La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que realiza un monitoreo de estos derechos en toda la región. Javier Palummo está a cargo de ella y a medida que pasan los años ve siempre la falta de voluntad política y la captura del Estado por parte de intereses económicos organizados, vinculados a la minería, al agronegocio o la energía, aseguró a Mongabay Latam. “Estos intereses son muy eficientes a la hora de tener peso en las decisiones” de los Estados, agregó.

Palummo también destaca que los países latinoamericanos no logran resolver el abismo entre normativas e implementación de esas normas. “Muchos de nuestros países son grandes rectificadores de normativa internacional, pero a veces no contamos con los mecanismos de exigibilidad y monitoreo”, afirma.

La organización que integra tiene el deber de vigilar el respeto a los derechos de las personas en los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA). A principios de julio, su tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió una opinión consultiva sobre el alcance de las obligaciones estatales en el contexto de la emergencia climática, una decisión que pone sobre la mesa las responsabilidades de los países frente a la crisis. Palummo analizó el contexto de esta decisión.

-¿Cómo resumiría la situación respecto a los derechos ambientales a nivel regional? ¿Qué avances y retrocesos ve? ¿Cree que estamos estancados?

-A nivel regional, el respeto de los derechos ambientales muestra una situación desigual. En términos generales persisten desafíos estructurales en casi todos los países. Esos desafíos estructurales impiden avanzar con la urgencia que exige la crisis climática. La nueva opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara sobre este sentido de emergencia. Hemos observado algunos avances normativos, como el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en algunas constituciones nacionales. La ratificación del Acuerdo de Escazú es algo muy positivo, inclusive por parte de países del Caribe anglófono, que no se han destacado por ratificar ni la Convención Americana de Derechos Humanos ni el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entonces, hay avances normativos. Creo que es probablemente lo más importante. Pero también en la labor de monitoreo hemos identificado retrocesos importantes en la implementación efectiva de políticas públicas que garantizan estos derechos y en muchos casos dificultades que están vinculadas con otros marcos normativos, que implicarían de alguna manera el choque de marcos normativos, entre derechos humanos y protección de derechos ambientales con la protección de inversiones. Eso está generando una problemática específica y que implica de alguna manera el choque entre normativas de protección del sector empresarial y grandes inversiones y estándares que tienen que ver con la consulta previa o la protección del medio ambiente o la política climática.

-La relatoría publicó recientemente un informe sobre Bolivia. ¿Cuál es su conclusión sobre el estudio?

-Documentamos una situación paradigmática porque el país cuenta con un marco constitucional que reconoce los derechos de la Madre Tierra, ha adoptado compromisos climáticos en forma activa, pero tiene prácticas institucionales que hemos documentado en nuestro informe, como la expansión del agronegocio o la débil fiscalización del uso del fuego, que están provocando un escenario propicio para incendios devastadores sobre los ecosistemas estratégicos del país y sobre los derechos, sobre todo de comunidades indígenas y rurales. Y en el caso de las comunidades indígenas, una afectación a sus medios de vida.

-Recién se refirió al choque de normativas entre derechos ambientales y derechos de las empresas e inversores. ¿Esto se da en las industrias extractivas especialmente?

-En muchos casos se trata de conflictos vinculados a industrias extractivas. Cuando hablamos de derechos ambientales, el tema de las industrias extractivas cobra una especial dimensión. Pero si hablamos en términos un poco más amplios de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no han sido solo industrias extractivas. En el caso paradigmático de Uruguay, se dio con la industria del tabaco por una normativa de salud pública que limitaba la actuación de las empresas tabacaleras en el país. Los conflictos pueden estar dados en relación a muchos derechos. Cuando hablamos de derechos ambientales, este choque se da con industrias extractivas y grandes obras de infraestructura vinculadas a la transición energética, como parques de energía eólica o la extracción de minerales críticos de la transición energética. También por obras hidroeléctricas. Para seguir con el ejemplo del informe sobre Bolivia, documentamos que coexisten normas que reconocen derechos ambientales y de los pueblos indígenas con leyes y decretos que facilitan el desmonte, el uso del fuego y la expansión agroindustrial dentro de las áreas protegidas o cerca de ellas y de territorios indígenas.

-Habló de una situación desigual en la región en cuanto a derechos. ¿Cómo se da esa desigualdad?

–Los beneficios del extractivismo, de la transición energética y de los hidrocarburos quedan de alguna manera aprovechados por los sectores más pudientes de nuestras sociedades, que los tenemos en una forma muy concentrada. De hecho, esa es una de nuestras características como región: una alta concentración de la riqueza y de la propiedad de la tierra. Luego hay zonas de sacrificio, con comunidades que en muchos casos forman parte de sectores históricamente excluidos o vulnerados en nuestras sociedades, que además ahora sufren el impacto de la expansión del agronegocio, el impacto de la nueva minería de minerales críticos de la transición o el aumento o el avance de la minería tradicional y de combustibles fósiles. Son quienes terminan sufriendo esos mayores impactos.

-¿Cuáles son los desafíos estructurales que más le sorprenden en la región?

