Expansión cerca de Las Vegas. Fotos por Rhett A. Butler
Si hay algo en lo que parecen estar de acuerdo la mayoría de los gobiernos y hasta los partidos políticos es el afán por más infraestructura, es decir, carreteras, represas, puentes, centrales, aeropuertos y puertos marítimos, alcantarillado, ductos y sistemas de telecomunicación. En la última reunión de G20 en Brisbane, las economías más grandes del mundo acordaron que el mundo necesita más infraestructura e inclusive convinieron en un plan para impulsar infraestructura hasta 2030 erogando billones de dólares y estableciendo un así llamado Eje mundial de infraestructuras.
Sin embargo, pese a su popularidad política, la infraestructura tiene aspectos sombríos. Los gobiernos se inclinan por apoyar monstruosos proyectos que, aunque impresionantes, no siempre satisfacen metas sociales y económicas. Más aún, a veces se deja a las poblaciones lugareñas encarando los efectos directos de los megaproyectos, como cuando son desalojadas, cuando pierden sus recursos locales y su territorio, y cuando ven su sustento devastado. Están además los efectos medioambientales: carreteras que atraviesan áreas prístinas, represas que anegan bosques primarios y, por supuesto, cada vez más emisiones de carbono, pues aún hoy la mayoría de los países opta por la energía de los combustibles fósiles y no por proyectos renovables.
Es en este contexto que 88 científicos, ecologistas y formadores de opinión enviaron una carta severa a G20 pidiéndole que reconsidere el ratificar el statu quo en lo que a infraestructura se refiere, que se dedique a proyectos más pequeños y descentralizados, que conduzca evaluaciones ambientales rigurosas y que use mejores diagnósticos económicos, en los que se tome en cuenta efectos externalizados como la contaminación.
“Este insólito monto de inversión en una economía del siglo XXI debe abordarse con un máximo de escrutinio y análisis”, dice la carta. “Es posible que nuestra supervivencia o nuestra calidad de vida dependa directamente de las decisiones a las que estas inversiones darán curso”.
Aunque los signatarios admiten que el mantener el statu quo aumentó el nivel de vida en algunas partes del mundo y generó nuevas tecnologías, también acrecienta la desigualdad en el mundo y va degradando el planeta aún más.
“La globalización económica liderada por corporaciones…transfiere y consolida el poder, paralizando en efecto los derechos de los pueblos de gobernarse. Concentra la riqueza en el uno por ciento de los más ricos y ocasiona brechas inauditas entre ricos y pobres”, se lee en esta carta que fue organizada por Foundation Earth, un grupo de reflexión establecido por Randy Hayes, fundador de Rainforest Action Network [Red de acción por los bosques tropicales]. Entre los muchos signatarios están el economista Herman Daly, los ecologistas Paul Ehrlich y William Laurance, el medioambientalista David Suzuki, el escritor Deepak Chopra y el activista Van Jones.
La carta procede a afirmar que muchos de los “logros” de la actual economía “acarrean un gran costo para la salud del planeta” y que “no se los puede sostener por otro siglo, mucho menos por los próximos milenios”.
Un camino maderero en Borneo
Advierten asimismo que es posible que el cambio climático en aumento y una población mundial en auge conlleven un mundo de “tragedia incalculable para millones, si es que no para miles de millones, y para mucho de la cadena biológica”. Estas afirmaciones no son ciencia ficción, están respaldadas por décadas de investigación en diversos campos científicos. De hecho, la mayoría de los gobiernos del mundo ha reconocido públicamente la amenaza global del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y las prácticas insostenibles en general, aun cuando poco hacen por rectificarlas.
“Más infraestructura en apoyo de este modelo económico fallido es mayor compromiso con una visión peligrosa. No debemos imponerles tecnologías problemáticas a las futuras generaciones”, afirman los signatarios.
La carta argumenta que, por un lado, es posible que el mundo se vea arrastrado a escenarios catastróficos de cambio climático si invierten lo que se estima equivaldrá a unos $60-70 billones en proyectos de megainfraestructura en los próximos quince años. Los gobiernos acordaron evitar que las temperaturas suban más de 2 grados Celsius por encima del promedio preindustrial, pero los compromisos a ese fin están muy lejos de hacerse realidad.
