- Mongabay Latam y Vorágine detallan cómo las disidencias del jefe guerrillero "Calarcá" arrasan con la selva en Caquetá mediante un modelo de extorsión, ganadería extensiva, acaparamiento y sometimiento a los civiles.
- Inversionistas foráneos financian la tala masiva para acaparar tierras y blanquear dinero y mediante la modalidad del “aumento” aportan el ganado mientras los campesinos pobres ponen el pasto sobre las cenizas del bosque.
- La Amazonía colombiana perdió 36 129 hectáreas de bosque a finales de 2025: Caquetá concentró el 26.63 % de esta devastación nacional, situando a Cartagena del Chairá como el municipio más deforestado del país.
- La apertura de vías clandestinas y de gran amplitud facilita el ingreso de maquinaria pesada y motosierras, y empujan la frontera ganadera directamente hacia el interior de los parques Chiribiquete y Picachos.
Como si se tratara de un aguacero bíblico, el cielo se derrumbó violento sobre la vereda Chorreras, en San Vicente del Caguán, Caquetá, al sur de Colombia. Armando* peregrinaba por una trocha de lodo junto a unas 200 personas. Eran cuerpos empapados que avanzaban por la montaña mustios y obedientes. Horas antes, acatando una orden de las disidencias de Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, habían vaciado todos sus bolsillos. A varios kilómetros de allí dejaron abandonados sus teléfonos celulares, relojes, gorras y chaquetas. Sostuvieron la marcha despojados de cualquier pertenencia, sopesando hambre y frío. Solo quedaba andar y no mirar atrás.
Era octubre de 2025. Al final del camino los esperaba una especie de oficina de cobro. Un comandante guerrillero y su secretaria estaban sentados al aire libre, guareciéndose de la borrasca bajo una pequeña caseta. Ella sostenía un cuaderno abierto. La multitud formó una fila y, uno a uno, fueron pasando frente a la pareja para rendir cuentas.
El interrogatorio iba al grano.
—¿A qué se dedica? ¿Tiene finca? ¿Tiene negocio? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas cabezas de ganado tiene?
La secretaria anotaba las cifras y los nombres en las hojas. Del censo a mano alzada dependía el dictamen final: la imposición de una cuota de 10 000 pesos (3.20 dólares) al año por cada res que pastara en sus potreros y por cada hectárea de tierra que se tuviera. Los guerrilleros exigieron la recolección de la plata en efectivo o a través de transferencias a cuentas de plataformas de pago como Nequi, que debían realizar una vez regresaran al pueblo.
En la escena se fraguaba algo más que una extorsión. En esta parte de la Amazonía colombiana, los terrenos y las vacas anotadas en el cuaderno de la secretaria son la manera en que las disidencias vigilan un negocio redondo que tiene como meta ampliar cada vez más la ganadería en zonas protegidas y baldíos a costa de la desaparición de la selva. La dimensión de ese despliegue ya se ve desde el aire: en el último trimestre de 2025, el departamento reunió el 26.63 % de las alertas de detección temprana de deforestación del país y ocupó el segundo lugar nacional en pérdida de cobertura boscosa.
El dato desolador es que Caquetá alberga una porción de cuatro grandes parques de riquezas incalculables: la Serranía de Chiribiquete, la Cordillera de los Picachos, el Alto Fragua Indi Wasi y la Serranía de los Churumbelos. “La deforestación en un territorio de este tipo, cruzada con economías criminales, no es solo un desastre forestal, sino una crisis climática que altera la disponibilidad de agua y destruye la absorción de carbono de la Amazonía”, dice Paulo Ilich Vacca, director de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia.
Mentir sobre la cantidad de animales o negarse a pagar la tarifa eran ideas que nadie contemplaba en la vereda Chorreras, bajo la lluvia. Al menos tres personas más en San Vicente del Caguán contaron de los pagos anuales a la guerrilla, en episodios similares a los que vivió Armando*. Entre campesinos y ganaderos saben que los hombres de “Calarcá” tienen cómo corroborar lo reportado. Sus ojos y oídos lo abarcan todo en la región.
