“Grupo México es una empresa criminal y como tal debe de ser tratada”: Martha Patricia Velarde, afectada por el derrame del Río Sonora 

Nueve años después del derrame de tóxicos ocurrido en el Río Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyó que el hecho no fue producto de un accidente y remarcó la responsabilidad de la empresa Grupo México que, hasta el momento, no ha atendido las consecuencias ambientales y económicas de lo que hoy es considerado el peor desastre ambiental de la industria minera en México.

Un peritaje realizado por la autoridad ambiental y presentado públicamente el 28 de septiembre de 2023, resalta, entre otras cosas, que el derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre la cuenca del río —ocurrido el 6 de agosto de 2014— fue resultado de un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema de lixiviados Tinajas 1 de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa minera ubicada en Sonora, al noroeste del país.

“Los resultados fueron muy impactantes, pero también esperados, porque ha sido lo que nosotros hemos repetido una y otra vez durante más de nueve años en torno a la contaminación”, dice Martha Patricia Velarde Ortega, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización que agrupa a los ocho municipios afectados por el derrame, en donde habitan más de 24 000 personas.

Si bien las afirmaciones del Dictamen de Diagnóstico Ambiental no fueron una sorpresa para los integrantes de los CCRS, sí son “una gran ventana de esperanza” —dice Velarde, habitante afectada del municipio de Baviácora— porque ya no se trata solamente de las declaraciones de los afectados, sino de una comprobación de los daños ambientales a través de una metodología científica basada en el monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos, así como en el análisis de las pérdidas económicas para las comunidades de la cuenca.

De acuerdo con este dictamen, desde 2021, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) condujo un diagnóstico del estado de la salud ambiental en la ciudad de Cananea —en donde se ubica la mina— y las comunidades del Río Sonora. En este estudio se comprobó que “a medida que las muestras se acercan a la mina, las concentraciones de sustancias tóxicas como el mercurio, arsénico y plomo aumentan”. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en la disminución de las poblaciones de insectos conforme la distancia se reduce.

Además, la Semarnat no aceptó el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS), mecanismo establecido en 2014 para que la empresa destinara recursos para cubrir las consecuencias directas e indirectas del derrame, acuerdo que no se cumplió. El dictamen señala que el costo total de los impactos ascienden, a la fecha, a más de 20 508 millones de pesos.

“La empresa sigue operando en impunidad. El dictamen pone de manifiesto que (el Fideicomiso) es un mecanismo fallido que no cubrió siquiera el 6 % de las verdaderas afectaciones por el derrame y que los planes de remediación fueron mal diseñados y ejecutados”, agrega Cynthia Arcoamarillo, abogada de PODER, organización no gubernamental que ha acompañado el proceso de defensa de los CCRS.

En un comunicado, los Comités de Cuenca del Río Sonora celebraron el dictamen técnico que les dio la razón, sin embargo, insistieron en que “la Semarnat debe continuar firme con su compromiso para la remediación integral de los daños causados por Grupo México y abordar la impunidad de la empresa que ya lleva más de nueve años”.

Además, reiteraron que se requieren acciones concretas para abordar estos hallazgos, incluyendo las graves afectaciones a la salud humana, pues se demostró que este aspecto está comprometido al encontrar que más de la mitad de los 37 pozos de agua para consumo humano disponibles en la cuenca muestran valores de arsénico, manganeso y sulfatos por encima de la norma, además de la presencia de mercurio, lo que “representa un riesgo de bioacumulación en los organismos de las personas que consumen esta agua de manera regular”, puntualiza el documento.

Por ello, los CCRS exigieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Salud estatal y federal diseñen y presenten de inmediato —en octubre de 2023— un Plan Oficial para la Reparación, Remediación y Acceso a la Salud y al Agua Potable, que incluya infraestructura, personal médico especializado y presupuesto para el trabajo de la actual administración federal, pero con alcance transexenal, que garantice justicia a las comunidades de la cuenca.

“Nuestra exigencia de que la Semarnat se aboque, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que sienten a Grupo México y le requieran con la fuerza del Estado. Se escucha muy fuerte, pero es la realidad: Grupo México es una empresa criminal y como tal debe de ser tratada”, asevera Velarde Ortega.

A través de un comunicado, Grupo México respondió a la autoridad ambiental y afirmó que “la remediación del Río Sonora fue exitosa, plenamente apegada a la legalidad y avalada por estudios científicos y autoridades”. La empresa minera afirma que los hallazgos “carecen de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014” y que, además, “omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”.

Además, aseguró que las condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas “son las mismas que existían hasta antes del accidente de 2014”, mientras que “los estudios médicos, epidemiológicos y biológicos indican que no existió riesgo ni daño a la salud en la población del Río Sonora como consecuencia del derrame”.

El agua y los sedimentos

El dictamen demostró que el sistema de presas de la mina Buenavista del Cobre no tuvo la capacidad de almacenar el escurrimiento producido por una serie de tormentas, ocurridas en 2014, y que no fueron extraordinarias en la zona afectada. 