“Es posible que el marco de infraestructura de G20 y sus planes de acción aceleren el calentamiento global más allá del alza promedio de 2 grados centígrados—por debajo de los cuales intentarán mantenerse las naciones soberanas en las reuniones del clima a realizarse este diciembre en París”, se lee en la carta.
Los autores de la carta también critican las propuestas de financiación de un apogeo de infraestructura, inclusive una combinación de recaudación pública y privada de fondos que compense los riesgos financieros de los inversores. Hacen notar que este plan “es tan espantoso como los planes financieros involucrados en los paquetes de hipotecas de alto riesgo que causaron la crisis económica mundial de 2008”.
Es cierto que el financiar infraestructura suele ser de mucho mayor riesgo que el que pintan economistas y gobiernos.
“Los estudios muestran que nueve de cada diez proyectos de infraestructura en los últimos 70 años experimentaron sobrecostes, demoras y déficits en beneficios”, arguyen los autores de la carta, y añaden que “a este proceso lo plagan problemas como la corrupción, los sobrecostes, la responsabilidad financiera y las violaciones a los derechos humanos”.
Un camino en construcción para la minería en el Borneo indonesio.
La carta es tanto más oportuna cuanto que el Banco Mundial–uno de los mayores financiadores de proyectos masivos de infraestructura–acaba de admitir que poco sabía de los efectos negativos de sus proyectos sobre las poblaciones locales, como el caso de los reasentamientos.
“Hallamos varios problemas muy graves. Uno de ellos es que no supervisamos lo suficiente los proyectos que implican reasentamientos; dos, no implementamos muy bien esos planes; y tres, no instauramos sistemas sólidos de rastreo para asegurar seguimiento a nuestras políticas”, dijo Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial. “Tenemos que hacerlo mejor y lo haremos mejor”.
Hace años que los activistas vienen reclamándole al Banco Mundial su participación en proyectos polémicos de serias repercusiones sociales y ecológicas y, según la propia auditoría interna del banco, parece ser que los activistas tenían razón.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
La carta pide una serie de cambios en la forma de evaluar e implementar los proyectos de infraestructura; por ejemplo, rigurosas evaluaciones medioambientales por partes independientes que se enfoquen en el efecto de los nuevos proyectos sobre los nueve límites planetarios reconocidos. Estos límites son, entre otros, la contaminación, el cambio climático, la acidificación de los mares, la pérdida de la biodiversidad y el ciclo del nitrógeno. Es más, la carta exige cambios en la evaluación económica de los proyectos, como la contabilidad de coste total.
“El punto es no interiorizar las externalidades de la contaminación, sino más bien comenzar por eliminar la mayor parte de esos efectos”, se lee en la carta.
Específicamente, el grupo pide prescindir de la mayoría de las megarepresas, especialmente en zonas tropicales, en donde están los principales emisores de metano; pide pasar de la agricultura industrial a “una agricultura ecológica sostenible” y centrarse en proyectos de energía renovable.
“Se debería dejar de construir centrales a carbón y eliminar las actuales tan pronto las puedan remplazar las energías renovables (incluida la geotérmica), y continuar así con la infraestructura del petróleo y el gas”, añade la carta.
Los signatarios no están radicalmente en contra de la infraestructura, todo lo contrario. Abogan más bien por otro tipo de infraestructura “a menor escala, de mayor inteligencia ecológica y más flexible” que los megaproyectos que se han ido popularizando en las últimas décadas.
“G20 debe plantearse cuestiones de máxima importancia: si es que estos nuevos proyectos de megainfraestructura ayudarán a sanar la Tierra o si causarán un grave daño a los sistemas que sustentan la vida, llevando a la civilización moderna a seguir transgrediendo la capacidad de carga de lo que posibilita la vida. En un planeta a punto de agotarse no puede haber una economía vibrante ni un crecimiento económico codiciable”, continúa la carta.
G20 proyecta reunirse en noviembre en Turquía, un mes antes de la Cumbre sobre el Clima en París.
