- Las metas que se propusieron Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia sobre cuánto (y cómo) frenar y revertir la deforestación para el año 2030 aun siguen siendo más una declaración de intenciones que una hoja de ruta concreta.
- Pese a ello, Killeen rescata algunas de las políticas de Gobierno que estos países han venido implementando con relativo éxito, entre los que destacan aquellas destinadas a crear áreas naturales protegidas.
- A ello se suma el reconocimiento de tierras indígenas y la zonificación del uso de suelo, con miras a detener la tala de árboles.
Colombia, Perú y Ecuador firmaron el Pacto de Glasgow, un acuerdo vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que incluye, entre otros compromisos, detener y revertir la pérdida de bosques para el año 2030. Aunque Bolivia no suscribió ese componente del tratado, sí se comprometió a reducir la deforestación en un 80 % al presentar su borrador de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) ante la CMNUCC en 2022. Los cuatro países cuentan con políticas de larga data para crear áreas protegidas, reconocer tierras indígenas y aplicar mecanismos de zonificación del uso del suelo que, en teoría, limitan la tala de bosques en terrenos privados. Además, todos han implementado durante décadas múltiples programas para promover el desarrollo sostenible, la gestión forestal y el bienestar social.
No obstante, ninguno posee leyes similares al Código Forestal de Brasil o una estrategia gubernamental integral como el PPCDAm. Los gobiernos actuales de Colombia y Ecuador muestran intención genuina de resolver la deforestación; en cambio, los de Perú y Bolivia se muestran más bien ambivalentes. En toda la Amazonía andina, los funcionarios electos respaldan públicamente el desarrollo con deforestación cero, pero a menudo toleran o fomenta políticas que la impulsan. Resulta preocupante que en la última década todos hayan aumentado su tasa media anual de deforestación.
En Colombia, el Código Penal incluye desde hace tiempo los delitos medioambientales como la tala ilegal y la deforestación en tierras públicas. Sin embargo, la primera ley aplicable contemplaba sanciones muy leves comparadas con los beneficios del delito. Este desequilibrio fue corregido por la Ley de Delitos Ambientales (2021), que incrementó las penas, amplió la responsabilidad penal a financiadores y perpetradores, y criminalizó de forma más precisa la apropiación de tierras públicas.
Resta saber si una ley bien diseñada puede compensar la falta de estado de derecho en las zonas fronterizas. Junto a la reforma legal, el presidente Iván Duque lanzó la Campaña Artemisa, movilizando a más de 23.000 policías y soldados para frenar la invasión en áreas protegidas amazónicas. Si bien permitió recuperar 27.000 ha, no redujo sustancialmente la deforestación, que pasó de 159.000 ha en 2019 a 174.000 ha en 2021. La operación fue criticada por presuntas violaciones de derechos humanos, ya que se centró en campesinos con décadas de ocupación, como en los PNN Tinigua, mientras ignoró el acaparamiento de tierras en zonas fronterizas que rodean el parque amazónico más grande de Colombia (PNN Serranía de Chiribiquete).
El sucesor del presidente Duque, Gustavo Petro, priorizó mejorar la calidad de vida de habitantes desplazados por violencia o atraídos por la frontera agrícola. Como administraciones anteriores, su gobierno propone reducir la desigualdad agraria redistribuyendo tierras confiscadas e invirtiendo en infraestructura rural, con la esperanza de incentivar a la población a permanecer en zonas antes deforestadas. El plan incluye fomentar la agroecología y agroforestería para incrementar la productividad y mejorar los medios de vida, desincentivando la expansión agrícola. No obstante, hasta febrero de 2024, estas eran declaraciones de intenciones, más que planes de acción concretos.
Petro, al igual que su predecesor, continúa las acciones de orden público, especialmente en áreas protegidas controladas por milicias. Además, anunció que Colombia abandonará la explotación de combustibles fósiles en la Amazonía y promoverá cooperación regional para movilizar apoyo financiero internacional hacia el desarrollo sostenible.
En Ecuador, talar bosques naturales sin permiso es ilegal, aunque existen excepciones para comunidades tradicionales (una hectárea anual por familia) y algunos terratenientes, dependiendo del tamaño de la propiedad. La deforestación ilegal se castiga con hasta tres años de prisión y multas de 20.000 dólares. Si forma parte de un plan de apropiación de tierras, las penas pueden llegar a cinco años y multas de hasta 130.000 dólares; además, se contemplan sanciones como decomiso de maquinaria, disolución permanente de empresas y revocación de títulos de propiedad. Sin embargo, pese al marco legal, los infractores rara vez son procesados, y el sistema de permisos se emplea sobre todo para la comercialización de madera.
