- La construcción de represas en zonas remotas del Amazonas suele ir precedida por un aumento de actividades ilegales a medida que los taladores ilegales y los ocupadores ilegales de tierras acuden en masa al lugar del proyecto para cortar madera y hacerse con tierras de veteranos agricultores y otros hacendados.
- La central de energía hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós en el río Tapajós ha sido testigo de un rápido repunte de las actividades delictivas, con taladores y ocupadores ilegales que intentan obligar a los residentes a dejar sus tierras y hacer que los residentes locales participen en planes de tala ilegal.
- Las autoridades de cumplimiento de la ley federal y estatal están desbordadas en la región; solo hay 60 personas para cubrir un área de tres veces el tamaño de Florida. De modo que los locales tienen muy poca protección ante las amenazas y la violencia.
- El rápido desarrollo de presas, canales, carreteras, vías de tren y puertos tiene como objetivo convertir la cuenca del Tapajós en un importante centro de transporte de soja y cereales —una transformación que probablemente saque de la zona a pequeños terratenientes.
Cuando cae la noche en el Proyecto de Asentamiento Areia, a cuarenta kilómetros del pueblo de Trairão, en la parte occidental del estado de Pará, el silencio se ve perturbado por el rugido de las motos que se acercan.
Hombres armados y con capuchas para esconder su identidad conducen y rodean la casa de Osvalinda y Daniel Pereira. La pareja cultiva fruta como medio de vida, pero ahora sus cabezas tienen un precio por no cooperar con los taladores ilegales que les han ordenado que se vayan de su casa aislada en el Amazonas. Llevan soportando las crecientes amenazas desde 2012.
Osvalinda y Daniel, junto con Antônio Silva, otro agricultor, fueron incluidos en un programa federal de asentamiento que pretende proteger a activistas de los derechos humanos y, en teoría, debería garantizarles protección. Sin embargo, en la práctica, no hay seguridad. Los vecinos, asustados, también han mantenido la distancia y han dejado a los tres honestos agricultores activistas aún más aislados.
Osvalinda, que tiene graves problemas de salud, piensa que contar su historia podría ser la única forma de salvar su vida y la de su marido. “Tengo miedo” —dice sin rodeos. “Incluso con la protección [prometida] del gobierno, es difícil estar seguro en medio del bosque”.
“No es fácil vivir en un lugar en el que vas buscando seguridad y no la encuentras” —concuerda su marido Daniel.
El conflicto entre los agricultores locales y los taladores ilegales no ha hecho más que empeorar desde el avance de los planes para la construcción de la planta de energía hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós, con un presupuesto de 8,9 mil millones de dólares.
¿Construir presas o no construirlas?
Incluso con el aumento de la presión para los hacendados locales, el futuro de São Luiz do Tapajós sigue siendo incierto —víctima del caos político que envuelve a Brasilia en la actualidad—. El proceso de licenciamiento ambiental para esa central hidroeléctrica en el río Tapajós (una de las cuencas más ricas en cuestión de flora y fauna amazónicas) fue suspendido el 19 de abril de 2016 por IBAMA, la agencia ambiental del gobierno federal.
Esa decisión podría ser revertida por el nuevo gobierno del presidente brasileño provisional, Michel Temer, cuya administración sustituyó a la de la destituida presidenta Dilma Rousseff en mayo.
La decisión de IBAMA de cancelar la licencia de la presa —tomada en los últimos días de la administración de Rousseff— se derivó de la decisión de FUNAI (la institución federal responsable de los asuntos indígenas) de iniciar la demarcación del territorio Sawré Maybu reclamado por los Mundurukú, que viven en la zona que se vería inundada por el depósito de la represa.
La constitución brasileña y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es signatario, garantizan los derechos de las primeras naciones a sus tierras tradicionales y obligan al estado brasileño a llevar a cabo consultas previas y debatir los proyectos que puedan afectar a los pueblos indígenas.
FUNAI completó los estudios necesarios para iniciar la demarcación Sawré Maybu hace dos años, pero la agencia no ha podido actuar hasta ahora, posiblemente porque la central hidroeléctrica se consideró un proyecto prioritario de infraestructura en el gobierno de Rousseff.