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CARTA –Respecto a: los planes de G20 para la financiación de la infraestructura [Texto completo]
Estimado [Presidente de G20]: Visión general Las personas abajo firmantes son ciudadanos interesados, agricultores, científicos, escritores, filántropos, líderes indígenas y formadores de opinión. Muchos son líderes entendidos que tienen experiencia en temas ecológicos y económicos, inclusive en proyectos grandes de infraestructura, especialmente en áreas tan críticas como el transporte, la energía, la agricultura, los bosques y el agua. Estamos sumamente preocupados por la posición de G20 de movilizar hasta $60-70 billones de dólares para invertir en proyectos grandes de infraestructura en los próximos quince años. La revista The Economist ha llamado a esta inversión “el mayor auge de inversión de la historia”. Por ende, nos dirigimos a usted y a los líderes de los otros diecinueve países. Entendemos que las naciones de G20 están en pos de megainfraestructuras como una estrategia coordinada para estimular a una economía mundial de lento crecimiento. Reconocemos y apreciamos la necesidad de promover la estabilidad económica y política en el mundo y de hacer más asequibles los frutos de la sociedad moderna, en especial para las comunidades y las poblaciones más necesitadas. Si bien son nobles varias de las declaraciones escritas en las metas de la Presidencia de G20, hay mucho que nos alarma en sumo. Esta carta describe nuestras preocupaciones por el actual enfoque, ofrece sugerencias para cambiar el modelo económico y apunta a nuevos hallazgos científicos sobre el tipo de infraestructura que sostendría un nuevo modelo económico de mentalidad ecológica. Este insólito monto de inversión en una economía del siglo XXI debe abordarse con un máximo de escrutinio y análisis. Es posible que nuestra supervivencia o nuestra calidad de vida dependan directamente de las decisiones a las que estas inversiones darán curso. Un modelo económico problemático, el sustento de la vida en el planeta y los cambios al modelo La globalización económica dirigida por las corporaciones no entregó lo suficiente para satisfacer a, por lo menos, dos de los más de siete mil millones de personas en la Tierra. Transfirió y consolidó poder, paralizando en efecto los derechos de la gente de gobernarse. Concentró la riqueza en el 1% más rico y causó brechas sin precedentes entre ricos y pobres. Pese a los muchos logros en elevar los niveles de vida y en fomentar tecnologías, el costo para la salud del planeta fue considerable. Muchos de estos logros no podrán sostenerse por otro siglo, mucho menos por los próximos milenios. Las últimas proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas son decididamente aterradoras—hasta 12 mil millones de personas para 2100—y deben abordarse. Si en las próximas dos a cinco décadas la temperatura de la Tierra sube de dos a cuatro grados centígrados, fracasará en gran medida la agricultura industrial, al igual que gran parte de nuestros sistemas de suministro alimentario en el mundo: una tragedia incalculable para millones, e inclusive miles de millones, y para gran parte de la cadena biológica. Si se desarrolla más infraestructura en apoyo a este modelo económico fallido se duplica la apuesta por una visión peligrosa. No debemos imponer tecnologías problemáticas a las generaciones venideras. Es posible que el marco de infraestructura de G20 y sus planes de acción aceleren el calentamiento global más allá del incremento promedio de 2 grados centígrados—por debajo de los cuales intentarán mantenerse las naciones soberanas en las reuniones sobre el clima a realizarse este diciembre en París. Si G20 facilita el camino equivocado en sus reuniones de noviembre en Turquía, tal vez anule los logros obtenidos en París y los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible de NN. UU. G20 debe plantearse cuestiones de máxima importancia: si es que estos nuevos proyectos de megainfraestructura ayudarán a sanar la Tierra o si causarán un serio daño a los sistemas de sustento de la vida, llevando a la civilización moderna a seguir transgrediendo la capacidad de carga de lo que posibilita la vida. En un planeta a punto de agotarse no hay economía vibrante ni crecimiento económico codiciable. Como jefe de un estado soberano es su deber apoyar toda vida a largo plazo. Le recomendamos que busque los mejores asesores, aquellos que tengan un poder político conmensurable y que entiendan los sistemas de la Tierra. Si son ejecutivos corporativos y ministros de finanzas los que conducen