- Desde inicios de marzo varias poblaciones asentadas en la cuenca del río Dulcepamba, en especial la comunidad de San Pablo de Amalí, han pedido ayuda ante la creciente del río y la erosión de las riberas. La única vía que llega a la comunidad fue arrasada y estuvieron incomunicados varios días.
- Los pobladores responsabilizan a la empresa Hidrotambo S.A. y piden que se cumpla una resolución del Ministerio de Ambiente de 2019 que pedía rediseñar la obra. La compañía dice que los estragos son de origen natural, sin embargo, expertos y la Defensoría del Pueblo aseguran que la hidroeléctrica sí es responsable de que las crecidas del río cada vez sean más violentas.
“Quedamos aislados, no tuvimos acceso al centro médico, ni a comprar comida y medicinas. Pedimos que se nos reparen tantos daños que hemos sufrido. Tuvimos pérdidas de vidas humanas en el 2015. También hemos perdido animales, casas, sembradíos y no tenemos acceso al caudal ecológico del río Dulcepamba en el verano, cuando hay más de 3 kilómetros de río seco”, dice Manuela Pacheco, defensora del río Dulcepamba y habitante de la comunidad de San Pablo de Amalí, en el cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, en Ecuador.
Desde inicios de marzo de 2023, San Pablo de Amalí ha sufrido los fuertes efectos de la primera temporada invernal en esta zona de Ecuador. El río Dulcepamba ha crecido tanto que sus aguas han inundado la única vía de acceso que tiene la comunidad para llegar a la parroquia San José del Tambo. Durante varios días de marzo estuvieron completamente aislados.
Esta no es la primera vez que tienen que enfrentarse a los estragos de la crecida del Dulcepamba. Situaciones similares las han denunciado año tras año, desde el 2014, cuando se construyó la hidroeléctrica Hidrotambo aguas arriba de la comunidad. “Desde que vino la empresa Hidrotambo pasa esto. Hace 50 años que vivo acá y en invierno los ríos crecían mucho y se ponían bravos, pero nunca había pasado esto”, comenta Rosa Zapata, habitante de la comunidad de San Pablo de Amalí.
Cada invierno, el río Dulcepamba se vuelve más violento
Desde el 8 de marzo de 2023, la comunidad de San Pablo de Amalí, en la cuenca del río Dulcepamba, enfrentó nuevamente una situación de grave riesgo para la vida de sus habitantes, para sus fincas y para su única vía de acceso. Más de diez casas están en peligro inminente de ser socavadas por el río. Además, aproximadamente 600 personas de las comunidades San Pablo de Amali, Dulcepamba, Tendal y La Margarita estuvieron incomunicadas, sin acceso a alimentos y servicios de salud, debido a derrumbes invernales en la vía a Chillanes y a que el río Dulcepamba socavó e inundó la vía a San José del Tambo.
Aunque el caudal ha ido bajando en los últimos días, las comunidades, y las organizaciones ambientales y sociales que las acompañan aseguran que no se puede bajar la guardia. “Ha habido una pequeña pausa, pero estamos en plena época lluviosa y una amenaza como la de los últimos días puede volver a ocurrir en cualquier momento”, asegura Cecilia Cherrez, integrante de Acción Ecológica, una organización ecologista ecuatoriana que trabaja en la defensa de los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza.
Cherrez comenta que, desde que se construyó la hidroeléctrica Hidrotambo, también se ha ocasionado un proceso de erosión que “ya se ha llevado la vía en cinco ocasiones a lo largo de los años” y se han perdido fincas y sembradíos. Incluso, en 2015 la fuerza del río y su erosión arrasaron con 12 casas y cobraron la vida de tres personas en la comunidad de San Pablo de Amalí. “Desde inicios de marzo la gente tiene miedo de que se repita lo que pasó hace ocho años”, agrega Cherrez.
La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado varias veces desde el 2004, cuando inició el conflicto socioambiental por la construcción y posterior operación de la hidroeléctrica en la cuenca del río Dulcepamba. El pasado 19 de marzo, la entidad manifestó que desde hace varias semanas tuvo conocimiento de la crecida del río que puso en peligro a San Pablo de Amalí y los dejó incomunicados durante varios días. También aseguró que, más de una semana después, ninguna autoridad regional o nacional había tomado acciones, por lo que “ante el último evento de crecida del río Dulcepamba, alertamos a las autoridades nuevamente la grave situación de las comunidades de la cuenca del mencionado río”.
