Los primeros casos de la reciente ola de tráfico de jaguares en Sudamérica se reportaron en Surinam a inicios de este siglo. Desde entonces las mafias operan impunemente, sobre todo en áreas protegidas como el parque Brownsberg.
Las autoridades de Guyana señalan que se encuentran en etapa preventiva para frenar el avance del tráfico del felino. Sin embargo, algunos científicos sospechan que los criminales podrían haber sumado a este país a la ruta para enviar partes de jaguar a Asia
Era 1999 cuando la organización Traffic escuchó, por primera vez, que en un cargamento de partes de felino encontrado en China se hallaron también restos de jaguar. Parecía un caso aislado, recuerda Richard Thomas, experto de esta entidad que se dedica a la vigilancia mundial del comercio de vida silvestre. Pero no fue hasta dieciséis años más tarde, en abril de 2015, que este hecho cobró relevancia para Thomas, cuando un colega le confirmó que el gran felino de América estaba en la mira de los traficantes: “Acabo de estar en Surinam —le dijo a través de un correo electrónico— y las autoridades nos han mostrado un cadáver congelado de jaguar. Fue decomisado a unos ciudadanos chinos”.
En esta historia hay un detalle que no puede pasarse por alto: los traficantes habían desechado la piel del animal, uno de los bienes más valiosos para las mafias que operaban a mediados del siglo pasado. Lo que importaba ahora eran los huesos, colmillos y garras. La segunda ola del tráfico de este felino tenía otros motivos.
La abogada especializada en delitos contra la vida silvestre, Pauline Verheij, recogió también en Surinam testimonios que involucran a ciudadanos asiáticos en el tráfico de partes de jaguar. Indica que los datos que obtuvo abarcan los últimos veinte años. Verheij aún recuerda que en medio del estudio que realizó sobre la situación del felino en ese país para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL), conoció a un ex agente del servicio forestal nacional que le aseguró que en el 2003, cuando se acercó vistiendo su uniforme de oficial a un supermercado chino en Paramaribo, capital de Surinam, el dueño sin mediar palabra lo interceptó y le dijo:
—Vas mucho al bosque, ¿no?
—Sí, por mi trabajo.
—La próxima vez que vayas, tráeme un jaguar. Me interesa la cabeza.
El agente se quedó en shock ante el pedido directo del propietario de nacionalidad china, cuenta Verheij. “Te demuestra —agrega la experta— cuán poco respeto se le tenía a las autoridades en ese entonces”.
Un jaguar se acerca a la cámara trampa en Rewa Village, en la región central de Guyana. Foto: Rupununi Wildlife Research Unit.
Varios años después de estos episodios, el comercio ilegal del felino se ha vuelto más secreto, señalan Verheij y otros expertos consultados por Mongabay Latam. Paul Ouboter, presidente del Instituto de Vida Silvestre Neotropical y Estudios Ambientales (NeoWild) en Surinam, comenta que un año atrás cuando realizaban una investigación en el oeste del país, le pidieron a una compañía china que tenía una concesión maderera en la zona que les permitiera armar un campamento en sus instalaciones para pasar la noche. El encargado de la concesión aceptó, pero les hizo una advertencia:
—Está bien, pero no se alejen ni entren al bosque porque hemos puesto trampas para animales.
—¿También atrapan jaguares?, preguntaron los científicos.
—Sí.
El tráfico de partes de jaguar es un enemigo al que las autoridades de Surinam no han logrado vencer. Y el temor de los investigadores y organizaciones que velan por esta especie es que el problema terminé expandiéndose al país vecino, Guyana, y que este se convierta en parte de la ruta utilizada por las mafias. ¿Cuál es la situación del jaguar en estos países de América del Sur?
Las alertas y llamados de emergencia mundiales sobre el tráfico de jaguar en Surinam pueden dar la impresión de que hay acciones en marcha. La realidad, no obstante, es otra: no existe una entidad oficial que esté recopilando los pocos datos científicos que se generan, ni que haya podido identificar un mapa de peligros para el felino y menos que trabaje en medidas para salvaguardarlo.
