- Santiago del Estero, en el Gran Chaco Americano, enfrenta cifras alarmantes de deforestación, a pesar de que la provincia argentina forma parte del segundo pulmón verde del continente, después de la Amazonía.
- Las comunidades indígenas y campesinas denuncian que los desmontes vienen acompañados de situaciones de violencia, criminalización e intentos de desalojo por parte de empresarios vinculados al avance de la agroindustria.
- Uno de los empresarios señalados es Orlando Canido, dueño de una famosa firma de gaseosas, denunciado recientemente por Greenpeace por realizar desmontes con habilitación provincial en fincas de valor intermedio de conservación.
- Estos hechos se suman a supuestas situaciones de violencia y hostigamiento denunciadas en 2016 por las comunidades indígenas de Bajo Hondo, pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
“Donde hay comunidades organizadas, campesinos, indígenas y trabajadores que queremos a la madre tierra, que queremos al bosque nativo de verdad, ahí vas a ver monte y no contaminación”, señala Mirta Coronel, representante del pueblo originario Vilela de la comunidad de Rincón del Saladillo y miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). La organización viene denunciando supuestos atropellos de empresarios y “gente que viene de afuera” para arrasar con el monte, desalojando a los campesinos de sus territorios y amenazando su forma de vida. La situación del bosque nativo en Santiago del Estero es crítica. Esta provincia forma parte de la región forestal conocida como Parque Chaqueño e integra el segundo bosque más extenso de Sudamérica, ya que es parte del Gran Chaco Americano. Durante los últimos años, esta provincia argentina ha sido de las primeras en el ranking de desforestación nacional.
Como señala un monitoreo realizado por la Dirección Nacional de Bosques, entre 2017 y 2022, Santiago del Estero perdió un total de 201 525 hectáreas. Además, según un monitoreo satelital realizado por Greenpeace, durante 2024 perdió 54 123 hectáreas, el equivalente a más de 75 000 canchas de fútbol profesional.
La superficie boscosa santiagueña es hogar de especies como el pecarí (Tayassu pecari), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), la corzuela (Mazama gouazoubira) y el loro hablador (Amazona aestiva) y está siendo talada para la ganadería y la agricultura, principalmente, pero también para la producción maderera y de carbón.
Este avance de la frontera agropecuaria, como advierte el informe realizado por Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), se ve acompañado, además, de conflictos socioambientales generados por supuestos procesos de expulsión de las comunidades indígenas y campesinas, denunciados como violentos.
Lejos de avanzar en medidas de recomposición, protección y mitigación, la titular de la Dirección de Bosques de Santiago del Estero expresó a Mongabay Latam que el gobierno de Javier Milei está agudizando la situación crítica con políticas de desfinanciamiento que amenazan el funcionamiento del área. Entre otras medidas, se encuentra la reciente eliminación por decreto del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), instrumento mediante el cual se administraban las partidas presupuestarias orientadas a la preservación de bosques en las provincias del país. El Ejecutivo redujo, así, el presupuesto otorgado al Fondo Nacional para Enriquecimiento y la Conservación de los bosques nativos.
La familia Canido: denuncias de supuesta violencia y deforestación
Orlando Canido, dueño de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, es uno de los empresarios denunciados por el MOCASE. Durante julio y agosto de 2024, también fue denunciado públicamente por Greenpeace Argentina por desmontes realizados para la actividad agropecuaria en tierras de su propiedad pero protegidas por la Ley de Bosques. Según los datos aportados por esta organización, el empresario habría arrasado con más de 11 000 hectáreas. Esta extensión se suma a las 500 hectáreas deforestadas hace casi diez años por el mismo empresario en la comunidad de Bajo Hondo, tras episodios de violencia que fueron públicamente denunciados por el MOCASE a través de imágenes, videos y fotos.
Mongabay Latam se comunicó en tres oportunidades con la empresa de Canido, Manaos, en su sede en Buenos Aires, para conocer su versión de los hechos. En la compañía afirmaron que tal vez se comunicarían con este medio para responder las consultas pero no lo hicieron al cierre de esta nota. Mongabay Latam también intentó contactar al empresario mediante el correo electrónico proporcionado en el sitio web de la empresa, pero tampoco obtuvo respuesta.
