- Una investigación identificó que los niveles de cadmio, aluminio, hierro, cobre, zinc, níquel y plomo, superan hasta 500 veces los límites máximos permitidos.
- Comunidades indígenas de la provincia de Napo han presentado denuncias y quejas ante el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía. La empresa minera que opera en la zona dice que la contaminación es causada por los mineros artesanales.
Este reportaje forma parte de la alianza entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
En diciembre de 2019, un grupo de biólogos ecuatorianos y brasileños publicó una investigación que revelaba que en los afluentes de la cuenca alta del río Napo, en la provincia amazónica de Napo, los niveles de algunos metales pesados —cadmio, aluminio, hierro, cobre, zinc, níquel y plomo— son 500 veces más altos de lo permitido por normativas ecuatorianas y norteamericanas. Además, los sitios ubicados cerca de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios presentaron concentraciones de 100 a 1000 veces más altas que los sitios clasificados como “poco amenazados”.
Los resultados de la investigación —de la Universidad Ikiam, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Francisco de Quito— muestran que las altas concentraciones de metales observadas en el agua se deben, efectivamente, a la cercanía de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios, pero también a la piscicultura no nativa, al uso intensivo de agroquímicos tóxicos y disposición de residuos sólidos municipales. La alta concentración de metales, revela la investigación, representa una potencial afectación al ecosistema y la salud humana.
El río Yutsupino es uno de los afluentes del Napo, y allí la actividad minera es constante. No solo hay mineros artesanales sino que, bajo el régimen de pequeña minería, opera la empresa Terraearth Resources S.A. Desde 2017, la compañía tiene una concesión minera en etapa de explotación llamada Regina 1S. Además, tiene otras cinco concesiones que están en diferentes etapas: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho —que conforman el proyecto aluvial Tena con una extensión de 7125 hectáreas— y la Vista Anzu.
Las concesiones de Terraearth Resources S.A son para exploración y explotación aluvial de oro. Por lo general, la minería en aluviones se hace en áreas reducidas de los márgenes de los ríos, no dentro de ellos. Es practicada, especialmente, por mineros artesanales y es considerada una práctica ancestral. “Pero los mineros ilegales también la emplean con el uso de una batea para sacar el material minero, si explotan en extensas áreas el impacto ambiental es tremendo y muy visible”, explica Elisa Levy, vocera del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador.
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Actividad minera formal e informal
Las cuatro concesiones del Proyecto Aluvial Tena —Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho— aún no tienen licencia ambiental. Hernán Lema, técnico de Terraearth Resources, dice que en las concesiones Confluencia y El Icho han hecho exploración, mientras que en la concesión Talag y Vista Norte, la empresa no ha realizado ninguna actividad.
Actualmente estas cuatro concesiones no están en etapa de explotación, y Lema deslinda a la compañía de cualquier responsabilidad en los niveles de contaminación. Dice que la minería artesanal es la causante. Sin embargo, en el Ecuador, los procesos de exploración y exploración avanzada (antes de la explotación) en minería metálica a pequeña escala —como la que se realiza en este proyecto— sí requieren una licencia ambiental, según indica la especialista en Derecho Ambiental, Lucía Gallardo.
En cuanto a las concesiones Regina 1S —que se está explotando actualmente— y Vista Anzu, Lema asegura que forman parte del Proyecto Shiguacocha que sí tiene licencia. El técnico de Terraearth Resources reitera que solo en Regina 1S está la explotación y que en las otras cinco concesiones no realizan actividad minera.
La declaración de Lema, de que la empresa no realiza ninguna actividad minera, se contradice con la denuncia de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (Foin). La Federación sostiene que la empresa sí ha realizado actividades de explotación minera sin licencia ambiental en las concesiones Confluencia y El Icho, y que ha incumplido las provisiones de su licencia ambiental en las concesiones Regina 1S y Vista Anzu.
Patricio Shiguango, presidente de la Foin, dice que las comunidades indígenas piden que se detenga la minería porque la empresa Terraearth Resources S.A. las ha realizado por muchos años fuera del área permitida y sin una licencia ambiental. Piden al Ministerio del Ambiente que sancione a la empresa.
