- Panamá está destinando nuevos recursos para proteger el Darién, una provincia remota donde la selva escarpada y casi impenetrable sirve de refugio a migrantes, narcotraficantes, madereros ilegales, mineros y ganaderos.
- Se contrataron decenas de guardaparques y se los capacitó en nuevas tecnologías y los funcionarios están trabajando en la implementación de normas más estrictas para la explotación forestal y la agroindustria.
- Las nuevas carreteras y puentes traerán inversiones y acceso a la educación y a la atención médica para comunidades a las que es difícil llegar, pero también podrían atraer la llegada de personas dispuestas a talar el bosque.
- A medida que llega más gente a la región, la frontera agrícola se acerca a los límites del parque, lo cual aumenta la preocupación que tienen los guardaparques sobre cómo defenderlo en los próximos años.
Miles de personas solían cruzar el Tapón del Darién todos los días. Al salir de la selva tropical, se detenían en pequeños pueblos del sur de Panamá, donde los centros de acogida de migrantes les proporcionaban comida, agua y tratamiento médico, antes del largo viaje a Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado, el gobierno de Panamá cerró varias rutas de cruce, dejando muchos de estos pequeños pueblos más tranquilos de lo que habían estado en años.
Las medidas enérgicas del Gobierno contra la migración forman parte de un esfuerzo más amplio por recuperar el control de Darién, una provincia remota donde la selva escarpada y casi impenetrable sirve de refugio no solo a los migrantes, sino también a narcotraficantes, madereros ilegales, mineros y ganaderos.
El esfuerzo, que comenzó cuando el presidente José Mulino asumió el cargo en julio de 2024, ha visto un aumento de la financiación, una oleada de nuevas contrataciones en áreas protegidas, una supervisión más estricta y más comentarios públicos de funcionarios sobre la importancia de la conservación.
Las nuevas políticas podrían ayudar a frenar la deforestación, reducir la contaminación y proteger las especies amenazadas en una de las mayores selvas tropicales de América Central, aunque las autoridades no se ponen de acuerdo sobre dónde centrar sus esfuerzos.
«Somos conscientes de que, si no conservamos, afectaremos a esta generación y a la siguiente y por eso nos preocupa lo que tenemos que hacer», dijo Pablo Guainora, administrador general de la comarca, o territorio indígena, Emberá-Wounaan, que limita con la provincia de Darién.
Nuevo personal, mejor control
El Tapón del Darién se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia y está formado por una serie de territorios indígenas, áreas protegidas y tierras públicas y privadas, y hace solo unas décadas estaba completamente cubierto de selva tropical. En la actualidad, el Parque Nacional Darién protege alrededor de un tercio de esa selva, con una extensión de 575 000 hectáreas. Las autoridades están tratando de fortalecer el parque y prepararlo para la invasión de presiones externas mientras esperan que la nueva financiación y los recursos humanos sean suficientes para marcar la diferencia.
Este año, el Ministerio de Ambiente ha coordinado con la ONG Global Conservation para contratar y formar a 30 nuevos guardaparques del parque nacional, con lo que el número total asciende a 52. Los nuevos teléfonos móviles les ayudarán a comunicarse en el terreno y la tecnología satelital, incluido el acceso a Internet Starlink, les permitirá seguir mejor sus rutas de patrullaje y observaciones en las profundidades del bosque.
«Nuestros guardaparques tendrán ahora una mayor presencia», dijo a Mongabay el director y biólogo del Parque Nacional Darién, Segundo Sugasti, tras una sesión de capacitación a guardaparques. «Ahora tenemos más equipo, más personal y podemos cubrir más área».
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el parque es la extracción ilegal de oro, que no solo tala el bosque, sino que puede envenenar las fuentes de agua dulce con mercurio y fósforo. Los guardaparques trabajan en estrecha colaboración con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), una fuerza policial militarizada, para identificar las operaciones mineras y los grupos criminales que las dirigen, como el cartel colombiano Clan del Golfo.