El principal obstáculo para poder proteger a este felino en Surinam es la falta de información. “Aunque han habido intentos desde el gobierno para mejorar la recolección de datos con el apoyo de entidades como Conservación Internacional, aún no se logra por completo. Los datos están dispersos o son poco confiables, entonces no podemos entender bien qué está pasando ni intervenir apropiadamente”, dice Minu Parahoe, directora de la organización Amazon Conservation Team en Surinam, quienes estudian al jaguar con cámaras trampa desde el 2016.
La minería ilegal es uno de los drivers más fuertes de deforestación en Surinam y atenta contra el hábitat del jaguar. Foto: Amazon Conservation Team.
Polen Cisneros, oficial del Programa de Delitos contra la Vida Silvestre del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), comenta que del 2018 en adelante se ha vuelto muy difícil acceder a datos públicos sobre incautaciones de partes de jaguar en ese país. “En nuestro análisis sobre la situación sobre las entidades encargadas del cumplimiento de la ley en Surinam encontramos que no cuentan con una base de datos oficial sobre estas operaciones por falta de recursos económicos y falta de personal especializado”, indica la experta. IFAW trabaja tanto en ese país como en Guyana en el marco de la Operación Jaguar, un proyecto desarrollado por la UICN NL.
Mongabay Latam buscó la opinión de la División de Conservación de la Naturaleza del Servicio Estatal de Manejo Forestal de Surinam, pero no obtuvo respuesta.
Vanessa Kadosoe, investigadora de Neowild, agrega que la falta de estudios tampoco permite cuantificar realmente si existe una pérdida significativa del jaguar producto del tráfico o del conflicto con humanos. “La amenaza crece y se cree que el número de la población está cayendo”, dice la científica.
La última vez que se trató de estimar el tamaño de la población de jaguares en el país fue en el 2018, cuando un equipo de científicos liderado por Wlodzimierz Jedrzejewski estableció que en Surinam existían alrededor de 3190 jaguares y un promedio de 2.24 por cada 100 kilómetros cuadrados. Kadosoe, quien junto a Paul Ouboter y un equipo de expertos realiza desde hace ocho años una investigación en el Parque Natural BrownsBerg, señala que en el área protegida existen alrededor de 1.68 individuos por cada 100 km2. Una cifra preliminar que podrá confirmarse cuando el estudio concluya.
Para Thaís Morcatty, bióloga especialista en tráfico de vida silvestre y candidata a doctora de la Universidad de Oxford Brookes, la ausencia de cantidad y calidad de datos sobre el jaguar es una característica que cruza Sudamérica y Centroamérica. “Conseguir las bases de datos oficiales de incautaciones de partes de jaguar —indica Morcatty— fue muy difícil. Hay países que no cuentan con ellas. Los gobiernos tienen que hacer esfuerzos para tener una mejor recopilación para comprender esta información”.
Hasta hace unos años, publicar este tipo de fotos, con los cadáveres de jaguar como trofeos, era cotidiano. Esta imagen circuló en febrero del 2018 y la leyenda señalaba que era en un campamento minero de oro. Foto: Difusión en Facebook.
Los esfuerzos por armar el rompecabezas del tráfico de partes de jaguar ha reunido a instituciones como WWF, que en el 2010 realizó la primera investigación para entender esta red criminal y calculó, solo en base a sus más de 60 entrevistas, que entre el 2007 y el 2009 se habían asesinado a 14 jaguares para la venta de sus colmillos y carne. En el 2018, World Animal Protection volvió a alzar la voz de alarma sobre la extracción de partes de jaguar por las mafias y, un año después, la UICN NL sumó un reporte sobre comercio ilegal de vida silvestre en Surinam en el que incluyó al jaguar.
El uso de los huesos de diferentes felinos para reemplazar a los del tigre apareció como la principal causa para el tráfico con destino a Asia, indica el último reporte del crimen mundial de vida silvestre de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El informe señala que “de acuerdo con la UICN, el jaguar es considerado un reemplazo para los huesos de tigre para la medicina tradicional en Asia”.
Verheij agrega que en China no hay una palabra distinta para tigre, leopardo o jaguar, ya que todos son vistos como distintos tipos de tigre . “En el mismo Surinam —precisa la especialista— se refieren al jaguar coloquialmente como ‘Tigri’ ”. Morcatty añade que frente al declive de la población de tigres, el jaguar se ha convertido en un sustituto y no solo para la medicina. “El artículo más incautado son colmillos, y estos son usados para joyas y artículos de decoración”, comenta la investigadora brasileña.
