La corrupción y el mal manejo en el sector forestal de Indonesia le han costado al gobierno miles de millones de dólares en pérdidas en los últimos años, incluyendo más de $7 mil millones en pérdidas de 2007 a 2011, dijo Human Rights Watch (El Observatorio de los Derechos Humanos) en un informe hecho público ayer. El informe también condenó la estrategia de “crecimiento verde” del país diciendo que, pese a las recientes reformas, las políticas forestales de Indonesia, tal cual se las implementa hoy, siguen dejando que se extienda la tala de bosques, y amenazan los derechos y los medios de sustento de las comunidades que dependen de los bosques.
“El gobierno indonesio vende la expansión de su sector forestal como ejemplo de “crecimiento verde” sostenible y como un antídoto al cambio climático y a la pobreza pero la evidencia sugiere lo contrario,” dijo en comunicado de prensa Joe Saunders, Director interino de Programa de Human Rights Watch.
“Fondos que podrían haberse empleado en aumentar el bienestar público son desviados para enriquecer a unos cuantos o se pierden superfluamente debido al mal manejo. Además, la crisis del esmog en la región sugiere que el medio ambiente y los medios rurales de sustento no son beneficiarios sino víctimas de las políticas forestales del gobierno.”
El mal manejo en el sector forestal de Indonesia repercute considerablemente en los derechos humanos y en el medio ambiente, anotó Human Rights Watch en el informe de 61 páginas titulado, “The Dark Side of Green Growth: Human Rights Impacts of Weak Governance in Indonesia’s Forestry Sector.” [El lado negativo del crecimiento verde: los efectos de la débil gobernanza del sector forestal indonesio sobre los derechos humanos]. Indonesia es uno de los mayores emisores de carbono del mundo, en gran parte por los desmontes que abren paso a la agricultura; es más, la creciente presión sobre las tierras para extender las plantaciones de palma aceitera y pulpa acarrea conflictos violentos entre empresas y comunidades locales, las cuales piensan que no han sido compensadas adecuadamente por sus tierras.
Nueva plantación de palma aceitera en una zona turbera de las afueras de Palangkaraya, centro de Kalimantan.
Pérdida de medios de sustento y conflictos agrarios
El informe documenta tres de los conflictos más publicitados en la provincia de Lampung en la isla de Sumatra, en 2010 y 2011, en los que varios residentes locales y miembros del personal de seguridad fueron ultimados. Considerando que cada año se informa de miles de conflictos agrarios– el presidente fue informado de 8.495 conflictos sólo en 2012 –, estos casos solamente son la punta del iceberg, dijo el observatorio internacional de derechos (international rights watchdog).
Según el informe, a las empresas no se las suele hacer responsables por no honrar los acuerdos de compensación con las comunidades. Por otro lado, el personal militar y policial pagado por la empresa suele castigar con dureza a los residentes por reclamar tierras en disputa o por “colectar furtivamente” madera o frutos de palma de tierras cuya compensación los residentes consideran insuficiente.
El gobierno indonesio contribuye a caldear los conflictos, dijo Human Rights Watch, porque no responsabiliza a las empresas por violar los acuerdos de compensación y porque incumple con su propia normativa al concesionar tierras que las comunidades reclaman para sí.
Según el actual sistema de manejo forestal de Indonesia, el gobierno suele otorgar concesiones para desmontes o para desarrollar plantaciones sin primero garantizar que cuenta con la aceptación de las comunidades locales. Esto invita a tomas de tierras: el informe documenta casos en los que las comunidades locales opinan que no recibieron una apropiada compensación por las tierras que perdieron. El informe indica que las comunidades forestales de Indonesia, que están entre los grupos más pobres del país, son las más perjudicadas por este sistema.
“Es un constante problema y aparentemente lo empeora la creciente presión por convertir la tierra en concesiones para pulpa y palma aceitera,” dijo Arvind Ganesan, Director de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch, a Mongabay-Indonesia en una carta electrónica. “Esta demanda surge [de] los propios objetivos de “crecimiento verde” del gobierno y de la demanda mundial por papel y biocombustible.”
“Las concesiones [para plantaciones] afectan los medios de sustento asociados a los bosques mucho más de lo que afectaban las concesiones de tala que eran prominentes durante el auge de madera contrachapada y venesta en las décadas de 1970 a 1990, pues la tierra es permanentemente convertida para otros usos,” agregó Ganesan.
Bosque turboso en Borneo
Pérdida de ingresos estatales
De 2007 a 2011, la tala ilícita y el mal manejo del sector forestal llevaron a pérdidas del orden de los $7 mil millones para el gobierno indonesio, según este informe que actualiza el informe de 2009 de Human Rights Watch titulado “Wild Money” [Dinero salvaje]. Estos fondos, dijo el grupo de derechos, se podrían haber usado para brindar servicios importantes a algunas de las comunidades más pobres y vulnerables de Indonesia.
Asimismo, las pérdidas han seguido aumentando en los últimos años pese a los intentos por reformar el sector, en 2011 totalizaron más de $2 mil millones, es decir, más del total del presupuesto nacional de salud para ese año.
