- ¿Qué efectos tuvo la creación de una Constitución ecológica?
- ¿Cómo creció la minería en Ecuador en esta última década?
Tras 10 años en el poder y con el periodo de mayor estabilidad política en la historia reciente de Ecuador, Rafael Correa dejó la presidencia en manos de Lenin Moreno. Las posiciones respecto a la gestión del mandatario saliente son encontradas y una de las mayores preocupaciones en el plazo inmediato es la resquebrajada economía del país, que cerró con un déficit de $6000 millones en 2016, según estadísticas del Ministerio de Finanzas. Una situación que acentuó las políticas extractivistas del régimen bajo la mirada preocupada de ecologistas y comunidades indígenas y campesinas que viven en las áreas de influencia de los proyectos. Pero existen aspectos destacables en materia ambiental acontecidos durante la última década. Quizás el principal es la inclusión de los Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución ecuatoriana que se gestó en Montecristi en 2008. Un conjunto de leyes que el mismo Correa criticó en lo posterior por “exceso de garantismo” y que dejó la vara alta para medir el desempeño de los gobiernos en cuanto al cuidado de la naturaleza.
“Con los Derechos de la Naturaleza el Ecuador marcó un hito civilizatorio. Eso es un avance increíble, aunque amplios segmentos de la sociedad ecuatoriana no han captado su real trascendencia”, asegura en diálogo con Mongabay Latam Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. “La importancia es mundial”, insiste Acosta. “En varias partes del planeta se recoge este mandato constitucional ecuatoriano como referencia potente. Por ejemplo, el fiscal que defiende a los indígenas y a la naturaleza en la Curva Larga del Xingú, en el caso de la gran represa brasileña de Belo Monte, se refiere a los Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución de Montecristi”, manifiesta.
Con Acosta coincide Gloria Chicaiza de la organización Acción Ecológica. Según explica, la legislación ambiental es el horizonte al que constantemente están caminando. “Eso nos permite seguir ejerciendo la demanda para que esos derechos sean aterrizados a nivel de políticas públicas”, asegura Chicaiza.
Pero en la práctica, la Constitución verde está lejos de hacerle honor a su nombre. “Lamentablemente se ha retrocedido: megaminería, ampliación de la frontera petrolera, monocultivos… y por último el regalo de despedida de Correa a Monsanto: apertura a las semillas y cultivos transgénicos, atropellando la Constitución de Montecristi”, sostiene el expresidente de la Constituyente sobre el veto realizado por Rafael Correa a la Ley de Agrodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, lo que permitiría el ingreso de semillas y cultivos genéticamente modificados para fines de investigación cuando la Carta Magna expresamente lo prohíbe.
Otro motivo de frustración para los ecologistas es el inicio de la explotación petrolera en el bloque ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní y sobre el límite de zona de amortiguamiento definida para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Esto tras el fracaso de la iniciativa gubernamental que pretendía dejar bajo tierra reservas hidrocarburíferas que se calculaban en 920 millones de barriles (ahora el gobierno ha elevado la cifra a 1672 millones de barriles). “Como en muchos otros ámbitos, el discurso y la propaganda pesaron mucho más que los hechos concretos. El caso más notorio es la mencionada Iniciativa Yasuní-ITT: seis años de promocionarla con argumentos potentes para luego echarla abajo porque a Correa ‘le doblaron el brazo’ los intereses petroleros y la desesperación por la plata… para financiar el presupuesto”, añade Alberto Acosta.
En la otra orilla de opinión está la exministra de Ambiente Lorena Tapia, quien ocupó el cargo del 2012 al 2015. Para ella, la gestión ambiental en el gobierno de Rafael Correa pasará a la historia.
“Todo es perfectible en la función pública, pero eso es un hecho que no solo los ecuatorianos reconocemos, sino que existe ese mismo criterio a nivel internacional”.