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Un estudio posterior
En octubre de 2019, la empresa Terraearth Resources S.A. publicó el Estudio de impacto ambiental expost para las fases de exploración y explotación simultánea de minerales metálicos bajo el régimen de pequeña minería de las áreas mineras Talag, Confluencia, Anzu Norte y el Icho. El estudio de impacto ambiental es un requisito para obtener la licencia ambiental y, en este caso, explica el funcionario Lema, para las cuatro concesiones que conforman el Proyecto Aluvial Tena se necesita solamente una porque están contiguas.
En el estudio, la empresa menciona el método que utilizará en las siguientes etapas, el de batea, que consiste en la extracción del mineral sumergiendo una especie de plato de madera o de acero en el agua, que posteriormente se llena con la arena y los minerales que allí haya. Dice, además, que explotará el material a cielo abierto —cavando grandes cráteres en extensión y profundidad—. El abogado ambiental Fred Larreátegui explica que aunque las etapas de exploración y exploración avanzada sean menos fuertes que la explotación, implican un impacto en la zona en la que se haga porque se deben talar árboles y utilizar químicos para las perforaciones para obtener «los testigos» —bloques de tierra y mineral que luego se llevan a laboratorios para analizar la concentración de minerales—.
El mismo estudio de Terraearth dice que el área donde se haría la explotación minera colinda con otras concesiones mineras y terrenos agrícolas, por lo que podría haber impactos ambientales y de salud pública causados por estos terceros. Además, habla de la calidad los ríos: “Los resultados del muestreo de agua indican que la mayoría de parámetros se encuentran dentro del rango establecido por la norma, a excepción de los parámetros de hierro cuyo valor es superior al límite permisible”. Esto contradice la investigación académica, donde se indica que no solo el hierro sino el cadmio, el aluminio, el cobre, el zinc, el níquel y el plomo exceden por mucho los niveles permitidos en los afluentes del río Napo.
En el documento, la empresa afirma que no ha realizado ninguna actividad minera porque no tiene licencia ambiental, aunque la declaración es contradicha por la Foin.
Mongabay Latam contactó al Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) para conocer cuáles de las concesiones tienen, en efecto, una licencia ambiental y entender su nivel de responsabilidad en los altos niveles de metales pesados en el río. Sin embargo, su respuesta se limitó a decir que el MAE está en “proceso de transición” por cambio de autoridades. El 4 de marzo de 2020 se posicionó un nuevo ministro de Ambiente, Juan Dehowitt Holguín, y además la entidad fue fusionada con la Secretaría del Agua, creando el primer Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador.
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Otras afectaciones a las comunidades
El 5 de febrero de 2020, la Foin denunció algo más: en un comunicado mencionó las irregularidades encontradas en el proceso de participación social del estudio y la contaminación ambiental en los ríos Jatunyacu, Anzu, Talag, Yutzupino, Piocullin y Napo, en la provincia de Napo. En esta área hay actividad de mineros artesanales y se encuentra la empresa Terraearth Resources S.A.
El Ministerio del Ambiente ecuatoriano aprobó en enero de 2019 la elaboración del estudio de impacto ambiental de la empresa con la figura ex post . “Es una figura que se aplica para regularizar cualquier actividad que se esté realizando sin permisos, en el caso de la minería, en cualquiera de sus fases”, explica Silvia Vasquez, experta en derecho ambiental. Cuando se da la autorización para presentar este documento, la empresa tiene que parar la actividad mientras hace el estudio de impacto ambiental, dice Vásquez.
“El estudio de impacto ambiental ex post viola los derechos ambientales de la naturaleza según la Constitución”, dice Lucía Gallardo, especialista en derechos ambientales y docente de la Universidad Ikiam. Gallardo asegura que esta figura también viola el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La investigación de los biólogos de las universidades Ikiam, Pontificia Universidad Católica y San Francisco de Quito obtuvo muestras de los afluentes de la cuenca alta del río Napo y menciona que los ríos donde se ubican las seis concesiones mineras son cabeceras de importantes ríos amazónicos.
