tenido una fuerte convocatoria y que habían sido desestimadas por Correa (“Ojalá depongamos rápido eso y los compañeros indígenas se den cuenta que están siendo instrumentalizados” por la derecha, dijo el Presidente), habían tomado  fuerza a partir de la propuesta de Ley del Agua y la muerte de Bosco Wisuma.

Miles de indígenas habían marchado, con banderas, cuernos y lanzas, hasta la plaza grande de Quito, al pie del palacio presidencial, cantando El shuar unido, jamás será vencido; el agua no se vende, el agua se defiende y aquí estamos, los cuatro pelagatos —una alusión al arrebato retórico de Correa que había dicho que los dirigentes indígenas eran “cuatro pelagatos, chiflados que representan el 2 % de la población”. Ya sentados a la mesa de un tenso diálogo, Pepe Acacho le habló en shuar a Correa que estaba flanqueado por la plana mayor de su gobierno (incluido su entonces vicepresidente y hoy sucesor en el poder y enemigo capital, Lenín Moreno). Al final, Pepe Acacho dijo en castellano:

—Señor presidente, con todo el respeto quisiera que algún traductor de la presidencia le dé traduciendo las palabras que le expresé con todo respeto.

Una traductora sonriente y rechonchita salió y balbuceó algunas palabras en shuar. “No sabe hablar”, dijo alguien sentado en las mesas. La traductora le dijo algo a Correa en el oído y se retiró, igual de sonreída.

—Señor Presidente, con todo el respeto que usted se merece, ese es el tipo de traductores es lo que tiene usted y es ese tipo de traductores es lo que desinforma, dijo Pepe Acacho.

—Pero para resolver el problema hablen en español, compañeros, respondió Correa, con una sonrisa de medio lado.

Pepe Acacho siguió:

—Le dicen a usted que estamos llamando a la sublevación ¿Sí se da cuenta cómo le hacen caer en errores?

Una carcajada indígena copó el salón. Es probable que nunca antes tanta gente se haya reído en son de burla del presidente en Carondelet.

— Bueno hagamos una cosa, entonces… Tú eres Pepe Acacho, ¿verdad?

— Pepe Acacho le saluda.

—Hagamos una cosa, vamos, ustedes ponen el traductor y traducimos y si hay un llamado a la violencia, se judicializa aquello porque eso es un delito. Quedamos de acuerdo, un acuerdo, punto de acuerdo cuarto —dijo Correa haciendo el número con la mano.

Pepe Acacho siguió hablando. “Los shuar han declarado a Morona Santiago provincia ecológica, libre de extractivismo”. Correa no lo miraba. Hacía apuntes mientras el líder shuar hablaba y finalmente respondió:

— Yo les pregunto ¿dónde está en la Constitución que la federación shuar puede declarar una provincia libre de actividad extractivista? En todo caso, yo estoy dispuesto a acoger sus pedidos. Yo sí lo puedo hacer por decreto, creo —dijo el Presidente consultando con algún asesor—. Yo estoy dispuesto a acoger su pedido: Morona Santiago libre de actividad extractivista, pero no nos exijan electrificación, agua potable, salud, vivienda, escuela, carreteras porque, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Ahí está la contrapropuesta compañeros.

Varios líderes indígenas estuvieron de acuerdo, querían ese decreto. En las ciudades de la provincia hay energía eléctrica, pero en la selva los shuar no la necesitan, había dicho uno de los líderes presentes. Pero Correa objetó: había que consultar también con colonos y mestizos.

La reunión terminó sin acuerdos, no sin antes que Pepe acacho le dijera al presidente que no querían tampoco explotación minera ni petrolera porque “contamina las fuentes de agua”.

Desde ese día, Pepe Acacho, docente, líder comunitario, expresidente de la Ficsh, ex vicepresidente de la Conaie, ex asambleísta provincial, dice que cayó en el radar de la enemistad política del gobierno de Rafael Correa y empezó su persecución.

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24 días en prisión

 

Pepe Acacho siempre fue líder. Empezó como profesor en su comunidad, Santa Elena, en Zamora Chinchipe, una provincia más al sur de Morona Santiago. Tenía 18 años. “El profesor también era médico, podía atender alguna emergencia”, dice Acacho refiriéndose a él mismo en tercera persona. “El profesor era un abogado también, intervenía en un litigio o problema comunitario. El profesor era dirigente porque apoyaba a los líderes comunitarios en temas de gestiones, redacción de oficios, audiencias, entrevistas. Yo era el profesor multifacético”, dice al volante de su pequeño auto.