Los grupos ilegales pagan a panameños para que trabajen en las minas, de acuerdo con un funcionario del Senafront que habló con Mongabay bajo condición de anonimato, alegando lo delicado de su trabajo. Una vez extraído el oro, los grupos lo llevan de vuelta a Colombia para blanquear los ingresos del narcotráfico. Los mismos grupos también transportan drogas desde el Darién hasta los puertos panameños, de donde parten los buques portacontenedores hacia Estados Unidos y Europa.
Este año, el Senafront ha llevado a cabo al menos dos grandes operaciones para desmantelar la minería ilegal en el parque. Una de ellas, en enero, condujo a la detención de diez personas cerca del río Mangle, que conecta con una cuenca fluvial mayor que abastece de agua dulce a gran parte de la provincia. Los agentes confiscaron también motores, bombas, herramientas, armas de fuego y explosivos, según el organismo. Las autoridades dijeron que la mina había generado unos 12 millones de dólares de beneficios.
El Senafront estableció una base permanente en la zona para impedir el regreso de las explotaciones mineras.
Unos meses después, la agencia detuvo a dos personas más y desmanteló ocho campamentos cerca del río Sábalo, otra importante fuente de agua dulce utilizada por las comunidades locales para beber, pescar y viajar, de acuerdo con el funcionario del organismo.
«Esta actividad no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que también destruye nuestras comunidades, impulsada por redes de delincuencia organizada que penetran en ellas para beneficiarse con la devastación de los recursos naturales», declaró el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, durante una rueda de prensa.
Las autoridades también intentan hacer frente a una amenaza menos organizada: los residuos que dejan los migrantes. Hay unas 300 000 toneladas de basura cerca de la frontera del parque nacional, lo que contamina la cuenca y pone en peligro la vida silvestre. Además de los desechos humanos, los migrantes han dejado pertenencias que ya no necesitaban en su viaje, sobre todo plásticos y ropa, comentaron las autoridades.
Sin carreteras ni otras formas de transporte, podría costar millones de dólares y requerir tecnología avanzada para limpiarlo todo, algo que las autoridades dijeron estar dispuestas a hacer si encuentran una fuente de financiación y el enfoque adecuado.
«No es tan sencillo como entrar, recoger la basura y sacarla a cuesta», le dijo a Mongabay Luis Carles Rudy, director nacional de las áreas protegidas de Panamá. «No, porque son áreas altamente inaccesibles. Se necesita tecnología, apoyo aéreo. Habría que recoger la basura e incinerarla en el lugar o con un mecanismo para compactarla y luego sacarla».
Violencia y criminalización para territorios indígenas
Los territorios indígenas de los pueblos Kuna, Emberá y Wounaan no solamente han sido testigos de la degradación ambiental de sus bosques, también siguen enfrentando la expansión de grupos armados mediante actividades ilícitas en sus territorios y la criminalización por la defensa de sus espacios y el aprovechamiento sustentable de su entorno.
Especialistas y defensores indígenas de la región también cuentan las implicaciones socioambientales por el aumento de la migración en el Tapón del Darién, así como por el crecimiento de economías ilícitas y los megaproyectos en sus territorios.
Pero, además, la defensa del territorio indígena en esta región del país se ve afectada por lo que los líderes llaman directamente persecución por parte del Estado contra la dirigencia indígena. Resaltan, además, lo contradictorio del gobierno panameño, que por un lado enfrenta a la minería ilegal y, por otro, da luz verde a proyectos extractivos cuestionados por la ciudadanía.
Cándido Mezúa Salazar, líder indígena emberá, afirma que la crisis migratoria también implicó una crisis ambiental tanto en las comarcas indígenas —demarcaciones semiautónomas legalmente reconocidas por las autoridades de Panamá— como en tierras colectivas, debido al manejo de residuos sólidos y contaminación de los ríos.
“Primero la afectación y contaminación de desechos sólidos que traían los migrantes, llámese mochilas, ropa, botas, utensilios, todo eso quedaba regado. No hubo un control”, dice quien también fue secretario de asuntos internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).
