Lee más | Rosalina: la líder hondureña que continúa con el legado de Berta Cáceres

Un mecanismo fallido

 

Amnistía Internacional conocía del caso de Julián desde antes del crimen. Incluso, a principios de octubre de 2018, la organización había estado en su comunidad elaborando un informe llamado Entre Balas y Olvido, en el cual se documentan las amenazas que pesan sobre defensores del territorio en diversos puntos de la Sierra Tarahumara.

Una de las personas entrevistadas para el informe fue Carrillo “y nos comentaba de las amenazas que estaba viviendo”, le dice a Mongabay Latam, Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Cuando se publicó ese informe, el tema principal fue el asesinato del defensor rarámuri.

Desde 2014, Julián Carrillo contaba con medidas cautelares dentro del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que existe en México, y que actualmente cuenta con 62 personas beneficiarias. La efectividad de las medidas de protección está en tela de juicio.

La ONU elaboró un diagnóstico sobre el Mecanismo y encontró que no cumple con los lineamientos necesarios para garantizar la vida de sus “beneficiarios”, principalmente porque no tiene recursos económicos ni personal capacitado suficiente. Además, la demanda de solicitudes desborda las capacidades estatales, dada la violencia que se vive actualmente en México.

Durante la presentación del diagnóstico, realizada en agosto pasado en la Ciudad de México, Jan Harab, representante de Derechos Humanos de la ONU en el país informó que el Mecanismo no tiene los recursos suficientes para atender las solicitudes de protección que recibe, puesto que solo tiene 36 funcionarios trabajando desde 2014 a la fecha. En sus cinco años de operación, la carga de trabajo de cada funcionario ha aumentado en un 235 %.

Además, se detectaron otro tipo de carencias operativas que impiden que este protocolo de protección sea capaz de proteger las vidas de personas como Julián Carrillo. En ese mismo evento, el titular del Mecanismo, Aarón Mastache, informó que entre 2014 y 2019, las solicitudes de protección han aumentado 172.5 %. En 2018, año del crimen de Carrillo, las entradas al Mecanismo alcanzaron la cifra récord de 235 nuevos casos de personas que recibieron medidas de protección.

Mastache dijo además que, según las tendencias actuales, 2019 podría superar a 2018 y se prevé que la cifra de beneficiarios llegue a las 1130 personas —en abril la cifra era de 903—.

Al respecto, Edith Olivares de Amnistía Internacional señala que las medidas de protección con las que contaba Carrillo no eran efectivas en el medio rural en el que vivía, con poco acceso a electricidad y señales satelitales para comunicarse hacia el exterior de la sierra. En su opinión, el Mecanismo solo aplica “un catálogo de medidas diseñadas para entornos urbanos”.

Lee más | Cajamarca: una historia de luchas ganadas pero líderes ambientales desprotegidos

Un año sin respuestas

 

Carrillo era líder comunal en Coloradas de la Virgen —región con 50 000 hectáreas de extensión—, donde se necesitan radios satelitales para tener contacto con otras poblaciones y, en caso de ser necesario, pedir auxilio. Allí es necesario caminar cerca de 12 horas hasta encontrar a la primera autoridad del orden público.

Tener la capacidad de solicitar ayuda es una necesidad primordial en esa zona. Esto quedó demostrado con el asesinato del líder, ocurrido hace un año, el 24 de octubre de 2018, aun cuando tenía medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creado por el gobierno mexicano.

Él fue la primer persona beneficiaria que fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado en un escampado junto a un teléfono satelital que le habían dado en el Mecanismo, una dependencia que nunca envió a una sola persona a la comunidad para conocer de primera mano cuál era el diagnóstico de riesgo que tenía.

Dos días después del crimen, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado “condenando” los hechos y exigiendo que se hiciera justicia.

En los días anteriores al fatídico 24 de octubre de 2018, otros dos líderes ya habían salido de Coloradas de la Virgen. Ahora viven escondidos, en el exilio, igual que los sobrevivientes de la familia Carrillo.

Julián vio morir a su alrededor a mucha gente que también defendía el territorio de su comunidad contra diversos grupos, principalmente de minería y narcotráfico, de acuerdo con Edith Olivares de Amnistía internacional México. Su hijo Víctor fue una de las víctimas que don Julián tuvo que enterrar. Aun así, tardó en irse de su hogar y esperó hasta que el peligro de muerte era inminente.

En el comunicado de la ONU se relata que la muerte de Carrillo era inminente si no se tomaban medidas radicales para protegerlo. Su familia había sido masacrada: “ya había sido víctima de reiteradas agresiones, incluidos los homicidios de sus familiares: Francisco Chaparro Carrillo, yerno, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en Julio de 2016; y Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016”.

La familia Carrillo “tiene una tradición de defensa del territorio rarámuri”, según Olivares, quien estuvo presente en Chihuahua el pasado 24 de octubre, junto con otras organizaciones de la ciudad, colocando un memorial frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Ya ha pasado un año de su muerte.