En los veinte años siguientes, Pepe Acacho fue dirigente de Salud de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), vicepresidente de la misma organización y vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), además de asambleísta por la provincia de Morona Santiago.

El 25 de septiembre de 2019, Pepe Acacho maneja su auto por el centro de Macas mientras cuenta que hace dos años atrás no se presentó en las elecciones primarias de Pachakutik —el partido político indígena— porque estaba en la cárcel cumpliendo la sentencia que para él fue siempre injusta. Hace menos de un año, dice, esa injusticia se evidenció.

La acusación en contra de Pepe Acacho llegó pocos días después de la muerte de Bosco Wisuma.

En una oficina en el centro de Quito, con archivadores negros metálicos y muchas carpetas, Julio César Sarango, abogado de Pepe Acacho, dice que su cliente sufrió atropello y violación de derechos.

El proceso judicial de Pepe Acacho duró nueve años. Entre 2009 y 2018 fue acusado de tres delitos diferentes. Primero, fue por terrorismo y sabotaje. Después, la acusación cambió y fue condenado a 12 años de prisión por terrorismo organizado con muerte. Finalmente, el delito volvió a cambiar, esta vez por paralización de servicios públicos con una condena de ocho meses de cárcel. En los 9 años que duró el caso, Pepe Acacho estuvo, en total, 24 días encarcelado.

Durante la década que duró el gobierno de Correa, miles de personas que participaron en protestas sociales contra el gobierno fueron llevadas ante fiscalías, cortes y tribunales. Desde agosto de 2014 —cuando entró en vigencia el nuevo Código Penal en el Ecuador— hasta abril de 2017 —un mes antes de que acabara la presidencia de Correa—, 2187 personas fueron acusadas del delito de ataque o resistencia. En ese mismo periodo, 198 fueron acusadas de paralización de servicios públicos. Otras 43 de terrorismo.

En 2011, mientras la justicia investigaba las acusaciones en contra de Pepe Acacho, detuvieron al líder en Macas. Lo llevaron a Quito y pasó ocho días en la cárcel del Inca. Lo liberaron cuando se demostró que no había incumplido ninguna de las medidas cautelares: salir del país o enajenar bienes. Acacho cree que lo encarcelaron porque recién había terminado su período como presidente de la Ficsh y pensaron que huiría.

La segunda vez que estuvo preso fue hace apenas un año. La última sentencia por el delito de paralización de servicios públicos había llegado en julio 2018. Ocho meses de prisión y 44 dólares americanos de multa. “Tuve que estar prófugo, escondido cuatro meses hasta que prescribiera la sentencia”, dice Pepe Acacho.

En septiembre, cuando ya había prescrito la sentencia, dejó de ocultarse y a los pocos días, mientras hacía trámites en el terminal terrestre de Macas, unos policías se le acercaron y lo apresaron: la orden de detención en su contra seguía vigente. Estuvo dieciséis días en prisión hasta que el 3 de octubre el presidente Lenín Moreno lo indultó.

Desde que empezó su gobierno, en mayo de 2017, Moreno dio amnistías e indultos a algunos líderes indígenas. Lo hizo porque esa fue la condición de la Conaie para sentarse a dialogar con el recién electo Moreno. Lo hizo, también, para romper con el mentor y aliado que lo había llevado a la presidencia, Rafael Correa.

El diálogo durante los primeros meses de gobierno fue tibio y, según muchos dirigentes indígenas, ningún acuerdo —como la promesa de interrumpir las concesiones mineras hasta que se cumpla la consulta previa— se cumplió. Esa falta de atención a sus pedidos fue una de las causas del reciente paro nacional de octubre de 2019 que movilizó a miles de indígenas a la capital.

Por las dos detenciones sin sustento legal, Pepe Acacho presentó demandas contra el Estado por mala aplicación de la justicia y daño moral. “Nos exhibieron diciendo que éramos terroristas, personas peligrosas, negativas y convulsionadoras”. Ninguna de esas demandas prosperó.

A las audiencias de Pepe Acacho, dice el abogado Sarango, asistían empleados del gobierno. “Iba todo un arsenal de funcionarios públicos, hasta ministros y subsecretarios del Consejo de la Judicatura que miraban y presionaban a los jueces para que cumplieran al dedillo lo que ellos decían”, dice.