Todavía hay mucha gente en las áreas rurales de Indonesia que carece de servicios médicos y una atención adecuada a su salud. El informe sostiene que, al permitir semejantes pérdidas de ingresos por el tema de la corrupción en el sector forestal, el gobierno está desaprovechando la oportunidad de ofrecer servicios críticos a las comunidades y, más bien, está dejando que los fondos se desvíen a los bolsillos de unos cuantos acaudalados.
Tala ilícita en Borneo
¿Reformas inadecuadas?
El informe señala tres reformas claves que acaban de entrar en vigencia – un sistema para certificar la legalidad de la madera, una moratoria a la expansión de plantaciones en bosques y zonas turberas, y la nueva ley de libertad de información de Indonesia. “Todas son medidas importantes para tratar el problema,” le dijo Ganesan a Mongabay-Indonesia. “Pero no van muy lejos y lo que sí cubren no fue implementado efectivamente.”
El sistema de certificación de la legalidad de la madera, o SVLK, fue establecido en parte como respuesta a la prohibición en los Estados Unidos y en la Unión Europea de importar madera obtenida ilegalmente. El sistema rastrea la cadena de custodia de la madera indonesia y audita a las empresas para garantizar que la madera que adquieren acata la ley indonesia. El informe explica que aun así las auditorías no investigan si la madera proviene de tierras reclamadas por las comunidades, si las comunidades fueron consultadas o dieron su consentimiento libre, previo e informado, o si las empresas compensaron a las comunidades por la pérdida de su derecho a los bosques.
En su informe, Human Rights Watch calificó de “paso audaz y positivo” el que dio el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, en mayo para renovar una moratoria de dos años a la emisión de nuevas concesiones en bosques primarios y zonas turberas. Mas el grupo también indicó varios vacíos de gravedad. La moratoria sólo es para nuevas licencias de modo que exime a las concesiones emitidas antes de la política de 2011. Como es decreto presidencial, tampoco hay sanciones legales por violar la política; y la moratoria es provisional para dar tiempo a la reforma del sector forestal del país. En el informe, Human Rights Watch pide al gobierno indonesio definir las reformas específicas que deben realizarse antes de poder levantar la moratoria.
PSDH = Derechos de regalía sobre la madera, DR = Tarifa para reforestación. Fuente de datos: Indonesian Pulp and Paper Association [Asociación indonesia de pulpa y papel]. Informes anuales de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y del Ministerio indonesio de Silvicultura. Cortesía de HRW.
La Ley de Libertad de Información de Indonesia, que entró en vigencia en 2010, es otro paso positivo hacia la reforma del sector forestal; aunque Human Rights Watch así lo admitió en su informe, el grupo alega que su implementación aún es insuficiente.
“El Decreto de Libertad de Información todavía no se implementa del todo y suele aplicárselo esporádicamente pese a que las cortes instan a revelar información,” dijo Ganesan a Mongabay-Indonesia. Es más, explicó, la falta de información sobre silvicultura “incapacita la supervisión del sector y abre avenidas a la corrupción.”
El informe también aborda el reciente fallo de la Corte Constitucional de Indonesia, que calificó de inconstitucional la práctica gubernamental de otorgar concesiones en tierras tradicionales. Este fallo podría ser esperanzador para las comunidades forestales, dijo Human Rights Watch, pero el informe también advierte que la elaboración de mapas y el saneamiento de las tierras tradicionales que se necesitan para implementar el fallo son un “campo minado de oportunidades para la continua corrupción y la privación de derechos que podrían exacerbar los conflictos.”
Aserradero ilícito en Borneo
‘No es inherentemente malo’
Aunque el informe desafía los objetivos de “crecimiento verde” de Indonesia – arguyendo que el crecimiento en el sector forestal, tal cual se da hoy, lleva a la deforestación y acarrea graves consecuencias para los derechos humanos –, el grupo también recalcó que un mejor manejo del sector podría llevar a un crecimiento más sostenible que respetase los derechos.
“Las plantaciones de pulpa y palma aceitera no son inherentemente malas para el medio ambiente y los derechos humanos, es la forma en la cual se han implementado estos sectores,” dijo Ganesan a Mongabay-Indonesia. Las reformas en el sector forestal avanzan con lentitud, explicó, por lo que no mantienen el ritmo de la creciente presión por expandir concesiones que proviene de la demanda global por estos productos y de los propios planes de crecimiento del gobierno. “[El problema] tiene más que ver con el desarrollo insostenible de la pulpa y la palma aceitera, sin consideración a los derechos humanos.”
¿La solución? Para la expansión de plantaciones, dijo Ganesan, se debería establecer concesiones sobre tierras degradadas en lugar de talar bosques naturales como se hace en el sistema actual. Para evitar conflictos con las comunidades la clave es obtener su consentimiento libre, previo e informado; y lograr que quienes operan las plantaciones lleguen a acuerdos con las comunidades para manejar las concesiones de forma de beneficiar a los residentes locales y darles mecanismos fidedignos de reclamo.
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