Desde inicios del siglo XX la parte alta del río Puyango, en Ecuador, recibe una fuerte contaminación por parte de la minería, la cual refleja sus efectos en territorio de Perú. Que ambos estados se pongan de acuerdo es la única manera de parar una demanda internacional que agricultores peruanos llevaron hasta la CIDH.
La degradación de la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes tiene en riesgo al bosque seco, uno de los ecosistemas más extremos y biodiversos. Además, allí se planea construir un proyecto binacional de infraestructura para riego que amenaza aún más al río.
Juvenal Gallo tiene 72 años y nació en la tierra de los guayacanes: esos grandes árboles de flores amarillas que tanto atraen al turismo en la provincia de Loja, Ecuador, límite fronterizo con el Perú. Pero para este agricultor la vida no es tan colorida como las postales. Tuvo diez hijos y todos ellos salieron a buscar mejores oportunidades en las principales ciudades del país. Juvenal ha visto, durante más de dos décadas, cómo las aguas del río que pasa por su comunidad adquirieron un color gris y ya no son aptas para los cultivos. También cuenta que desaparecieron al menos seis especies de peces que servían de alimento para la población.
Vive en medio de un problema ambiental que es una bomba de tiempo para Ecuador: la contaminación del río transfronterizo Puyango-Tumbes. Aguas arriba, donde nace el Puyango, en la zona montañosa de la provincia de El Oro, hay minería legal e ilegal y gran parte de los desechos de la tierra procesada para sacar el oro y otros metales se arrojan a los afluentes sin ningún tratamiento. El consuelo para Juvenal y los demás habitantes de Cazaderos, la parroquia donde vive, es que todavía hay aguas subterráneas y otras fuentes para abastecerse del líquido limpio.
Pero sabe también que, del otro lado de la frontera, donde el río pasa a llamarse Tumbes, la gente está obligada a beber de esa agua y ha perdido parte de sus cultivos. En Perú la situación es más crítica y, por eso, después de dos años de presión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda de la Federación de Agricultores de Tumbes contra el Estado ecuatoriano, a causa de la contaminación originada por los relaves mineros del distrito Zaruma-Portovelo, donde nace el Puyango.
Río Puyango - Tumbes. Foto: Cortesía Carlos Iván Espinoza.
Pero esto es solo el primero de una serie de problemas que están lejos de resolverse. En la cuenca de este río se planea, desde hace 50 años, construir presas para dotar de sistemas de riego a los dos países, pero si no se subsana la contaminación de la cuenca Puyango-Tumbes que atraviesa el frágil ecosistema del bosque seco tropical, el proyecto podría convertirse en un pasivo ambiental. Es un tema tan delicado que se maneja desde las cancillerías de ambos países.
Durante marzo y abril de este año, los meses de estricta cuarentena en Ecuador, circularon videos en redes sociales en los que el río Calera, en el cantón Portovelo, se veía limpio nuevamente. A sus orillas, desde hace décadas, se asentaron las plantas de procesamiento para extraer oro y otros metales que se explotan en el Distrito Zaruma-Portovelo. Este río luego se junta con otros afluentes para formar el Puyango y arrastra los relaves que se desechan directamente en él, algo que se volvió “normal” ya que las autoridades no han podido controlar el problema.
“Da mucha alegría volver a ver las aguas cristalinas. Hace unos cincuenta años tomábamos esta agua, nos bañábamos, sembrábamos, maní,, maíz”, decía Pedro Manuel Román, un hombre de 60 años que vive en el sector, al constatar que las plantas de procesamiento detuvieron sus operaciones por la emergencia del COVID-19. Sin embargo, en julio la contaminación regresó. Se pueden ver nuevamente las piscinas de relaves que van a parar al río y la maquinaria que volvió a operar.
La explotación del oro viene de épocas coloniales, pero se acrecentó a inicios del siglo XX cuando la empresa estadounidense Sadco desarrolló una mina que operó hasta 1950. A partir de ese momento, pequeños mineros continuaron perforando la montaña, ubicando las plantas de procesamiento en el río Calera. El control es difícil porque, según los habitantes de la zona, la mayoría vive directa o indirectamente de la minería.