En una declaración confidencial a Repórter Brasil, una fuente experta en temas relacionados con los nativos dijo que la acción repentina de FUNAI sobre la demarcación Sawré Maybu y la cancelación de la licencia de la represa por parte de IBAMA eran acciones calculadas para crear problemas al gobierno provisional de Temer, el cual se encontraría dando apoyo a la construcción de una planta hidroeléctrica muy polémica que causaría daños irreparables al pueblo Mundurukú. Al mismo tiempo, las apresuradas decisiones de FUNAI e IBAMA parecían pretender apaciguar los movimientos sociales, que llevaban mucho tiempo quejándose de la indiferencia del gobierno de Rousseff hacia las causas indígenas.
Ahora que la administración provisional de Temer ha tomado el poder, es probable que haya un cambio profundo en los altos cargos de FUNAI e IBAMA, aunque la demarcación del nuevo territorio indígena dependerá finalmente de la buena voluntad política del gobierno federal.
El rápido desarrollo de estos acontecimientos parece indicar que la presa de São Luiz do Tapajós no está en absoluto muerta.
Un diseño grandioso: el Complejo de Tapajós
En realidad, se planea todo un conjunto de proyectos: presas, vías navegables, puertos fluviales, vías de tren y carreteras, que transformarían Pará occidental y lo harían pasar de una región remota en el Amazonas a un centro de transporte de mercancías.
La presa de São Luiz do Tapajós no es más que la primera pieza en el Complejo de Tapajós: un megaproyecto destinado a crear una vía navegable industrial de alto alcance que empezaría en el estado occidental de Mato Grosso y pasaría por las presas propuestas en el río Teles Pires, afluente del Tapajós. La vía navegable interior propuesta facilitaría el envío de cereales, soja y otros productos que crecen en el interior de Brasil a un puerto fluvial en Santarém, y de ahí por el Amazonas hasta la costa para su exportación internacional. La construcción del Canal de Nicaragua se añadiría a este grandioso plan y permitiría que se enviaran cultivos brasileños a China.
La finalización de la carretera BR 163, que atraviesa la parte oeste de Pará, y una vía de tren aún en la etapa de incubación pero que ya recibe el nombre de “tren del grano” son otros proyectos de infraestructura que los empresarios de la agroindustria esperan utilizar para optimizar la logística del transporte de mercancías y obtener grandes beneficios.
La elección del senador Blairo Maggi como ministro de agricultura por parte del nuevo gobierno de Temer podría favorecer este amplio esfuerzo de infraestructura, según los observadores de Brasil. El antiguo gobernador del estado de Mato Grosso tiene una participación de control en el grupo Amaggi, gran empresa que produce, cosecha y exporta semillas de soja. Otra de las empresas de Maggi proporciona infraestructura al sector de la soja con la construcción de terminales, carreteras y vías navegables.
Los proyectos de infraestructura en la cuenca del Tapajós llevarían consigo la promesa de progreso y creación de nuevos empleos en lo que ahora es una región remota. Sin embargo, los ecologistas, pequeñas familias agricultoras, activistas sociales y grupos indígenas están muy preocupados por los impactos socioambientales que un desarrollo tan rápido podría llevar a la cuenca —entre ellos la intensificación de la tala ilegal y la apropiación de tierras.
Hacendados contra taladores
Cada hacienda en el oeste de Pará puede medir hasta 100 hectáreas —un kilómetro cuadrado (unas 0,4 millas cuadradas), pero esas pequeñas haciendas agrícolas familiares que una vez parecieron seguras están ahora bajo presión por actividades intensamente invasivas: la apropiación de tierras con violencia y el fraude.
“El estrés en los agricultores es resultado de una concentración de ocupadores ilegales y conflictos con los taladores” —afirma Carolina Motoki, investigadora de la Red de Acción Integrada para Combatir la Esclavitud (RAICE).
El caso del Proyecto de Asentamiento Areia es emblemático. Un estudio de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) —entidad relacionada con la iglesia católica que ayuda a los agricultores— muestra que 93 de 286 haciendas y han sido abandonadas, y hay un solo ocupante illegal que reclama un total de 22 parcelas.
“Los ocupantes ilegales se hacen con la tierra utilizando la violencia y luego intentan legalizar este fraude de distintos modos”, explica Maurício Torres, científico social y experto en asuntos socioambientales del Amazonas.
