- ¿Por qué la Amazonía votó contra el partido oficialista?
- ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los ambientalistas?
En una reñida batalla electoral que mantiene al Ecuador dividido, el oficialista Lenin Moreno le ganó la presidencia al conservador Guillermo Lasso con una diferencia de 2 puntos. Los resultados del balotaje han sido impugnados por Lasso, quien pide la apertura total de las urnas, mientras que el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto el reconteo de más de un millón de votos correspondientes a 3865 actas, con la venia del partido oficialista Alianza País que quiere legitimar su victoria. Mientras tanto, Moreno ha comenzado a reunirse con distintos sectores, entre los que destaca el Cuerpo Diplomático Acreditado, sin que organizaciones ambientalistas como Yasunidos, que intentaron insistentemente trasladarle sus inquietudes durante la campaña electoral, estén en su agenda.
“Moreno dice que está abierto al diálogo pero no ha dialogado en esta campaña con ninguna organización que, de alguna manera, haya sido crítica con el gobierno. Por ejemplo, Yasunidos le ha planteado un diálogo y él lo ha esquivado. Se le ha planteado el tema de la criminalización, por ejemplo, de los indígenas saraguros y él insiste en que no hay tal criminalización y que él seguirá combatiendo delitos. Aunque los estilos de (Rafael) Correa y Moreno pueden ser distintos, en el fondo tengo pocas expectativas de cambio”, sostiene Pablo Piedra, asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos. Piedra dice que lo más probable es que Moreno mantenga los juicios que este gobierno sigue contra los dirigentes que han protestado.
Yasunidos promovió un diálogo con todos los candidatos presidenciales sobre los asuntos más relevantes en materia ambiental que aquejan al país. La campaña se llamó “7 puntos para yasunizar el debate” y tuvo acogida en seis de los ocho presidenciables, incluido el conservador Lasso, pero no logró hacer eco en el nuevo mandatario, Lenin Moreno, quien rechazó tres invitaciones. Entre los puntos que plantearon está la explotación de del bloque petrolero ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní y que se extiende sobre la zona de amortiguamiento creada para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento. Incluso el mismo colectivo ambientalista emprendió una nueva campaña hace pocos días para denunciar que la proyección del gobierno afectaría alrededor de 95 400 hectáreas del Yasuní, lo que equivale a un 10 % y no al 1 x 1000 que ofreció el presidente Rafael Correa. “Cuando analizamos la propuesta de gobierno de Lenin Moreno, encontramos que era uno de los candidatos que menos comprometido estaba con el ambiente”, asegura Piedra en diálogo con Mongabay Latam, y añade que aunque Moreno no se ha referido al tema, lo más probable es que mantenga el mismo discurso de su antecesor.
“El tema general a discutirse en Ecuador es la política extractivista. Ecuador debería plantearse salir lo más pronto de la economía extractivista y eso implica comprometerse a no ampliar la frontera petrolera, salir del Parque Nacional Yasuní y evitar la minería a gran escala en las fuentes de agua, en los páramos y en la Cordillera del Cóndor”, señala el abogado de Yasunidos.
En la Cordillera del Cóndor, ubicada al sur de la Amazonía, empresas chinas desarrollan los proyectos de explotación de cobre a gran escala más ambiciosos de este gobierno: Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe y San Carlos-Panantza en Morona Santiago. Justamente en este último, se ha desatado un conflicto con la nacionalidad Shuar, que ha provocado desmanes, un policía muerto y la militarización de la zona.
Aunque el plan de gobierno de Lenin Moreno sostiene que “por encima de la economía está la Naturaleza, invalorable en términos cambiarios”, también deja en claro que seguirá con los megaproyectos mineros Mirador, San Carlos-Panantza y Fruta del norte en la Amazonía, y Loma Larga, Río Blanco y Llurimagua en el sur y centro de la Sierra ecuatoriana. Su proyección es que la minería generará 8000 plazas de trabajo y atraerá 8000 millones de dólares de inversión extranjera. Otro ofrecimiento de Moreno en su escueto plan ecológico es reverdecer al país. Asegura que usará excedentes petroleros para financiar la conservación e investigación de áreas protegidas; destinará 2000 millones de dólares al manejo de cuencas hidrográficas y recuperará 500 000 hectáreas de bosque. De este último punto existe un precedente, el plan Socio Bosque que impulsó Correa desde 2008 y que consiste en entregar incentivos monetarios a comunidades y campesinos para que no talen los árboles. Según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente, hasta 2016 se logró conservar 1,5 millones de hectáreas, 85 % correspondiente a bosque húmedo tropical. Además se benefició a 47 000 familias, a las cuales se destinaron 10,3 millones de dólares el año anterior. Apenas a finales de marzo, el Estado se puso al corriente con los pagos de 2015.
