- Hace poco más de 20 años, comunidades del Petén apostaron por el manejo forestal sustentable y, pese a todos los obstáculos, lograron ser reconocidas por mantener un modelo exitoso de conservación y desarrollo rural.
- La continuidad de las concesiones forestales comunitarias es una tarea que tiene ante sí el gobierno de Alejandro Giammattei, que tomó posesión el pasado 14 de enero.
En la zona del Petén, en Guatemala, hace poco más de veinte años, un puñado de comunidades tomó la organización como su principal herramienta para construir su futuro. Su apuesta funcionó para ellos y para uno de los bosques tropicales más importantes del continente americano. Ahí, en la Reserva de la Biósfera Maya, se dio forma a un modelo que hoy es reconocido por lograr el balance entre el desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad.
Esta historia podría comenzar en 1994, año en que el gobierno guatemalteco entregó la primera concesión forestal comunitaria en la zona del Petén. Pero para conocer cómo se llegó a eso es necesario ir más atrás, a principios de la década del siglo XX, cuando un grupo de familias, provenientes de otras regiones de Guatemala y del sur de México, decidieron fundar una comunidad que bautizaron con un nombre de mujer: Carmelita.
Eso sucedió en 1910, cuenta Carlos Crasbon Ojeda, maestro de educación primaria que nació en Carmelita. Los fundadores de esta comunidad, explica, eran chicleros: se dedicaban a la recolección de la resina de los árboles de chicozapote. También extraían el xate, nombre común que se les da a las palmas de tres especies (Chamaedorea elegans, Chamaedorea oblongata y Chamaedorea erumpens) que crecen en la zona y cuyas hojas se utilizan para ornamento.
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Durante años, la comunidad de Carmelita y otras que se asentaron en la región explotaron, sin ninguna planificación, los recursos naturales que les daban los bosques tropicales.
La situación cambió en 1990, cuando se declara la Reserva de la Biósfera Maya y el Estado prohíbe las actividades de extracción de recursos naturales en el área. “La gran amenaza que tenían las comunidades era que los sacaran de la reserva, porque ellos no son dueños de la tierra. Son tierras estatales. Ellos eran considerados invasores, pese a que ya tenían décadas de vivir en el lugar”, explica Víctor López Illescas, cofundador y exdirector ejecutivo de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’ y quien ahora es oficial de programa para la Fundación Ford en México y Centroamérica.
Comunidades como Carmelita se organizaron y comenzaron a forjar un modelo de aprovechamiento forestal sustentable que hoy es puesto como un ejemplo, a nivel internacional, para la conservación de los bosques tropicales.
Construir un modelo comunitario
La declaratoria de creación de la Reserva de la Biósfera Maya, pero también los Acuerdos de Paz en Guatemala—proceso que comenzó en 1991 y terminó en 1996—, pusieron los cimientos para que las comunidades comenzaran a construir una nueva relación con el bosque.
Los Acuerdos de Paz incluían un apartado en el que se señalaba que el Estado tenía que otorgar a las organizaciones comunitarias zonas para su manejo. Esa cláusula fue la base que permitió a las comunidades exigir ese derecho. En 1994 el estado guatemalteco entregó las primeras concesiones forestales comunitarias.
Carmelita y Uaxactún —las dos comunidades establecidas dentro de la Reserva de la Biósfera Maya— comenzaron a trazar el camino para formar el sistema de concesiones forestales.
Carlos Crasborn Ojeda, quien fue presidente de la Cooperativa Carmelita por más de diez años, reflexiona sobre esos primeros pasos: uno de los retos, señala, fue crear una organización en donde se trabajara para el bien común, no para un beneficio personal, y mostrar que se podía aprovechar el bosque en forma sustentable.
La Reserva de la Biósfera Maya tiene 2 100 000 hectáreas; de las cuales solo 800 mil pueden tener un uso. En la actualidad, 500 mil hectáreas están bajo el esquema de concesión: hoy hay diez concesiones forestales comunitarias vigentes que benefician, directa e indirectamente, a poco más de 22 mil personas, de acuerdo con datos de la propia Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Además, hay dos concesiones más que están a cargo de empresas privadas.
López Illescas recuerda que diversos sectores de la sociedad guatemalteca apostaban a que las comunidades no iban a ser capaces de llevar a buen puerto las concesiones forestales. El tiempo mostró todo lo contrario. “Diez años después, la gente de las comunidades estaba dando lecciones a los empresarios”.
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Aliados vs la deforestación
Carmelita tiene concesionadas 53 797 hectáreas. Tan solo en esa comunidad, 90 familias —450 personas, de acuerdo con el último censo— se benefician directa e indirectamente de las actividades productivas que se desarrollan como parte de la concesión forestal, entre ellas el aprovechamiento sustentable de la madera —caoba y cedro, entre otras—, del xate, de la semilla del árbol de ramón y la extracción de la goma de chicle; además del turismo, la apicultura y los huertos familiares.
Una de las características que hace diferente y valioso a este modelo forestal comunitario, dice López Illescas, es que en las organizaciones deciden en asamblea cómo invertirán parte de los recursos que se obtienen por las actividades productivas. Buena parte de esas inversiones se realizan en acciones sociales, como construir escuelas, centros de salud, pagar a maestros o en otorgar becas para que sus jóvenes puedan realizar estudios universitarios.
Desde 1999, la Cooperativa Carmelita cuenta con el certificado SmartWood FSC, que otorga el Consejo Mundial de Bosques, y el cual garantiza que se realiza un aprovechamiento sustentable. Y desde hace tres años sus productos tienen el certificado europeo de comercio justo.
