- A la habitual corrupción de cepa nacional, en los últimos años ha incursionado en esta práctica ilegal el empresariado chino que cada vez más ocupa la Panamazonía.
- En países como Bolivia se descubrió que sobornaban autoridades para obtener licencias benevolentes, incluida la venta de las acciones de la estatal YPFB. En Perú y en Ecuador se denunció la manipulación del sistema de contratación para beneficiar a la empresa china.
- Aunque parezcan iguales todos estos casos, lo que los diferencia es cuánto han podido controlar esa corrupción y qué mecanismos de gobernanza se aplican. Y si el sistema de justicia permite (o no) la impunidad de los responsables del crimen.
En la última década, la presencia de empresas chinas en la Amazonía ha aumentado considerablemente, ya sea como inversionistas directos o como contratistas encargados de construir infraestructura para gobiernos financiados con préstamos de China. La falta de transparencia característica de su país de origen ha fomentado un entorno que permite a estas empresas eludir el escrutinio. Muchos analistas suponen que sus contratos se han empañado por sobornos y comisiones ilegales, basándose en la reputación de corrupción tanto en China como en América Latina. Pese a ello, la prensa ha revelado pocos escándalos, y la mayoría de las presuntas irregularidades se basan en conjeturas sobre lo que constituye un buen negocio y un precio justo. Felizmente, hay excepciones.
En 2016, una serie de circunstancias inusuales revelaron una red de sobornos en Bolivia, vinculando a una importante empresa constructora china con funcionarios del gobierno boliviano. La empresa China CAMC Engineering (CAMC), una subsidiaria de la Corporación Nacional de la Industria de Maquinaria de China (SINOMACH), había firmado contratos con el gobierno boliviano por aproximadamente 576 millones de dólares, incluyendo:
- La venta de tres plataformas de perforación petrolera en 2009 a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 60 millones de dólares.
- El diseño y construcción de un ingenio azucarero en San Buenaventura, en el departamento de La Paz, para la empresa estatal Empresa Azucarera San Buenaventura, por 167 millones de dólares en 2012.
- La construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero, que conectaría la red ferroviaria con una fábrica de urea en Chapare. El proyecto fue abandonado en 2015 después de que la empresa recibiera un pago inicial de 20 millones de dólares, sobre una oferta total de 104 millones de dólares.
- La presa y embalse de Misicuni, en el departamento de Cochabamba, por 70 millones de dólares en 2015. Los sobrecostos agregaron otros 48 millones de dólares al proyecto, que finalmente se terminó en 2017.
- Una planta de fertilizantes potásicos en el departamento de Potosí, construida entre 2015 y 2018, por 179 millones de dólares.
La compra de las plataformas para YPFB se financió con un préstamo del ExIm Bank de China, mientras que los demás proyectos dependían de fondos del Banco Central de Bolivia. En otras palabras, CAMC competía con empresas bolivianas y brasileñas sin la necesidad de depender de la influencia política de un banco chino que condicionara el préstamo a la adquisición de bienes y servicios chinos.
El escándalo que rodeó estos contratos no tuvo nada que ver con auditorías o investigaciones anticorrupción. En cambio, la atención pública se centró en Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, quien fue contratada por CAMC como alta ejecutiva de su filial boliviana. La señora Zapata no tenía ninguna cualificación evidente, sin embargo, tenía en su poder un certificado de nacimiento que acreditaba a Evo Morales como padre de su hijo, lo que le permitió ejercer influencia tanto en CAMC como en el gobierno.
Su influencia se esfumó cuando se reveló que el niño no existía y que había engañado al presidente para que firmara un certificado de nacimiento falso. Nunca se determinó con exactitud cuánto dinero se desvió en sobornos, pero se estima que una comisión del 5% habría generado aproximadamente 30 millones de dólares. Inicialmente, Zapata amenazó con implicar a altos funcionarios del gobierno, pero finalmente confesó haber falsificado documentos y asumió la responsabilidad del fraude. Desde enero de 2024, cumple una condena de 10 años en un centro penitenciario boliviano.
De igual forma, se han denunciado otros casos de sobornos por parte de CAMC en Perú, donde el Ministerio de Energía y Minas firmó en enero de 2023 un contrato para construir una red eléctrica en el departamento de Amazonas por 31 millones de dólares. También se han descubierto pruebas de irregularidades en Ecuador, donde la empresa obtuvo entre 2012 y 2018 contratos para construir oficinas del servicio de seguridad del Estado, cinco hospitales de última generación y un proyecto de vivienda urbana, por un total de 850 millones de dólares.
Una investigación de lavado de activos en Estados Unidos reveló que CAMC pagó 1,3 millones de dólares al hermano del contralor ecuatoriano Pablo Celi de la Torre, quien supuestamente manipuló el sistema de contratación pública para favorecer a la empresa.
Otro escándalo aún más sonado involucra a Sinohydro, la empresa china que construyó la central hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair entre 2005 y 2016, y al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno. Los sobornos supuestamente fueron canalizados a la familia de Moreno a través de intermediarios en Panamá, mientras el país negociaba un contrato con sobrecostos superiores a 1.900 millones de dólares por la polémica represa en el río Coca, en la Amazonía ecuatoriana. El 5 de marzo de 2023, la Fiscalía General ecuatoriana acusó formalmente a Moreno, su esposa, dos hijas, un hijo y 14 cómplices de defraudar al Estado por un total de 76 millones de dólares.
Así como el caso Lava Jato reveló la magnitud del sistema de sobornos incrustado en el cártel de la construcción brasileño, estos ejemplos evidencian la escala potencial de las prácticas corruptas asociadas a las empresas chinas. En Bolivia, su actividad delictiva fue expuesta por casualidad, y las sanciones no guardaron relación con la malversación de fondos. En Ecuador, los delitos fueron descubiertos por piratas informáticos, pero las acusaciones penales fueron impulsadas por la Fiscal General Diana Salazar, primero como fiscal del caso y luego como máxima autoridad del Ministerio Público.
La corrupción es un rasgo cultural común en todas las sociedades humanas. Pero algunos países han logrado controlarla mejor que otros. Lo han conseguido mediante mecanismos de gobernanza que fortalecen sus instituciones, garantizan la transparencia en la administración pública y cuentan con sistemas judiciales que exigen rendición de cuentas a los responsables de actos ilícitos.
Imagen destacada: Cañón en el Parque Nacional de Sumaco. Imagen de Rhett A. Butler.
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