Minería en Zaruma - Portovelo. Foto: ARCOM.
A través de imágenes captadas con un dron, el documentalista Franklin Soria, director del medio Agencia de Prensa Minera, develó en 2019 el momento, a plena luz del día, en que se descargan los lodos al río Calera en el sector El Pache. “Hay contadas empresas que sí son responsables con el ambiente, pero son la excepción. La contaminación está a la vista de todos”, le dice a Vistazo y Mongabay Latam. Los mismos reportes del Ministerio de Ambiente detallan que el mayor foco de contaminación del Puyango surge de las plantas de procesamiento de minerales en Portovelo y que no se ha podido controlar.
Como un intento de remediar los daños, en 2014 las autoridades nacionales y locales inauguraron la relavera comunitaria El Tablón, a tres kilómetros del río Calera, para que los mineros depositen los desechos. Hasta ese lugar van diariamente entre 250 y 300 volquetas que entierran cerca de 3000 metros cúbicos de arenas, dice Clemente Bravo, prefecto de El Oro, institución que se encarga del manejo de esa relavera. En teoría, eso debía detener la contaminación. “Pero todavía hay un 10 % de desechos que se tiran directamente al río”, confiesa Bravo.
Es decir que, según estos datos, las cargas de unas 30 volquetas de tamaño promedio van cada día directo al río Calera, que aguas abajo se une con el Amarillo, donde también se descargan relaves de otras zonas aunque en menor medida. Estos dos afluentes luego se unen con el río Pindo para formar el río Puyango.
Pero ese es un cálculo conservador. Manuel Ramírez, ingeniero civil que conoce la zona y quien fue parte del equipo que diseñó la relavera El Tablón, estima que la mitad de los desechos van al río pues llevar las arenas a tres kilómetros de distancia, donde se ubica el depósito comunitario, supone un costo elevado que pocos están dispuestos a pagar. Vistazo y Mongabay Latam intentaron comunicarse insistentemente con Danilo Carrillo, representante de la Asociación de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin), sin obtener respuesta.
Fluidos salen de las plantas de procesamiento del sector El Pache (Ecuador) hacia el río Calera, afluente del Puyango - Tumbes. Foto: cortesía Agencia de Prensa Minera.
Cada año, en los gabinetes binacionales (Perú – Ecuador) se tratan este y otros temas. En la reunión de noviembre 2019 el presidente peruano Martín Vizcarra dijo que “la cuenca Puyango-Tumbes es el sustento y el soporte de todas las actividades humanas y económicas de la región de Tumbes”, y por ello la contaminación necesita una respuesta urgente. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, respondió en ese momento que, a más tardar en un mes, se recogerían las muestras de calidad del agua del río para identificar el problema y normalizar la actividad minera. Sin embargo, la contaminación sigue y en noviembre de este año, en el próximo gabinete, deberán presentarse los resultados de estos ofrecimientos.
La solución a la contaminación de los afluentes del río Puyango se baraja desde hace más de una década: construir un complejo industrial junto a la relavera El Tablón, a donde se trasladen las 85 plantas procesadoras de mineral que hay en la actualidad y que se distribuyen sobre todo por el río Calera. Estas plantas operan con los permisos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y del Ministerio de Ambiente, pero aún así se saltan la norma básica: no se puede procesar los minerales a menos de 200 metros de las riberas de los ríos.
Es un problema que no se logra contener y así lo reconoce la Arcom en el “Proyecto de seguimiento, control y evaluación de las labores mineras en el Distrito Zaruma-Potovelo” , un informe de julio de 2019 en el que detalla que, desde el 2003, después de un megaoperativo en el que se clausuraron 65 plantas de beneficio, no se ha podido regularizar el sector y dar cumplimiento a la normativa legal. Los operativos continúan y cada cierto tiempo cierran algunas de estas plantas cuando se evidencia que descargan los relaves a través de tubos de plástico directo a los ríos. La normativa minera ecuatoriana permite el uso del agua de los afluentes para el procesamiento en la actividad extractiva, pero exige que se devuelva el líquido en condiciones óptimas, situación que no sucede en este sector. Adicional, hay un subregistro pues el procesamiento de minería ilegal no entra en las estadísticas y control de las autoridades.
