- A partir de analizar las experiencias de México, Guatemala, Nepal y Namibia, un nuevo estudio del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) destaca la importancia de que los gobiernos reconozcan el derecho de las comunidades a manejar los recursos naturales. Además, de impulsar la inversión en estas iniciativas.
¿Qué tienen en común países como México, Guatemala, Nepal y Namibia? Las cuatro naciones se caracterizan por tener una rica biodiversidad, pero también por haber desarrollado en sus territorios modelos de manejo comunitario de recursos naturales que han demostrado que es posible tener un desarrollo inclusivo y sostenible.
Un estudio publicado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés), titulado Investing in commonly-held resources for inclusive and sustainable development, analiza qué factores permitieron que experiencias como las mencionadas funcionen. Sus conclusiones dan claves para que se puedan implementar acciones en territorios donde se buscan mecanismos para conservar los bosques y su biodiversidad.
Iliana Monterroso, una de las cinco autoras del estudio, explica que uno de estos factores está ligado a los Estados y a la importancia de que estos no solo reconozcan los derechos colectivos de las comunidades, sino que también proporcionen las condiciones para que se puedan ejercer esos derechos.
Además, resalta la importancia de impulsar la inversión en estos modelos comunitarios. Si se invierte en manejo comunitario de los recursos, señala Monterroso, “ganamos todos: el bosque, el estado y las comunidades”.
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Cuatro experiencias de manejo comunitario
Para su estudio, los investigadores eligieron los casos de México, Guatemala, Nepal y Namibia, porque en las cuatro naciones se dieron procesos de reconocimiento de derechos para el manejo de bienes comunes.
En México, en donde entre el 60 % y 70 % de los bosques se encuentran en terrenos que pertenecen a comunidades o ejidos, no fue hasta principios de la década de los ochenta que las comunidades lograron que el gobierno reconociera su derecho a manejar el bosque. Para 2017, poco más de 2134 ejidos y comunidades contaban con permisos para manejo forestal, de acuerdo con los datos que se incluyen en el estudio.
En Guatemala, las comunidades que se encuentran dentro o en los alrededores de la Reserva de la Biósfera Maya consiguieron que, en 1994, el Estado les otorgara contratos de concesiones forestales comunitarias, a través de las cuales pueden extraer madera y productos forestales no maderables y desarrollar el ecoturismo, siguiendo programas que permiten realizar estas actividades en forma sustentable.
En el caso de Nepal, el manejo forestal comunitario progresó gradualmente hasta que en 1993 se logró tener una Ley Forestal que legalizó las diversas formas de este modelo. En 2017, el país tenía 22 266 comunidades forestales, en las que participaban cerca de 2.9 millones de hogares, en un territorio que cubría 22.37 millones de hectáreas.
En Namibia, desde 1996 se institucionalizó lo que se conoce como comunidades basadas en la gestión de recursos naturales. Esto permite que los residentes de una zona puedan integrar organizaciones comunitarias y, a través de ellas, desarrollar planes de gestión para administrar, conservar y beneficiarse de la vida silvestre y de otros recursos naturales que se encuentran en sus territorios. En 2017 había 83 organizaciones registradas, las cuales tenían presencia en 163 mil kilómetros cuadrados.
Diversos estudios han documentado que, en los cuatro países, existen experiencias exitosas de manejo comunitario de recursos en donde se ha detenido la deforestación, se ha conservado la biodiversidad y, además, se ha logrado un desarrollo inclusivo y sustentable de las comunidades.
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En el estudio publicado por CIFOR, para el cual se analizaron diversos papers y se realizaron entrevistas con especialistas, se identificó la importancia de que se reconozcan en forma clara los derechos de las comunidades en el manejo de los recursos naturales.
Además, exploraron cómo es que evolucionan los patrones de inversión en las diversas etapas del proceso. Lo que encontraron es que la inversión, principalmente, proviene de donantes, gobiernos, pero sobre todo de las propias comunidades. Aunque ha ido en aumento la inversión del sector privado.
Los investigadores resaltan la importancia de invertir en las empresas forestales comunitarias, sobre todo porque no solo han demostrado ser un mecanismo para conservar los bosques y la biodiversidad, sino porque sus ganancias se reinvierten en servicios sociales y de desarrollo para las comunidades.
“La falta de capital financiero —advierten— a menudo limita el crecimiento y el éxito de las empresas forestales comunitarias”.
Las comunidades que han logrado tener inversión y, en especial, una gobernanza interna fuerte, son aquellas que también cuentan con más herramientas para avanzar en las diferentes etapas del manejo forestal.
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México: ¿derechos a medias?
Iliana Monterroso, investigadora de CIFOR y una de las autoras del estudio, explica que México es pionero, y ejemplo mundial, en manejo forestal comunitario. Las comunidades forestales del país, han sido referencia incluso para las experiencias que se han desarrollado en Guatemala o Nepal.
Monterroso también destaca que el caso de México ilustra la importancia de que exista un reconocimiento claro y total de los derechos de las comunidades al manejo de sus recursos naturales.
Y es que si bien en México se reconocía la propiedad colectiva de la tierra desde las primeras décadas del siglo XX, las comunidades no podían manejar los recursos forestales que se encontraban en su territorio, ya que durante décadas el gobierno entregó concesiones a empresas privadas y eran estas las que aprovechaban sus bosques.
“Se reconocía la propiedad colectiva del territorio, pero no el derecho al manejo del bosque”, resalta Monterroso. Ese derecho lo conquistaron las comunidades hasta la década de los ochenta.
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La investigadora también resalta que, a diferencia de Guatemala o Namibia, en el caso mexicano el manejo forestal comunitario ha tenido un acompañamiento del Estado, lo cual ha tenido ventajas y desventajas.
La ventaja ha sido que el Estado realizó inversiones durante los procesos de adaptación de las comunidades. Sin embargo, las desventajas que esto ha tenido es que se ha sometido a las comunidades forestales a una excesiva regulación.
“Se les exige cumplir con una serie de requisitos, como si se tratara de empresas privadas”, señala Monterroso, quien también explica que es necesario que se tome en cuenta que las comunidades que realizan manejo forestal no solo han demostrado que conservan los bosques, también generan empleo e invierten en infraestructura y en servicios de salud y educación. “En algunos casos, su inversión en servicios sociales es más fuerte que la que realizan los gobiernos locales”.
La investigadora de CIFOR señala que en el caso de México, además, se ha observado que existe una regresión en el reconocimiento de los derechos de las comunidades. Como ejemplo menciona los casos en donde se les imponen megaproyectos —entre ellos el Tren Maya— y “en los hechos no se les respeta su derecho a la consulta […] Lo importante de reconocer un derecho es que este pueda ejercerse”.
Monterroso asegura que no se reconoce el potencial de invertir en el manejo forestal comunitario. Si se fortalecen estos modelos, destaca, se mantiene el tejido social y se tienen grandes zonas de bosque con buen nivel de gobernanza.
La investigadora comenta que los ejemplos de los cuatro países que abordaron en el estudio puede servir para naciones como Colombia, en donde se busca impulsar el manejo forestal comunitario.
* Imagen principal: Una de las primeras zonas de aprovechamiento trabajada por la Cooperativa La Carmelita, en Guatemala. Después de 16 años de regeneración natural, el bosque no muestra señales de impacto negativo. Foto: Carlos Duarte.
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