Mujeres mayas protestas contra los proyectos de embalses hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas en el oeste de Guatemala el 16 de marzo, 2014. La oposición local a la construcción de embalses y otros proyectos de los recursos naturales en la zona ha resultado en una represión gubernamental hacia los activistas. Fotografía: Luis Miranda Brugos / Alba Sud Fotografia.
Los jueves son uno de los dos días de visitas al centro de detención preventiva en la ciudad de Huehuetenango. Mujeres de todo el departamento (también llamado Huehuetenango) en el oeste de Guatemala empiezan a formar colas fuera del centro por la mañana temprano y, a las nueve, empiezan a entrar a ver a sus parientes. Detenidos y visitantes se congregan en pequeños grupos, sentados en taburetes de plástico en uno de los dos espacios abiertos de cemento en la instalación saturada, situada solo a unas manzanas de la plaza central de la ciudad.
Hoy, a Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, solo viene a visitarles este reportero. Están a un duro viaje de ocho horas en autobús de sus casas en el municipio de Santa Cruz Barillas y sus compañeras están cada una cuidando de varios niños pequeños mientras intentan llegar a fin de mes. No es la primera vez de los dos líderes comunitarios han sido privados de su libertad por su papel en la oposición de base a los proyectos de embalses hidroeléctricos de las empresas trasnacionales –incluido al menos un proyecto con el “sello verde” para vender créditos de carbono a los inversores internacionales-.
“Nuestra comunidad ha estado al frente de esta lucha”, dice Méndez, inclinándose hacia delante para hacerse oír por encima del ruido de las conservaciones.
Saúl Méndez (izquierda) y Rogelio Velásquez, fotografiados en el juzgado después de una audiencia de apelación el 29 de abril, 2015, han pasado la mayor parte de los tres últimos años en detención preventiva bajo diversas acusaciones. Ambos son líderes comunitarios que se oponen a los embalses hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas, Guatemala. Fotografía: Gustavo Illescas / Centro de Medios Independientes.
En la frontera con México y atravesada por la cordillera más alta en Centroamérica, el departamento de Huehuetenango es uno de los departamentos más diversos del país, hogar de nueve pueblos mayas distintos. Durante la última década el gobierno nacional ha otorgado concesiones a varias empresas para hacer embalses hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango sin consultarlo con la población maya local u obtener su consentimiento, denuncian los activistas. Según información del gobierno, en 2012, se aprobaron, o estaban siendo procesadas, ocho licencias para proyectos hidroeléctricos en el departamento.
Las comunidades que entablaron una fuerte resistencia a los proyectos de los embalses han estado sufriendo una multitud de medidas severas por parte del gobierno. Además de Méndez y Velásquez, cuatro hombres más de Santa Cruz Barillas y dos líderes Maya Q’anjob’al indígenas del vecino municipio de Santa Eulalia están encerrados, según parece, también por su papel en la oposición a los proyectos. Hay órdenes de detención para, al menos, otros 10 hombres y mujeres, todos ellos involucrados en la oposición con base en la comunidad a los proyectos hidroeléctricos.
Más aun, tres activistas han sido asesinados –dos de sus cuerpos mostraban signos de tortura-.
“Nos hemos estado enfrentando a un monstruo bastante grande”, dice Velásquez. Los pobres siempre han sido marginados y los derechos indígenas nunca han sido respetados en Guatemala, dice. “Tenemos la esperanza de salir algún día y disfrutar de nuestra libertad”.
El más contencioso de los proyectos hidroeléctricos es un embalse propuesto para el Río Canbalam, en Santa Cruz Barillas, que Hidro Santa Cruz, una subsidiaria de la empresa de energía española, Hidralia Energía, ha estado intentando poner en marcha. Según se ha informado, la empresa ha recibido financiación para el proyecto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto hidroeléctrico Canbalam I también está certificado por la ONU para vender créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Originario de otra parte del departamento de Huehuetenango, Rubén Herrera llegó a Santa Cruz Barillas con una ola de refugiados de retorno y gente que había sido desplazada internamente durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala, que acabo en 1996. Trabajó, durante 17 años, en el empoderamiento juvenil, la formación de liderazgo y otras iniciativas, y ha participado activamente en los movimientos locales, regionales y nacionales para proteger las tierras de la minería, los embalses hidroeléctricos y otros proyectos de los recursos naturales. En la actualidad, es el sub-coordinador de la Asamblea Departamental por la Defensa el Territorio de Huehuetenango (ADH), una coalición de grupos comunitarios de base e indígenas.