Los desafíos de Moreno
Más allá de los problemas que haya enfrentando el programa Socio Bosque, expertos en tema como Luis Suárez, director ejecutivo del capítulo Ecuador de Conservación Internacional, asegura que “el nuevo presidente deberá consolidar y ampliar el programa de incentivos para la conservación de bosques y otros ecosistemas nativos e implementar importantes instrumentos de política ambiental, tales como la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Estrategia de Cambio Climático y el Plan Nacional REDD+, a fin de reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de la tierra“.
Otro punto clave, según Suarez, “es fortalecer la institucionalidad ambiental para mejorar el control y seguimiento a las actividades extractivas (mineras y petroleras) y a las obras de infraestructura, asegurando la aplicación rigurosa de los estudios de impacto ambiental y los respectivos planes de manejo ambiental”. Además, Suárez hace énfasis en que es importante reforzar el manejo de los ecosistemas marinos y costeros, la gestión de las Islas Galápagos, y la incorporación de temas ambientales en los nuevos planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
El ambientalista, exalcalde de Quito y exdirector del Fondo Mundial para la Naturaleza, Roque Sevilla, coincide con Suárez respecto a la necesidad de que el Ecuador adopte una estrategia sólida para combatir el cambio climático. Y en esa línea Sevilla identifica otros desafíos pendientes que enfrentará el nuevo mandatario. Uno es el reto de aprovechar el manejo de energías alternativas, cosa que no logró el gobierno saliente. “Un caso es la capacidad para generación eléctrica fotovoltaica para el sector automotor. Se puede hacer un programa para el cambio del parque del sector automotor en los próximos 10 años a los vehículos eléctricos. El tener la capacidad de energía solar que tenemos nos da una capacidad de energía eléctrica por la cantidad de radiación solar que tenemos. Yo tengo una planta de 3,6 megavatios en Ibarra (provincia de Imbabura) y nos acaban de entregar el premio a la planta más eficiente del mundo. Y no es por nosotros, es por la cantidad de energía solar que existe allí. Ahí tenemos un desafío enorme”, comenta Sevilla en conversación con Mongabay Latam, quién además se refiere a la situación en el Parque Nacional Yasuní: “El otro desafío es el rediseño del proyecto Yasuni ITT que cambie el fracaso de la explotación de ese crudo tan pesado, lo que no tiene ningún sentido con los precios actuales y sin ninguna esperanza que suban esos precios. Por eso se podría reconsiderar nuevamente dejar el petróleo bajo tierra”. Finalmente el ambientalista asegura que el tercer desafío es la reforestación del país, comenzando por las cuencas hidrográficas para garantizar los flujos de agua en las plantas hidroeléctricas que se han construido o están por terminar. “Y tenemos 42 parques nacionales que no se aprovechan para el turismo, solo uno se lo hace, el del volcán Cotopaxi. Los demás no se explotan desde el punto de vista turístico”, añade.
Para el Director de Conservación de la Fundación Ecociencia, Bernardo Ortiz, los desafíos a los que se enfrenta el nuevo régimen son todos. “Cada aspecto relacionado con la conservación, producción limpia, desarrollo de mecanismos financieros, deforestación, contaminación, educación, incentivos financieros, sostenibilidad pesquera, manejo forestal, está todo por hacerse, consolidarse o evitar que se empeore”, asegura Ortiz en diálogo con Mongabay Latam. Según el experto, la descoordinación dentro y entre instituciones es casi total. Pone por ejemplo la Estratega Nacional de Biodiversidad, de la cual no hizo parte el Ministerio de Agricultura: “Sin ellos, ¿qué se puede lograr?”, se pregunta. Entre las oportunidades y amenazas del gobierno entrante, Ortiz destaca la descentralización a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de varias funciones ambientales, incluido el control. “El sector ambiental como tal es una burla, no hay sociedad civil organizada para nada; los programas de gobierno siguen insistiendo en prácticas caducas que se sabe que hace rato que no sirven. La minería ilegal destruyendo lo que haya a su paso“, continúa. “Ahorita hay más y mejores cosas que hace 10 o 20 años, pero faltan años luz para contener los múltiples y muy agudos problemas”, sostiene el integrante de Ecociencia. Según su perspectiva, “la deuda ambiental es muy grande y lo que se hace, no se ve que alcance”.
