En medio de un conflicto administrativo que tiene detenido al Programa Nacional para la Conservación del Caimán llanero (Crocodylus intermedius) en Colombia, el Ministerio de Ambiente y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) anunciaron medidas para retomar este esfuerzo de conservación.

Semanas después de que Mongabay Latam publicó el riesgo que enfrentan casi 200 cocodrilos del programa que no han recibido alimento ni atención médica, el Ministerio de Ambiente anunció un “Plan de Acción Técnico e Institucional” para la recuperación, conservación y liberación de esta especie, declarada en peligro crítico de extinción en Colombia.

Entre las medidas anunciadas está convocar el 22 de junio al Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas para presentar un diagnóstico actualizado del programa y definir rutas técnicas para ejemplares bajo cuidado humano.

También informó que en julio se pondrá en marcha la primera fase de liberación y repoblamiento en cinco puntos priorizados.

De acuerdo con el Ministerio, la Universidad Nacional de Colombia avanzó en un documento con la Universidad de los Llanos para fortalecer el manejo de los 12 ejemplares que actualmente se encuentran en esta institución.

Sin embargo, aún se desconoce qué medidas tomarán las autoridades para atender a los 180 cocodrilos del programa que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure y que poseen alta diversidad genética y probabilidades de reproducirse en vida silvestre, según investigadores del programa. Mongabay Latam contactó al Ministerio para saber si estos ejemplares están contemplados en las medidas, pero hasta esta publicación no hubo respuesta.

En tanto, biólogos y personal veterinario confirmaron la muerte de un tercer ejemplar adulto de cocodrilo en el Parque Merecure este 28 de mayo, sin que hasta ahora haya una necropsia que determine la causa.

Cormacarena emitió un requerimiento a la Universidad Nacional de Colombia para la inmediata translocación, ejecución de necropsia y disposición final del ejemplar.

La máxima autoridad ambiental del departamento del Meta también ordenó, entre otras medidas, el alimento inmediato y continuo a los 12 ejemplares de la Universidad de los Llanos, los cuales registran “un ayuno prolongado y crítico desde el 4 de septiembre de 2025”, así como para los 180 ejemplares del Parque Merecure, cuyo último registro de alimentación fue del 25 de septiembre de 2025, con “signos evidentes de deterioro corporal”.

En tanto, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, que argumenta el vencimiento de convenios con la Universidad de los Llanos y el Parque Merecure para detener los servicios de alimentación y cuidado médico de los cocodrilos, señala que ha sido la única institución con carga administrativa y financiera para el cuidado de los ejemplares, por lo que llamó a las corporaciones y al Ministerio de Ambiente a asumir su responsabilidad compartida en el programa.

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*Imagen principal: autoridades ambientales y universidades se pronunciaron por la situación de cocodrilos del Orinoco. Foto: UNAL

Las autoridades argentinas incautaron más de 700 animales marinos traficados desde Kenia en un operativo realizado el pasado 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de Buenos Aires. Conservacionistas calificaron el procedimiento como uno de los golpes más importantes contra el comercio ilegal de fauna acuática exótica destinada al mercado de mascotas ornamentales y acuarios domésticos que se haya realizado recientemente.

El operativo contó con la participación de la Brigada de Control Ambiental de Argentina, funcionarios de Aduanas, el organismo de sanidad agropecuaria, la organización International Fund for Animal Welfare (IFAW) y la Fundación Temaikèn, institución especializada en rescate y rehabilitación de fauna silvestre.

Según las autoridades, el cargamento incluía peces marinos tropicales e invertebrados altamente demandados en el comercio de especies exóticas, entre ellos peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar. Muchos de los animales llegaron muertos tras permanecer cerca de 120 horas en tránsito desde Kenia, mientras que otros presentaban signos severos de estrés y shock fisiológico.

La Fundación Temaikèn organizó un operativo de emergencia para atender a los ejemplares sobrevivientes. Veterinarios y especialistas trabajaron durante más de 28 horas continuas para estabilizar a los animales y adaptar espacios para su recuperación.

