- Más de 150 indígenas siekopai viajaron a Quito desde sus seis comunas para exigirle a la Corte Nacional de Justicia que reanude un proceso estancado desde el 2019 que buscaba proteger su territorio de invasiones. También le exigieron a otras entidades estatales que cumplan la Constitución ecuatoriana e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
- Mientras la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Judicatura asumieron compromisos de acelerar la gestión sobre el caso, el Ministerio de Agricultura desconoció la condición de ancestralidad del territorio siekopai.
*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
Al caer la noche del lunes 23 de agosto, desde las comunas Sewaya, Remolino, San Pablo de Kaatëtsiaya, Bellavista, Waylla y Eno, familias enteras de indígenas siekopai se embarcaron en buses para viajar a Quito. Se trató de la movilización más multitudinaria que este pueblo ancestral amazónico haya organizado en su historia. El objetivo: exigir que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acelere un proceso que lleva tres años de retraso y del cual depende el desalojo de un grupo de colonos que, desde hace 13 años, invadieron parte de su territorio, ubicado al nororiente del país, en la provincia de Sucumbíos.
La delegación de la nación siekopai —liderada por su presidente, Elías Piyahuaje— llegó al amanecer del 24 de agosto a la sede nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el norte de la capital. Luego de una reunión de planificación, los indígenas partieron a pie hacia el edificio de la Corte.
Azul, verde, amarillo, rojo. La palabra siekopai significa gente multicolor. Sus atuendos tradicionales recogen la variedad cromática de la selva amazónica y su capacidad de reproducir el entorno en la cotidianidad se muestra también en la larga tradición de hábiles pintores como Ramón Piaguaje, uno de sus más ilustres representantes. El pasado martes, la delegación lucía sus vestimentas tradicionales en medio del bullicio urbano y exigía respuestas a un problema que lleva muchos años.
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Funcionarios desinformados toman decisiones
“¡Fuera, ladrones, fuera!”, se escuchaba a lo lejos la tarde del pasado domingo 22 de agosto, cuando un equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora visitó la zona invadida en compañía del presidente de la nación siekopai, Elías Piyahuaje, y otros dirigentes de las comunas. Quienes gritaban eran los colonos que se habían establecido allí. “Es como si los pájaros estuvieran disparando contra las escopetas”, bromeó Piyahuaje y prefirió retirarse del lugar para “evitar problemas”.
Casi dos meses antes, el 5 de julio, debido a “la inoperancia del Estado”, según declaraciones del expresidente de los siekopai, y del actual director de Territorio, Justino Piaguaje, la nacionalidad y sus abogados notificaron pacíficamente a los invasores que serían desalojados de estas tierras que se encuentran dentro de los linderos que delimitan su territorio ancestral. Pero eso no fue suficiente.
Ángel González, representante legal de la nación siekopai, explicó que en el 2015 los indígenas propusieron una acción de reivindicación de dominio —recurso que permite recuperar un bien, cuando el predio está en posesión de un tercero— que incluyó los títulos de propiedad que el Estado ecuatoriano les concedió desde los años ochenta. Incluso se realizó una inspección judicial ese mismo año y se ratificó la propiedad de las tierras a favor de la nación siekopai. “Un juez multicompetente de Shushufindi dispuso la orden de desalojo pero los colonos apelaron a la Corte Provincial de Sucumbíos, que en 2018 volvió a determinar que el territorio es siekopai; pero los colonos impusieron un recurso de casación y propusieron una fianza de 300 dólares para suspender el desalojo y que el trámite pasara a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en julio del 2019”. El recurso de casación, en el sistema de justicia ecuatoriano, corresponde a la tercera instancia de un proceso y es el único que existe para llegar a la CNJ.
González también recuerda que en medio de ese ir y venir ante la justicia, “los invasores propusieron una demanda de amparo posesorio en 2014, en la que nunca existió sentencia, sino que en 2017 se declaró la nulidad de todo el proceso por no haberse citado adecuadamente a las comunidades indígenas siekopai. Por ello, lo único que hoy traba el desalojo de los colonos es el recurso de casación ante la CNJ”. Sin embargo, desde entonces el proceso se estancó en esa instancia y la respuesta de la CNJ al pedido ha superado el plazo razonable, que de acuerdo con la Ley no debería extenderse más allá de 45 días, y también ha agotado la paciencia de los siekopai que tuvieron que recurrir a la marcha y el plantón.
Las manifestaciones del pasado martes 24 de agosto ante el edificio de la Corte Nacional de Justicia obligaron a que el presidente de la entidad, Iván Saquicela, se pronunciara. En su despacho, Saquicela recibió a una comisión conformada por Elías Piyahuaje, el jurista Ángel González y el presidente de la comuna San Pablo de Kaatëtsiaya, Adonis Lusitande, y ante ellos reconoció el retraso de la CNJ y aseguró que el caso fue sometido a un nuevo sorteo y recayó sobre el juez Carlos Pazos, quien asumió la obligación de revisar si el recurso de tercera instancia de los colonos cumplía con los requisitos legales o no.
Mientras esto ocurría, otro grupo de indígenas también visitó a las autoridades del Ministerio de Agricultura (MAG), la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo, para exigir que el Estado, en su conjunto, proteja los derechos ancestrales sobre los territorios colectivos invadidos desde el 2008. Tanto la Asamblea Nacional como la Defensoría del Pueblo asumieron públicamente su compromiso de abrir agendas de seguimiento para que el caso se solucione con celeridad. En el Consejo de la Judicatura, funcionarios de la Dirección de Acceso a la Justicia y de la Dirección de Lucha contra la Violencia de Género reconocieron el retraso en la resolución y se comprometieron a levantar un informe que impulse el caso.