esta agenda con una ideología errónea, es posible que nuestro futuro esté condenado a un vertiginoso deterioro ecológico con pocas posibilidades de recuperarse. Las APP y las inquietudes financieras El marco de infraestructuras de G20 depende en gran medida de asociaciones público-privadas (APP) para construir estos megaproyectos. Las APP no son una forma responsable de financiar u operar los activos de infraestructura que les son vitales a los servicios públicos, pues agresivamente reducen la fuerza laboral, aplazan obras necesarias de mantenimiento y transfieren los mayores riesgos a los gobiernos locales o nacionales. Lo que es particularmente problemático es que G20 está promoviendo un modelo financiero que usará inversión alternativa para compensar los riesgos que corren las empresas privadas asociadas. Si se permite que tanto el dinero público como el de grupos externos se invierta en asociaciones de infraestructura a gran escala, se dará pie a que las instituciones financieras vendan a los inversores nuevos “instrumentos financieros o productos financieros” que consisten en una cartera de APP. Estos paquetes de proyectos grandes se parecen horriblemente a los esquemas financieros involucrados en los paquetes de hipotecas de alto riesgo que causaron la crisis mundial de 2008. Esta financiación de la infraestructura dará espacio a que los activos de riesgo sean empaquetados junto a los activos seguros, con lo cual los inversores no sabrán el valor real del producto en el que invierten. Preocupa en especial el plan para expandir el uso de dinero público (impuestos, fondos de pensiones y asistencia) y así compensar los riesgos que implican los proyectos grandes. Si se depende de las APP se está ignorando los malos antecedentes de su rendición de cuentas y el fracaso de sus proyectos de megainfraestructura. Las corporaciones falsamente obtienen gran parte de sus ganancias porque externalizan los costes ecológicos y sociales sobre las espaldas de otras personas y otros sistemas ecológicos. Los ejemplos incluyen la contaminación del aire, una perturbación más intensa de los patrones climáticos, las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) y la escorrentía de productos químicos en los sistemas de agua dulce y en los océanos. El actual modelo económico privatiza la ganancia pero socializa el riesgo (o sea, el coste financiero y el daño al planeta). Más aún, los estudios muestran que en los últimos 70 años nueve de cada diez proyectos de infraestructura experimentaron sobrecostes, retrasos e insuficiencia de beneficios. Este funesto historial no está mejorando. Bent Flyvbjerg, catedrático de la Universidad de Oxford, brinda información en profundidad sobre estos temas en sus artículos académicos, como en “la supervivencia de los menos aptos: la razón de que sea la peor infraestructura la que se construye—y lo que podemos hacer al respecto”. Es posible que los billones de dólares que se emplean en típicos megaproyectos en los sectores de energía, transporte, agricultura y agua estén creando infraestructura que elimina los hábitats de la vida silvestre, destruye pesquerías, socava ecosistemas vitales y desestabiliza aún más el clima de la Tierra. Este proceso está atestado de otros problemas, como la corrupción, los sobrecostes, la responsabilidad financiera y las violaciones a los derechos humanos. Se debería aplicar salvaguardas ambientales y sociales más efectivas a todo acuerdo financiero. Privatizar la infraestructura es la vía errónea. Infraestructura: ¿antigua o nueva? En todo proyecto grande de infraestructura se tiene que tomar en cuenta nuevos principios generales. Por ejemplo, cada inversión que usa fondos públicos debería ayudar a extender normas más rigurosas de desempeño medioambiental, ayudar a reducir las emisiones de GEI (inclusive el 15% anual que proviene de la deforestación) y reducir la probabilidad de desestabilización climática. Esto implica que no deben financiarse los proyectos de agricultura industrial (o infraestructura relacionada) que erosionan las actuales tierras agrícolas y forestales, o que contribuyen a un escurrimiento adicional de nitrógeno y fósforo o al aumento de la temperatura atmosférica. A continuación se enumeran los criterios para evaluar proyectos grandes de infraestructura—criterios que, de seguirse, quizás cambien el enfoque empresarial tradicional en infraestructura de energía, transporte, agua y agricultura por un enfoque de métodos ecológicamente sostenibles. Transporte: la política de transporte en el mundo enfrenta opciones drásticamente divergentes: invertir más en