- Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida.
- Misael Mata Asencio participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras.
- Guatemala vive un momento complejo para los defensores de derechos humanos y del territorio: en 2024 hubo 28 asesinatos, principalmente de líderes indígenas que protegen el territorio, de acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales.
- El Ministerio Público de Guatemala no ha dado a conocer líneas de investigación en los casos de los defensores recientemente asesinados ni medidas de protección para las comunidades a las que pertenecían.
Marco Antonio Zuleta Quevedo, bombero forestal y guardarrecursos de Guatemala, recibió llamadas telefónicas durante semanas de una persona que aseguraba haber sido contratada para matarlo y le pedía el doble del pago para no hacerlo. El defensor denunció la extorsión ante las autoridades y nada pasó. El pasado 9 de mayo fue asesinado con un arma de fuego cuando se dirigía a su casa en la comunidad de El Chico, Usumatlán, en el departamento de Zacapa.
Cinco días después, a poco más de 115 kilómetros de allí, asesinaron a Misael Mata Ascencio, defensor del territorio e integrante de una alianza de comunidades antimineras, cuando trabajaba como vigilante de seguridad en un finca del departamento de Izabal.
Ambos asesinatos ocurrieron en medio de una creciente violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, en especial contra comunidades indígenas que protegen el territorio.
De acuerdo con el reciente reporte de la organización internacional Front Line Defenders (FLD), el país fue el tercero en la región con más asesinatos de personas defensoras, detrás de Colombia y México.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) registró ese año más de 4133 agresiones contra este sector, así como 28 asesinatos, la mayoría contra personas que protegían el medio ambiente y el territorio, principalmente personas indígenas.
Es uno de los momentos más críticos en 20 años para documentar la violencia contra personas defensoras, señala Brenda Guillén, coordinadora de Udefegua.
“Hay un patrón muy establecido de ataque contra personas que están en la defensa de sus territorios y del medio ambiente en las comunidades. Estos dos ataques directos, el de Marco [Zuleta] y el de Misael [Mata], son el reflejo de varios fenómenos que operan en los territorios”, advierte.
Mongabay Latam consultó al Ministerio Público de Guatemala para conocer posibles líneas de investigación de ambos casos, así como avances en los expedientes, sin que hasta la publicación de esta nota exista respuesta.
Tono, el guardián forestal de Sierra de las Minas
Zuleta, también conocido como “Tono” por sus compañeros, siempre tuvo un papel protector en los espacios comunitarios que lideró, desde sus inicios en los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) —figuras locales que permiten la participación ciudadana y que también fungen como un enlace para la gestión de proyectos con autoridades— hasta el liderazgo que tuvo en otros espacios municipales.
El defensor custodiaba parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, una cadena montañosa de 240 537 hectáreas, cuya administración depende de la Fundación Defensores de la Naturaleza y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conanp). Comenzó trabajando en jornadas forestales para la atención de incendios, para después incorporarse de forma fija como brigadista.
Los brigadistas en Sierra de las Minas tienen diferentes funciones en la conservación del bosque, que incluyen la prevención de incendios, el control del fuego en temporadas de calor y la recuperación de las áreas afectadas, explica excompañera de Zuleta, quien pide el anonimato por motivos de seguridad.
“Tono [Zuleta] logró una plaza para ser viverista municipal para la producción de árboles que se traduce en actividades de reforestación. Estaba con nosotros para desarrollar actividades en un vivero y también por muchos años fue contratado para ser bombero forestal, él conocía muy bien la zona”, relata su excompañera a Mongabay Latam.
También cuenta que Zuleta denunciaba en todos los espacios que podía las irregularidades que observaba en el manejo de los recursos naturales.
“Él denunciaba tala, denunciaba la extracción ilícita de todo tipo de recursos, de minerales, de lo que viera que no iba en orden”, detalla la trabajadora y agrega que las denuncias del defensor eran tanto en redes sociales como de forma pública en los consejos comunitarios. “Eso incomoda a ciertos sectores”, agrega.
Su excompañera recuerda las llamadas anónimas que Zuleta recibió un mes antes del asesinato a manera de extorsión, para advertirle que alguien había pagado para matarlo y que si quería impedirlo, el defensor debía pagar más dinero.
“Puso su denuncia, la cual no se tradujo en nada. Pero esto se intensificó, en los últimos días de Tono, según nos comentaron sus familiares, los mensajes fueron muy constantes”, cuenta.
Los excompañeros de Tono apuntan a que los responsables del asesinato están en la minería ilegal, una actividad que históricamente ha afectado a la reserva y a las comunidades del departamento de Zacapa con la extracción ilegal de jade, así como el avance del cultivo de la palma de aceite.
“La minería ilegal es lo más fuerte que hay en la zona y tiene intereses muy fuertes. Marco era de una u otra forma su espinita en el zapato”, sostiene.
La trabajadora señala la ausencia de seguridad y de medidas de las autoridades para proteger a quienes cuidan la Reserva Sierra de las Minas.
“Tenemos a cargo una coadministración, no la seguridad. Si ellos (autoridades) no pueden garantizar la seguridad de los territorios, ¿qué podemos hacer nosotros las organizaciones ambientalistas?”, expone ante la falta de cuerpos de seguridad en la zona.
Datos del Ministerio de Energía y Minas muestran que en 2023 se realizaron 105 inspecciones a explotaciones mineras ilegales en Guatemala, la mayor cifra en más de 20 años.
