- México importa casi 67 por ciento de la madera que consume. Los productores que hacen un manejo sostenible de sus bosques enfrentan dificultades para ser competitivos en un mercado afectado por la madera proveniente de plantaciones comerciales, de países como Chile, y el comercio ilegal trasnacional.
La industria forestal mexicana está dominada por la madera importada. De los poco más de 27 millones de metros cúbicos de madera en rollo que se consumen anualmente en el país, apenas 9 millones se producen localmente; así que cerca del 67 % proviene del exterior, de acuerdo con datos que reporta la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el informe Estado que guarda el sector forestal en México, 2019.
En términos económicos, de acuerdo con datos de la Conafor, México importa productos forestales maderables —incluyendo celulosa y papel— por un valor de 8214 millones de dólares y exporta apenas 2030 millones, lo que genera una balanza comercial deficitaria de 6184 millones de dólares.
Everardo Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales en México (Imexfor), atribuye esta situación al estancamiento de la producción local: “la industria forestal no ha tenido crecimiento en los últimos 15 años y eso ha hecho que las necesidades del país hayan tenido que satisfacerse con la importación”.
El 76 % de la madera que se produce en el país proviene de bosques comunitarios; el resto es de predios privados y plantaciones. Y aunque México destaca a nivel nacional por ser pionero en el manejo forestal comunitario, este modelo de aprovechamiento sustentable de los bosques sigue muy acotado: de los poco más de 15 mil ejidos y comunidades que pueden considerarse forestales, solo 2943 operan algún tipo de aprovechamiento comercial de sus recursos; de ellas, poco menos de 1300 han logrado crear empresas forestales comunitarias y solo alrededor de 50 realizan procesos de transformación de segundo nivel de la madera, para producir desde triplay hasta muebles, de acuerdo con datos de la Conafor.
Además, aquellos ejidos y comunidades que han logrado llegar a la escala mayor de producción de madera enfrentan varias dificultades para ser competitivas: “Nos hace falta mejorar en nuestros procesos del aprovechamiento e industrialización de la madera, mejorar el proceso de trabajo en las comunidades para que la producción se incremente”, reconoce Israel Santiago García, director general de Empresas Forestales de Pueblos Mancomunados, en Oaxaca.
Esos retos productivos fueron cuantificados a nivel nacional por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización Reforestamos México, que en 2014 elaboraron el Índice de Competitividad Forestal Estatal, que arrojó resultados poco alentadores. Después de analizar 42 indicadores económicos, ambientales y sociopolíticos, el estudio concluyó que “no existen bosques competitivos” en México, y que incluso los tres estados mejor calificados (Coahuila, Chihuahua y Nuevo León), alcanzaron un puntaje máximo de 57 puntos sobre 100.
El reporte de IMCO y Reforestamos México advierte, sin embargo, que esa situación contrasta con la riqueza y superficie de los bosques mexicanos: por una parte, señala, México es uno de los 17 países megadiversos del mundo; por otra, “…mientras que nuestra superficie forestal es tres veces la de Finlandia, su producción es diez veces mayor a la nuestra”.
No son los únicos en llamar la atención sobre esa paradoja. En el documento sobre su Proyecto de fortalecimiento empresarial en paisajes productivos forestales, publicado en enero de 2018, el Banco Mundial calcula que México tiene la capacidad para aumentar su producción de madera “a más del doble” de su volumen actual, y asegura incluso que el país “…tiene el potencial para producir sosteniblemente 60 millones de metros cúbicos de madera en rollo”.
Es a partir de ese contexto que el Banco Mundial plantea que un crecimiento anual de la producción forestal entre 1 y 3 %, además de viable, permitiría, para 2025, cuadruplicar el número de personas que trabajaban el sector en 2015 (373 873), logrando un incremento de 23 143 empleos por año.
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Los retos de la apertura comercial
El estancamiento de la capacidad productiva local no es, sin embargo, el único factor que explica la balanza comercial deficitaria del sector forestal mexicano.
De acuerdo con datos del Diagnóstico del Comercio Internacional Forestal, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conafor, ese déficit también se explica por la apertura comercial que México inició en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que eliminó los aranceles de los productos forestales provenientes de Canadá y Estados Unidos. Este último es líder mundial en la producción industrial de madera en rollo.
Hoy, México es uno de los países con más acuerdos de libre comercio firmados en el mundo. Entre ellos destacan el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, ya que generaron las condiciones para la importación de madera desde Sudamérica, donde Chile y Perú han emprendido ambiciosas políticas de promoción a las plantaciones forestales comerciales.
