- El poder político en Brasil es el tema central de esta nueva sección de Amazon Perfect Storm, en la que Killeen explica las distintas posturas de los partidos en materia de deforestación y medio ambiente.
- Otro grupo de interés lo forman las élites empresariales, dedicadas principalmente a la minería y a la obtención de tierras para la ganadería.
- A ellos se suman las asociaciones de productores, los sindicatos de terratenientes, los sindicatos de trabajadores, los gremios empresariales y las cámaras de comercio.
El sector privado es el mayor impulsor del desarrollo convencional. Sus organizaciones suelen estar bien financiadas y cuentan con personal altamente capacitado, respaldado por sólidas aptitudes analíticas de la economía tradicional y habilidades de comunicación propias de los profesionales en relaciones públicas. Los integrantes de este sector representan la quintaesencia de los intereses creados, con modelos de negocio que dependen del acceso a recursos minerales y tierras cultivables. A menudo, establecen alianzas estratégicas con sindicatos y asociaciones de productores que se benefician de las inversiones en infraestructura de transporte y energía asequible. La mayoría de estas asociaciones de productores y grupos empresariales han adoptado los principios de sostenibilidad, participando incluso en iniciativas de alto nivel dirigidas a mejorar los resultados medioambientales y sociales de sus respectivas industrias. Sin embargo, suelen interpretar la sostenibilidad dentro del marco de su modelo de producción actual, el cual consideran “fundamental” para la economía nacional; en consecuencia, cualquier posible impacto medioambiental o social es percibido como un desafío que debe gestionarse, más que como algo que deba evitarse.
Los individuos y las corporaciones se agrupan en organizaciones que representan sus intereses económicos, como asociaciones de productores, sindicatos de terratenientes, sindicatos de trabajadores, gremios empresariales y cámaras de comercio. Algunas de estas organizaciones ejercen su influencia en el ámbito local, mientras que otras actúan a nivel nacional, presionando a funcionarios electos y organismos reguladores. Las más poderosas operan dentro de estructuras verticales que les permiten transmitir las opiniones de sus bases electorales hacia los niveles superiores de la jerarquía política y económica del país. Su influencia política está estrechamente vinculada a su poder económico, lo que a menudo las lleva a establecer alianzas estratégicas entre sí para fortalecer su posición en el sistema de poder nacional.
Los agentes locales y regionales, especialmente las élites comerciales y terratenientes de las ciudades medianas, desempeñan un papel crucial en la expansión y mejora de las redes de carreteras. En Brasil, por ejemplo, los líderes locales de más de quince municipios han promovido durante años la mejora de la Transamazónica (BR-230). En 2010, lograron obtener el compromiso del entonces presidente Lula da Silva para pavimentar 1.000 kilómetros de carretera entre Marabá e Itaituba. Sin embargo, como ocurre con muchas promesas políticas, estas mejoras aún no se han materializado por completo. Aun así, su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), aprobó la construcción del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, que incluyó fondos para construir un puente sobre el río Xingu. Más tarde, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) se celebró la finalización de la pavimentación del tramo Itupiranga y Novo Repartimento en 2022.
Una dinámica similar se observa ahora con la mejora de la BR-319, que conecta Manaus y Porto Velho. Al igual que la Transamazônica, esta carretera fue «inaugurada» en la década del 70, en las primeras etapas de la Operação Amazônia. Aunque inicialmente la carretera fue pavimentada, la baja calidad de los materiales utilizados provocó su rápido deterioro, transformándola en pocos años en una vía intransitable de tierra y barro, con una deforestación limitada a lo largo de sus 700 kilómetros de extensión entre el río Amazonas y Humaitá, cerca de la frontera con Rondônia. En la última década, la BR-319 ha sido objeto de mejoras significativas gracias a los esfuerzos de un grupo de empresarios de Manaos, quienes fundaron la Associação Amigos e Defensores da BR-319 para impulsar su finalización.