Durante el trabajo de campo, Pauline Verheij pudo identificar además otra característica distinta a la encontrada en otros países: la pasta de jaguar como producto. “Los ciudadanos chinos empezaron a incursionar en esto, hierven todo el cuerpo del jaguar por siete días hasta convertirlo en una pasta marrón. Para exportarlo, utilizan otros aditivos para ocultar el fuerte olor”, detalla la abogada. El reporte de World Animal Protection comenta que cada jaguar se puede reducir a 20 o 30 recipientes que en China se venden entre US$785 y US$3000. Las propiedades que se le atribuyen a este producto, aunque no existen estudios científicos que lo avalen, van desde el alivio de la artritis hasta la mejora del rendimiento sexual.
La científica Vanessa Kadosoe, quien también es investigadora de la Colección Zoológica Nacional de Surinam, señala que este es un negocio lucrativo y esa es una de las principales razones por las que se mata al jaguar en Surinam: en promedio se puede vender a 4 mil dólares un jaguar, en un país donde casi la mitad de los 558 mil habitantes viven en la pobreza. El índice de pobreza es precisamente uno de los indicadores que consideró Morcatty dentro de las variables que hacen más propenso a un país con población de jaguares a involucrarse en el tráfico de sus partes. “Considerar los factores socioeconómicos como la corrupción también nos ayuda a entender estos comportamientos”, dice la investigadora a Mongabay Latam.
En la imagen captada por una cámara trampa aparece Philip, el actual ejemplar dominante macho del Parque Natural Brownsberg. Foto: Institute for Neotropical Wildlife and Environmental Studies (NeoWild).
En general, Surinam es un país con pocos recursos para atender sus problemas. “La policía forestal no tiene gasolina ni para las patrullas, así que hay poco cumplimiento de la ley”, dice Verheij. “La cacería y el comercio ilegal están activos y a pesar de que se conoce esto, no hay suficiente presupuesto para controlarlo”, añade el doctor Ouboter de NeoWild.
Otro punto que advierte Morcatty está relacionado a cómo las inversiones legales chinas, que generan un intercambio monetario entre el país asiático y el latinoamericano, pueden servir de fachada para la ilegalidad. Ante la alerta internacional de la participación de ciudadanos chinos en estos actos ilícitos, la embajada china publicó en el 2018 advertencias a sus compatriotas para dejar claro que cazar, consumir y enviar partes de jaguar es un delito. “Incluso había paneles en las calles con esta información en chino”, dice Kadosoe.
En Surinam no existen grandes inversiones en infraestructura, señalan Kadosoe y World Animal Protection, pero sí un gran intercambio, tomando en cuenta que entre el 80 y 90% de los supermercados del país son propiedad de ciudadanos chinos. “Hay una fuerte presencia china también en la industria maderera, que tiene concesiones en el bosque”, agrega Pauline Verheij.
Los madereros son los que abren caminos donde antes no había, explica Paul Ouboter. Este es considerado un grave problema, si se considera que el 93% del territorio de Surinam es zona de amortiguamiento forestal. El mayor riesgo, además, se vive en las áreas naturales protegidas como el Parque Natural Brownsberg, donde Ouboter, Kadosoe y otros investigadores han registrado, a través de cámaras trampa, la abundancia de este animal.
Desde el punto de vista logístico, realizar estudios en el parque es una actividad peligrosa. “En los ocho años de investigaciones nos han robado o dañado equipo valorizado en dos a tres mil dólares, entre cinco a seis cámaras trampa”, dice la bióloga Vanessa Kadosoe. “Hemos tenido hasta 27 cámaras activas, pero por seguridad estamos guardándolas”, asegura.
El último ingreso ilegal al área protegida de BrownsBerg que registraron las cámaras trampa fue este año, en medio de la cuarentena en Surinam. Este sujeto también intentó robarse la cámara que le toma la foto, felizmente sin éxito. Foto: Institute for Neotropical Wildlife and Environmental Studies (NeoWild).
La científica presume que el motivo más importante para destruir o llevarse las cámaras es para no dejar registro de la presencia de los cazadores o mineros ilegales dentro del área protegida, ingresos que han aumentado en medio de la pandemia por la falta de control en estas zonas. “Esta última vez obtuvimos incluso el rostro de la persona que se acerca, pero no vamos a la policía porque ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y nos dicen que no pueden hacer mucho”, comenta.