En el especial periodístico Tierra de Resistentes, del cual hizo parte Mongabay Latam, se realizó un extenso reportaje sobre la difícil situación que se vivía en la Sierra Tarahumara, cuando habían pasado poco meses de la muerte de Julián Carrillo.

Lee más | Selva Maya: un esfuerzo trinacional de conservación y desarrollo sostenible

¿Quién era Julián Carrillo?

 

El municipio de Guadalupe y Calvo tiene más de 48 000 pobladores. El 89.8 % de ellos vive en situación de pobreza y el 47.1 % del total padece condiciones de pobreza extrema. Además, el 36.3 % de la población tiene carencias de acceso a la alimentación. Son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Afuera de la Sierra Tarahumara sus pobladores son conocidos por su capacidad para desplazarse decenas de kilómetros a pie cada día, ya sea caminando o corriendo. Hacen lo que sea para sobrevivir, no importa si deben correr 30, 40 o 50 kilómetros.

Los esfuerzos de Julián estaban puestos en dar educación —él mismo— a sus hijos y nietos, porque en su comunidad no tenían escuela. Lo hacía como podía. Cuando iba a la oficina de la Alianza Sierra Madre tomaba periódicos y revistas para llevárselos y usarlos como material didáctico.

En la comunidad Coloradas de la Virgen no hay acceso a salud ni a educación, tampoco a seguridad pública. Los derechos económicos y sociales básicos no existen. Lo que les queda a los indígenas rarámuris son sus recursos naturales.

Isela González recuerda una ocasión en que, con motivo de una celebración religiosa en Semana Santa, Julián pidió la presencia de la Policía para cuidar la procesión. El líder comunitario les pidió que dejaran las armas y que participaran leyendo las letanías. “Los policías le hicieron caso”.

Julián tenía la responsabilidad de dar la cara por su comunidad en tareas difíciles, como la defensa del territorio. “Cumplía encargos muy importantes”, dice Isela, y era muy cuidadoso en cumplirlos, consciente de la importancia que ello tiene en las comunidades rarámuris.

Él, en palabras de Isela, “estaba siempre en la línea de enfrente” porque, a pesar de que en las comunidades de los pueblos originarios “las luchas siempre son colectivas”, también necesitan de “defensores que se distinguen”. Su cargo oficial era: presidente de bienes comunales.

Julián Carrillo estaba rodeado por una familia de 12 personas, incluyendo a los dos hijos que le quedaban vivos y dos nietos. Tiene además una nieta que nació en el exilio.

“Una vez nos dijo: ‘ustedes ven esos pinos, esos pinos tienen raíces. Significan que ahí nacimos, ahí crecimos y ahí estamos haciéndonos viejos. Y también ya tenemos hojas que ya son nuestra familia’”, cuenta Isela.

“Siempre cumplió muy bien, era muy querido en la comunidad y destacó mucho junto con otros dos o tres. Algunos otros defensores tuvieron que salir y Julián siempre se negó a dejar la comunidad”, agrega Isela. Ella es una de las pocas personas que lo conoció y que se encuentra en condiciones de hablar del tema. El resto de su entorno vive bajo serias amenazas de muerte.

Julián Carrillo se mantuvo en su comunidad cuando muchos salieron desplazados. “Yo personalmente le pedí que saliera. Los últimos meses fueron la muerte. Nos estaban anunciando que lo iban a matar. Aceptó salir durante un mes a la parte de Sinaloa —un estado aledaño a Chihuahua— junto con otro defensor, porque sentía muy cerca los pasos de la muerte”, dice Isela.

Después de aceptar exiliarse en Sinaloa, Carrillo regresó a la región para participar en un reporte de Amnistía Internacional. Isela le preguntó cuándo se iba, él respondió que se quedaría hasta cosechar su maíz y frijol, porque ya iba a ser octubre y se llegaba la fecha.

“Ya no alcanzó a piscar ni su maíz ni su frijol, lo asesinaron el 24 de octubre. Era un ser extraordinario, era de los imprescindibles que este mundo necesita. Por eso lo asesinaron. Ese era Julián Carrillo”, recuerda.

El resto de su familia y amigos hoy está en escondites, tratando de preservar sus vidas. Desde que ocurrió el asesinato tuvieron que abandonar su comunidad y sus casas, dejando dentro todos sus bienes. Mongabay Latam no pudo acercarse a ninguno de ellos.

Lee más | “La primera causa de deforestación es la expansión agrícola y ganadera” | Entrevista a Hivy Ortiz

¿Por qué lo mataron?

 

En el comunicado emitido por la ONU dos días después del crimen, se señala que “Chihuahua y en particular el municipio de Guadalupe y Calvo, es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden derechos humanos”.

Y se agrega que el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, visitó la región en 2017 y elaboró un informe en el cual explicaba la realidad que vivían Julián Carrillo y las demás personas asesinadas.