De acuerdo con el líder indígena, hay cinco rutas del área emberá que convergen con la región del Darién y que incluyen ríos contaminados por el combustible utilizado para el traslado de migrantes por los ríos.
“Los niños y los jóvenes ya ven en los peces que cazan que tienen olor y sabor a gasolina. Cuando hubo el boom de la migración, en 2021, prácticamente se hacían alrededor de 100 viajes diario. Fue un efecto muy impactante el tema de contaminación por combustible”, sostiene.
Al mismo tiempo, Mezúa destaca el impacto que ha tenido la minería ilegal de oro en algunos afluentes del Río Turquesa de los territorios Emberá por parte de grupos armados de la frontera con Colombia. “Es algo que siempre ha estado, no de ahora, sino de hace más de 20 años”, aseguró el dirigente.
A estas amenazas socioambientales, destaca Mezúa, se suma la criminalización derivada del conflicto social en Panamá por la emisión de la Ley 462, que reforma la seguridad social que ha generado manifestaciones contra el gobierno del presidente Mulino, así como detenciones de líderes indígenas en varias regiones del país tras respaldar las protestas de trabajadores, educadores y sindicatos inconformes.
Para Teobaldo Hernández, geógrafo kuna y especialista ambiental para los pueblos indígenas, la criminalización contra estas poblaciones también obedece a megaproyectos impulsados por la actual Administración, la cual, asegura, le ha abierto las puertas a la industria minera y de combustibles fósiles.
Además de esta obra, la actual administración ha dado señales de la posible reactivación de la mina Cobre Panamá, suspendida por la Corte Suprema de Justicia en 2023, por violaciones a varios derechos constitucionales. Esta fue otra de las razones por las cuales defensores del territorio y liderazgos indígenas han tomado las calles en Panamá desde mayo pasado.
Amenazas futuras
Muchas de las amenazas a la selva tropical de Darién requieren leyes más estrictas y la creación de un clima de confianza con las comunidades locales, dijeron las autoridades. Una de las situaciones más complejas tiene que ver con la madera que sale de los bosques primarios de las comarcas indígenas, a menudo adquirida por grandes empresas madereras internacionales, muchas de ellas chinas.
En 2019, el país anunció una moratoria de un año sobre nuevos permisos de tala, citando la pérdida de bosques, la escasa supervisión gubernamental y la abundancia de documentos falsificados que estaban facilitando demasiado el traslado de madera talada ilegalmente fuera de la provincia. Las autoridades comenzaron a cerrar aserraderos y a confiscar madera. La moratoria se prorrogó año tras año hasta que se estableció una suspensión más prolongada hasta 2029.
En la actualidad, muchos aserraderos de la provincia están parados, con los troncos apilados, las máquinas apagadas y sin trabajadores a la vista.
Es probable que la moratoria se mantenga hasta que el Gobierno pueda elaborar una normativa más estricta sobre la tala y un sistema de trazabilidad, comentaron varios funcionarios. Ello incluirá revisiones rigurosas de los permisos en los puestos de control a lo largo de la carretera Panamericana y otras rutas de tránsito populares, y la erradicación de los funcionarios corruptos que aceptan sobornos de los traficantes de madera.
«Panamá está en estado de sitio», dijo Jeff Morgan, director ejecutivo de Global Conservation. «Hay demasiado dinero por hacer. Talar los árboles: eso es dinero gratis».
Muchas empresas madereras compran madera en territorios indígenas, donde las comunidades tienen derecho a talar madera bajo un plan de gestión aprobado por el Gobierno. Sin embargo, muchas comunidades aún no entienden las leyes ni cómo funcionan sus planes de gestión, comentaron funcionarios forestales a Mongabay.
Las empresas madereras les dan a las comunidades indígenas herramientas, maquinaria pesada y capacitación a cambio de la madera talada. Sin embargo, los acuerdos, aunque no son exclusivos, pueden dar lugar a fraudes y abusos. En algunos casos, las empresas presionan a las comunidades para que talen árboles que no han sido aprobados en el plan de gestión, sobre todo a lo largo de ríos y arroyos, donde existe riesgo de erosión, dijeron los funcionarios.