La entidad exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), provincial de Bolívar y cantonal de Chillanes, a garantizar la movilidad de las personas de las comunidades del río Dulcepamba, específicamente a las personas de San Pablo de Amalí, para lo cual, “deberán implementar las acciones necesarias para mantener habilitadas las vías alternas, hasta que se puedan generar obras de infraestructura para habilitar la única vía que une a San Pablo de Amalí con San José del Tambo […] gestionando acciones a favor de la comunidad, generando informes de análisis de riesgo y de alertas específicas para este sector del país”.
La Defensoría les pidió a los GAD adoptar las acciones necesarias para la realización de evacuaciones, habilitación de albergues, dotación de alimentos y medicamentos, en caso de que se determinen riesgos o afectaciones a las personas de las comunidades.
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Una hidroeléctrica que cambió la vida de 140 comunidades
Muchos de los pobladores de San Pablo de Amalí, y de otras 140 comunidades asentadas en la cuenca del río, responsabilizan a la empresa Hidrotambo S.A. de las crecientes del río en época de invierno y de la erosión que pone en peligro casas y cultivos. Dicen que esto ocurrió desde que la empresa cambió el cauce del afluente en 2014. Además, alegan que la hidroeléctrica acapara toda el agua y que esto pone en peligro el aprovechamiento para consumo humano, para la soberanía alimentaria y para garantizar el caudal ecológico del Dulcepamba.
En 2019, después de años de conflicto entre la empresa y las comunidades, la Secretaría del Agua (Senagua) —hoy adscrita al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)— emitió una resolución donde fijó tres obligaciones para Hidrotambo. La primera era presentar el rediseño de su obra y su reconstrucción en los siguientes dos años, la segunda era no usar el agua de la cuenca del río Dulcepamba en la época seca y, finalmente, fijar el caudal ecológico del río como mínimo en 1,46 m3/s en todo momento.
Los campesinos de la zona aseguran que nada de esto se ha cumplido y le exigen al MAATE que revoque la concesión de agua de Hidrotambo.
“Nosotros como comunidades ubicadas alrededor de la cuenca del río Dulcepamba hemos ganado en muchas instancias, en una de ellas el mismo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica le impuso unas condiciones a la hidroeléctrica y no las ha cumplido. Hago un llamado al Ministerio para que revierta la concesión de agua [de la hidroeléctrica]”, dice Orlando Castillo, dirigente de la Junta de Riego de la comunidad Cruz de Perezán.
Ovidio Sacán, agricultor y defensor del río Dulcepamba, asegura que llevan más de 18 años de lucha. “Hidrotambo entró de una manera abusiva, violentando y vulnerando derechos humanos y de la naturaleza. Al principio éramos perseguidos y los militares iban a San Pablo de Amalí, echaban gases hasta cerca de la escuela, de eso hay videos y pruebas. Muchos de nosotros fuimos judicializados y, gracias a Dios, la Asamblea Constituyente nos otorgó amnistías, si no hubiera sido así los agricultores estaríamos presos. Es inaudito que no haya justicia por parte de las autoridades respectivas. Pedimos la reversión porque solo así podríamos gozar nuevamente de nuestra dignidad de campesinos ancestrales, dueños de nuestras vertientes de agua”.
Cecilia Cherrez, de Acción Ecológica, asegura que la reversión de la concesión de agua está en manos del MAATE, pero “se dilata el proceso, a pesar de la reclamación constante ante el Ministerio por parte de las organizaciones comunitarias y de la coalición de organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza que estamos acompañando este proceso. Se posterga y posterga el cumplimiento de la resolución, aún cuando ya se han cumplido todos los plazos”.
Mongabay Latam le preguntó al MAATE en qué va el caso del río Dulcepamba y qué opina frente a los reclamos de las comunidades, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta.
No solo las comunidades y organizaciones no gubernamentales denuncian el incumplimiento de la resolución de Senagua. El 19 de marzo de 2023, la Defensoría del Pueblo le pidió al MAATE que genere las acciones pertinentes para que la empresa Hidrotambo S.A. cumpla con la resolución administrativa “que establece, entre otras medidas, la de rediseñar y reconstruir sus obras de captación, conducción y distribución dentro de un periodo de dos años para evitar inundaciones y erosiones causadas por la manipulación del cauce del río”.
La empresa Hidrotambo niega que sus operaciones sean las causantes de las crecidas del río Dulcepamba y la erosión que pone en riesgo a varias comunidades, principalmente a San Pablo de Amalí.
“Durante el tiempo de operación de Hidrotambo se han realizado distintas acciones en favor de la comunidad, aportando al desarrollo integral de su gente. En esta difícil época, donde los efectos del invierno han causado afectaciones y desbordamientos del río, la empresa puso a disposición su maquinaria y recurso humano para habilitar las principales vías de acceso a las comunidades”, manifestó la empresa. En una comunicación pública también señaló que “Hidrotambo S.A. en estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes del país, cuenta con dos permisos ambientales emitidos por la Autoridad Ambiental para la generación de electricidad a través de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo”.