Según el último reporte del gobierno de Surinam, un estimado de 40 mil personas vive dentro y alrededor de las minas de oro en el país, pero de estas solo 18 mil están debidamente registradas. Aunque parte de esta población se encuentra en áreas protegidas como Brownsberg, también se pueden hallar en las fronteras con las otras Guyanas e incluso con Brasil. “No hay gran control en la frontera sur y este, por ejemplo, y hay gran cantidad de minería aurífera ahí. Cualquier tipo de ilegalidad puede ser fácil de cruzar”, añade Kadosoe. De acuerdo con la investigadora de Neowild, se ha encontrado que la carne de caimanes (Caiman crocodilus) y agouti (Dasyprocta leporina) es llevada a la Guyana Francesa para venderla.
En el aspecto legal, aunque está prohibido todo este tipo de actividades, Minu Parahoe de Amazon Conservation Team confirma que hasta la fecha no hay ningún caso judicializado, ni siquiera aquel de 2015 que registró Traffic en el que se encontró en posesión un jaguar entero. “Es una especie protegida, pero solo en el papel”, agrega Kadosoe.
Guyana podría convertirse en parte de la ruta que usan las mafias para traficar partes de jaguar, sostienen científicos de Surinam. Evi Paemelaere, fundadora de People & Wildlife Solutions, ha investigado durante diez años al jaguar en Guyana y cree que la permeabilidad de las fronteras puede facilitar la ilegalidad. De hecho, el único caso de tráfico de jaguar que tiene registrado el gobierno guyanés fue uno detectado en la frontera con Surinam, en el que se pretendía pasar partes de jaguar desde Guyana.
“El jaguar camina por todo Guyana”, comenta Paemelaere. Lemuel Cromwell, director de Monitoreo y Cumplimiento de la Comisión de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de Guyana, indica que el hábitat del jaguar se extiende en las diez regiones administrativas y los 215 mil kilómetros cuadrados, el territorio total de ese país.
En Guyana se calcula que hay una población importante de jaguares: desde el conservador 2.09 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados hasta los aproximadamente 6 jaguares por 100 km2 que encontró el biólogo Matthew Hallet en sus estudios al sur del país.
Los científicos Matthew Hallet y Fernando Li fundaron el grupo de investigación Rupununi Wildlife Research Unit en Guyana, ubicado en la región sureña de Rupununi. El objetivo principal era trabajar con la población indígena Makushi y Wapichan para que puedan tener herramientas que les permitan monitorear su biodiversidad, entre ellas, la abundancia del jaguar.
“Esta es una de las áreas más prístinas de Guyana”, comenta el biólogo Hallet a Mongabay Latam. A diferencia del resto del país, no tiene presión de la minería de oro ilegal —el principal motor de deforestación de Guyana—, lo que ha permitido al jaguar y a sus presas extenderse sobre la rica geografía de la zona: bosque tropical, sabanas, humedales y montañas.
Hallet explica que en la región Rupununi que colinda con Brasil, el jaguar transita libremente, aunque en los últimos años, el hábitat disponible para el felino ha disminuido en Brasil. “Lo que vemos en los mapas es que la deforestación por agricultura se ha extendido incluso cerca de la frontera con Guyana”, dice el biólogo.
Este gran ejemplar de jaguar fue captado por una cámara trampa del equipo de investigación que integra el biólogo Matthew Hallet. Se encuentra cerca de Dadanawa Ranch, al suroeste de Guyana. Foto: Rupununi Wildlife Research Unit.
Para el funcionario estatal Cromwell, Guyana se encuentra en “una etapa preventiva” para evitar que el tráfico de partes de jaguar crezca. Desde el 2017 realizan capacitaciones en distintas partes del país para informar sobre la ilegalidad de esta práctica que tiene como pena de cárcel tres años y una multa de US$10 mil. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún detenido ni multado. “Estamos haciendo trabajo correctivo para asegurarnos que nos quedemos en esa etapa preventiva”, dice Cromwell.
Sin embargo, al menos se conoce un caso registrado en el 2013 en los alrededores de una empresa forestal, donde se ofrecía recompensas a cambio de jaguares. Al igual que en Surinam, las concesiones son otorgadas sobre todo a ciudadanos chinos. La científica Paemelaere cuenta incluso que en esa época, conversando con empresarios de una prestigiosa maderera de origen chino para solicitarle permiso de investigar en los alrededores de su concesión, ellos sacaron su teléfono y le enseñaron fotos de un jaguar muerto.