“Esto es algo que no se detiene. Uno puede hacer un sobrevuelo hoy mismo y va a poder ver las máquinas, no sólo de la familia Canido, sino otras más trabajando. Denunciamos el caso de Canido en 2016 y desde entonces venimos acompañando a las comunidades que fueron víctimas del avance de las topadoras”, expresa Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El desmonte detectado por Greenpeace en julio de 2024 fue en una finca perteneciente a la familia Canido, ubicada a 45 kilómetros de la localidad santiagueña de Nueva Esperanza. En base a imágenes satelitales, la organización descubrió que más de 11 000 hectáreas habrían sido arrasadas. Unas semanas después, durante agosto, la organización identificó otro desmonte de 200 hectáreas en una finca también perteneciente a los Canido, cerca de la ciudad de Quimilí. “Está avanzando el desmonte sin ningún tipo de reparo en una zona protegida por ley, donde sólo se podría hacer uso sustentable y de ninguna manera podrían arrasar las topadoras como lo están haciendo”, señala Cruz.
Tanto Quimilí como Nueva Esperanza son lugares críticos, ya que, según explica Matías Mastrangelo, ecólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), forman parte de las zonas de la provincia que más han perdido su masa boscosa porque tienen suelos más aptos para la agricultura: “Allí el cambio en el paisaje fue muy abrupto y en muy pocos años pasaron de ser pueblos forestales a ser pueblos principalmente dedicados a la agricultura”, afirma.
Orlando Canido es una de las tantas caras que las organizaciones campesinas identifican como responsables del desmonte empresarial y la violencia ejercida contra las comunidades en Santiago del Estero. Y es que gran parte del bosque nativo es habitado por comunidades originarias que se encuentran en una situación de inseguridad jurídica, ya que, si bien son poseedores de las tierras que ocupan ancestralmente, en la mayoría de los casos no han accedido a los títulos o escrituras.
Esta situación hace que las comunidades estén constantemente presionadas por grandes productores y empresas que, según sus denuncias, se “apropian” de los territorios -mediante la compra a bajo precio o la cesión irregular por parte del Estado- para desarrollar su actividad agrícola o ganadera.
En 2016, Orlando Canido fue denunciado pública y judicialmente por el MOCASE por supuestamente avanzar con las topadoras sobre territorios indígenas en la zona de Bajo Hondo, al noreste de la provincia. La representante del pueblo indígena Vilela, Mirta Coronel, relata a Mongabay Latam que bandas parapoliciales que responderían al empresario habrían amedrentado a la comunidad con palos y armas de fuego, incendiando viviendas, envenenado animales e hiriendo a algunos de los integrantes del movimiento campesino con el objetivo de desalojarlos de sus tierras.
“Ellos vienen con papeles y dicen que supuestamente han comprado (la tierra), pero no se fijan que hay una comunidad dentro de ese territorio. Comunidades que hace 70, 80 años que están ahí. Los abuelos de los que viven ahora han vivido ahí, han nacido ahí, siguen ahí. Luego nos quieren desalojar, pero a las comunidades no nos queda otra opción que resistir en el lugar”, explica la líder indígena.
Según referentes del MOCASE y de Greenpeace, los hechos denunciados en 2016 en Bajo Hondo se dieron luego de que la provincia autorizara al empresario a realizar un plan de desmonte de 4 000 hectáreas. No obstante, gracias a la resistencia y lucha pacífica de la comunidad, con el apoyo de estas organizaciones, sólo alcanzó a desmontar 500 hectáreas. A pesar de este logro, los referentes destacan que los atropellos y episodios de violencia continuaron y que en 2021 habrían tenido que enfrentar nuevos intentos de desalojo.