Una red de taladores ilegales está utilizando los proyectos de asentamiento para conferir “legitimidad” a su tala ilícita de árboles en zonas protegidas. Los taladores dicen que las tierras de los colonos son la fuente de la madera cosechada de forma ilegal para engañar a los inspectores del gobierno.
“Para transportar los troncos, se debe utilizar una guía de transporte, [sobre la cual el gobierno] realiza una estricta supervisión” —explica Motoki. “Así que los taladores se aprovechan de la gestión de las zonas legalizadas como haciendas para ‘cocinar’ los papeles de transporte de los troncos robados [de zonas protegidas]”. Los taladores ilegales también utilizan las carreteras de las haciendas para sus camiones de tala.
Los agricultores que no están de acuerdo con estas estrategias ponen su vida en peligro, como sucede con Osvalinda y Daniel Pereira y Antônio Silva.
El duro trabajo de los hacendados y la falta de servicios públicos básicos y de aplicación de la ley en el oeste de Pará ayuda a facilitar las actividades ilegales de los taladores. Los colonos “cierran la brecha que ha dejado el estado —construyendo carreteras, a veces [construyendo] escuelas y ofreciendo oportunidades de trabajo. Las carreteras de los hacendados son la entrada al bosque y eso es interesante para los taladores” —dice Motoki.
En el momento álgido de la temporada de tala, decenas de camiones cargados con troncos circulan por la zona del Proyecto de Asentamiento Areia a diario.
La tala ilegal sale a cuenta
La madera más buscada viene del árbol ipê. Cortado y listo para exportar puede costar unos 1750 dólares por metro cúbico. Un camión suele llevar una carga de 30 metros cúbicos de troncos sin procesar. Si se tiene en cuenta la materia prima que se pierde en el aserrado, cada camión vale aproximadamente 29 000 dólares.
Los toreiros —trasnportadores de troncos— son responsables de contratar trabajadores y organizar la logística. Los campesinos pobres son la base de la pirámide en este negocio ilegal, y llevan a cabo las actividades más peligrosas, como la operar las motosierras.
“Además, cuando las autoridades federales realizan sus operaciones de vigilancia, estos [campesinos] son los que van a la cárcel”, explica Motoki.
En agosto de 2015, una brigada de la policía federal con el nombre en clave “Madera Limpia” arrestó a una banda de empresarios y agentes públicos de organismos federales y estatales que recolectaban madera del Amazonas de forma ilegal. Según la investigación, los agricultores se vieron obligados a participar en las estrategias delictivas para seguir recibiendo beneficios de los programas sociales, como cupones de alimentos.
“Una gran parte de la recolección ilegal de Madera baja por el río hasta Bélem [la capital costera del estado de Pará], y parte de ella es exportada” —explica Olavo Pimentel, representante de la policía federal.
Tensión creciente
Si la planta hidroeléctrica sigue adelante, su depósito inundará las tierras de comunidades tradicionales ribereñas y pueblos indígenas. Su capacidad de generación de 6133 megavatios crearía suficiente electricidad para dar suministro a 20 millones de hogares, según Eletrobras, la compañía estatal brasileña que encabeza el consorcio de empresas interesadas en la concesión de la presa. Los grupos franceses EDF y GDF Suez están entre los posibles socios de Eletrobras en este proyecto.
El peligroso futuro que podrían correr los pequeños municipios del río Tapajós si avanzara la construcción de la presa, se refleja en las recientes experiencias de los residentes de Altamira, situada cerca del punto donde se ha erigido la polémica planta hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingú, también en el estado de Pará.
“A medida que la construcción [de la presa] progresaba en Altamira, hubo un gran deterioro urbano, con un aumento de la violencia y la expansión de la ciudad, además del deterior rural, que aumentó la ocupación ilegal y la tala ilegal. En Tapajós también sucederá eso. Es inevitable”, predice el representante Pimental.
Explica que su diminuto cuerpo de policía no tiene forma de reprimir la creciente ilegalidad. Una amplia área del oeste de Pará está en su jurisdicción —tres veces el tamaño del estado de Florida— en la cual se espera que patrullen él y su grupo de menos de 60 policías, especialistas, técnicos y asistentes.