De acuerdo con datos de Global Forest Resources Assessment 2020, de la FAO, Chile cuenta hoy con 3 185 000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales y Perú con 1 088 000 hectáreas (México tiene apenas 100 mil), en las que se cultivan árboles de rápido crecimiento que permiten producir madera a menor precio.
Los efectos de esa apertura han sido evidentes para las empresas forestales comunitarias mexicanas: “El precio que ellos manejan es mucho más bajo que el que nosotros manejamos. Sabemos que la calidad de nuestra madera es mucho mejor, pero el cliente prefiere comprar barato y comprar más”, asegura Roque Alejandro Estrada Carreón, secretario del comisariado ejidal de El Largo y Anexos, en el estado de Chihuahua, una de las empresas forestales comunitarias más consolidadas en el aprovechamiento de pino y encino del norte de México.
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Al sur del país, en Oaxaca, el panorama no se percibe de manera distinta. Israel Santiago, de Pueblos Mancomunados, explica: “mucha de la madera que se importa viene de plantaciones forestales que están jugando un papel muy fuerte. Aquí en México, la mayor parte de la madera que se procesa proviene de bosques naturales. Entonces, el costo de aprovechamiento, el costo de producción de materia prima es muy alto”. Esto lo sustenta con datos comparativos: un metro cúbico de madera de importación se vende, en promedio, en 1300 pesos (58 dólares), cuando un metro cúbico de madera mexicana tiene un costo aproximado de 2603 pesos (116 dólares).
Héctor Anguiano, gerente de la comunidad forestal Nuevo San Juan Parangaricutiro, en el estado de Michoacán, recuerda que hace seis años, cuando la madera chilena comenzó a llegar a México les “pegó” por los precios bajos. Cuando su mercado se dio cuenta de que era madera “muy muy tierna, de plantaciones forestales; pero malita tanto para la construcción como para la elaboración de productos de acabado fino”, el boom de la madera chilena bajó y volvieron a buscarlos.
Desde Durango, Alfredo Corral, gerente de Grupo Sezaric, una de las empresas forestales comunitarias más exitosas del país, explica que la calidad de la madera mexicana, desarrollada con lentitud, sigue representando una fortaleza competitiva para los productores locales: “En dureza y manejo nada que ver con lo que viene de importación, porque son de plantaciones; es la bondad que nosotros tenemos y por eso hemos sobrevivido, porque hay sectores que saben de la calidad de nuestro producto, si no ya hubiéramos tenido que parar. Nuestra madera tiene muchos años de vida, la madera que viene de plantaciones es madera nueva que no tiene resistencia”.
Corral aprovecha esa diferencia para insistir en un reclamo que hacen los productores mexicanos de manera recurrente: “Las condiciones para extraer la madera en México son distintas a las plantaciones comerciales de otros países. Aquí se trata de bosques naturales, con topografía accidentada, que incrementa los costos en caminos, en extracción y en maniobras, ¿cómo es posible que no le pongan un arancel de entrada a la madera que viene de plantaciones que cortan árboles como si fuera maíz?”,
Anguiano, desde la comunidad forestal Nuevo San Juan Parangaricutiro, aclara que si bien en el caso de Chile “la comparación sirvió” para que los clientes reconocieran las diferencias de calidad, la entrada reciente de madera brasileña al mercado mexicano sí está impactando en el Norte, Sur y Occidente del país, porque se trata de una madera con características muy similares a la local.
Su percepción tiene sustento: Brasil cuenta con 485 396 000 hectáreas de bosques de regeneración natural, mientras que México tiene apenas 65 millones.
Es en parte debido a esas diferencias que la fijación de aranceles a las importaciones está lejos de contar con un respaldo unánime en México, donde las autoridades han avanzado de manera permanente en la simplificación de los trámites para la importación de madera. Everardo Martínez, presidente de Imexfor, señala que fijar aranceles sería “un error muy grave porque la producción nacional es muy limitada y no es limitada por las importaciones, es limitada de que no hay un trabajo a largo plazo para desarrollar la industria forestal en México”.
El Banco Mundial, sin embargo, ha planteado una ruta alterna, al proponer en su reporte Fiscal Instruments for Sustainable Forests, de 2019, que los productos forestales reciban un tratamiento fiscal definido no solo en función del volumen de producción sino también de los modos de producción, para incentivar prácticas sostenibles.
La propuesta del Banco Mundial coincide con los planteamientos de las empresas forestales comunitarias de México, que en distintos momentos han señalado la dificultad que enfrentan para que incluso las autoridades reconozcan la especificidad de su visión y su trabajo, que además de los criterios de eficacia productiva tienen como prioridad la creación de empleos, el manejo sostenible de los bosques, la prestación de servicios ambientales, la defensa de la biodiversidad y la inversión en servicios e infraestructura para la comunidad.
