- Organizaciones indígenas, religiosas y de derechos humanos aseguran que el derrame de petróleo del 7 de abril no se ha atendido adecuadamente. No se ha hecho consulta previa con pueblos indígenas y ni siquiera se ha informado oficialmente cuánto petróleo se derramó. La rotura de dos oleoductos se relaciona con el colapso de la Cascada San Rafael
- Se instauró una acción de protección con medidas cautelares en el cantón Francisco de Orellana. Los indígenas kichwa dicen que se afectó el acceso al agua y la pesca de 27 000 personas en 105 comunidades, sin contar poblaciones campesinas.
El pasado 7 de abril las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador se rompieron y causaron un gran derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, aguas arriba de la antigua cascada de San Rafael, un icónico lugar en el parque Cayambe Coca, entre las provincias de Napo y Sucumbíos.
Se estima que cerca de 15 800 galones de crudo cayeron al río y las comunidades kichwa que viven aguas abajo del río Coca solo se dieron cuenta de lo sucedido en la mañana del 8 de abril, cuando varias personas empezaron a denunciar lo sucedido. Los indígenas han pedido reparación y al considerar que se violaron sus derechos, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron, el pasado 29 de abril, una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo.
Mongabay Latam reportó en febrero de este año la desaparición repentina de la cascada San Rafael por procesos erosivos. En el reportaje San Rafael: ¿Cómo la cascada más alta de Ecuador desapareció repentinamente el 2 de febrero? expertos geólogos e hidrólogos alertaron que se aceleraría un proceso de erosión regresiva que podría afectar diversas infraestructuras aguas arriba del río Coca, entre las cuales están los oleoductos colapsados el 7 de abril. Este es precisamente uno de los argumentos que se plantea en la demanda.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
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Comunidades indígenas se sienten en peligro
La acción de protección fue presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos —conformada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad—. En ella se demanda al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP por la presunta vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano y a la información.
Como dijeron a Mongabay Latam varios expertos y geólogos a principios de abril en el reportaje Ecuador: erosión de la cascada San Rafael rompe oleoductos y contamina el río Coca, lo que sucedió estaba avisado desde el momento en que colapsó la cascada San Rafael pero, al parecer, no se trabajó en mitigar el riesgo.
La demanda alega “que el derramamiento de crudo se pudo prever ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias”.
Lina María Espinoza, defensora de Derechos Humanos en Amazon Frontlines, asegura que las empresas y el Estado debieron informar de manera temprana y clara sobre la rotura de los oleoductos. “Ellos informan pero solo después de que las comunidades denunciaron en redes sociales que el crudo estaba en el agua, después de que niños y adolescentes retornaron con sus cuerpos y redes de pesca cubiertos de petróleo”, dijo.
Espinoza afirma que las medidas que están tomando las empresas y el Estado para la atención de la población son insuficientes e ineficaces. “Al día de hoy no hay certeza, por parte de ellos [el Estado y las empresas], del número de personas, familias y comunidades afectadas. Tampoco han informado de manera transparente el número de crudo derramado. Se habla extraoficialmente de 15 800 barriles”, indica.
Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, cuenta que a través de imágenes han podido constatar que las manchas de petróleo han quedado depositadas en las orillas de algunos sectores de los ríos Coca y Napo. “Tenemos reportes de la comunidad de Pañacocha que tomó fotografías de la afectación a solo 100 km de la frontera con Perú”, dice.
De acuerdo con Mazabanda, a medida que el crudo avanzaba se iba diluyendo, se depositaba en las orillas y, debido a las fuertes lluvias, inundó las riberas y afectó los cultivos de las comunidades. Algo muy grave es que “la mancha de petróleo en los ríos avanza, pero también se deposita en los sedimentos, en el lecho del río, y ese es un impacto que es muy difícil de remediar”, asegura.
Por su parte, la Iglesia Católica hace fuertes declaraciones contra el proceder del Estado ecuatoriano. Adalberto Jiménez, obispo de la provincia de Orellana, asegura que “lo que ha acontecido es una destrucción para los pueblos. La iglesia quiere que esto no quede invisible, más ahora, en esta época de pandemia. Las autoridades locales, regionales y nacionales han hecho muy poco. Los noticieros en el país han minimizado esta tragedia”.
Según Jiménez, no se ha hecho nada después de lo que pasó. “En el cañón de los monos, donde el río es más estrecho, se debía poner mallas de contención pero no se hizo”, indica.
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Críticas a la atención del desastre
La empresa privada OCP asegura que ha atendido la emergencia desde el primer momento y que, junto a Petroecuador, han trabajado en la contención del crudo, abastecimiento de kits alimenticios, remediación ambiental y construcción de una nueva tubería para continuar transportando el crudo.
A pesar de lo que han dicho varios expertos, la compañía insiste en que lo sucedido no podía ser previsto, “por lo que la transportadora movilizó desde el primer minuto a todo un equipo de expertos y técnicos para iniciar la etapa de contención, ubicando barreras a lo largo del río [Coca] en tres puntos clave: la toma de agua potable de [el municipio] El Coca, el Cañón de los Monos y Puerto Madero”.