Cómo se compra un territorio
María* es una lideresa que pertenece a una guardia campesina. En una asamblea comunal a la que asistió, la organización armada puso sobre la mesa una estrategia para apoderarse de más bosque y convertirlo en potreros: les ofrecieron a los lugareños un “paquete de colonización” para ir a conquistar florestas lejanas. Era un kit que incluía 50 hojas de zinc para levantar una casa, 20 para armar la cocina y una motosierra.
Pero esa era solo una parte de la orden. También hablaron de un mecanismo financiero para involucrar a la comunidad que ya es conocido entre los habitantes: un “fondo rotatorio” de ganado. Para nutrir las arcas del sistema, los disidentes exigen aportes en reses a los grandes hacendados locales. Las vacas se usan como un capital semilla y se las entregan a la gente de más bajos recursos con una condición: deben cuidarlas, retener las crías que nazcan y luego entregar el vientre original a otra familia para mantener la rotación. Con la repartición de los novillos, las disidencias compran lealtades y aseguran su base social en el territorio, todo bajo la intimidación.
Frente a esas exigencias, la comunidad a la que pertenece María* se plantó hace unos meses. Durante una asamblea, los líderes rechazaron las instrucciones por una razón sencilla: si su función era ejercer como guardia ambiental, no podían al mismo tiempo dedicarse a tumbar árboles. Alzaron la voz y exigieron que su desobediencia quedara por escrito. “Que quede en el acta que nosotros no estamos de acuerdo con esto y no vamos a enviar a nadie”, contó ella.
Ante la entrega masiva de motosierras y lotes, la organización social trazó una línea roja. Tomaron la decisión de apartarse y dejar a los pobladores a su suerte si optaban acatar las cuotas de tala que ordenaba la guerrilla. «Si alguien deforesta es bajo su propia responsabilidad. Nosotros como organización campesina no vamos a volver a defender a una persona si llegan las autoridades y lo capturan por delitos ambientales», dijeron.
El negocio que devora la selva
Pacho* conoce bien a sus vecinos y cuestiona la narrativa que señala al pequeño colono como el principal responsable de la deforestación en Caquetá. Sabe que personas como su compadre o él mismo nunca tendrían en sus manos sumas de 100 millones de pesos (unos 32 000 dólares) para internarse maraña adentro y armar inmensas fincas ganaderas de la nada. Para las familias sin recursos, desmontar una parcela significa asegurar la supervivencia y abrir espacio para sembrar pequeños cultivos de pancoger, como yuca o maíz.
Pero la deforestación en grandes proporciones no es solo el hacha sobre un árbol; demanda maquinaria operativa y eso cuesta. Convertir en cenizas terrenos de 100 o 200 hectáreas de un solo envión exige campamentos, enormes cantidades de combustible, cuadrillas de obreros y la entrada de maquinaria pesada capaz de remover robustos parajes verdes y abrir vías clandestinas que alcanzan hasta los 14 metros de ancho. Y no se trata de unas cuantas fincas en medio del monte. En el cuarto trimestre de 2025, el Caquetá perdió 9078 hectáreas de bosque más que durante ese mismo lapso del año anterior.
Los capitales para financiar el andamiaje vendrían de afuera de la Amazonía. Según el investigador Camilo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el fenómeno está impulsado por la figura del “terrateniente ausentista”. Se trata de inversionistas foráneos que viven en ciudades como Neiva o Bogotá, y que delegan el oficio de devorar el paisaje en mayordomos instalados en la región.
El objetivo de estos recursos, según González, no es simplemente vender carne o leche: “La ganadería es poco rentable, pero al cabo de los dos años ha aumentado el precio [del terreno], es un retorno muy alto; el verdadero negocio en esas zonas de deforestación tiene que ver con la renta de la tierra”.
Para consolidar el negocio sobre zonas que han sido convertidas en pastizales, quienes ponen el capital usan la modalidad del “aumento”: toman un baldío “improductivo”, lo desmontan y lo ponen a rentar con ganado.
Y aquí es donde entran las disidencias de “Calarcá”. Este grupo se encarga de entregar el andamiaje inicial para despejar de árboles los nuevos entornos, como ocurrió en el caso de la comunidad de María*. El terrateniente dispone las reses y, al final del ciclo de engorde, divide algo de las ganancias con el encargado del hato.