“Muchos de estos animales fueron extraídos de ecosistemas de arrecife y llegaron al límite de la supervivencia, después de pasar días dentro de bolsas y cajas de transporte antes de que pudiera realizarse el rescate”, señala Cristian Gillet, director de fauna de la Fundación Temaikèn.

Para los expertos, el caso evidencia la expansión del comercio internacional de especies marinas ornamentales, impulsado por la creciente demanda de mascotas exóticas. Conservacionistas advierten que esta actividad genera graves impactos sobre ecosistemas arrecifales y provoca altos índices de mortalidad durante la captura y el transporte.

Christian Plowman, representante de IFAW (Fondo Internacional para el Bienestar Animal), calificó el tráfico como un “delito industrializado” y señaló que esta es la tercera incautación registrada en el último año en el mismo punto de ingreso a Argentina, lo que revela la existencia de una ruta comercial consolidada utilizada por redes de tráfico internacional.

Mientras las autoridades investigan el origen y destino del cargamento, los animales continúan bajo cuidados especializados. Hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas con el caso.

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Este artículo fue publicado por Allan Olingo en Associated Press

*Imagen principal: animales marinos al cuidado de la Fundación Temaikèn después de que las autoridades argentinas incautaron más de 700 especies traficadas de Kenia en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, el 14 de mayo de 2026. Foto: Fundación Temaikèn vía AP

“El territorio de la Nación Wampís, al igual que numerosos pueblos indígenas originarios y comunidades amazónicas, estamos sometidos desde hace diez años a una incesante y violenta invasión de las economías ilegales lideradas por las organizaciones criminales transnacionales que vienen actuando con total impunidad”, reclama el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) en un comunicado publicado recientemente.

En un mensaje enviado a diferentes autoridades e instituciones estatales, el pueblo wampis exige que se suspenda “el otorgamiento de concesiones mineras en la provincia de Condorcanqui y sus distritos”, en la Amazonía, así como revisar aquellas que ya han sido autorizadas “por carecer de legalidad y legitimidad”. Solicitan también que se anule “de forma definitiva” la vigencia y continuidad de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Actualmente, el Registro Integral de Formalización Minera reporta 62 mineros inscritos en la provincia de Condorcanqui, todos en el distrito El Cenepa, según pudo constatar Mongabay Latam en la plataforma del Reinfo. De ellos, 49 aparecen como vigentes y 13 están suspendidos. De igual forma, el visor de Geocatmin, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) muestra una acumulación de concesiones tituladas y en trámite en la provincia de Condorcanqui, principalmente en el distrito El Cenepa y a lo largo del río Santiago. Solo en abril de 2026 el Ingemmet otorgó 16 nuevas concesiones en el departamento de Amazonas, como consta en la publicación del boletín oficial del Diario El Peruano del 15 de mayo de 2026.

También se solicita que se apliquen sistemas de inteligencia financiera para desarticular las mafias de oro ilegal y se exige sistemas de trazabilidad a los gobiernos de los países compradores de oro de procedencia ilegal de la Amazonía peruana. Además, solicitan que se establezcan estrategias eficaces y sostenibles para abordar y erradicar las economías ilegales, así como implementar un plan sostenible y acorde a las culturas originarias y amigable al medioambiente. “Vivimos una mortal ‘fiebre del infierno del oro’ que amenaza nuestra existencia y pervivencia presente y futura”, señala el comunicado.

Wrays Pérez, ex presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y actual Vicepresidente de la Alianza Cuencas Sagradas, afirma que ante la indiferencia del Estado, el pueblo wampís ha establecido su propio sistema de vigilancia y control llamado Charip, un sistema de defensa territorial que se encarga también de inspeccionar las embarcaciones que transitan por los ríos dentro del territorio wampís transportando equipos e insumos para la minería ilegal. “El gobierno wampís es el que más ha avanzado en sus propios sistemas de salud, en su propuesta para implementar un sistema propio de educación y en su mecanismo de control y vigilancia del territorio”, agrega.