Actualmente, aunque las fincas pertenecientes a Canido y recientemente desmontadas no forman parte de territorios indígenas, las organizaciones MOCASE y Greenpeace siguen denunciando supuestas irregularidades y presuntas complicidades entre las autoridades de la provincia y el empresario. Reclaman que se ponga un freno a la pérdida de bosque nativo en zonas que, según la Ley Nacional de Bosques, deberían estar inhabilitadas para la transformación de sus suelos.
Sin embargo, la directora de Bosques de Santiago del Estero, Noelia Zanichelli, difiere con esta versión y explica que las acciones de Orlando Canido se han desarrollado siempre dentro del marco legal de Santiago del Estero. Esto se debe a que la provincia ha flexibilizado y adaptado la normativa nacional, permitiendo otorgar permisos para actividades productivas que implican la conversión de una porción de bosque.
Es por ello que no hay sentencias legales en contra del empresario, ya que, según detalla la funcionaria, todas las modificaciones realizadas por Canido en sus fincas forman parte de planes productivos autorizados por la provincia bajo la normativa vigente.
Hecha la ley, hecha la trampa
A partir de 2007 la situación de los bosques nativos en Argentina cambió. La deforestación creciente que se desarrollaba hasta el momento en todo el territorio nacional pasó a desacelerarse gracias a la sanción de la normativa conocida como Ley Nacional de Bosques, nacida al calor de los reclamos de distintos actores sociales, movimientos ambientalistas y organizaciones.
Esta ley establece estándares mínimos de protección de bosques mediante su categorización en zonas rojas, amarillas y verdes, de acuerdo a su relevancia en términos de conservación. Estos mapeos de bosque se llaman Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN).
Santiago del Estero actualizó por última vez su OTBN en 2015. A partir de entonces, la totalidad de superficie boscosa de la provincia quedó pintada en el mapa del siguiente modo: el 14% categorizada como roja, el 82 % como amarilla y el 4 %, verde.
Las zonas rojas son de alto valor y la normativa nacional estipula que no deben transformarse para aprovechamiento forestal. La categoría de conservación amarilla, de mediano valor, sólo admite cierto nivel de transformación mediante alternativas sustentables. Por su parte, las zonas verdes son consideradas de bajo valor en términos de conservación y son las únicas en las que se permite una alteración parcial o total.
Sin embargo, Matías Mastrangelo explica que muchas legislaciones provinciales, como en el caso de Santiago del Estero, “han trampeado” la ley nacional: “Hecha la ley, hecha la trampa. Hemos visto que en los últimos diez años más de la mitad de los desmontes se dieron en zonas amarillas y rojas, de mediano y alto valor de conservación ¿Cómo se logró eso? Haciéndole trampa a la ley de varias formas”.
Mastrangelo afirma que la provincia de Santiago del Estero aprobó, por ejemplo, una figura que estipula unos puntos verdes dentro de las zonas amarillas, los cuales dan permiso a los propietarios para desmontar hasta ciertos porcentajes considerables.
La titular de la Dirección de Bosques de Santiago del Estero explica que los puntos verdes en las zonas amarillas se incorporaron a la ley provincial para que los propietarios de lotes que caen en la categoría de mediano valor de conservación tengan la posibilidad de realizar algún aprovechamiento productivo de sus fincas.
Luego de un análisis que se hace a nivel predial, aclara Zanichelli, se pueden habilitar planes productivos que permiten al productor modificar un tope máximo del 10 % para realizar actividad agrícola y hasta el 40 % para aprovechamiento silvopastoril, dejando un 50 % de reserva de bosque nativo.
La funcionaria aclara que Orlando Canido tiene cinco planes productivos aprobados en sus distintos lotes. Por ejemplo, en una de las fincas más grandes de su propiedad -de 17 000 hectáreas-, se habilitó el aprovechamiento de 2000 hectáreas para agricultura y 7000 para silvopastoril. Los otros planes replican proporciones parecidas en función de la cantidad de hectáreas y las categorías de conservación de cada finca.
Si bien, como explica la funcionaria, no se trataría entonces de un “desmonte ilegal”, las organizaciones ambientalistas y campesinas de la provincia vienen denunciando que detrás de estos planes productivos se encubre e intensifica la situación crítica de pérdida del bosque nativo.