En ello coinciden cuatro testimonios recogidos por Mongabay Latam y Vorágine en la zona. De esa forma, se introducen miles de vacas al territorio que pueden estar financiadas por capitales ilícitos y cuya carne, leche y crías se comercializan después con toda legalidad. Usan la necesidad del pobre para convertirlo en mano de obra que arrasa el verde a escala industrial.
Esta alianza periodística conoció un expediente judicial en el que Josías Cano López, exjefe de finanzas de la estructura de alias “Calarcá”, detalló cómo operaba esta actividad. Conocido en la guerra como “Camándula”, el exguerrillero relató bajo juramento que construyeron una red de informantes con mototaxistas para perfilar económicamente a los ganaderos más prominentes de la región y luego los citaban para cobrarles cuotas extorsivas que alcanzaban hasta los 600 millones de pesos (unos 192 000 dólares). La llegada de animales multiplicó las finanzas de las disidencias.
Con la fluctuación de otras economías ilícitas, las tropas de “Calarcá” encontraron en ese cruce de predios y vacas el salvavidas para mantener su poderío militar. “Como la coca bajó mucho, a ellos les tocó echar mano del ganado, con eso tienen el negocio. Es que al ganadero le cobran por todo: por cabeza, por hectárea, por vender”, dice un testimonio consignado en una investigación de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
La magnitud de estos cobros evidencia la verdadera lógica del conflicto. “Aquí estamos pagándole a ‘Calarcá’ los impuestos, y estamos pagándole en Guaviare también a ‘Mordisco’ los impuestos, y al Estado… estamos con unas cargas muy grandes”, dice un hombre consultado para este reportaje. En apariencia, la guerrilla cobra vacunas porque necesita dinero. En la práctica, ocurre lo contrario: la economía ilegal necesita destruir el bosque para meter ganado; el ganado produce las rentas; esas rentas financian la estructura armada; y la estructura armada regula la expansión ganadera. La selva no se consume a pesar de la gente de “Calarcá”; desaparece porque su imperio depende de ella.
La guerra que arrasa el bosque
Las presiones contra los civiles y las tierras son apenas una parte de la gobernanza criminal que ejercen las disidencias en la región. El Caquetá es uno de los principales bastiones de las disidencias “Calarcá”, hoy conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
De acuerdo con el balance de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en agosto de 2026, este grupo duplicó con creces su tamaño en el transcurso de la política de Paz Total del anterior gobierno de Gustavo Petro: en diciembre de 2022 contaba con unos 1400 integrantes y para mediados de 2026 ya sumaba 3000 miembros.
Su aparato armado tiene uno de sus principales centros de operación en los Llanos del Yarí, en Caquetá, y se diluye hacia el sur del Meta, Guaviare y Putumayo a través del Bloque Jorge Suárez Briceño. Además, mantienen alianzas con otras organizaciones que les permiten ampliar su influencia hacia el Magdalena Medio y el norte del país.
El gran problema es que las consecuencias del acaparamiento, la ganadería extensiva, las extorsiones y los negocios de estas disidencias tienen un saldo que ya se ve sobre la superficie: cada vez hay más claros donde antes había vegetación.
Las estadísticas oficiales, publicadas en julio de 2026, permiten dimensionar la magnitud de lo que está ocurriendo en esta porción de la Amazonía. Solo durante el cuarto trimestre de 2025, la Amazonía colombiana perdió 36 129 hectáreas de cobertura —un área equivalente a la ciudad de Medellín—, 16 330 más que en el mismo tiempo del año anterior.
La distribución territorial de esas alertas coincide con las zonas donde las disidencias han consolidado su dominio en Caquetá. Cartagena del Chairá aparece como el municipio más deforestado del país: acumuló el 16.67 % de las detecciones de todo Colombia. En el mismo departamento, le siguieron Solano, con el 4.97 %; y San Vicente del Caguán, con el 4.37 %.
La proporción de los espacios naturales intervenidos tampoco parece corresponder con la apertura de pequeñas parcelas para el sustento de las familias campesinas. De los 137 parches de más de 30 hectáreas identificados en todo el bioma amazónico, 62 estaban en el Caquetá. En Cartagena del Chairá, además, las imágenes satelitales mostraron un solo bloque de praderización de 115 hectáreas: una sabana artificial abierta sobre terrenos de reserva forestal.