A pesar de todos estos anuncios, a Ángel González lo que realmente le preocupa es que al día siguiente de esa reunión con Iván Saquicela de la CNJ, recibió un oficio de parte del director distrital del Ministerio de Agricultura (MAG) de la provincia de Sucumbíos, Franklin Omar Dávila Molina, en el que se desconoce la condición de territorio ancestral y los instrumentos internacionales que protegen los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, y se obliga al pueblo siekopai a presentar una denuncia formal contra los colonos que están en su territorio.
A través de una entrevista telefónica, Dávila le dijo a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que el pueblo siekopai debe interponer una denuncia formal en contra de los invasores e identificarlos, y que dicha invasión no puede ser más antigua de 90 días para que el MAG pueda actuar, un plazo que aplica para territorios rurales del Estado más no para tierras ancestrales. Esto quiere decir que al tratar las tierras ancestrales de los siekopai como territorios rurales, los indígenas se quedarían sin la posibilidad de entablar una demanda pues la invasión data de muchos años atrás.
Dávila —quien representa al MAG en Sucumbíos, una de las provincias con mayor cantidad de población indígena— dijo que la invasión comenzó “hace 12 o 13 años, no estoy seguro […] el tema es que está en Corte Constitucional o Corte Nacional, no sé, no recuerdo”. Durante la entrevista, el funcionario también dijo desconocer en qué instancia se encuentra el proceso legal.
Apenas cinco días después de esa conversación telefónica con Dávila y seis días después de la protesta de la nación Siekopai, el conjuez Carlos Pazos emitió una resolución en la que rechazó el recurso de casación que pidieron los colonos. «Ahora se espera que se ejecute la sentencia y vuelva al juzgado de Shushufindi para que proceda la orden de desalojo», explicó González.
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La supervivencia de los siekopai está en peligro
La Constitución del Ecuador, en su artículo 57, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”. En 1982, el Estado comenzó a delimitar el territorio siekopai y en 1983 las tierras fueron oficialmente adjudicadas a la nacionalidad. El conflicto actual surgió cuando, en el 2008, un grupo de 23 colonos agrupados en una cooperativa denominada Nuevo Oriente, empezó a invadir el flanco suroccidental de una parte de sus tierras, correspondiente a 191 hectáreas de una zona llamada Kokaya, en el cantón Shushufindi. Esto a pesar de que esas tierras fueron adjudicadas al pueblo siekopai oficialmente en 1990 por el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac).
Los líderes siekopai llevan más de 13 años denunciando que el Estado no ha protegido su territorio ancestral de acuerdo con la Constitución, y que los operadores de justicia han entregado acciones posesorias a familias de colonos para que se asienten sobre su propiedad ancestral comunitaria. Un reciente informe del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica determinó que 86,46 de las 191 hectáreas están deforestadas. “Hay discriminación —dijo Elías Piyahuaje—, buscaron otro título pero no se puede dar título sobre título. La colonización traspasó por encima de nosotros”.
Y es que, además de la Constitución, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales también ordena el reconocimiento de los derechos colectivos sobre los territorios ancestrales, así como la garantía y adjudicación de la posesión ancestral, con base en “fundamentos históricos, antropológicos, socioeconómicos, normativos y culturales”. No obstante, el director distrital del Ministerio de Agricultura de la provincia de Sucumbíos, Franklin Omar Dávila Molina, afirma que su postura se sostiene en los artículos 118 y 119 de esa misma Ley, a pesar de que estos se refieren a tierras rurales estatales y no a territorios ancestrales.
Dávila también reconoció que no ha oído hablar del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, entre otras cosas, ordena a los Estados impedir que “personas extrañas puedan aprovecharse de las costumbres” de los pueblos ancestrales para adueñarse de sus tierras. “Tendría que revisarlo, mi estimado, tendría que revisarlo con mi asesor jurídico”, dijo.
Ángel González critica este desconocimiento de la Ley por parte de funcionarios del Estado como Dávila y asegura que se trata de “un ejercicio de discriminación”. Su afirmación reside en un hecho en particular: la población total siekopai no alcanza las 730 personas. “Si se les quita el territorio, la población está en riesgo”, sentencia González.
El Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1991, reconoce “el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos”, y le ordena a los gobiernos garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre los territorios habitados tradicionalmente. Es más, en su artículo 14, dice que: “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. Y más adelante dispone que la ley de los países suscriptores del convenio “deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.
Elías Piyahuaje, presidente de la nacionalidad siekopai, creía que la Corte Nacional de Justicia demoraría entre dos y tres meses en aclarar el proceso, pero se equivocó.
“¡Viva siekopai, compañeros!”, gritó Piyahuaje al salir de la reunión con Iván Saquicela en la CNJ. “¡Viva!”, respondieron los niños, las niñas, los hombres y mujeres, las ancianas y los ancianos, agitando sus túnicas de colores. Ahora solo esperan el momento del desalojo de los colonos.
*Imagen principal: Más de 150 de los 723 miembros de la nacionalidad siekopai marcharon el martes 24 de agosto hacia la Corte Nacional de Justicia, en Quito, para exigir celeridad en un proceso que hace tres años quedó estancado y que amenaza a su derecho sobre el territorio ancestral. Foto: Diego Cazar Baquero.
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