“Por una parte, la central hidroeléctrica trae consigo el progreso. Por otra, atrae a gente interesada en la tala ilegal. Es inevitable. Los cuerpos de vigilancia tienen que estar preparados para una actividad [delictiva] más intensa” —afirma Pimentel. Cuando le preguntamos por la identidad de los grupos criminales que causan la destrucción del bosque que nos rodea, no contesta.
Motoki cita otra enorme central hidroeléctrica del Amazonas —la presa Tucuruí en el río Tocantins, también en Pará— como ejemplo de cómo las presas aumentan las tensiones sociales: “Hay un gran influjo de gente que busca trabajo, pero no todos son aceptados” —dice el investigador. “Eso intensifica los conflictos, con la expansión de lugares [ocupados ilegalmente que antes eran sitios rurales] que no tienen infraestructura para sustentarles”.
El informe de impactos ambientales (EIA) de 15 000 páginas para el proyecto hidroeléctrico de São Luiz do Tapajós encargado por Eletrobras señala estos problemas: “La llegada de gente con distintos estilos de vida y costumbres, la presión en los bienes de consumo, los servicios urbanos y sociales, y las diferencias en los intereses de cada grupo pueden resultar en conflictos sociales y el aumento de la violencia” —relata el documento, el cual solo ofrece vagas medidas de mitigación, como la implementación de: “programas para la interacción social, asistencia social, seguridad pública y evaluación de las condiciones socioeconómicas del municipio”.
“La idea de construir la central de São Luiz do Tapajós se está dando por hecho sin ni siquiera saber si es viable”, declara Maurício Torres, quien llama a esa presunción promulgada por el gobierno “nada más que una estrategia utilizada para desmantelar cualquier forma de resistencia a la central hidroeléctrica”. Apunta que, si la central hidroeléctrica fuera una realidad, “calentaría el mercado de los derechos de la tierra, regulado por la violencia y la explotación predatoria de los recursos naturales, lo cual en sí mismo da miedo”.
Transformar el Amazonas
De vuelta en el Proyecto de Asentamiento Areia, la agricultora Osvalinda dice que cada vez llegan más intrusos oportunistas de otros estados de Brasil.
“Hasta un granjero de Paraguay ha adquirido tierras” —dice. “Para nosotros, los productores a pequeña escala, esto es perjudicial porque [los forasteros] aparecen y compran las tierras a un precio barato para sus ranchos. Así que cada vez tenemos menos espacio y no podemos obtener acceso a financiación ni ayuda del gobierno. Los ricos son cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Esa es la realidad”.
La central hidroeléctrica seguramente aumentará esas presiones, y Osvalinda teme un incremento de los ataques por parte de los taladores ilegales. “Habrá más demanda de madera debido a la construcción de la presa” —prevé.
Antônio Silva, que incluso a sus 64 años puede trepar árboles en segundos, ya ha vivido muchos conflictos. Luchó con quienes pretendían ser ganaderos en el Amazonas, que “pusieron precio a la cabeza de cualquiera que plantara cultivos”. También se enfrentó a hostiles amenazas de buscadores de oro en Serra Pelada, en el suroeste de Pará durante los ochenta. Sin embargo, se ha cansado de las disputas con los taladores. “He estado en muchos sitios, Piauí, Maranhão, Pará, Mato Grosso. Hoy en día solo intento mantenerme apartado” —dice. Le contraria haber sido abandonado por sus vecinos, algunos de los cuales han creído los rumores malintencionados que han extendido los taladores sobre los hacendados.
Al párroco local, el Padre João, le preocupa que los hacendados estén infravalorando el peligro que corren. “Por lo general, los hacendados no entienden que están amenazados. Todos están en riesgo a causa de la presa y las cosas solo van a empeorar” —dice el párroco, que representa a la Comisión Pastoral de la Tierra de Itaituba, municipio donde se concentrarán gran parte de los impactos si se construyera la central eléctrica de São Luiz do Tapajós.
La preocupación principal del párroco es que la llegada de la presa acabará por hacer que los pequeños agricultores y terratenientes se vean apartados de sus tierras por las milicias para que las tierras se puedan vender a un precio más alto a otros colonos más adelante.
“No podemos pensar solo en la central de São Luiz do Tapajós” —dice el padre João. “Hay muchos proyectos preocupantes, otras centrales eléctricas y puertos, vías de tren y carreteras. Sin embargo, los estudios de viabilidad no tienen en cuenta las consecuencias totales de esos proyectos”.