Como consecuencia, se han suspendido varios permisos comunitarios de explotación forestal, lo que significa que las comunidades ya no pueden talar la madera de sus tierras. Esto ha provocado tensiones con algunos residentes, que dependen de la tala como fuente principal de ingresos. También les preocupa perder la oportunidad de mejorar las carreteras y otros beneficios económicos que suelen acompañar a los planes de gestión.
Los funcionarios están trabajando en la elaboración de nuevos planes de gestión que regulen mejor las empresas madereras internacionales y la forma de trabajar con las comunidades indígenas, en particular, en lo que se refiere al reparto de beneficios. En otros casos, están actualizando los planes de gestión ya existentes. Las empresas no siempre son transparentes sobre cuánto ganan con la venta de madera, lo que deja a las comunidades con solo un pequeño porcentaje de lo que se les debe. En otros casos, las empresas prometen financiar infraestructuras y educación, pero nunca lo cumplen.
«Las comunidades no están recibiendo todos los beneficios económicos de la extracción de madera que tiene lugar en sus territorios», dijo a Mongabay Elsy Ortiz, técnica forestal que trabaja con la comunidad de Riocito, en la comarca Emberá-Wounaan. «Se supone que el plan de gestión debe servir tanto a objetivos ambientales como sociales, garantizando el uso sostenible de los recursos y generando al mismo tiempo ingresos para la comunidad».
El Ministerio de Ambiente ha contratado a decenas de nuevos técnicos forestales, muchos de ellos recién graduados, para trabajar en la gestión forestal con las comunidades indígenas. Pueden pasar semanas enteras incluso en las zonas más remotas, asesorando a los residentes sobre su trabajo con las empresas madereras, haciendo un seguimiento de las transacciones financieras y trabajando con los comités forestales de las comunidades.
Los técnicos también asesoran proyectos de plantación, recolección y reforestación, incluidos el mantenimiento de semilleros y viveros. Aún están en proceso de implementar proyectos agroforestales.
Uno de sus objetivos es ayudar a las comunidades a conseguir la certificación del Forest Stewardship Council, que garantiza que los productos de madera y papel se han obtenido de manera sostenible.
«Lo que vamos a hacer es acompañar a la comunidad, no imponernos como autoridad, porque ellos tienen su propia cultura», dijo Ortiz. «Pero es importante ayudarles a entender que una buena gestión forestal sostenible se puede lograr con las nuevas oportunidades del Ministerio de Ambiente».
Sin embargo, los especialistas consultados señalan que factores como el crimen organizado, los conflictos armados, la migración y la imposición de modelos extractivos han impedido una mejor protección de los bosques y que las comunidades obtengan la certificación.
Al respecto, Mezúa explica que aunque subsisten aproximadamente cinco empresas forestales comunitarias, señala que dejaron de buscar la certificación por el costo de integrar este sistema en medio de economías ilícitas.
“La migración, el tráfico de drogas, todos esos temas afectaron la certificación verde del manejo forestal, pero aún así, las comunidades siguieron desarrollándose en su manejo forestal”, comenta el líder emberá.
De acuerdo con Mezúa, en un inicio se propuso que 240 000 hectáreas estuvieran bajo un manejo forestal comunitario, pero en la actualidad no pasan de 60 000 hectáreas.
“Se ha ido reduciendo porque el modelo que finalmente quedó es para una gran industria de exportación, del sector económico de los empresarios grandes del país”, detalla.
El dirigente agrega que lo único que se siguió desarrollando en las comunidades fueron los planes de manejo, actividades de conteo de los árboles, pero no el procesamiento completo de la madera, como habían propuesto las comunidades.
“Ese no era el modelo que se estaba proyectando y el mismo gobierno ayudó a que no se permitiera que las comunidades se siguieran desarrollando en el área”, expone el líder emberá.
