- Los biocombustibles han sido promovidos por varios países de la Panamazonía y mucha tecnología ha sido subvencionada para tal fin. Pero su desarrollo no ha sido tan auspicioso como se esperaba.
- El ímpetu de inicios de los 2000 por la creación de tecnología para generar biodiesel se ha visto frenado por la realidad de los precios reducidos de los combustibles fósiles. A ello se suma la nueva tendencia por vehículos eléctricos.
- Killeen destaca a Brasil en el rubro, con la mayor producción y exportación de etanol proveniente de caña de azúcar del mundo. Detrás se encuentran Colombia y Perú, que promovieron políticas de biodiesel para apoyar al rubro de la agricultura. Por último, Ecuador y Bolivia demostraron cero entusiasmo por la producción de estos biocombustibles.
Los picos de los precios de las materias primas en la primera década del siglo XXI coincidieron con el auge mundial de los biocombustibles. El interés fue motivado supuestamente por la preocupación en el calentamiento global, pero otras razones más realistas jugaron un papel vital. En las economías avanzadas, esto incluyó la urgencia geopolítica de reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles de países que sufren inestabilidad política, combinada con la conveniencia de apoyar la producción nacional de productos básicos agrícolas. Estados Unidos ofrece el lobby del maíz como ejemplo y los electores que prefieren el cultivo de la colza en la Unión Europea.
Las políticas de biocombustibles en ambas zonas están ahora bajo presión. Los bajos precios del petróleo han reducido la demanda de biocombustibles. Mientras tanto, el desarrollo inesperadamente rápido de los vehículos eléctricos y las energías renovables ofrece vías más atractivas para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI). La largamente demorada operación de producción de biocombustibles avanzados ha provocado que varias empresas se declaren en quiebra frenando la inversión en estas tecnologías que alguna vez fueron prometedoras.
Finalmente, la preocupación por el cambio indirecto del uso de la tierra y los problemas de seguridad alimentaria ha hecho que la UE reduzca los subsidios y poner fin a políticas que alguna vez favorecieron la industria de los biocombustibles. Estados Unidos es un exportador neto de etanol, pero importa alrededor del 20% de su consumo de biodiesel, que se basa en gran medida en la soya.
En América del Sur, varios países han adoptado políticas de biocombustibles y su motivación tiene poco que ver con el cambio climático, y más obviamente está destinada a promover el desarrollo rural e impulsar las industrias exportadoras. Brasil, Colombia, Perú y Ecuador tienen normas sobre biocombustibles que exigen a los distribuidores y minoristas mezclar una cantidad específica con combustibles fósiles. La gasolina se mezcla con etanol producido a partir de caña de azúcar y maíz, mientras que el biodiesel es una mezcla que utiliza derivados del aceite de soya, de palma o aceites y grasas residuales recogidos de la cadena alimentaria.
Brasil tiene una larga historia de promoción de la bioenergía, particularmente el etanol de caña de azúcar, y la industria azucarera brasileña es reconocida por su eficiencia y baja huella de GEI. Las empresas brasileñas también lideran esfuerzos para producir etanol celulósico, donde la mayoría utiliza biomasa residual como fuente de energía térmica para generar electricidad que se monetiza en los mercados nacionales. Brasil es el mayor productor y exportador de etanol del mundo, y recientemente ha comenzado a exportar pellets de biomasa a partir de desechos agrícolas a empresas de servicios públicos de América del Norte y Europa que buscan reducir las emisiones de las centrales eléctricas alimentadas con carbón. Un número cada vez mayor de corporaciones con propiedades en Mato Grosso están construyendo plantas de biomasa térmica con planes de instalar tecnologías de captura y secuestro de carbono a mediano plazo.
La expansión del cultivo de maíz en Mato Grosso ha catalizado su uso como materia prima para la producción de etanol. Producido en Brasil por primera vez en 2012, el etanol a base de maíz se ha disparado como modelo de negocio, con 1.400 millones de litros en 2019/2020, y 3.200 millones de litros proyectados para 2021/2022. La producción actual representa aproximadamente el 4% del consumo total nacional de etanol, pero se espera que alcance el 20% a finales de la década con 8.000 millones de litros.
En 2019, existían siete destilerías de maíz operando en Mato Grosso, tres en construcción y siete en diferentes etapas de planificación. Una planta grande, capaz de fabricar 500 millones de litros anuales, requiere una inversión de 100 millones de dólares, con la capacidad de generar ingresos brutos de aproximadamente 200 millones de dólares, y crear hasta 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El valor nominal de la producción de etanol a base de maíz en Brasil fue de aproximadamente de 1.300 millones de dólares en 2020/2021, donde aproximadamente la mitad se puede atribuir a lo producido en Mato Grosso.
Las plantas de biomasa inyectan energía en la red de Brasil. Crédito: World Energy Trade.
El impacto económico del etanol a base de maíz se magnifica por los subproductos generados de la fermentación, que son el aceite de maíz y un residuo sólido conocido por su sigla en inglés como DDGS, o Granos Secos de Destilería y Solventes. El aceite de maíz tiene características químicas similares a las de la soya y puede venderse en los mercados de aceites vegetales. Los DDGS son aún más lucrativos puesto que son ricos en proteínas y vitaminas, lo que los convierte en un excelente complemento alimenticio para la industria ganadera.