Si se construye el parque industrial, todo el desecho se enterraría allí. “Eso ayudaría a que el impacto ambiental sea mínimo, en comparación a lo que pasa ahora”, dice Francisco Gordillo, secretario técnico del Fondo Regional del Agua (Foragua), quien trabaja en la zona para preservar las fuentes hídricas que nacen en la zona andina.
Autoridades y expertos coinciden en que es imposible impedir la minería, pues en Portovelo, el 36 % de sus habitantes se dedica a esta actividad, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). Sin embargo, otras actividades como el comercio, la agricultura y la construcción no se mueven si cesa la minería, ya sea legal o ilegal: las actividades mineras son el motor económico de la población de este sector.
Según datos de 2017 de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), un tercio de todo el oro producido en Ecuador sale de la provincia de El Oro, sobre todo del distrito Zaruma-Portovelo, lo que generó una ganancia de más de 72 millones de dólares ese año. Por eso es tan importante que avance el proyecto del parque industrial, aunque las autoridades nacionales no dan una respuesta. Frente a esto, el prefecto Clemente Bravo dice que ya firmó un convenio con una empresa china para construir el complejo que tendría aproximadamente 50 hectáreas y costaría 80 millones de dólares.
Pero muchos en la región desconfían de este plan que se presentó hace ya un año y medio con bombos y platillos. Lo cierto es que los relaves siguen desechándose al río. Estos lodos se convierten en sedimentos y se asientan en el afluente y el problema es que en cada época de lluvia son arrastrados río abajo, causando estragos a más de 200 kilómetros, ya en territorio peruano.
Distrito minero Zaruma - Portovelo en Ecuador. Foto: ARCOM.
Una investigación de Sonia Gonzaga, especialista en hidráulica y calidad del agua y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), determinó que el oxígeno disuelto en la unión del río Calera y Amarillo, cuando se forma el Puyango, registra valores de 3,12 miligramos por litro. Esto quiere decir que en esta zona no se desarrolla ninguna forma de vida acuática, pues el oxígeno debería estar por encima de los 5 miligramos.
Río abajo, mientras es alimentado por otros ríos y quebradas, el Puyango se oxigena y recupera vida. Sin embargo, no se ha vuelto a ver al menos seis especies de peces (sábalo, dorado, blanco, amarillo, culebrilla y bagre pequeño), como relata Juvenal Gallo, habitante de Cazaderos, parroquia ecuatoriana ubicada literalemente en los límites con Perú.
Además, Sonia Gonzaga señala que los valores de concentración de arsénico, hierro, mercurio, plomo y otros metales, que serían producto de la minería en el sector El Pache, a orillas del río Calera y a un costado de la ciudad de Portovelo, superan los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muestras para su estudio fueron realizadas entre 2001 y 2015 pero la investigadora sospecha que hoy los índices de contaminación pueden ser mayores porque la minería se expande cada vez más.
Desde hace más de 15 años el peruano Francisco Barreto viene denunciando la contaminación del río Tumbes —o Puyango, como se conoce en Ecuador—. Este agricultor de 70 años y representante de la Federación de Agricultores de Tumbes logró que la CIDH admitiera, en mayo de 2020, una demanda contra el Estado ecuatoriano. Barreto cuenta, al igual que sus vecinos ecuatorianos, que en su juventud se bañaba en el río, bebía de esa agua y la usaba para riego. “Antes producíamos 10 000 kilos por cada hectárea sembrada de arroz, ahora no llegamos ni a los 5000 kilos porque el agua ya no sirve”, lamenta.
Demanda de Francisco Barreto contra el estado ecuatoriano ante la CIDH por contaminación del río Puyango - Tumbes. Foto: Francisco Barreto.
En 2018 logró compilar la información de diversos estudios que dan cuenta del problema de contaminación. Entre estos, un tamizaje a los pobladores de Playa Rica, una comunidad de Tumbes que usa el agua del río, incluso para consumo. El estudio examinó la sangre de 20 pobladores y todos presentaron elevadas concentraciones de plomo en la sangre.