Aunque el Ministerio dijo haber iniciado trámites para la sanción o suspensión de estos puntos, ninguno de los realizados ese año se hizo en la región cercana a Sierra de las Minas.
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Un fábrica de agua en Guatemala
La Sierra de las Minas es de gran importancia ecosistémica para Guatemala. La reserva contiene el bosque nuboso más extenso de Centroamérica y ocupa un 5 % del territorio nacional. Además, aquí nacen más de 60 ríos que abastecen a otras regiones, como los valles de Motagua y Polochic.
La trabajadora de la reserva sostiene que el área natural protegida es como “una máquina de agua”, ante la importancia hídrica que tiene en la región.
“Tanto el Motagua como el Polochic son los que brindan entre el 70 y el 90 % del agua que va al lago de Izabal, que conecta al Caribe guatemalteco. Sierra de las Minas es fundamental para este ecosistema”, sostiene.
También destaca la importancia que tiene la reserva para las 280 mil personas que viven en las 208 comunidades asentadas en los límites de la reserva y que dependen de los recursos y aprovechamiento sustentable del área protegida.
“Una de ellas es Teculután, el 100 % de su población depende del agua de Sierra de las Minas. En términos de servicios ecosistémicos, si lo traducimos a dinero, es una cantidad millonaria lo que la reserva produce”, afirma.
De acuerdo con la Fundación Defensores de la Naturaleza, en la reserva viven al menos 575 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, así como más de 1690 especies de flora.
Misael Mata, una voz de la resistencia antiminera
Misael Mata era originario de la localidad de Las Flores, ubicada en el municipio de Livingston, en el departamento de Izabal. Se trata de una de las 54 comunidades que desde comienzos de 2025 se organizaron en una resistencia antiminera, ante el anuncio de exploraciones para la extracción de níquel, cerca de Sierra Santa Cruz, un área de protección especial en Guatemala.
Semanas antes, Mata acompañó caminatas en esta área en la búsqueda de pozos de exploración minera. Una autoridad ancestral, quien enfrenta amenazas en la región, afirma que en esas búsquedas detectaron cerca de 90 agujeros. Y no son todos, asegura.
“El señor Asencio estuvo aquí activo en la resistencia contra la exploración minera, ¿quién lo asesinó? No lo sé”, dice el líder indígena, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.
Tras el asesinato de Mata, las Autoridades Ancestrales de Iximulew denunciaron un contexto de amenazas y hostigamiento contra líderes comunitarios que defienden sus territorios de proyectos extractivos.
La extracción de níquel y otros minerales abundantes en Izabal ha provocado largos conflictos entre las comunidades afectadas con empresas mineras. Uno de ellos se centró principalmente en el Proyecto Fénix, una mina de níquel ubicada en el municipio de El Estor, operada por la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group.
El conflicto por la ausencia de consulta previa, libre e informada llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó al Estado guatemalteco reponer el ejercicio de consulta a comunidades indígenas.
Ahora, Sierra Santa Cruz —una zona de 64 320 hectáreas que incluyen selva tropical lluviosa— se enfrenta a varios proyectos que buscan extraer níquel, cobalto, escandio y hierro.
De acuerdo con un reporte del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), una plataforma de investigación independiente sobre proyectos mineros y petroleros en Guatemala, se han realizado más de 450 pozos de exploración dentro del área de protección especial, ante un alto contenido de níquel en la zona.
La iniciativa advierte que de permitir la operación de una gran mina a cielo abierto, los impactos incluirán la pérdida de bosque, contaminación del agua y destrucción del territorio ancestral.
“Definitivamente no queremos minería en nuestra región de Livingston, queremos que eliminen las licencias mineras que hay, porque hay al menos 10 licencias mineras”, dice la autoridad ancestral consultada, quien ve principalmente afectaciones en el agua y los cultivos.
De esta cadena montañosa nacen 17 ríos que alimentan al Río Dulce y al Río Sarstún y que son de gran importancia para la captación y regulación hidrológica de Guatemala, de acuerdo con la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación.
La misma fundación sostiene que al menos 50 comunidades, en su mayoría indígenas Q’eqchi’s, dependen del cultivo de maíz, frijol, arroz y chile y, en menor escala, el cardamomo, cacao, achiote y frutales.
“Solo de los cultivos vive la gente en la montaña. Con la contaminación que va a haber, ahí ya no habría cultivos”, advierte el dirigente indígena que ha acompañado las protestas contra la exploración minera.
De acuerdo con el OIE, actualmente más de 13 proyectos mineros han sido solicitados sobre el territorio de la Sierra Santa Cruz, donde hay al menos cinco empresas que buscan explorar o explotar minerales en un área de 460 kilómetros cuadrados, sin que hasta ahora se haya realizado algún tipo de consulta previa.
De acuerdo con el Anuario estadístico más reciente del Ministerio de Energía y Minas, hasta 2023, había 335 licencias de explotación minera vigentes y 12 de exploración.
El líder maya Q’eqchi sostiene que hasta ahora no ha habido ningún proceso de consulta, pero que sí hay acercamientos de empresas y de autoridades para continuar con las exploraciones en Sierra Santa Cruz.
“Estamos en riesgo nosotros y también la familia de Asencio. Yo ya no salgo a las calles por miedo a que me puedan asesinar”, sostiene.
Imagen principal: en el lapso de cinco días, dos defensores del territorio en áreas de gran importancia ambiental fueron asesinados en Guatemala. Ninguno de los crímenes ha sido esclarecido. Foto: Facebook Marco Antonio Zuleta Quevedo
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