La FCDS muestra en otro de sus estudios que la deforestación en esta zona está asociada con la captura de baldíos, que son usados para la ganadería. La pregunta es, ¿y dónde está el Estado?
Para Ilich Vacca, de Dejusticia, la parálisis de las instituciones frente al acaparamiento no es un hecho aislado, sino una desconexión estructural: “La Amazonía es un territorio complejo en el que confluyen un montón de variables que hacen que las sentencias judiciales y la política pública queden cortas”. El investigador dice que la ganadería extensiva responde a una dinámica histórica que se remonta a principios del siglo XX, cuando el propio Estado —debido a la violencia que vivía el país— impulsó y financió la colonización, sembrando la semilla de una frontera móvil que hoy la guerrilla regula sin Dios ni ley.
En ese esquema, el ganado cumple una función que va más allá de la producción de carne: acaban con los árboles, ocupan el terreno, lo hacen productivo y generan una apariencia de propiedad sobre retazos del mapa que pertenecen al Estado.
Pero para llevar las reses hasta esos potreros primero hay que abrir camino. Las trochas ilegales son la entrada de las motosierras a los rincones más remotos de dos parques nacionales que flanquean sus áreas protegidas sobre el suelo del Caquetá: la Serranía de Chiribiquete y la Cordillera de los Picachos.
Es justamente en la parte caqueteña de estas reservas —en municipios clave como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano— donde la apertura de caminos informales está empujando la frontera ganadera hacia las franjas verdes. La velocidad de esta colonización es física: sólo entre 2024 y 2025, Cartagena del Chairá lideró el crecimiento de vías ilegales en toda la Amazonía con 244 nuevos kilómetros. San Vicente del Caguán no quedó muy atrás: en ese mismo tiempo aparecieron otros 133 kilómetros de carreteras clandestinas.
El siguiente eslabón está en los controles para rastrear el origen del ganado. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no cruza la información de vacunación bovina con las alertas de deforestación, según un análisis de Dejusticia. Un animal criado en una zona removida puede, por tanto, circular con su documentación sanitaria en regla sin que el sistema necesariamente advierta las circunstancias en las que terminó pastando en ese lugar.
Lo que comienza con la ocupación puede terminar dentro de una ruta completamente legal. Las reses salen de los potreros abiertos, pasan por los controles sanitarios y llegan a los centros de consumo. Ese es uno de los vacíos que una ley sancionada recientemente busca cerrar: mejorar la trazabilidad para seguir el rastro de las vacas desde su origen.
Por lo pronto, la carne que se produce en territorios bajo dominio de las disidencias puede terminar en supermercados de Bogotá y Villavicencio, mientras los ingresos regresan a zonas donde el grupo armado impone buena parte de las reglas. En Colombia, el conflicto también pone el bistec en el plato de la mesa de los citadinos.
El hombre detrás del imperio
Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, cimentó su poder territorial sobre la figura de un dirigente local. Mientras su enemigo “Iván Mordisco” consolidó una jefatura de corte militar atada a los negocios de la cocaína en la Amazonía profunda, “Calarcá” edificó su base social sobre la ganadería, cuenta González, de Indepaz. Su estrategia para gobernar a la población civil consistió en crear asambleas comunitarias para dominar el sur del Meta y San Vicente del Caguán.
Documentos de inteligencia muestran algo de su trayectoria. Según la Fiscalía, décadas atrás, Díaz Mendoza fue el segundo al mando del esquema de seguridad de alias “Mono Jojoy”, uno de los líderes legendarios de las FARC, muerto en un bombardeo del Ejército en septiembre de 2010.
Luego de la desmovilización de esa guerrilla en 2016, los frentes que no se acogieron a la paz se dividieron los municipios y sus recursos. En esa nueva reorganización, “Calarcá” asumió la tarea de custodiar los depósitos que contenían el oro y el armamento del antiguo grupo.
La organización demostró su hegemonía en los departamentos de Meta y Caquetá con sicarios vestidos de civil. Poco a poco las tropas de Díaz Mendoza fueron ganando poder, manteniendo a la población bajo amenaza y entablando una batalla vereda por vereda contra otras disidencias, como la Segunda Marquetalia y las estructuras de “Iván Mordisco”, que concentran buena parte de potestad en el Guaviare.