El desarrollo de una industria de etanol basada en el maíz ha resuelto un desafío crucial para el sector agrícola industrial, la existencia de los excedentes producidos. Los cereales no procesados no son competitivos en los mercados globales debido a los altos costos de transporte. Pero, como materia prima para biocombustibles, pueden comercializarse en los mercados energéticos nacionales, mientras que el aceite de maíz y los DDGS agregan valor a los productos cárnicos destinados a los mercados extranjeros.
El gobierno brasileño apoya la producción de biodiesel con una mezcla del 10%. La mayor parte de la materia prima es aceite de soya, que en 2019 ascendió a 4,8 millones de metros cúbicos. Este volumen equivale al contenido de aceite de aproximadamente 18% de la producción nacional total y al 50% del aceite de soya procesado internamente en Brasil. Mato Grosso produjo el 26% de ese total. Por el contrario, menos del 2% de biodiesel fue suministrado con aceite de palma, que representó menos del 6% de la cosecha nacional total en 2019. La mayor parte fue producida por Brasil Biofuels, que lo mezcla con diésel convencional para alimentar sus dieciocho centrales eléctricas ubicadas en Acre, Roraima, Rondônia y Amazonas.
La decisión de promover la soya en lugar del aceite de palma como materia prima para el biodiesel es digna de mención, puesto que la huella de GEI del aceite de palma brasileño es significativamente menor que la de la soya. Las emisiones de carbono del aceite de palma son aproximadamente un 50% menores que las de la soya cuando se excluye del cálculo el cambio de uso del suelo. Sin embargo, si se supone que el aceite de palma está libre de deforestación y la expansión de la soya se produce mediante la conversión de la zona del Cerrado, entonces la huella de GEI es aproximadamente un 140% menor para el aceite de palma en comparación con la soya. El aceite de palma producido en pastos degradados es carbono negativo, ya que la biomasa (tanto por encima como por debajo del suelo) crece con el tiempo hasta alcanzar un equilibrio después de un par de décadas.
Presumiblemente, la decisión de dar prioridad a la soya sobre el aceite de palma fue impulsada por la infraestructura logística preexistente cerca de los centros urbanos en el sudeste de Brasil, y la capacidad limitada de las empresas de aceite de palma para producir el volumen de materia prima requerido por las normas regulatorias. La influencia política también puede haber contribuido a favorecer al sector de la soya, que tuvo ingresos brutos de alrededor de 40 mil millones de dólares en 2015, en comparación con alrededor de 350 millones de dólares del aceite de palma.
Colombia diseñó su programa de biocombustibles para apoyar las industrias nacionales de caña de azúcar y aceite de palma, dos sectores empresariales influyentes que generan decenas de miles de empleos en la economía rural. El biodiesel exige una mayor producción y ahora representa alrededor de un tercio de la producción total, lo que ayudó a las empresas de aceite de palma a gestionar los suministros afectados por los brotes de enfermedades y las fluctuaciones de los mercados de exportación. Los productores esperan penetrar en los mercados extranjeros de biodiesel en el futuro mediante la creación de cadenas de suministro libres de deforestación.
En Perú, la decisión de adoptar biocombustibles tenía como objetivo fortalecer su economía rural y, simultáneamente, reducir las importaciones de aceite vegetal, valoradas en aproximadamente 500 millones de dólares al año. Sin embargo, esto no tuvo el efecto deseado: las empresas de combustibles fósiles importaron aceite de soya de Argentina por vía marítima, disfrutando así de una ventaja de precio en comparación con el aceite de palma transportado por camión a través de los Andes. La diferencia de precios era tan grande que el Grupo Palmas cerró su refinería de biocombustibles en Tocache en 2014, apenas dos años después de su inauguración.
En Ecuador, el gobierno optó por imponer normas sobre el etanol, pero se negó a hacer lo mismo con el biodiesel. Aparentemente, el precio subsidiado del diésel hace que la implementación del biodiesel sea un problema ya que conduciría a un aumento en el costo del combustible en el surtidor. Distintos grupos de productores han pedido una política que promueva el biodiesel, pero el entusiasmo varía entre las partes interesadas: las empresas más grandes son proponentes activos, mientras que los representantes de los productores más pequeños son menos entusiastas. La lógica convencional para oponerse al biodiesel es difícil de entender dados los beneficios macroeconómicos obvios en el mercado interno. El ejemplo de Colombia demuestra eso, pues ha utilizado el mercado interno de biodiesel como un mecanismo para expandir tanto la producción como las exportaciones.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales rechazó todas las políticas de biocombustibles que habrían desviado ingresos de la petrolera estatal al sector agrícola, dominado por empresas privadas vinculadas a la oposición política. No obstante, esto puede estar a punto de cambiar. En 2021, el gobierno recién elegido de Arce Catacora anunció un plan para desarrollar una refinería de biodiesel, con una inversión propuesta de 250 millones de dólares que aliviaría la dependencia del país del diésel importado.
A diferencia de las políticas de biocombustibles en Colombia, Perú y Brasil, que se basan en mezclas de ésteres metílicos de ácidos grasos (B5, B10, B20), la refinería propuesta convertiría el aceite vegetal en biodiesel puro (B100). El proyecto requeriría 250.000 hectáreas adicionales de soya que, por costumbre, es probable sean logradas mediante deforestación. En este caso, el Gobierno boliviano expresó su compromiso de utilizar otras materias primas, como grasa animal de desecho, o de invertir en la producción industrial de una palma macauba, una especie nativa con potencial comercial.
Imagen principal: Una plantación de palma aceitera en La Concordia, Ecuador, que pertenece a ANCUPA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera. Crédito: Kimberley Brown para Mongabay.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons – Licencia CC BY 4.0).
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