Durante su campaña, el nuevamente elegido presidente Lula se comprometió a completar la pavimentación de la carretera, a pesar de la oposición de Marina Silva, su ministra de Medio Ambiente. La mejora de esta vía cuenta con un amplio apoyo en los estados de Rondônia y Amazonas. La lejanía de la carretera ha influido históricamente en su desarrollo. En los años 80, el INCRA no organizó proyectos de colonización a lo largo de esta ruta, y en la década de 2000, el gobierno estableció áreas protegidas y reservas de uso sostenible en la región. Pese a ello, el sector sur, cercano a Humaitá, se ha convertido recientemente en un foco de deforestación. Esto se debe a la llegada de migrantes y especuladores de tierras que anticipan una fiebre por la tierra y un auge en los asentamientos.
En Brasil, el sector de los agronegocios ejerce un notable poder político a través del Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conocido popularmente como la Bancada Ruralista. Este bloque multipartidista en el Congreso fue formado en la década de los 80 con el objetivo de proteger los derechos de propiedad de los terratenientes rurales en un contexto en que el movimiento de los sin tierra presionaba por la redistribución de las grandes propiedades. Desde entonces, los ruralistas han ampliado su agenda política, promoviendo legislación favorable al desarrollo que incluye la minería industrial en áreas protegidas, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y la construcción de carreteras a través de ecosistemas naturales. En 2023, la bancada ruralista se consolidó como bloque de votación más poderoso del Congreso, con aproximadamente 300 diputados en la cámara baja (de 513) y 47 senadores (de 81).
Tal vez uno de los mayores logros de los ruralistas fue su campaña de 2012 para modificar el Código Forestal. Entre las disposiciones del marco regulatorio «reformado» se incluyó una amnistía para los propietarios que habían deforestado ilegalmente tierras antes de 2008, así como la flexibilización de los requisitos para reforestar áreas que habían excedido los límites legales de deforestación. En 2019, Tereza Cristina Corrêa, la líder de la coalición, se integró el gabinete de Bolsonaro como ministra de Agricultura. Durante su gestión, implementó políticas destinadas a fortalecer los derechos de propiedad, debilitar las regulaciones medioambientales y promover las exportaciones agrícolas, además de ejecutar la estrategia de Bolsonaro de reducir los fondos para la delimitación de territorios indígenas.
Los ruralistas son reconocidos como uno de los tres grupos de interés más influyentes en la política brasileña y constituyen una base clave de la coalición electoral de Bolsonaro. En los medios de comunicación populares, este grupo es identificado junto a otros dos sectores bajo la expresión Boi, Bíblia e Balas (Carne, Biblia y Balas), en referencia a tres bloques de votantes conservadores: los defensores de la expansión de la frontera agrícola, los cristianos evangélicos socialmente conservadores y quienes apoyan políticas de seguridad pública basadas en acciones policiales agresivas. Es importante destacar que algunos votantes incorporan simultáneamente los tres elementos de esta tríada. Por ejemplo, un propietario de una pequeña finca, devoto religioso y defensor del derecho a portar armas podría representar esta confluencia. No obstante, otros votantes están principalmente motivados por una afiliación tribal con uno de los grupos. Así, un pequeño agricultor evangélico y culturalmente conservador puede oponerse a políticas de igualdad de género, mientras que un residente urbano puede apoyar operaciones policiales extrajudiciales para combatir el crimen, priorizando sus temores individuales o colectivos.
Aunque estas coaliciones son influyentes, carecen de la cohesión necesaria para controlar el Congreso, ya que sus integrantes pertenecen a partidos políticos más orientados hacia la política transaccional que hacia una ideología definida. El sistema electoral brasileño, que combina una elección presidencial en dos niveles con un sistema proporcional para a la cámara baja del Congreso, garantiza que el presidente electo cuente con un mandato popular, pero lo obliga a negociar ampliamente para avanzar su agenda legislativa.
En 2023, la coalición que respaldaba al gobierno de Lula da Silva contaba con el apoyo declarado de apenas el 44% de la cámara baja, de los cuales solo el 13% pertenecían al Partido do Trabalhadores, liderado por el presidente. La supervivencia de esta coalición en el Congreso dependía de partidos centristas, conocidos por historial de aliarse con cualquier administración vencedora. Este enfoque transaccional asegura que grupos de interés, como la Bancada Ruralista, mantengan un poder de veto significativo sobre las políticas medioambientales y sociales necesarias para garantizar la preservación de la Amazonía.
Imagen destacada: Sección recién talada de la selva amazónica en el sur de Brasil. Crédito: Rhett A. Butler.
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