*Imagen principal: los focos de minería ilegal se extienden desde las orillas de las comunidades wampís. Foto: Enrique Vera

El nuevo informe State of Global Water Resources 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma que 2024 fue el sexto año consecutivo con un ciclo hidrológico alterado a nivel global. Seis de cada diez ríos en el mundo mostraron caudales por fuera de lo normal —ya sea demasiado bajos o demasiado altos— mientras los glaciares siguieron perdiendo masa y las temperaturas en lagos alcanzaron niveles récord.

En América Latina, el reporte advierte sobre impactos particularmente graves:

• Sequía histórica en la Amazonía: afectó al 59 % del territorio brasileño en 2023–2024, dejando a 1.2 millones de personas con problemas de agua y reduciendo el nivel del río Negro en Manaos a su mínimo histórico.
• Inundaciones sin precedentes en Brasil: en mayo, lluvias extremas en Rio Grande do Sul provocaron la peor crecida en 80 años, con 183 muertes y 2,4 millones de personas afectadas.
• Glaciares en retroceso: Colombia perdió el 5 % de su masa glaciar entre 2022 y 2024. El glaciar Conejeras desapareció por completo en 2024.
• Persistencia de sequías: además de la Amazonía, los ríos Paraná, São Francisco y Orinoco registraron caudales muy por debajo de lo normal.

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, afirmó que ”el agua sustenta nuestras sociedades, impulsa nuestras economías y sustenta nuestros ecosistemas». «Sin embargo, los recursos hídricos del mundo están sometidos a una presión cada vez mayor y, al mismo tiempo, los peligros extremos relacionados con el agua tienen un impacto cada vez mayor en nuestras vidas y medios de subsistencia”, advirtió.

Saulo sostuvo que “la información fiable y con base científica es más importante que nunca porque no podemos gestionar lo que no medimos». «El informe sobre el estado de los recursos hídricos mundiales 2024 de la OMM forma parte del compromiso de la OMM de proporcionar ese conocimiento”, aseguró.

*Imagen principal: en 2024, el caudal de los ríos de la Amazonía bajó por la sequía. Esto dificulta el tránsito para los habitantes amazónicos. Foto: Rhett Butler

Científicos y expertos internacionales en clima advirtieron que la mitigación global del metano podría verse debilitada por el uso político e industrial de nuevos enfoques para medir este potente gas de efecto invernadero. En una declaración pública, los especialistas señalaron que determinadas interpretaciones de métricas son utilizadas para justificar objetivos climáticos menos ambiciosos. Países con altas emisiones como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se encuentran en la mira.

“La mitigación climática global corre el riesgo de verse socavada por el uso indebido de nuevos enfoques sobre el metano”, sostienen los firmantes. Según explican, reducir de manera “rápida y profunda” las emisiones de metano es fundamental para cumplir con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París y evitar puntos de inflexión climáticos irreversibles.

El documento advierte que gobiernos y grupos industriales de países con altas emisiones —entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Irlanda, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina— promueven nuevos enfoques que, aunque basados en metodologías científicas legítimas, están siendo aplicados para defender metas centradas en la “neutralidad de temperatura” o en “ningún calentamiento adicional”.

Para los científicos, el problema no radica únicamente en la existencia de estas métricas, sino en la forma en que se utilizan políticamente. “En la práctica, estos objetivos facilitan el debilitamiento de la ambición por debajo de lo que los países con altas emisiones pueden lograr fácilmente”, señala la declaración.

El grupo subraya que estas interpretaciones permitirían que grandes emisores continúen liberando importantes cantidades de gases de efecto invernadero mientras aseguran ser “climáticamente neutros”.