“Pregunté de dónde eran esas fotos y nos comentaron tranquilamente que se los traían”, comenta la investigadora. Quedó impresionada con la normalidad con la que podían hablar de este tipo de comercio ilegal con biólogos.
Pauline Verheij remarca que el caso de Guyana es interesante porque, al tener un ecosistema y un tipo de etnicidad en la población muy parecida a la de Surinam, además de contar con una comunidad asiática en rápido crecimiento, todo indica que podría repetirse una situación similar con respecto al tráfico del jaguar. “Las comunidades chinas entre Surinam y Guyana están conectadas, a diferencia de otros países. Hay personas que tienen negocios en ambos lugares, como supermercados, por lo que hay un intercambio económico que ya existe”, agrega.
Cromwell señala que si bien conocen que existe un mercado ilegal de partes de jaguar, este es “oportunista”; es decir, cuando hay jaguares muertos a raíz de conflictos con humanos se venden a los intermediarios. El funcionario indica que aunque sí hay penas por este tipo de actividades ilícitas, está permitido matar jaguares en defensa propia, aunque tiene que reportarse lo sucedido ante la Comisión de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de Guyana.
El trabajo que realiza el biólogo Matthew Hallet al centro y sur de Guyana ha permitido documentar gran cantidad de jaguares, como este que se encontró en Saddle Mountain Ranch. Foto: Rupununi Wildlife Research Unit.
“Primero se les pide a las comunidades que nos avisen cuando hay un jaguar cerca de sus predios para que podamos reubicarlo”, remarca Cromwell. Sin embargo, reconoce que gran parte del territorio guyanés es inaccesible, así que no siempre se puede llegar a tiempo para atender el problema. “En promedio recibimos dos reportes mensuales de encuentros con jaguar y que tuvieron que asesinarlo en defensa propia”, añade. El funcionario no puede asegurar que esas partes no terminen en el mercado ilegal.
Pese al aparente estado inicial del problema de tráfico en Guyana, este escenario podría cambiar rápidamente. Polen Cisneros, oficial del Programa de Delitos contra la Vida Silvestre de IFAW, señala que el reciente descubrimiento de yacimientos de gas y la inminente llegada de empresas para explotarlo provocará pronto un mayor movimiento de personas en espacios donde habita el felino.
Desde la Operación Jaguar, IFAW ha podido coordinar con las autoridades de Guyana la organización de talleres para mejorar las coordinaciones entre las entidades gubernamentales que deben hacer cumplir la ley —por ejemplo, la Comisión de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y la Policía—; además los asesorarán durante los próximos meses para crear una estrategia nacional que combata los delitos contra la vida silvestre. “En Latinoamérica en general se necesita una respuesta política de peso contra estos crímenes para que se ponga atención sobre ellos”, dice Cisneros.
Para Richard Thomas de Traffic, el gran problema en ambos países y en muchos otros que lidian con el tráfico del jaguar es la falta de seguimiento en la investigación criminal. “Las incautaciones deben ser el punto de partida, no el de conclusión”, comenta.
La bióloga Thaís Morcatty comenta que las embajadas de los países de destino del tráfico —como lo es China— tienen que involucrarse, para ayudar así a vencer la barrera del lenguaje y evitar este tipo de comportamientos. “Las redes criminales se comunican en un idioma que no dominan las autoridades locales, por eso sigue sucediendo sin que tengan idea cómo detenerlo”, anota Pauline Verheij. Pero como el primer eslabón de la cadena siguen siendo las poblaciones locales, Thomas resalta la importancia de sumarlas a esta lucha y convertirlas en reales custodios de la vida silvestre.
Imagen principal: En las investigaciones que desde hace ocho años realizan Vanessa Kadosoe, Paul Ouboter y otros científicos en el Parque Natural BrownsBerg han encontrado a varios cazadores y mineros ilegales que ingresan al área protegida. Foto: Institute for Neotropical Wildlife and Environmental Studies (NeoWild).
Nota del editor: Mongabay Latam recibe fondos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL) para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los jaguares en Latinoamérica. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