Por su parte, la Fundación Río Napo (FRN), organización civil que trabaja desde hace veinte años en la protección de los ríos en Ecuador y el desarrollo sostenible de proyectos ambientales para el sector, realiza actividades de conservación de los ríos por el impacto que ha dejado la actividad minera. La FRN dice que la empresa minera empezó a realizar actividades de “forma agresiva y de manera directa”. Una fuente, que pidió no ser mencionada por temor a represalias, dice que la empresa minera “no cumple con la normativa ambiental”. Además, asegura que no hacen una correcta señalética, almacenamiento de combustibles, mantenimiento de maquinarias, manejo adecuado de aguas, y afirma que hay trabajadores sin equipo de protección.
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Denuncias sin respuesta
La Fundación Río Napo ha presentado, además, denuncias sobre las afectaciones ambientales ante el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Control Minero, la Secretaría del Agua y la Fiscalía pero aseguran no haber recibido respuesta alguna.
En julio de 2018, la Fiscalía ordenó hacer una inspección a las actividades mineras cerca del río Anzu, en la provincia del Napo, en respuesta a la denuncia de un supuesto delito contra el agua. La inspección concluyó que la explotación de materiales mineros de la empresa Terraearth Resources S.A no cumple con el sistema de tratamiento de agua, es decir, un sistema de canales y conductos hacia piscinas que reciban los sedimentos gruesos y finos. La fundación Río Napo dice que no han podido parar las operaciones de oro aluvial y “los ríos chorrean con lodo todos los días donde están trabajando”.
El técnico de la empresa Terraearth Resources, Hernán Lema, asegura que la empresa cada seis meses hace un monitoreo de la calidad del agua. “En comparación con la normativa, los parámetros en nuestros frentes de operación están dentro del rango permitido”. Lema dice que es muy complicado controlar la contaminación porque es una zona minera histórica, donde las comunidades aprovechan esos recursos, hay otras concesiones contiguas y concesiones artesanales.
Sobre el manejo de combustibles, el técnico Lema sostiene que analizan los suelos, su estado está también dentro de los rangos permitidos y no hay riesgo que el suelo esté contaminado con hidrocarburos. “Los trabajadores de la empresa están dotados del equipo de protección, pero hay gente que hace actividades artesanales alrededor de la concesión, pero son personas que no trabajan para la empresa”, insiste.
El 7 de febrero de 2020, Patricio Shiguango, presidente de la Foin, pidió a través de un oficio a los facilitadores del proceso de socialización —que son delegados por el Ministerio del Ambiente— que se reinicie todo el proceso de regularización ambiental del proyecto de exploración y explotación de minerales metálicos de la Compañía Terraearth Resources S.A. Días atrás, el 24 de enero de 2020, la empresa convocó a asambleas para presentar el proyecto minero, pero hubo rechazo de las comunidades kichwas Ichu Urku, Talag, Puerto Napo, Yutzupino y de las parroquias Talag y Puerto Napo. También 17 comunidades kichwas del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, y más de 12 comunidades de la ribera del río Napo en la provincia del mismo nombre, denuncian y rechazan las actividades mineras, dice Shiguango.
Hasta el cierre de este texto, el Ministerio de Ambiente no respondió a las preguntas hechas por Mongabay Latam sobre los efectos de la minería a pequeña y gran escala en el río Yutsupino.
Patricio Shiguango dice que tuvo una reunión en el Ministerio del Ambiente el 5 de marzo de 2020, en la que la entidad se comprometió a sancionar a la empresa. “Si no me cumplen los compromisos que han establecido, voy a movilizar a la gente”, dice. La empresa, por su parte, ha negado cualquier responsabilidad en la contaminación del río, y ha insistido en que son los mineros artesanales quienes la causan. Sea cual sea su origen, la verdad es que el río Yutsupino presenta niveles de metales pesados alarmantes por los que nadie responde.
*Imagen principal: Los ríos afluentes del río Napo están contaminados por algunos metales pesados. Foto: Cortesía GK.
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