Herrera le dijo a mongabay.com en una entrevista en un centro de investigación en Huehuetenango que en 2008, cuando las empresas energéticas empezaron a llegar a Santa Cruz Barillas con planes para hacer embalses hidroeléctricos fueron recibidos con resistencia local desde el primer momento.
“Cuando [la subsidiaria de Hidralia Energía, Hidro Santa Cruz] intentó ganarse a la gente, ya había una importante oposición al proyecto”, dijo Herrera. El año anterior, en 2007, más de 46.000 residentes de Santa Cruz Barillas votaron contra la explotación minera y de recursos naturales en un proceso consultivo impulsado por la comunidad. Como en más de dos docenas de municipios en el departamento de Huehuetenango, los residentes locales empujaron a sus gobiernos municipales a celebrar consultas a fin de hacer que se oyesen sus voces. De un total de una población de unos 125.000 habitantes, solo nueve personas en Santa Cruz Barillas votaron a favor de las minas.
“Esa consulta unió a la mayoría de la gente en Barillas y aumentó su sensibilización”, dijo Herrera.
El movimiento contra Hidralia Energía y otras empresas que intentan construir embalses en los ríos en el norte de Huehuetenango creció rápidamente, con los Q’anjob’al, los Akateco, los Chuj, los Popti, y gente no indígena en la región formando un frente unido. El gobierno guatemalteco continuó apoyando y otorgando licencias a los proyectos hidroeléctricos a pesar de la abrumadora oposición local. Como resultado, después de la llegada de las empresas energéticas a la zona, durante cinco años las comunidades recurrieron a la acción directa.
Santa Cruz Barillas, Guatemala. Fotografía: Luis Alejandro Jm.
Los residentes locales se presentaron para impedir que los empleados de la empresa pudiesen llevar a cabo sus prospecciones en los ríos, consiguiendo detenerlos de forma eficaz. En una de esas ocasiones, se llamó a Herrera para que ayudara a mediar y asegurar la liberación sin incidentes de los empleados, pero más tarde fue acusado de secuestro. La tensión era alta, pero ningún empleado resultó herido. En 2011, las comunidades consiguieron echar a la empresa de la región. Ya no hay ningún trabajo activo en el proyecto hidroeléctrico; sin embargo, Hidralia Energía no se ha rendido y su subsidiaria mantiene una presencia mínima en Santa Cruz Barillas.
“Empezó una campaña de acusaciones y difamaciones contra todos nosotros”, dijo Herrera. La ola de cargos criminales contra los líderes comunitarios empezó a finales de 2009, pero realmente despegó en 2011, dijo. Herrera tiene experiencia de primera mano en el asunto. Se enfrentó a cargos, fue detenido y absuelto, pero, eventualmente, se fue de Santa Cruz Barillas debido a las amenazas y la persecución judicial.
En varios casos, docenas de líderes comunitarios locales y participantes del movimiento fueron acusados de todo, desde asociación ilícita hasta terrorismo. Herrera, Méndez, Velásquez y otros pasaron meses detenidos. Los procedimientos legales en los varios casos de los ocho líderes comunitarios que están ahora detenidos están en curso así como otros que en la actualidad están en libertad. Sin embargo, hasta la fecha, todos los casos contra personas opuestas a los proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango que han concluido han terminado en absoluciones debido a la falta de pruebas. Todos excepto un caso –el de Méndez y Velásquez-.
El 27 de agosto, 2013, Méndez y Velásquez acudieron a los tribunales para asistir a una audiencia final para concluir los procesos legales contra ellos. Estaban libres desde enero de ese año, después de ocho meses detenidos. Sin embargo, cuando se presentaron delante del juzgado, fueron detenidos. Para la sorpresa de todos, se le acusó de ser cómplices en un doble asesinado que era totalmente ajeno al movimiento contra los embalses hidroeléctricos.
En agosto 2010, los residentes de una comunidad en Santa Cruz Barillas detuvieron a Mateo Diego Simón, un hombre conocido en la zona durante años como un miembro de un grupo de ladrones que trabajan juntos para robar a los residentes de la zona. Los residentes entregaron el hombre a la policía, pero después de oír que iba a ser liberado al día siguiente, la situación se agravó de forma descontrolada. Al final del día, un grupo de unas 500 personas ataron y estrangularon a Diego Simón y Guadalupe Francisco Felipe, la mujer identificada como la cabecilla de los ladrones, hasta la muerte.
Méndez y Velásquez mantienen que ellos no tuvieron nada que ver con el linchamiento de agosto 2010, que no tuvo lugar en su comunidad inmediata. Sin embargo, años después del hecho, los dos líderes comunitarios son detenidos en el día en que otro caso contra ellos iba a ser cerrado. De las 500 personas que se estima estuvieron involucradas, los testigos afirman haber reconocido solo a dos personas: Méndez y Velásquez. Vincular a los dos hombres al doble homicidio de 2010 fue un elaborado montaje, dijo Herrera.
