- Tres países de la región amazónica, Perú, Colombia y Brasil, deberán elegir a sus presidentes durante este año.
- Enrique Ortiz destaca la ausencia del tema ambiental en los debates electorales e insta a los votantes y a los candidatos a dimensionar la importancia de la Amazonía en sus países.
- Además, repasa las políticas sobre deforestación y recuerda que la integridad de la Amazonía no es solo una cuestión ambiental, sino también un imperativo económico, social y de salud pública.
- Las opiniones expresadas son las de los autores y no necesariamente las de Mongabay Latam.
En las próximas semanas o meses, los votantes de Brasil, Perú y Colombia elegirán a sus nuevos presidentes. En conjunto, estos tres países albergan aproximadamente el 80 % de la selva amazónica, lo que hace que sus elecciones vayan más allá de fronteras nacionales. El futuro del bosque tropical más grande del mundo dependerá en gran medida de las decisiones que sus ciudadanos tomen en las urnas. Más de 35 millones de personas que habitan en la región amazónica de estos países también dependen directamente de esos resultados.
Brasil, con cerca del 60% de la Amazonía, ofrece un ejemplo claro de cómo las políticas presidenciales pueden determinar el destino del bosque. El país ha experimentado fluctuaciones drásticas en los índices de deforestación a lo largo de las últimas dos décadas. Si bien los precios de las materias primas, los mercados globales, las condiciones climáticas y la geopolítica desempeñan un papel importante, la política gubernamental ha sido –sin dudas– un factor decisivo.
En 2004, por ejemplo, Brasil perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque amazónico. Para 2012, la implementación de medidas ambientales más estrictas logró reducir gradualmente esa pérdida a menos de una sexta parte de aquel nivel. Estos esfuerzos se basaron no solo en una aplicación más rigurosa de la ley, sino también en la cooperación con los sectores agrícola y empresarial, históricamente vinculados a la deforestación. Las recientes políticas ambientales de Brasil han logrado reducir nuevamente la pérdida forestal.
Perú y Colombia revelan vínculos similares entre el liderazgo político y los resultados ambientales. En Perú, la persistente agitación política y la inestabilidad institucional han coincidido con niveles récord de deforestación amazónica en los últimos dos años. En Colombia, la reciente disminución de la deforestación sigue siendo frágil, influenciada tanto por las acciones de grupos criminales armados y redes de narcotráfico como por las políticas estatales dirigidas a combatirlos.
En los tres países, las decisiones nacionales relativas a la agroindustria, la ganadería, la expansión de infraestructuras y las industrias extractivas han tenido un impacto profundo en la Amazonía. Lo mismo ocurre con la escasa aplicación de la ley contra la minería ilegal de oro, la tala ilícita, el tráfico de vida silvestre y las economías criminales que se encuentran cada vez más entrelazadas con dichas actividades.
Sin embargo, a pesar de lo que está en juego, el medioambiente ha permanecido en gran medida ausente de los recientes debates presidenciales. Esta omisión resulta difícil de justificar, dado que los desastres relacionados con el clima —sequías severas, inundaciones catastróficas y fenómenos meteorológicos extremos— causan daños crecientes a las economías nacionales y amenazan el bienestar público.
La Amazonía no es simplemente una región silvestre remota, repleta de una rica diversidad biológica. Es un pilar de la prosperidad regional. Sus bosques regulan las lluvias, estabilizan el suministro de agua y sostienen la productividad agrícola en toda Sudamérica. Solo en Brasil —donde aproximadamente entre el 70 y el 90 % de la producción de soja depende de las lluvias y no del riego—, el vínculo entre la salud de los bosques y la estabilidad económica es inconfundible.
Por lo tanto, la integridad de la Amazonía no es solo una cuestión ambiental, sino también un imperativo económico, social y de salud pública para estos tres países. Las crecientes amenazas a la seguridad alimentaria y energética deben abordarse de manera simultánea con las preocupaciones ambientales.
Los futuros presidentes deben comprometerse con políticas concretas que frenen las invasiones y especulación de tierras, la minería ilegal y el crimen ambiental organizado. Deben equilibrar el desarrollo económico y la seguridad pública con la conservación de los bosques, fortalecer las protecciones para las comunidades indígenas y locales que defienden sus territorios y salvaguardar los sistemas hídricos y climáticos de los que dependen tanto las poblaciones rurales como las urbanas. La energía en ciudades como San Pablo, Bogotá y Lima —aunque estas no se encuentren en la Amazonía— depende en gran medida de los servicios que esta provee.
En última instancia, la responsabilidad recae en los votantes de Brasil, Perú y Colombia. Las elecciones democráticas ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de escoger líderes con planes coherentes y confiables para proteger tanto a las personas como a la naturaleza. El futuro de la Amazonía podría depender de ello.
*Imagen principal: un puente artificial para el cruce de animales, utilizado en un estudio en la Amazonía peruana. Foto: cortesía Justin Santiago
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