Sistemas silvopastoriles: ¿prácticas sustentables o desmontes encubiertos?
Uno de los usos del bosque que más genera controversias entre expertos y organizaciones es su habilitación para aprovechamiento silvopastoril. El ecólogo Mastrangelo sugiere que algunos productores tergiversan las implicancias de esta categoría.
A diferencia de actividades agrícolas más intensivas y de mayor impacto, los sistemas silvopastoriles se promueven como una alternativa sustentable, ya que combinan la ganadería con el manejo forestal mediante el aprovechamiento y conservación de especies de bosque nativo, el uso de plantas forrajeras y el pastoreo de ganado en la misma superficie.
Estas prácticas -que forman parte del modo tradicional de subsistencia de muchas comunidades locales-, permiten un manejo más equilibrado del territorio y generan diversos beneficios ambientales y sociales, como la reducción de la erosión de los suelos, el aumento de la biodiversidad y la diversificación de ingresos para los productores.
Sin embargo, “hay una discusión semántica que supieron aprovechar muy bien los grandes productores”, asegura Mastrangelo. “Hay formas de uso que ellos empezaron a llamar silvopastoril, pero lo que en realidad lo que realizan es un desmonte mecánico con rolos o con distintas maquinarias y sólo dejan algunos árboles nativos en muy baja densidad”, explica. Luego, dice, le llaman silvopastoriles pero “no tienen nada de silvo”, “no tienen nada de uso forestal”, sino que sería completamente pastoril, completamente ganadero, indica.
La directora de Bosques de Santiago del Estero insiste en que es preciso evitar utilizar la categoría de “desmonte” o “deforestación” para referirse a las habilitaciones que la provincia otorga para usos de carácter silvopastoril. La funcionaria sostiene que no implican -o no deberían implicar- la tala total sino el “desarbustado“, esto es, “sacar todo lo que está debajo de las plantas grandes para que el ganado se desarrolle ahí”.
Sin embargo, desde Greenpeace Argentina denuncian que esto no es lo que efectivamente ocurre y que, tras estas autorizaciones, terminan realizándose prácticas que amenazan la riqueza, estructura y complejidad del bosque.
Un monitoreo de la superficie de Bosque Nativo de Argentina de 2022, realizado por la Dirección Nacional de Bosques, confirma esta versión. El estudio indica que en el ranking de las principales causas de pérdida de bosque nativo a nivel nacional, luego de los usos agropecuarios y los incendios, se encuentra, en tercer lugar, el uso silvopastoril. Según el monitoreo, el aprovechamiento silvopastoril en Santiago del Estero es la principal causa de desmonte o deforestación.
La lucha por el monte
Los intereses empresariales sobre el monte nativo y se ven alentados por las políticas de gobierno de Milei. La directora de Bosques de la provincia sostiene que el presupuesto que les fue adjudicado por el Presidente disminuye casi a la mitad el fondo que recibieron durante los años anteriores. “Normalmente vivimos con falta de recursos, pero hoy realmente el criterio que está teniendo el Gobierno Nacional en relación a los bosques nos está matando, literalmente”.
Estas medidas son señales negativas para las provincias que, en su mayoría, según mencionan los expertos, están retrocediendo en materia de conservación de los bosques. Para Mastrangelo hay muchos frentes que atacar para mejorar esta grave situación. En principio, el científico afirma que es importante que Santiago del Estero avance en la regulación de tierras y que el gobierno provincial, en vez de entregar tierras fiscales a empresarios, genere una política que favorezca el arraigo de la población local.
El experto sostiene que la población local es el actor clave que contribuye al mantenimiento de la cobertura boscosa. Además, dice, es importante que los gobiernos provinciales cumplan lo que establece la Ley Nacional de Bosques y no busquen la manera de flexibilizar la norma.
Imagen destacada: Desmonte de 2016 de más de 10 000 hectáreas en Santiago del Estero, que se encontraba ejecutando la familia Canido, dueña de la empresa Refres Now, productora de la gaseosa Manaos. Foto: cortesía Martin Katz / Greenpeace
Créditos