Esta investigación fue presentada en 2016 por el ecuatoriano Enrique Gavilanes, ex docente de la Universidad Agraria del Ecuador y de la Universidad de Guayaquil y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Tumbes (UNT). Gavilanes lamenta que las autoridades de los dos países no presten importancia a este tema y que no realicen estudios más amplios a pesar de tener recursos. “Pretendíamos, con la UNT, hacer otro tamizaje para evidenciar las concentraciones de mercurio, pero es muy caro y quedó pendiente”, relata.
“Otro estudio encontró plomo y cadmio en 60 estudiantes universitarios, residentes en Corrales”, según consta en información de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Perú, sobre este problema. Corrales es uno de los poblados que está en la desembocadura del río, luego de haber recorrido más de 200 kilómetros desde que nace en la provincia de El Oro, en Ecuador. Abel Chiroque, jefe defensorial relata que los gobernantes no toman en cuenta estos análisis y por eso pidió al Ministerio de Salud realizar un tamizaje más completo. Sin embargo, la respuesta que le dan es que no hay presupuesto.
Aún así, otros informes de la Dirección Regional de Salud de Tumbes detallan concentraciones de plomo y arsénico en el agua que toman sus habitantes, pues la consumen directamente del río y en la mayoría de casos sin tratamiento de potabilización, según consta en los oficios de la Defensoría del Pueblo.
Mapa de la cuenca binacional Puyango – Tumbes.
La contaminación es más que evidente, pero es un problema que no solo compete al Ecuador. En Tumbes hacen falta obras para tratar las aguas servidas que se descargan directamente al afluente. Por todo eso, el congresista peruano Napoleón Puño Lecarnaqué, originario de esta región e investigador de la UNT, impulsa un proyecto de ley para declarar de interés nacional el río Puyango – Tumbes y generar un plan de fitorremediación de la cuenca, es decir, un tratamiento para limpiar las aguas.
“Hemos visto morir al río y queremos verlo de nuevo vivo, aunque eso tomará unos 10 a 15 años”, dice Puño Lecarnaqué, quien ve con buenos ojos que la CIDH haya aceptado la demanda de Francisco Barreto para que así las autoridades de los dos Estados presten atención al tema.
Ecuador tuvo hasta finales de agosto para presentar sus descargos ante la CIDH y se espera que las dos partes lleguen a un acuerdo amistoso, antes que optar por un litigio. Barreto quiere eso: que ahora los dos Estados se sienten a resolver el problema y no llegar a otras instancias.
Pero no todo es optimismo; la demanda podría interferir en un proyecto binacional que los dos países pretenden construir sobre la cuenca del Puyango-Tumbes.
En 1971 Perú y Ecuador firmaron un convenio para construir presas a los dos lados de la frontera y así aprovechar el agua del Puyango – Tumbes en sistemas de riego. Sin embargo, durante estas casi cinco décadas no han logrado tener los estudios definitivos y la contaminación del río se convirtió en un obstáculo. Del lado peruano tienen la película clara: necesitan agua limpia. Del lado ecuatoriano no está claro cómo combatirán la contaminación.
Vistazo y Mongabay Latam pidieron información y entrevistas al Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), que absorbió recientemente a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Esta última entidad llevaba las directrices de los estudios de infraestructura, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. A la Cancillería ecuatoriana se le hizo el mismo pedido, pero tampoco contestaron. De la misma manera, se requirió entrevistas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y al gobernador regional de Tumbes, pero tampoco se obtuvieron respuestas.
No obstante, para este reportaje se pudo revisar un documento de la extinta Senagua, con fecha de enero de 2020, que detalla que en Ecuador se pretende construir la represa Marcabelí y en Perú las represas Lindachara, Matalapo y Lomillo. Por su parte, en Cazaderos, pueblo ecuatoriano en el límite fronterizo, se edificaría una presa común a los dos países. Estas obras, en su totalidad tendrían un costo de 298 millones de dólares: la opción más barata. Hay otras alternativas de infraestructura que implicarían gastos que superarían los 600 millones de dólares.
Pero hay un gran obstáculo: si no se descontamina el río Puyango-Tumbes, las represas atraparían los sedimentos de la minería y se convertirían en un pasivo ambiental de grandes proporciones. Según una presentación de la Cancillería de Perú sobre este proyecto, el mayor reto en la cuenca alta es la minería, mientras en la cuenca baja hacen falta sistemas para tratar las aguas servidas y la basura.