Una pancarta en una manifestación contra los embalses hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas el 15 de marzo, 2014. La pancarta se refiere a la empresa responsible por un embalse contencioso que ha estado vinculado a asesinatos y detenciones de activistas locales, diciendo “Hidro Santa Cruz Fuera!!! Fuera!!! Fuera!!! De nuestro territorio! Fotografía: Luis Miranda Brugos / Alba Sud Fotografia.
“Ese es el contexto real de la situación de Saúl y Rogelio: un incidente tumultuoso en el que participaron más de 500 personas. Solo ellos son identificados, solo ellos son acusados y solo ellos juzgados e, inicialmente, condenados”, dijo Herrera.
En noviembre, 2014, los dos hombres fueron sentenciados a 33 años en prisión. El 15 de mayo, 2015, un juzgado de Huehuetenango rechazó ratificar la condena o sentencia y ordenó un nuevo juicio. Los hombres permanecen detenidos en el centro de detención de Huehuetenango esperando su nuevo juicio.
Méndez y Velásquez no son los únicos líderes comunitarios que fueron arrestados al presentarse a una vista judicial sin relación. El 2 de junio, 2015, Bernando Ermitaño López Reyes fue detenido en Ciudad de Guatemala cuando asistía a una vista para mostrar su apoyo hacia tres hombres de Santa Cruz Barillas en su juicio. López Reyes fue uno de los nueve hombres y cuatro mujeres para los que se dictaron órdenes de arresto el 3 de abril, 2015. Un conocido líder comunitario y, en la actualidad, un candidato aspirante a la alcaldía de Santa Cruz Barillas, es acusado de secuestro e incitación.
Sergio Beltetón, un abogado que ha trabajado con la organización de derechos territoriales, el Comité de Unidad Campesina, durante años, ha visto el mismo patrón surgir en conflictos sobre tierra, minas, embalses y otros proyectos una y otro vez.
“El gobierno nunca consulta a la gente y, por eso, surge el malestar. Cuando la gente se opone a los embalses hidroeléctricos, se producen conflictos que, a veces, acaban en violencia”, le dijo Beltetón a mongabay.com. “Lo que las empresas hacen es aprovecharse de la situación para criminalizar a los líderes, en un intento por reducir el movimiento. Así que esa es la reacción en cadena: no consulta, protesta social y la criminalización de la protesta social”.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) planteó cuestiones parecidas en sus observaciones finales de su examen periódico de Guatemala, publicado en español el 15 de mayo, 2015.
“El comité está preocupado por el malestar que surge de la concesión de licencias o permisos para proyectos hidroeléctricos, de explotación de recursos naturales o de plantación de monocultivo en tierras y territorios que pertenecen a las gentes indígenas o que han estado ocupados, tradicionalmente, por ellos. El comité ve con preocupación que estas concesiones han sido concedidas sin ningún respeto por el derecho de las gentes indígenas a ser consultados”, CERD apuntó en sus observaciones.
El Comité también abordó las acusaciones criminales que a menudo vienen de las manifestaciones y conflictos relacionados con los recursos naturales. “El Comité menciona que, en muchos casos, ataques y homicidios tuvieron lugar en el contexto de conflictos vinculados a la explotación de recursos naturales. Al Comité le preocupa que estas protestas a menudo originan procedimientos criminales contra los activistas, usando acusaciones como terrorismo, secuestro, incitación a cometer un crimen y asociación ilícita, que acaba siendo desproporcionado para la gravedad de los incidentes”, escribió el cuerpo de la ONU..
El movimiento contra los proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango ha tenido que enfrentarse a otros desafíos además de la ola de acusaciones criminales. Personas que han estado activas en el movimiento han sido asesinadas, como ha pasado en otros lugares en Guatemala. A principios de año, el 27 de marzo, 2015, el cuerpo del líder comunitario de Santa Cruz Barillas, Pablo Francisco, fue encontrado con señales de tortura cuatro días después de su secuestro. El 7 de abril, 2013, el líder Q’anjob’al local y miembro de la ADH, Daniel Pedro Mateo, fue secuestrado en Santa Eulalia. Su cuerpo fue encontrado con señales de tortura nueve días más tarde. Nadie ha sido acusado por los asesinatos; sin embargo, Herrera, Méndez, Velásquez y muchos otros creen que la empresa está detrás de los crímenes.