-Los desafíos estructurales suelen estar dados por las lógicas de políticas económicas y políticas fiscales. Nuestra Relatoría tiene cuatro prioridades. La primera prioridad es la emergencia climática y la protección del ambiente. La segunda es empresas y derechos humanos. La tercera es políticas económicas y políticas fiscales. Yo le pongo mucho énfasis a esta. Y la cuarta es democracia y DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y ambientales]. Pongo mucho énfasis en políticas económicas y políticas fiscales porque se juega mucho en ese campo, donde hay algunas cuestiones claves de nuestra región, como el porcentaje muy alto de economías informales, el impacto que tiene la corrupción, la existencia de regímenes tributarios regresivos, la existencia de regímenes especiales para determinados tipos de explotaciones, que cuentan con ciertas exoneraciones muy importantes o excepciones muy importantes en términos de contribución a las arcas de los Estados. El caso de las zonas económicas especiales es un caso bastante paradigmático en nuestra región, en donde además existe mucha opacidad. Y en algunos países el tema de la deuda pública y sus condicionamientos están vinculados con las políticas de austeridad y el impacto de esas políticas de austeridad en las posibilidades que tienen los países de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y lo otro está muy vinculado con la existencia de Estados que no logran romper con las lógicas que priorizan la renta a corto plazo por encima de la sostenibilidad ambiental y el respeto de los derechos humanos. Eso da lugar a prácticas como las que se constatan en el informe de Bolivia sobre el uso del fuego.

El tema de la regulación del sector privado es otro capítulo estructural, que tiene que ver en muchos casos con que nuestros países no tienen leyes de debida diligencia.

-¿Qué cree que cambiará con la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

-Estimo que puede llegar a tener un impacto muy importante en los países y no solo desde el punto de vista retórico. Marca un antes y un después e implica una hoja de ruta para repensar los modelos de desarrollo en clave de justicia climática y de derechos humanos. Uno de los aspectos clave es que vamos a tener una herramienta de uso en el marco del litigio. Va a dar lugar, sin duda, a nuevos estadios en lo que refiere a la exigibilidad de los derechos. Es probable, esperable que esta opinión consultiva también constituya de alguna manera ese necesario paso previo para que en los próximos años tengamos casos vinculados a lo que se llama el litigio climático con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilicen a los Estados por violar el derecho a un clima sano.

Detectamos la existencia de nuevas formas de vulnerabilidad o formas emergentes de vulnerabilidad, lo que va a tener que generar en muchos de nuestros países un repensar inclusive de las políticas sociales o de protección social porque las tragedias climáticas están generando nuevas vulnerabilidades sociales, en personas que no eran beneficiarias de programas sociales. Lo vimos en Brasil con las inundaciones, personas que perdieron todo, que pasaron de sectores sociales que no eran beneficiarios de la protección social del Estado, y que de la noche a la mañana pasaron a estarlo.

-¿Qué evaluación hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la situación de los defensores ambientales en la región?

-El tema de los defensores es un tema muy importante para la Comisión. La Comisión tiene una relatoría específica y un mecanismo de protección convencional. Nosotros también trabajamos la temática de personas defensoras, especialmente personas defensoras ambientales. El mecanismo de las medidas cautelares para salvaguardar la integridad y la vida de las personas defensoras es una potestad de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando se trata de periodistas, de la Relatoría de Libertad de Expresión. También se aborda en la Relatoría de Pueblos Indígenas. La situación en la región es alarmante en términos de números de víctimas de personas defensoras de derechos humanos. Los retrocesos que estamos viendo son muy importantes: criminalización, estigmatización, violencia e impunidad. Y lo que más alarma es que no son casos aislados, son expresiones de un conflicto profundo entre modelos extractivos y derechos colectivos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías tienen un rol insustituible en el desarrollo de estándares, en la tramitación de casos, en la realización de visitas, de monitoreo, en el uso del mecanismo de medidas cautelares. Y también en articulación con organismos como el Comité de Escazú, la CEPAL. Año a año repetimos números escalofriantes de muertes, asesinatos, violencia, hostigamiento y silenciamiento, además de criminalización de personas defensoras.

-¿Qué observa en cuanto al rol de los Poderes Judiciales y las empresas en esta crisis sobre los defensores?

-La obligación del Estado es la obligación del Estado. Y respecto de las empresas, no estamos en un estadio de desarrollo del derecho internacional en las cuales se pueda responsabilizar a las empresas por los abusos de derechos humanos, sino que siempre a lo que se apunta es a que el Estado garantice los derechos humanos dentro de su jurisdicción, inclusive cuando se trata de abusos desarrollados por privados. Significa regulación, supervisión, sanción y asegurar de esa manera que no existan abusos por parte de las empresas. Eso no quiere decir que no se puedan hacer cuestiones respecto de ambos sectores. En cuanto al Poder Judicial, desde la Comisión Interamericana se ha insistido mucho en la importancia de reforzar la independencia judicial, la capacitación en estándares interamericanos, especialmente sobre personas defensoras de derechos humanos. Relevamos denuncias de criminalización y procesos penales que se abren sin garantías mínimas. Buscamos que los sistemas de Justicia no sean usados como herramientas de intimidación a través de denuncias infundadas o juicios prolongados. Además, la posición de la Relatoría y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que las empresas, especialmente las que operan en sectores extractivos, tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, tienen la responsabilidad de respetar los derechos de las comunidades, de no interferir en los procedimientos judiciales, de no alentar a la criminalización. Estamos trabajando en estos momentos en algunas líneas de trabajo específicas en empresas y derechos humanos. Estamos en una situación de mayor deuda sobre la necesidad de contar con una normativa legal, por lo tanto, obligatoria, de debida diligencia para las empresas.

Imagen principal: Javier Palummo, relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. Foto: cortesía CIDH

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Alexa Editor/a

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