“Al visitar el estado de Chihuahua fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado”, señaló Forst.

La saña con la que Carrillo, su familia y su entorno han sido atacados se explica, de acuerdo con Isela, en la magnitud de los intereses que estaban obstaculizando en la región, donde, además, las tareas de seguridad preventiva de Chihuahua son inexistentes. “La línea divisoria entre el poder económico y el poder del narcotráfico es tan tenue que no la alcanzamos a ver”, señala.

El 26 de octubre de 2018, en su comunicado, la ONU confirmó que Carrillo estaba afectando intereses de grupos de delincuencia organizada. “Realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región. Entre otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a actores locales”, dice el comunicado.

La bandera de Carrillo era el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre los permisos otorgados por la Semarnat para talar el bosque donde se habían establecido ejidos —figura de propiedad en México que abarca terrenos colectivos, indivisos y sin posibilidad de venderse o heredarse— superpuestos a los territorios indígenas.

Quienes controlaban esos ejidos eran los que intentaban extraer recursos naturales ahí, donde Carrillo daba sus lecciones de vida sobre el cuidado del medio ambiente. “Esa era la lucha de Julián, que se le restituyeran los derechos a su comunidad indígena para decidir sobre su bosque”, comenta Isela González.

El clima de violencia que culminó con la muerte del activista comenzó cuando un tribunal agrario revocó los permisos de aprovechamiento de los recursos naturales. Poco después la delincuencia organizada lo asesinó.

De acuerdo con un informe elaborado por Global Witness, un total de 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México durante 2018 debido a sus acciones para preservar el entorno, lo cual colocó al país como el sexto más letal en el rubro.

El pasado 26 de enero, la Fiscalía de Chihuahua anunció la detención de dos autores materiales del crimen. “Celebramos que la Fiscalía General del Estado haya concluido con éxito esta primera fase de investigaciones y reconocemos el importante trabajo de coordinación para la captura de los presuntos responsables en un terrero de al menos 50 000 hectáreas con una orografía irregular que evita el ingreso vehicular y que, por tanto, implica que los funcionarios ministeriales y policiales caminen horas para llegar a un destino determinado. Situación similar tienen que pasar quienes viven en la comunidad para venir a la ciudad de Chihuahua: caminan por días antes de llegar a su destino”, señaló Alianza Sierra Madre en un comunicado de ese mismo día.

Por su parte, Edith Olivares de Amnistía Internacional recuerda que el proceso aún está en marcha y que, por lo tanto, no puede considerarse un caso resuelto, porque además no se ha esclarecido quién ordenó matar a Julián Carrillo. “El asesinato de Julián sigue impune. Lo que estamos exigiendo es que se investigue quiénes son las personas responsables”, dice.

Una de las preocupaciones es el clima de violencia que prima en la Sierra Tarahumara y la indefensión en la que se encuentran más personas que hasta el momento siguen defendiendo el territorio contra proyectos “legales e ilegales”, afirma Olivares.

Philipe Hensmans, director ejecutivo de Amnistía Internacional Bélgica, también estuvo en el acto conmemorativo del crimen de Julián Carrillo hace pocos días. “Si estoy aquí es porque hay una gran preocupación internacional en cuanto a los defensores de derechos humanos en el país y en particular en Chihuahua”, dijo a Mongabay Latam.

Y es que, después de la muerte de Carrillo, siete personas más han sido asesinadas en su comunidad. La resistencia de los pobladores de la Sierra sigue siendo incómoda para quienes quieren aprovechar los recursos naturales de la región. El grupo delincuencial al que se le atribuyen los asesinatos sigue matando en la zona.

Más que el Mecanismo de Protección, Philipe Hensmans cree que el Estado mexicano debería resolver los problemas de fondo y evitar las recurrentes violaciones a los derechos humanos de las personas que defienden el territorio. “¿Por qué este país necesita tantos defensores y tan activos? Es por la situación de derechos humanos”, señala.

Además, otro tema no resuelto por el gobierno es el de las personas desplazadas a escondites en ciudades. En el caso de las personas allegadas a Julián Carrillo, que cumplieron un año en el exilio, siguen firmes en su intención de volver a casa. Pero piden seguridad.

“La familia de Julián Carrillo fue sacada de su comunidad y una de las exigencias para el Estado es que esta familia pueda retornar en condiciones de seguridad al territorio que les pertenece y al que sienten que pertenecen”, finaliza Edith Olivares.

*Imagen principal: Julián Carrillo fue asesinado el 24 de octubre de 2018 por defender los recursos naturales en la Sierra Tarahumara. Foto: Alianza Sierra Madre.

Videos Mongabay Latam | La situación ambiental en México




Conoce más de la situación ambiental en México: animales en peligro, conservación, océano, minería y más.

Si quieres conocer más sobre la realidad y las amenazas a los activistas ambientales de Latinoamérica y el mundo, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Artículo publicado por antonio
, , ,