autos, camiones y carreteras o poner énfasis en el transporte masivo y en mejorar los ferrocarriles de pasajeros y de carga. Las opciones de menor efecto, como las vías para peatones y bicicletas y el transporte público en nuestras urbes no suelen encajar en los marcos de megaproyectos. La mayor parte del presupuesto para transporte en los EE. UU. (80%) se dedica a carreteras que, primariamente, prestan servicio al automóvil. Energía: Así como con el transporte, las opciones más beneficiosas en energía, desde el punto de vista de la supervivencia planetaria, no encajan en un marco de megaproyectos. La tecnología eólica y la de paneles solares en tejados son fundamentalmente descentralizadas, son menos vulnerables a desastres climáticos y sabotajes, no dependen del agua y evitan los conflictos que acarrea una carestía de combustible. Agua: Conforme se intensifica la desestabilización climática, más episodios de inundaciones/sequías trastornan los ciclos hidrológicos de antes. Es una locura económica confiar en infraestructura como la de las grandes represas, cuyas justificación económica pende de lo que solían ser los flujos de agua. Las presas son fuente primordial de emisiones de gas de efecto invernadero y responsables de una cuarta parte de la liberación de metano causada por actividades humanas. Más aún, las presas pueden destruir sumideros vitales de carbono, como las selvas tropicales, lo cual exacerba la acumulación de GEI, reduce hábitats vitales y empuja a las especies a la extinción. Los bosques tropicales son el corazón del planeta pues bombean fuerza vital al metabolismo de la biosfera. La gran represa GIBE III que se está construyendo en Etiopía ilustra el tipo erróneo de proyecto de infraestructura. Desplazará a varios cientos de miles de agricultores en Etiopía, extraerá el agua de irrigación de la cuenca del río Omo y destruirá el lago Turkana, el lago de desierto más grande del mundo que provee pesquerías y medios de sustento a varios cientos de miles de kenianos. Agricultura: El ciclo nitrógeno/fósforo es uno de los nueve límites planetarios (sistemas que sustentan la vida) cuya operación ya no es segura. Dichos químicos y dichas aguas de escorrentía de residuos también son responsables de aportar significativamente a más de 400 zonas muertas en los océanos, que son la base de la cadena alimentaria y que ya se están acidificando. Es posible que los grandes proyectos agrícolas sean megarepresas que surtan agua de riego. Quizás los paquetes de inversión de los proyectos incluyan inmensas plantas de fertilizantes al servicio de monocultivos gigantes como la palma oleaginosa, la caña de azúcar, las plantaciones de maíz y soya, y las operaciones de pienso, junto a grandes proyectos portuarios que sean puntos de exportación de esta agricultura industrial al mundo. Es vital que toda la nueva infraestructura agrícola lidie con las graves situaciones en el mundo que se asocian a los efectos del exceso de fertilizante insostenible de nitrógeno y fósforo. Conclusión Nos hallamos en un momento crítico en el que divergen dos estrategias para orientar la infraestructura del futuro. Un camino podría conducir a sistemas sostenibles a menor escala que sean más inteligentes y flexibles ecológicamente, y que no dañen los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. En contraste, la ruta propuesta por G20 parece dirigirse a duplicar e intensificar los numerosos proyectos insostenibles que llevarán a la civilización humana a rebasar aún más la capacidad de carga de la Tierra. Anualmente ya consumimos el valor de los recursos de un planeta y medio. Se debe optar por infraestructura que alivie esta situación en vez de agravarla y esto requiere de cambios en nuestro modelo económico general. Resumimos con estos puntos principales:
Para dejar en claro lo necesarios que son los cambios fundamentales al modelo económico, anotamos los siguientes puntos principales:
Las personas y organizaciones abajo firmantes instamos a las naciones de G20 a que:
Nos hallamos en medio de una gran emergencia planetaria. Estamos en general de acuerdo con esta carta. Un enfoque holístico comienza con un respeto activo por la ciencia de los sistemas de la Tierra. La sabiduría ecológica y el apoyo a toda la cadena biológica es lo que muestra compasión, tanto a corto como a largo plazo, por todas las personas, pues en última instancia es la naturaleza la que lo nutre todo. CC: Ministro de Finanzas; Ministro del Medio Ambiente; Emisario a G20 Respetuosamente, Randy Hayes, Director Ejecutivo de Foundation Earth. Washington, DC USA y docenas más. |