Tapia destaca la incorporación en la Constitución de los derechos de la naturaleza, convirtiéndose en “un referente en el mundo”. Considera que todavía existe mucho por reglamentar, pero el Código del Ambiente vigente “es un camino”, y resalta que ya existe el delito ambiental en el Código Penal. A partir de ahí —sostiene en conversación con Mongabay Latam— se ha creado muchísima normativa secundaria.
Información ambiental
Existen asuntos pendientes en materia ambiental que pone sobre la mesa la abogada Inés Manzano, vinculada durante años a proyectos ecológicos. Uno de los más importantes es la deforestación, que tiene una proyección de 55 000 hectáreas al año entre 2013 y 2017, según un informe del Plan Nacional de Restauración Forestal del Ministerio de Ambiente.
Manzano asegura que a pesar de que el gobierno saliente ha incrementado de forma exponencial el presupuesto del Ministerio de Ambiente, que en el último periodo fiscal bordeó los 63 millones de dólares, la situación está muy lejos de ser la deseable.
Aunque la proyección de deforestación del Ministerio de Ambiente disminuyó respecto a periodos anteriores (entre 2000-2008 fue de 77 600 hectáreas y entre 2008-2012 de 63 000 hectáreas), Manzano se mantiene en que la cifra actual es importante y que habiendo los recursos, no se han realizado los esfuerzos necesarios para contrarrestar la problemática. La abogada habla del Plan Socio Bosque que impulsó el gobierno de Correa y que entrega un reconocimiento económico a campesinos y comunidades que mantienen la cobertura forestal de sus propiedades. “En Ecuador no tuvimos la capacidad de hacer indicadores, una línea base, un estudio de impacto que es una de las metodologías más certeras. Después de 10 años no tenemos eso”, lamenta.
Manzano se refiere a otra deuda del gobierno saliente, la falta de información ambiental. “Durante el 2003 salieron los límites permisibles de contaminación en el Ecuador y estamos 2017, eso significa que en 14 años las autoridades e instituciones públicas han recibido información de las empresas y esa información no está en ninguna parte”, sostiene, y añade que esta debería ser pública y servir para mejorar los sistemas de control ambiental. Finalmente, reconoce que durante la última década hubo una activa conversación de los temas ambientales, “sea como sea que los hayan resuelto”.
Al frente sale la versión de la exministra de Ambiente Lorena Tapia, quien sostiene que las políticas del gobierno para evitar la deforestación han sido incluso reconocidas a nivel mundial. Tanto así, dice, que el Fondo de Cambio Climático entregó a Ecuador 52 millones de euros, “que no es una donación, es un reconocimiento de resultados. Es un incentivo que se llama pago por resultados. Reconocen las políticas de deforestación como absolutamente exitosas. Qué mejor que haya un tercero de afuera que diga que lo estamos haciendo bien”.
La lista de éxitos del gobierno de Correa que enumera Tapia en el campo ambiental es larga: se delegó la competencia en materias ambientales a los gobiernos autónomos descentralizados o prefecturas, los trámites para permisos ambientales ahora son más ágiles y eficientes, el reciclaje ya forma parte del cambio de la matriz productiva en Ecuador, los botaderos de desperdicios a cielo abierto están en proceso de cierre, y en materia forestal, “ganamos un récord Guinness por reforestación, y no fue algo mediático para tomarse la foto, atrás hay programas como Socio Bosque, que ha logrado que comunidades encuentren una forma de vida sostenible, pues se pagó incentivos ambientales por conservación”.
Megaminería, talón de Aquiles
Uno de los temas que más resistencia ha producido en materia ambiental, sobre todo en los últimos años, es el desarrollo de la megaminería en Ecuador. “Cuando iniciamos teníamos el ofrecimiento del presidente (Correa) de que no se va a derramar una sola gota de sangre por conflictos mineros, y pensamos que de verdad la minería a gran escala no se iba a instalar en el país”, asegura Gloria Chicaiza, encargada del tema minero en la ONG Acción Ecológica. “Lo que este gobierno hizo fue instalar por la fuerza la megaminería, lo que no había ocurrido en ningún otro gobierno, ni siquiera en la ‘noche neoliberal’ como llamó Correa a esa época”, añade.