En julio de 2019, las sospechas de Pepe Acacho y de su abogado Julio César Sarango, sobre las influencias del poder ejecutivo de Rafael Correa en el poder judicial, se confirmaron. La falta de independencia se evidenció en cuatro correos electrónicos filtrados por una exfuncionaria detenida por cargos de corrupción, que ahora son parte de una investigación de la Fiscalía. El intercambio epistolar era entre la asesora del presidente Rafael Correa, Pamela Martínez, y su equipo de trabajo. Los correos electrónicos tienen fechas de 2012 y 2013. Pepe Acacho los recuerda mientras maneja:

—Han salido unos mensajes de mi caso, dice al volante.

En uno de los mails, enviado en 2012 y firmado por Martínez dice:

“Cabe destacar que luego de nuestra supervisión y gestión, tanto el Recurso de Nulidad como el recurso de Apelación fueron resueltos y negados el 26 de Junio de 2012, por lo que se confirmó el llamamiento a juicio de los procesados”.

Ese correo, cuyo asunto dicta Caso Bosco Wisuma, fue dirigido a Gustavo Jalkh, entonces secretario particular del presidente Rafael Correa, quien más tarde fue presidente del Consejo de la Judicatura —el organismo que administra las designaciones de jueces en el Ecuador. En él, Martínez “sugiere” dos opciones de jueces para que estén en la audiencia de juzgamiento de Pepe Acacho.

Entre audiencias y trámites —que seis años después se demostró no habían cumplido con un debido proceso — Pepe Acacho, a la fuerza, dedicó más tiempo a su defensa que a la de su territorio..

En el centro de Macas, Pepe Acacho maneja a 25 kilómetros por hora y con la ventana abajo. “¡Amigo!” responde a quien lo reconoce y saluda desde una vereda. “Hola, terrorista”, le dicen  y Pepe Acacho se ríe.

—Lo llevo de buen lado, no me molesta. Tengo mi conciencia tranquila de que ese sobrenombre no me lo gané porque soy malo, sino por ser un luchador, por reclamar cosas injustas, por ser un defensor.

Todavía no hay responsables del asesinato de Bosco Wisuma. Un informe sobre hostigamiento judicial a líderes indígenas de Humans Right Watch publicado en 2018 dice que después de consultar los documentos del juicio, incluidas transcripciones de testimonios, “no se encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho”.

Diez años después, una nueva protesta indígena sacudiría al Ecuador hasta sus cimientos.

En octubre de 2019, la Conaie movilizó a miles de sus miembros hasta Quito para protestar por la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida que consideran daña a sus pequeñas economías. La protesta cayó en una violenta espiral y el movimiento indígena declaró que su marcha había sido infiltrada por agentes externos que tenían la consigna de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Ocho personas murieron después de once días de enfrentamientos, los que solo cesaron cuando el gobierno accedió a derogar la eliminación del subsidio.

La Defensoría del Pueblo ha dicho que la Policía violó derechos humanos al reprimir excesivamente a los manifestantes. Según el Defensor del Pueblo, Ernesto Carrión, del 3 al 13 de octubre, 1192 personas fueron aprehendidas. De ellas, el 76% no fueron procesadas y recuperaron su libertad de forma inmediata. “Esas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales a tal punto que la fiscalía no formuló cargos y recuperaron su libertad”, dijo Carrión.

Muchos dirigentes indígenas han dicho que no marchaban solo por el subsidio, sino también por el irrespeto a sus tierra y a su voluntad de no permitir la minería o la extracción petrolera en ella. Dicen que durante dos años y medio el gobierno de Lenín Moreno, a pesar del indulto a sus perseguidos, no los ha escuchado.

Pepe Acacho asegura estar ahora tranquilo aunque Andrés Wisum piensa que las secuelas de los nueve años de juicios e incertidumbres afectaron al líder shuar. “ Pepe no es el Pepe de antes. Esa época fue terrible: ¿sabe lo que es tener a todo el Estado detrás de una persona?”, dice quebrándose.

Pero la vida, su vida, después de todo, parece seguir. Pepe Acacho está aún en su tierra, yendo y viniendo, inquieto, de un lado a otro. En el parque central de Macas se despide de sus amigos y señala con la llave de encendido a su pequeño carro, en el que ha recorrido durante casi siete horas la ciudad, sus alrededores y los últimos nueves años de su vida. Sonriendo le dice a uno: “Vamos a dar una vuelta”.

*Imagen principal: Pepe Acacho. Foto: José María León

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Artículo publicado por michelle