Para Emilio Cobo, oficial del programa de Servicios Ecosistémicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el proyecto binacional debe ser reevaluado porque el caudal del río no lograría abastecer la demanda de riego y sería insostenible en el mediano y largo plazo. “Se pretende cultivar arroz y caña de azúcar, que requieren mucha agua, cuando se deberían comprender las características actuales de la cuenca y encontrar cultivos apropiados como frutales”, dice.
Cobo explica que el río ya tiene problemas de estrés hídrico por la minería, la deforestación y la expansión de la agricultura, por lo que se requieren nuevos estudios. Francisco Gordillo, de Foragua, también cree que el proyecto está pensado solo a nivel de infraestructura, sin tomar en cuenta la conservación del agua y la fragilidad del bosque seco tropical que domina en la cuenca del Puyango – Tumbes.
Las condiciones extremas del bosque seco hacen que en esta zona haya una importante cantidad de especies que solo habitan allí. Solo en aves hay unas 200 especies, de las cuales 45 serían endémicas. La urraca coliblanca (Cyanocorax mystacalis), el tirano de Tumbes (Tumbezia salvini) o el trogón ecuatoriano (Trogon mesurus), son aves exclusivas de estos bosques; al igual que un mamífero como el “zorro de sechura” (Lycalopez sechurae).
Bosques de guayacanes. Foto: Ministerio de Turismo de Ecuador.
Carlos Iván Espinosa, biólogo e investigador del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Sistémicos de la Universidad Particular de Loja (UTPL), lamenta que durante mucho tiempo no se haya prestado atención al bosque seco porque pasa la mayor parte del tiempo como inerte y solo florece un par de meses al año. Es por eso que, según dice, hace falta mucha investigación.
Este ecosistema es tan importante que, en 2017, la Unesco declaró como Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz a una extensión de 1,6 millones de hectáreas del bosque seco entre Ecuador (501 040 ha) y Perú (1 115 948 ha).
Poco a poco hay más esfuerzos para la conservación de estos bosques y su vida silvestre. La ONG Naturaleza y Cultura, implementó una reserva de 10 mil hectáreas en Cazaderos, donde especialmente se estudia a una población del cocodrilo americano (crocodylus acutus) que pocos imaginaban encontrar en esta zona pues estos reptiles normalmente viven más cerca del mar. Aunque tienen censados 56 ejemplares, la población quizá supere los 100, dice Darwin Martínez, ingeniero forestal y guardaparque de esta reserva.
Bosques de guayacanes en temporada seca. Foto: Ministerio de Turismo de Ecuador.
El objetivo, explica Martínez, es hacer una caracterización genética de estos animales para determinar qué diferencias tiene la especie con ejemplares de otras zonas del país, y también hacer un análisis genotóxico para saber los niveles de contaminación a los que están expuestos, ya que se ubican entre una quebrada y el río Puyango.
Todas estas consideraciones deben tomarse en cuenta para avanzar con el proyecto binacional de riego, dice Emilio Cobo, de UICN. Además, señala que no hay que olvidarse de los acuíferos o aguas subterráneas que se van secando con la pérdida de bosque, lo cual es un riesgo porque la gente usa esas aguas para consumo a través de pozos. La UICN ha presentado estos reparos a Perú y Ecuador, a través de la Comisión Binacional, pues brinda su asesoría en temas de gobernanza de cuencas transfronterizas y conservación.
El problema que enfrentan los dos países en el manejo de la cuenca no se solucionará de la noche a la mañana, recuperar el río tomará años o décadas, pero es algo que no se puede aplazar más. “Espero que la demanda en la CIDH sea un jalón de orejas para los dos gobiernos. Quizá nosotros no veamos nuevamente el río limpio, pero lo podrán disfrutar nuestros nietos”, dice Francisco Barreto de la Federación de Agricultores de Tumbes en Perú.
Lee aquí la segunda entrega del Especial Ríos Binacionales: la minería y la contaminación no saben de fronteras:
*Imagen principal: Plantas de procesamiento en el sector El Pache en el cantón Portovelo. Foto: Cortesía Agencia de Prensa Minera.