OCP también afirma que ha entregado más de 570 mil litros de agua embotellada y más de 1000 kits alimenticios a las comunidades afectadas.
Sin embargo, Espinoza dice que estas medidas no resultan suficientes y que OCP y Petroecuador han reconocido que no tienen un censo específico para cuantificar la cantidad de afectados y diferenciar el tipo de afectación. Según la abogada, las medidas no han sido concertadas ni consentidas con las comunidades por lo que también se ha violado el derecho a consulta previa.
“Todo esto ocurre en el contexto de COVID-19, cuando todos deberíamos tener acceso a fuentes seguras de alimentación y agua que nos permitan enfrentar la pandemia en condiciones de igualdad. Las 105 comunidades [kichwa y shuar] que fueron impactadas, más la población de Francisco de Orellana, están en especial vulnerabilidad. No hay medidas extraordinarias y emergentes de garantía de derechos”, resalta Espinoza, quien además critica que “el gobierno inicialmente solo se preocupó por dar un parte de tranquilidad económica en lo referido a la continuidad en la producción y exportación de crudo”.
Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y representante de los afectados, afirma que este derrame ha afectado a todas las comunidades kichwas que viven a orillas de los ríos Coca y Napo.
“Basta ya que las empresas petroleras nos estén causando este mal. Necesitamos vivir sanamente, sin que seamos afectados y desplazados. Todas las comunas kichwas pedimos que se llevara adelante esta acción de protección pues históricamente hemos sufrido por las contaminaciones. Hemos soportado mucho”, dice Jipa.
La remediación ambiental es otro tema que preocupa. OCP y Petroecuador aseguran que se levantó un informe ambiental inicial para determinar las afectaciones e iniciar la remediación. “Se contrató a PECS, Corena – Lamor y Arcoil, principales empresas en remediación en el país, y se han generado más de 320 empleos locales para esta actividad”, se lee en un comunicado emitido el 29 de abril.
Sin embargo, la abogada Lina María Espinoza dice que las propuestas de reparación ambiental no han sido concertadas con las comunidades indígenas. “Desconocemos en qué consisten los trabajos y son violatorios de la consulta previa”.
Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confeniae, asegura que los indígenas y demás comunidades afectadas por el derrame de petróleo en los ríos Coca y Napo están expuestos a una triple amenaza: las inundaciones de esta temporada del año, la contaminación del agua con crudo y el COVID-19.
Los indígenas esperan que les confirmen una fecha para la audiencia de la acción de protección. “Pedimos que sea telemática para garantizar seguridad y participación, y pedimos independencia y celeridad judicial”, comenta Espinoza.
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Ya se había advertido el peligro
“Se dijo que iba a pasar pero no se tomó ninguna medida. Es necesario que ahora el país hable de qué va a pasar con las bases del oleoducto, con la carretera y, a futuro, con la presa de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair”, afirma Emilio Cobo, coordinador del Programa de Agua de la UICN para América del Sur.
En el reportaje publicado por Mongabay Latam en febrero de 2020, Cobo dijo que, después del colapso de la cascada San Rafael, se podrían generar impactos “súper graves” sobre las infraestructuras que están en el cauce del río Coca —entre la cascada y la presa de captación— pudiendo comprometer en un futuro a la misma presa. Los oleoductos SOTE y OCP son solo dos de las infraestructuras que se encuentran en ese trayecto.
Consultado nuevamente a principios de abril, luego del derrame de los oleoductos SOTE y OCP, Cobo no disimuló su preocupación. “El nivel de erosión regresiva es mucho más fuerte de lo que imaginé. Pensé que iba a tener una profundidad de 4 o 5 metros, pero las imágenes muestran por lo menos unos 15 metros. Además, empezó la época lluviosa y eso acelera aún más el proceso erosivo en el río”, dice.
Carolina Bernal es geóloga y tiene un doctorado en Hidrosedimentología, por lo que conoce a profundidad las dinámicas de los sedimentos en cuerpos de agua. Además, durante años ha estudiado el río Coca, en especial la zona donde se encuentra la cascada San Rafael y la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La geóloga asegura que la erosión regresiva, es decir, la que se va dando aguas arriba de la cascada, es además muy agresiva y se está dando a gran velocidad. “Según mi parecer este fenómeno no se detendrá hasta que el río recupere el equilibrio dinámico alterado por la obra [hidroeléctrica Coca Codo Sinclair]. Así las cosas, creo que se deben hacer estudios hidrosedimentológicos y hacer un plan de manejo de sedimentos a largo plazo. Todo esto sucede por no hacer buenos estudios previos a la construcción de cualquier obra”, enfatiza.
*Imagen principal: Miembros de la comunidad indígena de San Pedro de Río Coca presencian los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río, Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 18 de abril de 2020. Foto: Telmo Ibarburu.
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