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¿La madera importada tiene origen legal?
Aunque México es un país forestal, depende de la madera que crece en bosques a miles de kilómetros de distancia y llega en buques a los diferentes puertos del país.
Si bien su ingreso implica complejidades administrativas, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no establece controles estrictos sobre el origen legal de esa madera. Los embarques que arriban desde Brasil, Estados Unidos, Malasia, Perú y China solo deben cumplir con la presentación de documentos fitosanitarios (para el control de plagas), presentar permisos emitidos por la Semarnat y ser sometidos a las inspecciones por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Varios organismos internacionales han llamado la atención sobre la poca capacidad de esta última dependencia para someter a inspección minuciosa a todos los cargamentos de madera. El área de Inspección y vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras informa que de 2012 a 2018 realizaron verificaciones en mercancías forestales a 404 303 tarimas y embalajes, sin embargo, no detallan en cuántos detectaron problemas con el origen de la madera ingresada al país.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), realizado después de la visita al país de una misión especializada, en 2014, advirtió que México debe “reforzar el sistema de inspección y verificación de la legal procedencia de la vida silvestre o madera”.
Ese mismo documento señala que el personal destinado a esa misión es insuficiente, dado que Profepa asignaba apenas 100 inspectores a los 65 puertos de entrada a México para la revisión de embarques de fauna, flora y productos forestales. En diversas ocasiones, Mongabay Latam ha solicitado una entrevista con funcionarios de Profepa, pero no se ha tenido respuesta.
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Por su parte, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), en su informe titulado El momento de la verdad, publicado en 2018, señala el riesgo de que el país no tenga controles rigurosos de la madera que ingresa: “El mensaje que México está enviando al mundo es que, aun si la madera importada ha sido extraída ilegalmente en su país de origen, igual puede ingresar libremente a los mercados mexicanos”. Y enfatiza que esto “afecta adversamente a las comunidades indígenas y locales y perjudica a los negocios legales en ambos extremos de la cadena de suministro”.
Ante esta problemática, la EIA señala que “existe una urgente necesidad por que México apruebe legislación que restrinja la importación de madera extraída ilegalmente, no solo para salvaguardar a sus productos maderables nacionales de la competencia desleal, sino también a las comunidades nativas y locales que son seriamente afectadas por la tala ilegal”.
Se trata, sin embargo, de una problemática que no es exclusiva de México.
En un webinar organizado en octubre de este año por la UNODOC, Jorge Eduardo Ríos, jefe del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, señaló que este tipo de crímenes son cometidos por organizaciones delictivas trasnacionales bien organizadas (no por individuos buscando negocios ocasionales en la economía informal) y, en consecuencia, enfrentarlos requiere la cooperación global para el desarrollo de marcos legales criminales, con penas que vayan mucho más allá de las simples sanciones administrativas, para que delitos como la tala y comercio ilegal de madera dejen de representar una opción de negocio de alta ganancia y poco riesgo para las organizaciones criminales.
En su informe 2019, la Global Forestry Enforcement, iniciativa creada en 2012 por la Interpol para romper las redes criminales internacionales que operan a lo largo de toda la cadena de valor de la madera, calculaba que la tala clandestina representaba entre 15 y 30 % de la producción global, y que su comercialización generaba ganancias de entre 51 y 152 mil millones de dólares al año.
La Interpol insiste en que, a diferencia de lo que sucede con el tráfico de drogas y de personas, crímenes que se persiguen de manera sistemática y que cuentan con marcos legales punitivos, el comercio ilegal de madera ofrece a las organizaciones criminales el doble atractivo de un marco legal poco riguroso y múltiples oportunidades de “blanquear” la madera talada de manera ilegal, incorporándola a los procesos productivos legales, dificultando el rastreo de su origen.
De hecho, Interpol define seis etapas de la cadena productiva de la madera en que el crimen organizado recurre a la la corrupción para “blanquear” madera ilegal: el otorgamiento de permisos de aprovechamiento (a extractores dispuestos a exceder los límites autorizados), la tala clandestina (detectada pero no combatida), el transporte (con la falsificación o alteración de guías de autorización), el procesamiento (en aserraderos que mezclan madera ilegal con legal), la exportación (con la emisión de certificaciones que faltan a la verdad, y la venta (con el soborno a inspectores).
En su informe, la Global Forestry Enforcement de Interpol ejemplifica el reto que enfrenta y la complejidad de su trabajo con dos operaciones que ha realizado; una de ellas, la Operación Amazonas II, involucró a México de manera directa.