“Cómo puede ser que el Darién permanezca en el olvido por cientos de años y no forme parte del desarrollo del país. No hay interés en un plan de desarrollo sostenible para las comunidades indígenas”, insiste.
Desarrollo en alza
Fuera de los territorios indígenas, pero antes de que empiece el parque nacional, aún hay un tesoro escondido de tierras que se pueden comprar y urbanizar. Los residentes le dijeron a Mongabay que quieren conservar la selva en esas zonas, pero también sienten la necesidad de mejores carreteras y puentes, aunque ello conlleve cierta deforestación.
En la actualidad, la principal carretera de la provincia es la Panamericana. En los años 70, las obras se detuvieron debido a la preocupación del daño ecológico que podía causar a la selva tropical y la posibilidad de exponer la región a enfermedades procedentes de Sudamérica. La carretera se detiene en el pequeño poblado panameño de Yaviza y vuelve a empezar al otro lado de la frontera colombiana, dejando una brecha de 106 kilómetros —el Tapón del Darién—, donde decenas de comunidades panameñas permanecen aisladas.
Por el momento, no hay planes para terminar la autopista, pero el Gobierno ha puesto en marcha otros proyectos de infraestructura, entre ellos, una ampliación de la autopista por valor de 70 millones de dólares y dos puentes sobre los ríos Tuira y Chucunaque. Para muchas comunidades remotas, los proyectos podrían representar una mejora significativa en la calidad de vida, desde más oportunidades de trabajo hasta acceso a atención médica y educación.
Sin los proyectos, se puede tardar varias horas en llegar a una ciudad con infraestructuras básicas como hospitales y escuelas, lo que exige largos viajes en bote y difíciles trayectos por caminos de barro.
«Si te enfermas, ¿cómo sales?», dijo Kherson Ruiz, coordinador en Panamá de Global Conservation. «Si te pasa algo, si necesitas ayuda médica, no hay ningún sitio al que ir».
A medida que mejora el acceso, ganaderos y agricultores han venido de otras partes de Panamá para comprar tierras, que siguen siendo más baratas que en la mayor parte del país. Los bosques en la propiedad privada siguen perteneciendo al Estado, que exige un permiso para talarlos. Sin embargo, el Gobierno no dispone de recursos para controlar todas las parcelas, lo que da lugar a talas incontroladas.
En estos momentos, el problema no amenaza al parque nacional, dijeron las autoridades, pero, en los próximos años, podría avanzar tanto que llegaría hasta los límites del parque, lo que crearía nuevos retos para los guardaparques.
«Estoy preocupado. Realmente lo estoy», dijo Edwin Cerrud Gallardo, uno de los nuevos guardaparques. «Las carreteras traen mucho progreso, muchos recursos, muchos proyectos a las comunidades», y uno de ellos es la ganadería.
Las ONG como Global Conservation están estudiando propiedades privadas en los límites del parque con la esperanza de comprar hasta 30 000 hectáreas de terreno antes de que otros intereses lleguen a ellas primero. Aparte de eso, no hay muchas soluciones obvias hasta que las autoridades encuentren la forma de controlar a todos los propietarios privados, una tarea abrumadora, dijeron.
Mientras tanto, las autoridades del parque se quedan observando el lento avance de la agricultura y la ganadería, contando con sus nuevos fondos y recursos para frenarlo en seco si alguna vez se acerca lo suficiente.
«Nos hablaron de esto en nuestra capacitación», dijo Cerrud. «Estamos preparados para afrontar la situación que se nos viene encima».
Imagen principal: troncos a un lado de una nueva carretera que atraviesa la selva tropical en la provincia panameña de Darién. Foto: Maxwell Radwin
Referencia:
Covich, A. P. (2015). Projects that never happened: Ecological insights from Darien, Panama. Bulletin of the Ecological Society of America, 96(1), 54-63. doi:10.1890/0012-9623-96.1.54
Esta nota se publicó originalmente en inglés en el sitio de Mongabay el 24 de junio de 2025.
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