Para prevenir incendios forestales, la comunidad destina parte de sus recursos en adquisición de equipos y, además, en tener un programa anual de monitoreo.
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Cuando comenzaron su aventura, los representantes de las organizaciones comunitarias de Guatemala se acercaron a comunidades de Oaxaca y Quintana Roo, en México, pioneras en el manejo forestal. De ahí tomaron elementos para nutrir su modelo, también lo alimentaron con los conocimientos que ellos ya tenían sobre el bosque y la organización social.
Ahora las comunidades forestales de Guatemala enseñan a otros. Por ejemplo, en 2017, recibieron a representantes de Sumatra, Java y Célebes interesados en conocer cómo se hace el manejo forestal comunitario y tener elementos que les permitieran salvar los bosques de Indonesia.
En términos de conservación, las concesiones forestales comunitarias han logrado que en los territorios que tienen a su cargo se registren tasas de deforestación de 0.1 % al año; mientras que en las áreas no concesionadas de la misma Reserva de la Biósfera Maya la cifra es de 2.2 % y 5.5 % en la zona de amortiguamiento, de acuerdo con un estudio impulsado por Bioversity International, y publicado en 2018 por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés).
Otro estudio encabezado por Wildlife Conservation Society, encontró que en la zona concesionada a Cooperativa Carmelita se ha documentado la presencia de 1.5 jaguares (Panthera onca) por cada 100 kilómetros cuadrados, una de las más altas densidades de población de este felino americano.
Carlos Crasborn dice que la clave para llegar a esto es “algo que suena sencillo, pero no siempre es fácil de realizar”. Desde el inicio, dice, se fomentó la participación de la gente en la creación del modelo, eso hizo que se trabajara por un objetivo común: cuidar el bosque, porque de ahí obtenemos nuestros ingresos. “Si se deforesta sería acabar con nuestro futuro”.
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Continuidad de las concesiones comunitarias
En la historia de las concesiones forestales en Guatemala no todo es éxito. Por ejemplo, un par de concesiones comunitarias no lograron levantar el vuelo. En esos casos, “la organización comunitaria no logró consolidarse —explica López Illescas—, pero sobre todo influyó la presión de factores externos… Estas comunidades no están en una zona en donde dependan nada más de sí mismos y de su éxito; están bajo un asedio continuo”.
Desde que el sistema de concesiones forestales se echó a andar en el país centroamericano, las comunidades han tenido encima diversas amenazas. Entre ellas están los intentos de establecer en la zona proyectos para la explotación petrolera o para el turismo a gran escala. Y es que en el área de la Reserva de la Biósfera Maya existe una gran riqueza biológica y un importante patrimonio arqueológico.
Carlos Carlos Crasborn Ojeda, también coordinador estratégico de la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP), explica que en los últimos años ha existido presión de gente “con intereses económicos y que no es amante de la conservación”, para desarrollar proyectos en el área.
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Hoy uno de los retos que tiene enfrente el manejo forestal comunitario en Guatemala es lograr que el gobierno, a través del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, reconozca el trabajo de conservación que han realizado las comunidades y les renueve sus concesiones forestales, ya que estas se otorgaron por un lapso de 25 años. La concesión forestal de La Carmelita, por ejemplo, se vence el 14 de noviembre de 2022.
La comunidad ya comenzó la gestión de su prórroga. Incluso, a mediados de diciembre de 2019, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, aprobó la extensión por 25 años más de la concesión forestal de la Cooperativa Carmelita.
Después de Carmelita, otras concesiones comenzarán sus procesos de renovación. Por lo que el gobierno de Alejandro Giammattei, quien tomó posesión como presidente de Guatemala el pasado 14 de enero, tendrá en sus manos la continuidad de este modelo que ha tenido el respaldo de científicos de diferentes áreas.
Por ejemplo, el 6 de enero de 2020, los participantes en el Simposio Especial sobre la Selva Maya —entre ellos varios investigadores de Universidades de Estados Unidos y México— firmaron una declaratoria para hacer un llamado a las autoridades de Guatemala para que se renueven las concesiones forestales comunitarias.
En su declaración, los firmantes recordaron que, en agosto del 2019, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático consideró como una solución climática el reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que han creado modelos de mitigación ante la emergencia climática que vive el planeta.
“Si los gobiernos quieren corregir el rumbo del desarrollo rural, cumplir sus metas para la mitigación del Cambio Climático y conservar la naturaleza tienen que devolver a la población local el derecho a manejar y decidir sobre sus recursos naturales y territorios”, señala Víctor López Illescas, oficial de programa para la Fundación Ford en México y Centroamérica.
Carlos Crasborn Ojeda resalta que uno de los desafíos que tienen las comunidades que tienen concesiones es tener la certeza de que podrán permanecer en el territorio, realizando un manejo forestal sustentable, por lo menos otros 25 años más.
En el caso de Carmelita, señala Crasborn, entre los retos que tiene está el consolidarse como organización comunitaria, incrementar la participación de mujeres y jóvenes, hacer más eficaces todos sus procesos de producción forestal e integrar a su manejo otros recursos no forestales, para “no vivir solo de la madera”.
Pero el mayor reto, dice el también maestro de primaria, es dejarle a los hijos la estafeta de la conservación de la naturaleza.
* Imagen principal: En los territorios donde se encuentran las concesiones forestales comunitarias se registran las tasas de deforestación más bajas.Foto de Joaquín Ruano Cofiño.
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