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Entre 2015 y 2016, con la cooperación de agencias de 12 países latinoamericanos, Interpol investigó el tráfico de madera extraída de manera ilegal de la Amazonía peruana hasta que el 24 de noviembre de 2015 los investigadores peruanos lograron detectar que 96 % de la madera que constituía el cargamento del buque Yacu Kallpa (más de 9000 metros cúbicos), que estaba a punto de zarpar con destino a México y Estados Unidos, tenía un origen ilegal. Las autoridades de Perú no tuvieron tiempo suficiente para detener la embarcación en el puerto de Iquitos, por lo que Interpol rastreó todo su trayecto hasta a su llegada al puerto de Tampico, donde la embarcación y su cargamento fueron inicialmente incautados.
El reporte de Interpol no menciona que —como lo reveló una investigación de Ojo Público, W Radio y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas— el cargamento fue liberado e introducido al mercado mexicano a partir de febrero de 2016, gracias a la intervención de diplomáticos mexicanos y peruanos.
El Yaku Kallpa sigue en el puerto de Tampico —se adjudicó al Estado y se planea utilizarlo como buque escuela—, como evidencia de la más grande operación de incautación de madera ilegal que se haya realizado en América Latina, un territorio en el que está lejos de haber disminuído ese crimen a partir de entonces.
De hecho, en el webinar organizado por UNODOC, Christian Salazar Volkmann, director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina para la Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas, lanzó una alerta: “en este año la deforestación en la Amazonía, solo hasta abril, había aumentado 64 % en comparación con el año pasado”, lo que para él representa un indicador claro del posible incremento de todas las prácticas ilegales a partir de la pandemia.
“Es urgente que los estados hagan algo para contrarrestar el deterioro que muy probablemente vamos a ver este año y los que siguen”, aseguró Salazar Volkman al referirse a los retos específicos que enfrenta América Latina.
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Una defensa activa
De origen nacional o internacional, la madera ilegal representa entre 38 y 70 % de la madera que se consume en México, de acuerdo con datos de la Profepa, lo que significa una amenaza ambiental, así como una competencia desleal para las empresas forestales comunitarias, en especial para las que realizan fuertes inversiones para obtener certificaciones internacionales por el manejo sustentable de sus bosques.
Alfonso Argüelles, representante en México del Forest Stewardship Council (FSC), reconoce que suele pensarse que el costo de las certificaciones tendrá que pagarlo el consumidor, pero eso es algo que no siempre ocurre: “no hay ningún consumidor que quiera pagar más; lo que hay es consumidores que prefieren productos que sean certificados de origen y sobre los que se sepa toda la trazabilidad. Ahí están los grandes desafíos”.
Los empresarios forestales comunitarios reclaman con frecuencia que su producto certificado no siempre es pagado como se debería. Alfredo Corral señala incluso que para el grupo Sezaric, “el producto que menos nos da (ganancias) es el que tenemos en la certificación de la cadena de custodia”, y explica: “desgraciadamente no hemos encontrado el nicho de productos certificados”.
Israel Santiago, de Pueblo Mancomunados, sugiere una ruta para comenzar a hacer rentable la inversión: “Que todas las compras que hagan en los tres niveles de gobierno sean de productos certificados, eso fortalecería el tema de la certificación”.
Mauro Hernández, gerente de la empresa forestal de Ixtlán de Juárez, resalta que además de ser un tema económico, con la compra de productos certificados se respaldaría el trabajo de conservación de los bosques, pero él mismo señala que no han tenido mucho eco con esas iniciativas.
Una revisión de las licitaciones y compras de los últimos dos años hace evidente un avance desigual en ese sentido; la falta de una política unificada al respecto. Es posible encontrar desde una licitación publicada por el Banco de México que establece que “los licitantes deberán entregar certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera”, hasta otra, publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que el único requisito es la presentación de las certificaciones fitosanitarias.
Desde este complejo escenario global, los datos parecen no favorecer a las empresas forestales comunitarias de México; pero a pesar de todos los obstáculos que plantea la madera importada de manera legal y la que proviene de la tala clandestina, Israel Santiago García, de Pueblos Mancomunados, insiste en señalar desde Oaxaca: “La ventaja de las comunidades es que tenemos los bosques; somos dueños de los bosques, somos dueños de la materia prima. Esa es la gran fortaleza de las comunidades”.
Es desde esa fortaleza que las empresas forestales comunitarias de México enfrentan hoy el reto de consolidar proyectos competitivos en un contexto global.
* Imagen principal: Aserradero de la comunidad de Ixtlán de Juárez, donde se realiza manejo forestal comunitario.
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