- Los informes de las invasiones constantes de tierras, el asesinato de líderes indígenas y el aumento del contagio por coronavirus en las reservas indígenas aumenta la preocupación respecto a la vulnerabilidad de estas poblaciones.
- En Rondônia, epicentro de los incendios del año pasado en Brasil, habitantes del pueblo indígena karipuna presentaron un reclamo ante la Fiscalía Federal por la incursión de invasores que despejaron la selva dentro de su reserva
Dado que la incursión de forasteros en las reservas indígenas sigue aumentando en la Amazonía brasileña y que el brote de COVID-19 se propaga rápidamente en el país, los pueblos indígenas se encuentran cada vez más expuestos a la violencia y el contagio. Las amenazas se ven exacerbadas por una reducción de la supervisión medioambiental por parte de las autoridades, debido a las restricciones de distanciamiento social impuestas en respuesta a la pandemia.
Los líderes indígenas y defensores ambientales le dijeron a Mongabay que temen que la situación empeore en los próximos meses, en tanto los taladores, los usurpadores de tierras y los mineros ilegales se aprovechan del caos generado por el coronavirus para acelerar sus ataques en los territorios indígenas, envalentonados por la retórica del presidente Jair Bolsonaro y los informes de una caída en las actividades de vigilancia de las autoridades.
“Estos delincuentes no respetarán el distanciamiento social. Todo lo contrario: aprovecharán la posibilidad de trabajar con más tranquilidad”, le dijo Antonio Oviedo, coordinador de monitoreo del Instituto Socioambiental (ISA), una ONG que defiende los derechos de los indígenas, a Mongabay.
En el estado de Rondônia, el epicentro de los incendios del Amazonas del año pasado, los miembros del pueblo indígena karipuna han presentado un reclamo ante la Fiscalía Federal (MPF) para informar que hay personas no indígenas que están despejando la selva dentro de su reserva, a menos de 10 kilómetros (6 millas) de la comunidad donde vive el grupo. El Consejo Indigenista Misionero de Brasil, que está asociado a la Iglesia católica y a Greenpeace, también firmó el documento.
“Tenemos miedo de que uno de estos invasores introduzca el virus en nuestro territorio”, dijo Adriano Karipuna, uno de los líderes del grupo, a Mongabay. “Bolsonaro les dijo a estas personas que solo es una gripe leve y que pueden volver a trabajar”.
El temor frente al peligro de que los invasores contagien de COVID-19 a las comunidades indígenas de Brasil ha aumentado en los últimos días tras los informes sobre la hospitalización y muerte de un adolescente indígena yanomami.
Como mínimo y hasta el momento, otros cinco indígenas se han infectado con el virus en Brasil, según un mapa creado por el ISA. Y, por lo menos, dos indígenas que vivían en ciudades han muerto tras infectarse.
La reserva de los yanomamis en el estado de Roraima es la reserva indígena más grande de Brasil y está invadida por mineros ilegales de oro. Los líderes indígenas de la región dicen que sospechan que el aumento actual en la actividad ilegal se debe al elevado precio del oro y a los bajos costos locales del combustible a causa de la pandemia.
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Las imágenes recientes publicadas por BBC Brasil muestran a mineros ilegales avanzando en zonas de la reserva poblada por una comunidad indígena aislada.
En respuesta al brote, muchos grupos indígenas de todo el país han bloqueado el ingreso a sus comunidades y cancelado asambleas y eventos de defensoría.
Las amenazas del COVID-19
Las enfermedades respiratorias como el COVID-19 pueden resultar especialmente mortales para los indígenas. Durante los últimos 50 años, en el Amazonas de Brasil, miles han fallecido a causa de las enfermedades importadas por los pobladores.
La aldea de Adriano Karipuna quedó prácticamente aniquilada durante la década de 1970 por la aparición de enfermedades contagiosas, tras una política de contacto considerada desastrosa e instaurada por la Agencia Nacional de Asuntos Indígenas (FUNAI) de Brasil, En ese momento, el país era gobernado por una dictadura militar que fomentaba la colonización de Rondônia y de otros estados del Amazonas.
Hoy en día, los karipunas son apenas 58, y varios miembros indígenas tienen más de 60 años. Constantemente, su reserva está en la mira de taladores ilegales y acaparadores de tierras que operan desde el distrito ganadero cercano de União Bandeirantes.
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En esa zona, según los investigadores que hablaron con Mongabay, la madera talada ilegalmente se procesa en aserraderos sin licencia antes de venderse con documentación falsa, mayormente en el sudeste industrializado de Brasil o en el exterior.
Los tractores y las excavadoras se guardan en propiedades rurales ubicadas en los límites de la reserva para usarse durante las incursiones ilegales, mientras los vigilantes, posicionados en puntos estratégicos o en motocicletas, usan walkie-talkies para alertar a sus cómplices de la llegada de las autoridades, precisan los investigadores.
En los últimos años, se han destruido aproximadamente unas 11 000 hectáreas (27 200 acres) de las 153 000 hectáreas (378 000 acres) de selva de la reserva.
“Tenemos miedo de que aprovechen estos tiempos en los que estamos vulnerables debido a la cuarentena de las autoridades”, dijo Adriano Karipuna.
El pasado junio, en un operativo llamado “SOS Karipuna”, las autoridades hallaron madera talada ilegalmente valorada en aproximadamente 3,2 millones de reales (USD 627 000). Detuvieron a nueve personas involucradas en esta actividad ilícita y también en la venta ilegal de terrenos dentro de la reserva, y se incautaron activos por un valor de 46 millones de reales (USD 9 millones).