Una pancarta conmemorando a Daniel Pedro Mateo es mostrada en una manifestación en el parque central de Santa Cruz Barillas el 14 de marzo, 2014. Mateo, un líder indígena que se opuso a los proyectos de embalses en la zona, fue secuestrado y asesinado casi un año antes y su cuerpo fue encontrado con señales de tortura. La pancarta se refiere a él como un mártir y héroe por la defensa de los derechos colectivos, el territorio y la Madre Naturaleza y le cita diciendo “Si me matan, que sea por una causa justa”. Fotografía: Luis Miranda Brugo / Alba Sud Fotografia.
Otro asesinato puso en marcha una serie de eventos en 2012. El 1 de mayo, Andrés Pedro Miguel fue asesinado de un balazo y Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron disparados y heridos mientras iban de camino a casa después de asistir a una feria en Santa Cruz Barillas. El presunto tirador era un guardia de seguridad de Hidro Santa Cruz, aunque él y otro guardia de la empresa fueron declarados inocentes al año siguiente. Las tres víctimas del ataque se opusieron a los planes de Hidralia Energía para crear un embalse hidroeléctrico en el Río Canbalam y, Pablo en particular, es un líder Q’anjob’al honesto en el movimiento contra el embalse que había rechazado vender tierra a la empresa.
La noticia del ataque se expandió rápidamente, provocando un malestar masivo. Un hotel donde, supuestamente, se estaban hospedando los empleados de la empresa del embalse, fue saqueado y la gente se hizo cargo de las instalaciones locales de las fuerzas de seguridad estatal. El gobierno guatemalteco declare el estado de sitio en Santa Cruz Barillas ese mismo día, el 1 de mayo, enviando cientos de soldados y policías. Se suspendieron derechos y libertades constitucionales claves, incluidas la libertad de movimientos y de asamblea y los derechos de los detenidos y prisioneros.
Para muchos adultos en el norte de Huehuetenango, el estado de sitio trajo recuerdos terribles de los 36 años de conflicto armado interno. Una comisión de la verdad de la ONU concluyó que las fuerzas de seguridad estatales llevaron a cabo actos de genocidio contra las poblaciones civiles mayas en varias regiones por todo el país. Entre 1960 y 1996, más de 200.000 personas fueron asesinadas, decenas de miles desaparecieron y un estimado millón de personas fueron desplazadas. Como la mayor parte de la región de las tierras altas donde la mayoría de la población es maya, Huehuetenango fue golpeada duramente durante el conflicto.
En el centro de detención, Méndez y Velásquez explican cómo los eventos de 2012 devolvieron a los residentes de Santa Cruz Barillas a lo peor de la guerra. “El estado de sitio no fue un estado de sitio; para nosotros fue un recordatorio de 1981”, dice Velásquez.
Muchos residentes experimentaron terror con el influjo masivo de las fuerzas de seguridad del estado en mayo 2012. Por ejemplo, el padre de Méndez huyó a las montañas durante el estado de sitio. El mismo Méndez era un niño durante lo peor del conflicto al principio de la década de 1980, pero recuerda el miedo que sufrió su familia cuando su tío desapareció a la fuerza y, presumiblemente, fue ejecutado.
“Es algo que es muy doloroso”, dice Méndez de la militarización durante el reciento estado de sitio. “Llegaron para amenazar a la gente. Les dijeron a la gente que les dijeran quienes eran los líderes”.
El 2 de mayo, Méndez y Velásquez fueron detenidos por primera vez. Eran dos de los 12 líderes comunitarios arrestados en los días que siguieron a la declaración de estado de sitio, que duró 17 días.
Méndez y Velásquez, desde entonces, han estado entrando y saliendo del centro de detención con una variedad de cargos: han pasado los tres últimos años, salvo siete meses y medio, entre rejas. Ahora, simplemente están ansiosos por saber cuándo empezará su nuevo juicio.
“Esperar una fecha nos tormenta un poco”, dice Velásquez. “Queremos que el juicio tenga lugar cuanto antes y que se clarifique la verdad”.
Un ruido fuerte resuena por todo el centro de detención. Es el primero de varios, avisando a la gente de que las dos horas de visita están llegando a su fin. Ha llegado el momento de que los más de 200 detenidos vuelvan a sus cinco celdas abarrotadas para un recuento antes de que los visitantes se marchen.
Estos últimos nueve meses en prisión han sido duros para Méndez y Velásquez. Sin embargo, hay tanta gente y organizaciones apoyándoles y las comunidades están unidas en la oposición a la explotación de los recursos naturales en el norte de Huehuetenango y más allá, que eso les da esperanza.
“Si seguimos juntos, organizados y unidos, habrá un cambio”, dice Velásquez.
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