Los especialistas sostienen que si estos métodos se adoptan ampliamente podrían “minimizar los importantes impactos climáticos” de sectores intensivos en metano como la ganadería de rumiantes y la extracción de combustibles fósiles. Además, advierten que se correría el riesgo de legitimar “reducciones mínimas de metano y socavar el progreso hacia el Compromiso Global de Metano”, iniciativa internacional que busca reducir las emisiones de este gas en un 30 % hacia 2030.

La declaración también cuestiona que estos enfoques podrían vulnerar el artículo 4.3 del Acuerdo de París, el cual exige que los países persigan su “máxima ambición posible” en materia climática. Asimismo, señalan que podrían generar “confusión regulatoria y de cumplimiento” y debilitar la transición hacia “un sistema alimentario sostenible, resiliente, saludable y equitativo”.

Ante este escenario, los científicos hicieron un llamado a gobiernos, empresas, instituciones financieras y a la propia comunidad científica. A los gobiernos les pidieron rechazar la aplicación inapropiada de nuevos enfoques, como el denominado «Potencial de Calentamiento Global Estrella (GWP*)», y adoptar metas compatibles con el límite de 1.5 °C del Acuerdo de París, lo que implicaría recortes globales de metano de entre 47 % y 60 % hacia 2050.

*Imagen principal: movilización en Argentina durante la huelga mundial por el clima de 2021. Foto: cortesía LATFEM

La actual composición del Congreso peruano ingresa en la cuenta regresiva para culminar su mandato y uno de los dictámenes pendientes en agenda es el relacionado a la protección real y efectiva de las áreas marinas protegidas. La decisión de no abordar el tema por parte de la Mesa Directiva ha motivado a más de 400 científicos a emitir un comunicado exhortando públicamente a los legisladores a que sometan el texto a votación.

En el comunicado, los científicos instan a los parlamentarios a aprobar la ley para excluir definitivamente la pesca a mayor escala o industrial de las áreas marinas protegidas. “Estas áreas fueron creadas para proteger ecosistemas y especies vulnerables, así como hábitats críticos y procesos ecológicos que requieren condiciones de menor presión humana para recuperarse”, explican en el documento.

Los investigadores precisan que permitir actividades industriales a mayor escala dentro de las áreas marinas protegidas “reduce la efectividad real de la protección, fragmenta los ecosistemas y puede afectar procesos ecológicos, como la reproducción, el crecimiento, la alimentación y la migración de especies marinas”.

Un segundo fundamento es que “las áreas protegidas bien manejadas contribuyen a la recuperación y repoblamiento de los recursos pesqueros, beneficiando especialmente a las pesquerías artesanales costeras que dependen de ellos”. Esto supone un impacto económico a largo plazo.

“En un contexto de creciente incertidumbre ecológica —explican los científicos—, que enfrenta eventos climáticos extremos como El Niño, cada vez más recurrentes e intensos, proteger estos espacios fortalece la seguridad alimentaria, la estabilidad de las economías locales, el cuidado de la biodiversidad y la sostenibilidad futura de la actividad pesquera nacional.”

En tercer lugar, los especialistas subrayan la importancia de fortalecer la credibilidad institucional de Perú en el ámbito internacional en materia de conservación marina, en virtud a los compromisos asumidos: “Mantener actividades industriales dentro de áreas diseñadas para la conservación genera contradicciones regulatorias y debilita la confianza pública en el sistema de áreas protegidas”.

Un cuarto argumento es de orden jurídico: la Corte Suprema ya excluyó de manera definitiva la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Este precedente refuerza la exigencia de los científicos para que el Congreso apruebe una norma con rango de ley para el efectivo resguardo de las áreas marinas protegidas.

El 26 de marzo de 2024, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó un dictamen favorable para esta propuesta normativa. El texto permaneció encarpetado en el Congreso por dos años y recién el 5 de mayo último ingresó en la agenda.

Han transcurrido dos semanas y la iniciativa aún no ha sido sometida a votación. Todo está en manos de la Mesa Directiva de un Congreso que culmina su mandato en julio.

*Imagen principal: la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una de las áreas marinas más recientes de Perú. Foto: Eduardo Sorensen