Drásticos cambios en el río Dulcepamba
En 2021, Hidrotambo presentó una acción de protección contra la resolución de Senagua que fijaba las tres obligaciones para la empresa, indicando que no podía cumplirla porque se violaban sus derechos. El 8 de diciembre de ese año, la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de la ciudad de Ambato falló a favor de la compañía y dejó sin efecto la medida de Senagua. Las comunidades del cantón Chillanes apelaron la decisión y, a inicios de 2022, la Corte Provincial de Tungurahua les dio la razón y dejó en firme la resolución de 2019 de Senagua.
Los pobladores de la cuenca del Dulcepamba insisten en que esta decisión judicial también ha sido ignorada. Cecilia Cherrez comenta que también hay una acción de protección en la Corte Constitucional, pero el alto tribunal todavía no se ha manifestado al respecto. De hecho, la Defensoría del Pueblo asegura que ha realizado insistencias a la Corte Constitucional, “basadas en el riesgo existente, para que fije fecha y hora para la audiencia, y de esta manera pueda pronunciarse a través de la correspondiente sentencia para la protección efectiva de las comunidades y de la naturaleza”.
La empresa Hidrotambo S.A. indica que su proyecto es una central hidroeléctrica de pasada. Es decir, debido a su captación lateral, “no existe represamiento de agua y no incide en el volumen del caudal río abajo. El agua es devuelta al río en iguales condiciones, sin causar daños al Dulcepamba y su cauce”.
En un comunicado oficial de 2022, la compañía también aseguró que desde el inicio del proyecto hidroeléctrico ha cumplido con las leyes y regulaciones de todas las autoridades de control que tienen relación con la Central Hidroeléctrica San José del Tambo de Hidrotambo S.A., “las cuales han inspeccionado y auditado el proyecto de manera permanente, permitiendo a estas siempre el acceso a las instalaciones, obteniendo todos los permisos regulatorios habilitantes requeridos para la generación de energía eléctrica y desmintiendo en varias ocasiones, a través de la vía legal, todas las acusaciones motivo de demandas y quejas de diferente índole presentadas”.
Sin embargo, hay varios estudios que parecen no estar de acuerdo con la afirmación de la compañía. Uno de ellos es el que realizó la misma Senagua, en 2018, y que sirvió para sustentar la resolución de 2019. Allí, la entidad indicó que la obra de captación de Hidrotambo estaba causando erosiones y socavaciones que ponían en peligro a la comunidad, por lo que cuestionaba la rigurosidad de su construcción y señaló que no existía ninguna protección frente a derrumbes de tierra y rocas. El informe también mencionaba incumplimientos a la Ley de Aguas por no entregar los diseños hidráulicos para la obra, un proceso previo para obtener la autorización de aprovechamiento del agua. Asimismo, Senagua indicó que los estudios hidrológicos para justificar la disponibilidad hídrica contenían errores en el cálculo.
A finales de 2020, un grupo de investigadores en recursos hídricos y acuáticos de la Universidad Regional Amazónica Ikiam visitó el río, midió el caudal y levantó información para analizar la movilización de sedimentos y la capacidad del afluente para generar energía. En entrevista con Mongabay Latam, Jorge Celi, ecólogo y quien supervisó el estudio, aseguró que “Hidrotambo desviaba todo casi todo el caudal, un 97 %, hacia la represa y también modificó el cauce natural del río”.
Celi asegura que al construir el proyecto desviaron el río para captar el agua por un lado y luego la devuelven por otro. Según dice, se empezó a causar más erosión en el cauce y en las riberas. También recuerda que, en 2017, la Universidad de Davis realizó un estudio donde encontró que antes de la construcción de la hidroeléctrica hubo crecidas mucho más fuertes, pero que el comportamiento de las aguas era menos violento en su cauce natural que en la actualidad.
El ecólogo destaca que en la época de lluvias el proyecto capta parte del agua del río Dulcepamba y la que no logran captar sale por un “desagüe”, conocido como aliviadero, y cae perpendicular al río. “Esto genera una fuerte presión que ocasiona una erosión sobre la margen izquierda y de ahí que pase lo que hemos visto: la gente ha estado aislada porque el río llegó a la carretera y un montón de casas están en riesgo de caer”, resalta el investigador de Ikiam y de la Cátedra Unesco para el Manejo de Agua Dulce Tropical.
* Imagen principal: Habitantes de San Pablo de Amalí muestran la crecida del río Dulcepamba a funcionarios de la Defensoría. Marzo 2023. Foto: Defensoría del Pueblo de Ecuador.
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