Posterior al derrame del 6 de agosto de ese mismo año, la empresa minera realizó acciones de reingeniería en dichas presas —conocidas como el sistema Tinajas 1— y que “indican que la empresa minera reconoce de forma implícita el mal diseño hidrológico del sistema original, invirtiendo recursos económicos importantes en la reconstrucción del sistema”, afirma el documento.

Los resultados de calidad del agua superficial, obtenidos por la autoridad ambiental a lo largo del Río Sonora, indican que la remediación en este cuerpo de agua “no fue realizada de forma satisfactoria posterior al derrame de 2014”, pues ocho años después —cuando se tomaron las nuevas muestras— aún se detectó contaminación por metales pesados en el río desde su parte alta y hasta la presa El Molinito, situada en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora.

“Se documenta de esta forma una persistencia de la contaminación del agua superficial que pone en riesgo la salud ambiental y de las personas en la zona. Los metales encontrados, están todos asociados a jales y lixiviados que resultan de la actividad minera”, puntualiza el documento. Asimismo, los resultados sobre la calidad del agua subterránea coinciden con la existencia de una problemática asociada a la “presencia de compuestos que representan un riesgo a la salud de las personas”.

La abogada Cynthia Arcoamarillo explica que en cuanto a la salud de la población que se encuentra en la zona afectada, la Secretaría de Salud Pública federal ya determinó que, de 1500 personas a las que se les tomaron muestras de sangre y orina, 705 presentan enfermedades graves de daño renal, cáncer y otros padecimientos.

“Es muy urgente que la Secretaría de Salud estatal ponga en marcha el plan para que se materialice la atención a la salud de las personas a través de consultas, canalizaciones e infraestructura para dotar de servicio médico. Sin embargo, no ha presentado avances”, agrega Arcoamarillo.

Para los CCRS resultó preocupante que el dictamen verificó que, respecto a la cantidad de agua disponible en la zona, la empresa Buenavista del Cobre tenía un acaparamiento del 57 % del volumen concesionado de agua subterránea. Adicionalmente, señaló que existe una sobreexplotación en los acuíferos de la región y que “se debe de forma inequívoca al incremento en la producción de cobre dentro de la mina Buenavista del Cobre”, por lo que esta sobreexplotación no puede atribuirse a los eventos de sequía que han sido recurrentes en la zona, sino a la actividad minera.

“No es nuevo. Se ha venido dando un detrimento constante del agua, en la medida de que la empresa —que está totalmente demostrado— aumenta su producción. En ese sentido, se ha ido mermando el agua disponible para las poblaciones, lo que nos afecta muchísimo en el plano económico, porque somos comunidades rurales que sustentan su economía en la agricultura y la ganadería”, dice Velarde Ortega.

La habitante de Baviácora narra que las comunidades que estaban acostumbradas a cosechar chile verde y chiltepín —dos variedades de chiles característicos de la región y que son fuente de empleo para numerosas familias— no logran crecer debido a la contaminación del agua y suelo. Ya no se ve a las familias secando estos chiles en los patios de las casas, como había sido a lo largo de la historia de los pueblos. Mientras no se solucione la problemática del agua y se instalen las plantas potabilizadoras acordadas con las comunidades, reitera Velarde, los impactos continuarán acumulándose.

Los impactos en la biota

Los artrópodos de la cuenca del Río Sonora fueron objeto de estudio. Los científicos comprobaron que la mina Buenavista del Cobre afecta negativamente a la funcionalidad de estas especies y, por lo tanto, también a los servicios ecosistémicos que prestan: la polinización, la regulación de plagas, el reciclaje de nutrientes y la biodiversidad de la región.

En toda la zona, por ejemplo, se redujo la diversidad de chinches, avispas, moscas y mosquitos por cobalto, manganeso y níquel en suelos. La reducción en la abundancia de los escarabajos y las avispas conforme los sitios están más cerca de la mina, “señalan, por un lado, la influencia de la mina derivada de la dispersión de partículas de metales a lo largo de la Cuenca del Río Sonora”. Los científicos atribuyen esto, posiblemente, a la presa de jales que se encuentra a unos metros hacia el sur de la Ciudad de Cananea, “la cual es de gran extensión (35 kilómetros cuadrados aproximadamente) y que actualmente no presenta una barrera física que impida la exposición y dispersión de estos residuos mineros”.

También resaltaron que solamente se encontró un ejemplar del grupo de las abejas, de las crisopas y los chapulines, un posible reflejo de una reducción de estos grupos por un ambiente contaminado.

En cuanto a las plantas, las evidencias sugieren que podrían estar presentando “niveles de acumulación de metales importantes que puedan estar afectando a los artrópodos que se alimentan de ellas” y que, consecuentemente, generan una bioacumulación en los niveles tróficos superiores, como los depredadores.

“Todo esto se tiene que terminar. ¿Por qué nos vamos a conformar los ciudadanos con que además de que están depredando el medio ambiente, al mismo tiempo que se están llevando a carretadas y furgones de ferrocarril toda nuestra riqueza, se burlen del pueblo de México y de toda la cuenca del Río Sonora?”, concluye Martha Patricia Velarde. “Se necesita que la ley prevalezca y que el Estado pueda someter a esta empresa. Todo está demostrado y la Profepa tiene todos los elementos para hacerlo”.

* Imagen principal: Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER

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