- Enrique G. Ortiz, biólogo peruano y reconocido ambientalista del mundo de la conservación, se toma unos minutos para analizar el impacto de la paralización de los fondos del gobierno de los Estados Unidos destinados a proyectos en Perú.
- El autor indaga sobre las consecuencias de que su país y otros en la región dejen de recibir ayuda financiera del United States Agency for International Development (USAID).
- La decisión de la administración Trump pone en riesgo programas de apoyo social y ambiental, además de aquellos de importancia geopolítica, sostiene Ortiz.
- La medida responde a las promesas electorales y acusaciones de desperdicio de dinero en cooperación internacional, denunciadas repetidamente por el presidente Trump en su campaña.
*Este artículo de opinión recoge la mirada personal del autor.
El reciente anuncio del Departamento de Estado Norteamericano de congelar los aportes financieros de cooperación internacional a otros países en el mundo (excepto Israel y Egipto), está causando gran preocupación. Es una “Orden Ejecutiva” del presidente Trump firmada el día inaugural de su gobierno, de ejecución inmediata y válida por un plazo de 90 días.
Las implicancias son muchas, ya que pone en riesgo programas de apoyo social y ambiental, hasta aquellos de importancia geopolítica. Por ejemplo, no es claro si el apoyo militar a Ucrania, Taiwán y Jordania también están comprendidos en dicha medida.
La orden de “parar todo” ha sido enviada a todas las oficinas diplomáticas y consulares norteamericanas, y en nuestra región, a las oficinas regionales implementadoras de fondos de United States Agency for International Development (USAID). Esta, obviamente, responde a las promesas electorales y acusaciones de desperdicio de dinero en cooperación internacional, denunciadas repetidamente por el presidente Trump en su campaña.
Los impactos ambientales, motivo de esta nota, son grandes. En particular cuando vemos los incendios y la rampante degradación de ecosistemas a nivel global. Y para nuestra región, según el reporte de financiación para la conservación en la Amazonía del programa Paisajes Sostenibles del Banco Mundial, desde 2020 a 2022, el 53 % de la cooperación internacional fue bilateral, es decir, de gobierno a gobierno; el 30 % fue directamente a gobiernos; y el 28 % a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El resto fue destinado a diferentes sectores, como el privado y la academia. En ese mismo periodo la cooperación vía USAID aportó 156 millones de dólares, representando el 8 % de los fondos para fines de conservación de recursos en la región amazónica. Ahora, mirando más de cerca al Perú, según la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI), de los 513 proyectos de cooperación técnica internacional registrados para 2024, 106 proyectos recibían fondos de los Estados Unidos (el 20 % aproximadamente). A continuación, analizaré los montos que están en plena ejecución en el Perú con más detalle.
USAID en el Perú
Para comprender esta situación de urgencia, es necesario entender la magnitud del apoyo norteamericana a través de USAID. Asumiendo que este sea mayor vía gobierno a gobierno, estamos hablando de más de 630 millones de dólares a 2030. En esta nota me enfocaré en el apoyo de USAID al sector ambiental, puntualmente a las organizaciones que no son parte del gobierno peruano y que son manejadas por la sociedad civil, sean estas especializadas en gestionar fondos bilaterales (mayormente norteamericanas); las ONG ambientales, internacionales y nacionales; gremios de productores y organizaciones indígenas, entre otras.
Según la página web de USAID para el Perú, su apoyo está dividido en dos programas: uno de aplicación solo en el Perú -que financia temas generales como “Clima y Bosques”, “Mar y Agua” y “Gobernanza Ambiental”- y otro de carácter regional, llamado “Programa Ambiental Regional Amazónico” (AREP), que “responde a amenazas transfronterizas a la conservación en Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam”.
Además, y estrechamente ligados a los programas anteriores, USAID tiene otras líneas de apoyo enfocados en iniciativas de desarrollo sostenible, como las de fortalecer las cadenas productivas de cacao, café, quinua u otras.
Hay otros programas que tienen otro nivel de implicancias que tienen que ver con democracia, gobernanza, derechos humanos y migración, además de los relacionados a temas de salud y ayuda humanitaria, que no son motivo de esta nota.
Dentro del tema de Clima y Bosques -que “apoya la implementación de políticas y prácticas de gestión forestal sostenible, que contribuyan a generar resiliencia al cambio climático”-, están listados entre los 40 millones y 64 millones de dólares (rango amplio porque no es claro cuales ya han finalizado) proyectos multianuales activos, además de 40 millones de dólares adicionales destinados al programa regional (AREP). Entre los principales beneficiarios se encuentran productores agrícolas y forestales, empresas y gobiernos que juntos buscan armonizar el uso de recursos sin medrar sus fuentes y asegurar los servicios que los ecosistemas brindan.
En esta línea, entre las organizaciones que han recibido este apoyo están las conocidas como “las implementadoras”, que son las que comparten parte de los fondos recibidos con ONG nacionales. Y, dentro de este grupo, hay una amplia gama de organizaciones, entre ellas, las especializadas en gestión de proyectos bilaterales (principalmente de USA, mencionadas anteriormente), las agencias del mismo gobierno norteamericano, ONG ambientales internacionales y nacionales, así como las del sector privado. En dinero y número dominan las ONG ambientales internacionales como implementadoras.