El país ecuatoriano cuenta con un programa integrado para promover la conservación y el desarrollo sostenible: el Plan Integral para la Amazonía (PIA), un documento estratégico elaborado por los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura en conjunto con PROAmazonía, patrocinado por las Naciones Unidas (PNUD) y financiado por el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Entre sus iniciativas sobresale el programa Socio Bosque, de pagos por servicios ecosistémicos, que brinda compensaciones anuales en efectivo a propietarios que conservan bosques. Si bien hay recursos para monitorear la deforestación, no hay una iniciativa clara para sancionarla, presumiblemente porque los desmontes los cometen pequeños agricultores que pueden justificar su actividad como tradición. El objetivo es persuadirlos de desistir de la tala mediante mejoras en su calidad de vida.
En Perú, existen varias estrategias nacionales para la conservación de los bosques, un sistema sólido de áreas protegidas, fuertes protecciones legales para tierras indígenas y numerosos proyectos REDD+. El Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado un sistema sofisticado de monitoreo deforestación, oportuno, preciso y transparente. Además de comprometerse con el “Acuerdo de Glasgow”, Perú se ha planteado la meta de reducir la deforestación neta en la Amazonía en un 40 % para 2030 y alcanzar la neutralidad en deforestación para 2050.
El enfoque peruano se basa en un marco legal que prohíbe la tala de bosques en provincias amazónicas. Amplias áreas de bosque primario han sido designadas exclusivamente para la gestión forestal sostenible mediante Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Su base legal data de la Ley de Recursos Naturales de 1997, complementada por normativas de 2004 que encargaron al Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) su implementación junto a gobiernos regionales. Aunque los estudios ZEE se realizaron en gran parte entre 2000 y 2015, se completaron para las principales zonas agrícolas.
Sin embargo, existe una zonificación paralela llamada Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), usada por defensores del desarrollo convencional para invalidar las designaciones ZEE legales. Aunque emplea los mismos datos biofísicos, aplica criterios distintos, favoreciendo cultivos y ganadería. La CTCUM se fundamenta en una legislación de la década del 70, retomada en 2009 por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y ha sido utilizada para justificar la expansión de plantaciones de palma aceitera a gran escala y el despliegue de colonos menonitas en el río Ucayali.
Las políticas deliberadas que favorecen la producción vinculada a la deforestación también se hicieron evidentes en 2021, cuando el Congreso peruano modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, eliminando la obligación de mantener una reserva forestal del 30 % en tierras privadas. También se permitieron exenciones de evaluación CTCUM antes de talar, lo que, según expertos, genera un vacío legal que puede legalizar una tenencia ilegítima. La versión revisada en 2024 refuerza la posición del MINAGRI por encima del MINAM como autoridad máxima en zonificación forestal.
Aunque existen reportes aislados de fiscales investigando la deforestación ilegal, Perú carece de una política coordinada de aplicación de ley. Pese a sus políticas de conservación, no cuenta con una estrategia integrada para combatir la deforestación ilegal, y muchos funcionarios locales están implicados en el mercado ilegal de tierras.
Bolivia se comprometió en dos ocasiones a reducir o eliminar la deforestación a través de sus declaraciones periódicas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Estas incluyen sus declaraciones de Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de 2016, que se comprometió a reducir todos los tipos de deforestación en un 80% para 2030. Para apoyar estos objetivos, el Ministerio del Medioambiente lanzó el programa de monitoreo Nuestros Bosques, que compiló mapas precisos de cobertura forestal y deforestación.
Pero estos objetivos son poco realistas debido a una percepción social generalizada: muchos bolivianos creen que las tierras fiscales no designadas deben colonizarse y explotarse. Esta visión se sustenta en disposiciones constitucionales (arts. 311, 393, 395, 397 y 398) y leyes como la de Reforma Agraria (2007), Madre Tierra (2012), Autorización de Desmonte de Hasta 20 ha (2015), y la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2020), todas orientadas a promover la expansión de la frontera agrícola y exportaciones.
Paradójicamente, la Constitución penaliza la deforestación (art. 389), pero permite el desmonte conforme a planes territoriales regionales o prediales. Esto se aplicó en 2013 y 2017, cuando mediante el Plan de Ordenamiento Predial (POP) se legalizaron 850.000 ha de deforestación reciente y se otorgaron permisos para desmontar otras 154.000 ha.
Recientemente, el presidente Luis Arce ha sido acusado de distribuir tierras públicas a un grupo electoral clave, autodenominado “interculturales”, quienes colonizan zonas remotas con apoyo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este respaldo habría sido parte de una estrategia para competir con Evo Morales en las elecciones de 2025. Arce también firmó un acuerdo con la agroindustria para ampliar la producción de bienes de exportación ante una crisis económica amenazante. Aunque diplomáticamente Bolivia ratifica compromisos ante la CMNUCC, estos se ven socavados por presiones políticas y económicas que favorecen la expansión de la frontera agrícola
Imagen destacada: Río Zacambu en la Amazonía de Tambopata, Perú. Crédito: Rhett A. Butler.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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