Chicaiza hace referencia al Mandato Minero, expedido en abril de 2008 en el marco de la Asamblea Constituyente, donde se cristalizaron las demandas que durante años presentaron organizaciones sociales que se oponían al avance de la minería en Ecuador. Y dice que la aprobación de dicho mandato detuvo una gran marcha nacional antiminería convocada para esos días. “Una de las columnas vertebrales de ese Mandato es el artículo tres, que precisamente decía que se extinguían las concesiones mineras que estuvieran en las fuentes o nacimientos de agua, áreas protegidas, bosques protectores. Y todas las concesiones en el Ecuador están en esa condición”, comenta Chicaiza. “Esto definitivamente no se cumplió y se dio paso a una serie de irregularidades como un Acuerdo ministerial para reformar y crear un especie de mecanismo para la aplicación del mandato minero, lo cual era claramente ilegal porque el proceso constituyente era de plenas poderes y estaba por encima de las leyes”, añade.
“Lo que ha ocurrido es una barbaridad, en el caso de la Cordillera del Cóndor hay informes de la Contraloría sobre los proyectos Fruta del Norte, Mirador y San Carlos-Panantza que dan cuenta que no hubo procesos de consulta, que no se cumplió el mandato minero, de las fuentes de agua que van a ser arruinadas, de cómo las propias instancias públicas son responsables de no haber aplicado el mandato minero”, explica Gloria Chicaiza.
Cita como ejemplo a las concesiones mineras otorgadas a las empresas chinas Ecuacorriente S.A. (ECSA) y Explorcobres S.A. para el desarrollo de los proyectos de explotación de cobre a cielo abierto Mirador en Zamora Chinchipe y San Carlos-Panantza en Morona Santiago. Según un examen de la Contraloría General del Estado, existen 227 nacimientos y fuentes de agua en Mirador y 414 en San Carlos-Panantza. “La ilegalidad no es la de la gente que está oponiéndose a esos proyectos y defendiendo su territorio, sino la ilegalidad es de esas empresas que están en unas concesiones que dejaron de existir el 18 de abril del 2008”.
La encargada de minería de Acción Ecológica asegura que Mirador y San Carlos-Panantza son casos paradigmáticos. Además son los primeros proyectos autorizados para realizar minería a cielo abierto. “Frente a la expansión de la minería de gran escala lo que vemos es que ha habido un control territorial y también de las personas a través del despojo de sus tierras, del desplazamiento forzado tanto a campesinos como indígenas que se han opuesto”, asegura.
Acción Ecológica y la organización Yasunidos emprendieron unos recorridos a los que ha bautizado como “Rutas de la verdad”, para evaluar los temas ambientales más relevantes durante la última década. Ya hicieron la Ruta Yasuní en la provincia de Orellana y se preparan para la Ruta del Jaguar, en honor a esta especie venerada por el pueblo shuar, que ha sido el más afectado con la instauración de proyectos mineros en su territorio comprendido en la Cordillera de Cóndor, sur de la Amazonía ecuatoriana.
Aquellas acciones no son valoradas por la exministra Tapia, pues considera que tiene un trasfondo político cuyo objetivo es empañar la imagen del gobierno de Rafael Correa. “Creo que estos jóvenes son voceros de una gran cantidad de información distorsionada. Debe haber un diálogo con los jóvenes para que puedan conocer a cabalidad todo lo que se ha hecho y seguirá haciéndose para proteger el Parque Nacional Yasuní”.
Tapia concluye indicando que el de Correa fue el gobierno “que más hizo en materia ambiental en la historia del país, el gobierno que más recursos económicos dio al Ministerio de Ambiente y el que obtuvo los mejores resultados. Quedan tareas pendientes, sí, como los trabajos de reparación ambiental con los residuos sólidos en las comunidades amazónicas, sobre todo. Pero estoy segura de que Lenin Moreno continuará con esta gestión”.
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