En el tema de “Mar y Agua”, cuyo propósito es “proteger el ecosistema de la corriente de Humboldt de la pesca ilegal y de promover la seguridad hídrica”, están listados proyectos en su mayor parte de carácter regional sumando más de 100 millones de dólares, también en programas multianuales. Los beneficiarios son pescadores artesanales y pobladores costeros, y aquellos que dependen de un océano que siga proveyendo de recursos a la par de mantener la diversidad de especies. La mayoría de los implementadores de estos proyectos son una mezcla de ONG y agencias nacionales e internacionales.
En cuanto al tema de “Gobernanza Ambiental”, el cual apoya “acciones para salvaguardar los derechos y recursos de los pueblos indígenas y luchar contra los delitos ambientales en la Amazonía”, están aquellos que protegen los ambientes naturales como fuente de vida sin medrar las capacidades y servicios ambientales que provee (agua, aire, alimentos, entre otros). Estos programas ayudan a los gobiernos a contener las ilegalidades y violencia, por ejemplo, implementando mecanismos de monitoreo y respuesta. Hay cerca de 60 millones de dólares repartidos entre organizaciones internacionales, incluidas agencias de las Naciones Unidas, ONG ambientales internacionales y organizaciones indígenas regionales y nacionales.
Pero también hay que sumar a la lista a otros proyectos relacionados directa o indirectamente al medio ambiente, como aquellos que promueven la transparencia en las prácticas del sector productivo (3 millones de dólares), que tienen un especial énfasis en los sectores de minería e hidrocarburos (operado por un consorcio de ONGs nacionales), además de aquellos enfocados en el desarrollo sostenible.
Este último, específicamente, “apoya al Perú en el diseño e implementación de un modelo de desarrollo sostenible que, a través de intervenciones integrales, contribuyen a generar nuevas oportunidades para las poblaciones en riesgo”. Está relacionado a las políticas antidrogas y se desarrolla en zonas rurales alrededor de las regiones con más cultivos ilícitos de hoja de coca, y cuenta con cerca de 35 millones de dólares en proyectos productivos multianuales apoyando a los agricultores y poblaciones locales con alternativas productivas. Los implementadores, nuevamente, son una mezcla de ONGs nacionales e internacionales, siendo estas últimas las que predominan.
Como se puede ver, el apoyo de USAID para el Perú no es poca cosa. Estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares en proyectos multianuales activos, además de decenas de millones apalancados como contrapartidas por estos fondos, por lo que sin lugar a duda esta reciente medida causa preocupación. Claramente, los afectados, más que las organizaciones implementadoras, son los beneficiarios rurales, sean estos los productores agrícolas, pescadores, además de los cientos de profesionales involucrados en estos proyectos.
Esta paralización, por otro lado, tiene también como beneficiarios a los grupos de crimen organizado ligados a la minería ilegal, la tala, el tráfico de fauna y flora y el narcotráfico, que paradójicamente también son de interés de seguridad nacional para ambos países. Los impactos de ese apoyo son de convergencia mutua, empezando con que justamente estos previenen mayor migración hacia el norte. No solo están en riesgo los logros obtenidos, sino también la pérdida de las capacidades forjadas con profesionales, pues por más corta que sea esta medida, se altera la planificación de las actividades y más que nada, se afectan las relaciones forjadas con las comunidades y la sociedad en general.
Y ahora qué hacer
Según las declaraciones del Canciller peruano, se espera que haya continuidad en el apoyo, pero sea como sea la paralización tendrá impactos negativos. El Departamento de Estado estadounidense espera preparar un reporte dentro de 85 días -contados desde que se emitió la orden de paralización-, el cual vendrá acompañado de las recomendaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al presidente Trump, que al final determinará qué programas continuarán y cuáles serán cancelados.
Mientras tanto, urge tener claridad de qué significa esta paralización, no solo en lo referente a actividades en curso, contratos firmados y demás temas técnico-legales-administrativos (con grandes costos), sino también en lo relacionado a salvar los avances logrados. Es muy importante que el gobierno y la embajada de Estados Unidos informen con celeridad las implicancias y medidas correctivas para no perder lo avanzado, pero también es clave que precisen qué medidas compensatorias se están considerando.
Finalmente, en los tiempos que estamos, asediados por la ilegalidad, una creciente deforestación y degradación ambiental, con derrames de petróleo, violencia contra quienes defienden modos de vida basados en el uso de recursos naturales, así como cuestionables disposiciones legales que afectan al medio ambiente, USAID es un socio importante con quien en conjunto debemos identificar acciones para disminuir los impactos de esta paralización, sean estos con puentes financieros de otras fuentes de cooperación u otras respuestas urgentes.
No se trata de ver esta problemática desde un punto de vista político, o en defensa de las ONGs o de las agencias implementadoras, sino más bien en términos de beneficio para el Perú. Mucho está en juego, sobre todo el salvar la confianza con las poblaciones rurales, que al final de cuentas son las que más pierden y más importan.
Imagen destacada: Amanecer en la selva amazónica de Tambopata, Perú. Imagen de Rhett A. Butler
Créditos