En El Pato y Balsillas, Armando* ha visto cómo esta disputa ha dejado decenas de muertos en las zonas rurales. Cuando hay combates, la gente no puede salir de sus casas hasta que terminan las balaceras.
Según la Defensoría del Pueblo, esta guerra se encendió en diciembre de 2025. Los combates llegaron a las veredas Linderos y La Libertad, en San Vicente del Caguán, y confinaron a los habitantes de la Reserva Campesina del Río Pato. Desde entonces, quedaron bajo la asedio constante de minas antipersonal y municiones sin explotar en sus caminos de herradura.
Illich Vacca, de Dejusticia, dice que es imposible analizar la crisis de deforestación separada de los derechos humanos, pues la protección de los ecosistemas sólo ha sido posible gracias a las comunidades que viven allí. El investigador expone como prueba el patrón de violencia que sufren quienes se oponen a que sigan diezmando la Amazonía: “En el resguardo Yarí Yaguará 2 [ubicado entre Caquetá, Guaviare y Meta] varios líderes indígenas que intentaron resistir a la deforestación fueron desplazados forzosamente”.
En respuesta a un derecho de petición, el Ejército declaró que sus tropas sostuvieron 35 combates contra las disidencias en el departamento entre 2024 y mediados de 2026, enfrentamientos que dejaron 110 guerrilleros muertos o sometidos, y otros 171 capturados.
Uno de esos episodios ocurrió en Rionegro, un corregimiento del municipio de Puerto Rico. El 29 de enero de este año, los hombres de “Calarcá” del Frente Rodrigo Cadete atacaron la subestación de policía, perforaron trece casas y prohibieron a la misión médica atender a los heridos. Dos semanas después las disidencias dieron esta orden: que nadie podía estar en la calle después de las seis de la tarde. Prácticamente vaciaron el pueblo de golpe y empujaron a las familias hacia el monte. Este hecho fue documentado por una Alerta Temprana de la Defensoría.
Armando* cuenta que ha llegado a quedar atrapado en medio del fuego cruzado en las zonas en los campos de San Vicente del Caguán. Los cobros cada año en octubre —la fila de hombres y mujeres bajo la lluvia, entregando sus pertenencias y respondiendo por sus parcelas y su ganado— son parte de una rutina en la región. Para moverse por las veredas y atravesar los retenes ilegales de las disidencias, Armando* debe llevar un carné que las Juntas de Acción Comunal están obligadas a expedir por orden de la guerrilla. El documento se renueva cada seis meses y permite saber quién entra y quién sale. Los presidentes de las juntas firman las credenciales y responden por las personas que autorizan.
Desobedecer también tiene un precio. Quien camine sin el carné puede recibir multas de hasta un millón de pesos (320 dólares) o ser obligado a trabajar en fincas. Los castigos pueden ser peores. María* cuenta que a un hombre le cortaron parte de una oreja, le impusieron una multa de diez millones de pesos y lo retuvieron durante tres meses para que limpiara maleza. A un presidente de una Junta de Acción Comunal lo encerraron durante medio año por sacar una pistola traumática en una cantina, en medio de una borrachera. Incluso un excombatiente que había firmado el Acuerdo de Paz terminó obligado a limpiar potreros en el monte y tuvo que pedir permiso para salir y cumplir los compromisos que le exigía el Gobierno.
El control ha llegado a tal punto que las propias organizaciones comunitarias ayudan a los habitantes a cumplir las reglas para evitar los castigos. La guardia recorre varios municipios y les recuerda que deben llevar siempre el carné y respetar las normas de conducta. Ese documento, creado para vigilar quién entra y quién sale de la región, terminó siendo parte de la vida cotidiana de los campesinos. Y es una muestra sutil del imperio que “Calarcá” implantó en Caquetá ante los ojos de todos.
*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.
*Imagen principal: grandes extensiones de bosque son taladas y quemadas para abrir paso a potreros en Caquetá. La apertura de áreas de 100 o 200 hectáreas requiere maquinaria, combustible, trabajadores y vías para transportar los equipos. Foto: Andrés Cardona
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