- Desde mayo del 2015, el gobierno del Presidente Evo Morales ha dado luz verde a la exploración de gas y de petróleo en áreas protegidas.
- El decreto 2366, por ejemplo, autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en áreas protegidas.
- Críticos dicen que los decretos violan el principio de la consulta previa en territorios indígenas, y vulneran al menos cinco artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Los Guaraníes pertenecen a una de las etnias más abandonadas por las políticas del estado boliviano.
A diferencia de otros grupos indígenas del país, los Guaraníes no se beneficiaron de la reforma agraria de los años cincuentas. A lo largo de la historia boliviana, han sido víctimas de la labor forzada, y actualmente son de las comunidades más pobres del país — sus territorios en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, y Chuquisaca tienen una tasa de pobreza de un 76 por ciento.
Desde principios de este año, esta comunidad de alrededor de 60.000 personas se esta enfrentando a nuevos desafíos. En mayo del 2015, el gobierno del Presidente Evo Morales dio luz verde a la exploración de gas y de petróleo en áreas protegidas que les pertenecen. Las nuevas políticas también debilitan la habilidad de pueblos indígenas para participar en debates o ser parte de las negociaciones de contratos de extracción de hidrocarburos.
El decreto 2366, por ejemplo, autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en áreas protegidas «según los condicionamientos de cuidado dados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN).»
El 24 de septiembre tres líderes Guaraníes viajaron desde el Chaco hasta la capital, La Paz, para entregar una petición legal a la corte constitucional. La Defensoría del Pueblo de Bolivia condenó públicamente los decretos. «Ellos ignoran más de 50 años de luchas indígenas para ser reconocidos como los dueños de su territorio, y como sujetos activos del estado», dijo el defensor Rolando Villena.
Villena argumenta que los decretos para la exploración petrolera y de gas en el Gran Chaco violan el principio de la consulta previa en territorios indígenas, y vulneran al menos cinco artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de Bolivia.
El Gran Chaco es la principal área gasífera del país. El departamento de Tarija contiene el mayor número de reservas: 85,7% de las reservas de gas natural, y 84,4% del petróleo. Santa Cruz y Chuquisaca contienen alrededor del 11% de las reservas de gas de Bolivia.
Carmen Capriles de Reacción Climática, una organización sin fines de lucro que estimula la participación de la juventud en el debate sobre el cambio climático, se refiere a los nuevos decretos y su impacto en las comunidades Guaraníes como «muy preocupantes».
“Estas no son las políticas que esperábamos del Presidente Morales luego de sus discursos sobre la Madre Tierra y la Pachamama y sobre como debemos vivir en armonía,» dijo Capriles en entrevista con The Guardian. «Lo que hemos visto estos últimos ocho o diez años de su gobierno nos muestra que nuestros recursos naturales — las riquezas de Bolivia — han sido agotados más rápidamente que en cualquier otro período de nuestra historia».
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