Además, en Rondônia, la ONG Kanindé advirtió a las autoridades que la reserva indígena Uru-Eu-Wau-Wau está en riesgo tras la reciente liberación de prisión de dos usurpadores de tierras locales muy conocidos.
La pareja fue detenida el año pasado luego de que se la acusara de liderar una invasión a una vasta reserva indígena (ubicada junto al Parque Nacional Pacaás Novos y que también alberga a grupos de indígenas aislados) para deforestarla, ocuparla y vender ilegalmente terrenos de esta. Fueron liberados como parte de la respuesta del gobierno ante la pandemia para prevenir un posible brote desastroso en las prisiones superpobladas del país.
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También se vio en la región a un tercer líder, que está a la fuga. En un mensaje de audio que escuchó Mongabay, un funcionario anónimo del Instituto Chico Mendes (ICMBio), la agencia medioambiental del gobierno a cargo de la conservación de la biodiversidad, dijo que el grupo tenía la intención de invadir nuevamente.
Por su parte, la Fiscalía Federal de Rondônia señaló que, al igual que la policía federal, conocía los riesgos y que estaba vigilando la situación.
FUNAI le dijo a Mongabay que “conocía las amenazas de invasiones” y que “ha estado trabajando en medidas de control e inspección junto con los organismos gubernamentales, medioambientales y de la seguridad pública”.
Aumento de la violencia y la deforestación
Al otro lado de la Amazonía brasileña, en el estado de Maranhão, un indígena, Antônio Filho Guajajara, recibió un disparo en la cabeza que casi lo mató en la reserva Araribóia, pocos días después de que dispararan y mataran al líder local Zezico Guajajara.
Zezico fue el quinto indígena guajajara que han asesinado desde noviembre, en un conflicto que se pensaba que estaba motivado por poderosas mafias de taladores y terratenientes que dominan la región.
El año pasado, tras la asunción al cargo de Bolsonaro, el Amazonas de Brasil fue testigo de los peores niveles de deforestación en casi una década, con grandes incendios y un brusco aumento de invasiones a los territorios indígenas.
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Fines de abril, época en que el ministro de salud de Brasil estima que es probable que el sistema sanitario del país colapse, marca el inicio de la estación seca en la región, cuando la deforestación suele alcanzar su punto máximo, antes de la temporada de quema en agosto.
Hasta el momento, este año, las tasas de deforestación ya están por encima de las del primer trimestre de 2019 —796 kilómetros cuadrados (307 millas cuadradas) frente a los 526 kilómetros cuadrados (203 millas cuadradas) en 2019—, según DETER, un sistema de detección en tiempo real del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE).
Al parecer, las cifras de deforestación de agosto de 2019 a fines de marzo de 2020 prácticamente duplicaron las del mismo período del año previo.
Según Oviedo del ISA, los taladores y las bandas de usurpadores de tierras han adoptado nuevas estrategias de invasión y deforestación.
“Estos días trabajan todo el año de corrido, incluso durante la temporada de lluvias”, dijo. “Luego, cuando las lluvias cesan por unos días y la tierra se seca un poco, llevan los camiones para quitar la madera”.
Mencionó que los taladores ilegales ingresan a la zona en motocicleta y hacen entradas más pequeñas para que las copas de los árboles más altos dificulten la detección de la tala por imágenes satelitales.
Reducción del cumplimiento
Los informes de una disminución de las actividades de cumplimiento medioambiental debido a la pandemia también han suscitado la preocupación de que las bandas de extracción ilegal se aprovechen de la situación.
En una entrevista reciente con Reuters, Olivaldi Azevedo, el director de protección medioambiental de la agencia medioambiental de Brasil, IBAMA, dijo que su oficina se vería obligada a reducir las operaciones.
“No se puede exponer a esta gente que está en riesgo al virus”, dijo. “No hay elección entre una cosa y la otra. Es una obligación”. Agregó que el Amazonas no se vería afectado por la reducción de operaciones de cumplimiento.
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Marcio Astrini, el secretario ejecutivo de la red de la ONG ambiental Observatorio del Clima, dijo que, en el pasado, la disminución de las misiones de cumplimiento y vigilancia casi siempre estuvo acompañada de un pico en la deforestación.
Un video reciente de una operación de IBAMA contra un sitio de explotación minera ilegal en la reserva indígena de los aptereua en el estado de Pará, que culminó con la destrucción de dos excavadoras, se compartió ampliamente en las redes sociales y se denunció en los grupos de Whatsapp de los mineros ilegales como “terrorismo”.
Además, en el estado de Pará, los expertos locales han expresado su preocupación con respecto a la reserva Ituna Itatá, que alberga a una cantidad desconocida de pueblos indígenas aislados y que los usurpadores de tierras han devastado, tras la construcción de la represa hidroeléctrica cercana Belo Monte.
En febrero, Edward luz, un antropólogo que apoya a Bolsonaro, fue detenido allí durante una operación de IBAMA.
“Por ahora, IBAMA está aquí, en la zona, por lo que los grupos delictivos de la región no están tan activos”, dijo una fuente familiarizada con el caso que pidió conservar su anonimato. “Sin embargo, si se marchan, será un gran problema”.
Actualizado (13 de abril de 2020): Este artículo se actualizó para que reflejara las cifras de deforestación más actualizadas que hay disponibles.
*Imagen principal: Vista aérea del río Javari en el Amazonas brasilero. Foto de Rhett A. Butler.
El artículo original fue publicado en Mongabay News. Puedes leerlo aquí.
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