Tras nueve años del asesinato de la defensora del territorio Berta Cáceres en Honduras, expertos analizarán el caso para hallar a los autores intelectuales del crimen. Hasta ahora hay ocho personas sentenciadas, dos de ellas extrabajadoras de la empresa encargada de la construcción hidroeléctrica Agua Zarca.

Cabos sueltos en el caso Berta Cáceres

Cáceres se oponía al proyecto Agua Zarca porque su construcción implicaba afectaciones para el Río Gualcarque, considerado sagrado para el pueblo lenca. Construir una presa hidroeléctrica en este sitio implicaba desabastecimiento de agua, comida y medicina para la comunidad, la cual no fue consultada para la construcción del proyecto.

En medio de varias concesiones a megaproyectos mineros y eléctricos –avalados a partir del golpe de Estado de 2009– la defensora encabezó acciones y campañas que buscaban ayuda de la comunidad internacional para frenar el financiamiento del proyecto por parte de entidades como la Corporación Financiera Internacional (CFI), una rama del Banco Mundial. Esta defensa le valió ser la ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015.

El abogado Pedro Biscay, quien integra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) junto con Roxanna Altholz y Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, dijo al iniciar su tarea en Honduras que será crucial esclarecer si existió responsabilidad de empresas, bancos e instituciones financieras internacionales en el caso.

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Imagen principal: Mural de Berta Cáceres en el centro de Tegucigalpa. Foto: Sandra Cuffe.