El No de la Amazonía
A pesar de que Moreno ganó a nivel nacional según el escrutinio del ente electoral, tuvo una derrota demoledora en la Amazonía. En cinco de las seis provincias que conforman dicha región, el conservador Guillermo Lasso superó a Moreno por 25 puntos en promedio. ¿Por qué los amazónicos prefirieron a un banquero en vez del representante de un gobierno que se dice socialista? La respuesta apunta nuevamente al extractivismo y a la afectación de comunidades aledañas a proyectos mineros.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidad Indígena de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), sostiene: “Mientras no se resuelvan las impugnaciones, mientras no se cuente voto a voto como lo ha pedido por la oposición, nosotros seguiremos en espera y sin reconocer que haya ganado uno de los candidatos”. Y añade en diálogo con Mongabay Latam: “No queremos que siga el correísmo que va a estar metido en el leninismo, porque ya hemos vivido 10 años de atropellos a los derechos humanos, a nuestros territorios, invasión de empresas petroleras, mineras, sobre todo en la Amazonía”.
Vargas cuestiona la independencia del Consejo Nacional Electoral y la lentitud para proceder a la revisión de los resultados. “Si no se da paso al reconteo de votos ese será un gobierno ilegítimo”, sentencia. Finalmente asegura que la Amazonía ha sido víctima del extractivismo, que se ha fortalecido con Correa y seguirá con Moreno. Por ese motivo, una comitiva encabezada por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jorge Herrera, delegados del Pueblo Shuar Arutam y la Asociación de Mujeres Waorani, acudió hace unas semanas al examen periódico de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra para denunciar persecución y judicialización a luchadores sociales, violación del derecho a la consulta previa para proyectos de gran impacto que se desarrollan en lo que consideran territorios ancestrales y vulneración de la libertad de asociación, entre otras afectaciones.
La preocupación por los megaproyectos mineros que impulsa el gobierno en zonas de alta biodiversidad no solo trastoca a los amazónicos, también a pueblos andinos. Javier Ramírez, dirigente antiminero de la comunidad de Intag, provincia de Imbabura, donde la empresa chilena Codelco desarrolla el proyecto cuprífero Llurimagua, expresa desánimo por lo que se viene. Ramírez fue procesado por una supuesta agresión a directivos del proyecto minero y enviado a prisión. “Seguro se van a mantener las mismas políticas extractivistas de Rafael Correa, son del mismo partido político, por lo que no va a cambiar nada. Pienso que van a seguir con lo mismo, con la persecución. Mientras más tiempo van quedándose en el poder, van adquiriendo más poder político. Para nosotros no será fácil la lucha porque sus políticas se van reforzando. Moreno también dará órdenes del mismo tipo de las de Correa. Yo seguiré en la lucha, defendiendo nuestro territorio, insistiendo que la vida está en la naturaleza, en la tierra, en el agua”, sostiene Ramírez en diálogo con Mongabay Latam. “Con Correa estuve preso 10 meses pagando por un delito que no cometí y aun así fui declarado culpable por rebelión contra el Estado”, dice.
El pronóstico de Alexandra Almeida, presidenta de la ONG ambientalista Acción Ecológica es aun más desalentador. “No tenemos esperanzas de que haya un cambio radical, sino todo lo contrario, que se acentúen todas esas actividades destructivas en el ecosistema amazónico y en la Sierra, como es el caso de la minería en Azuay y en Intag. Hemos visto cómo ha actuado este gobierno que ha emprendido minería a gran escala, lo que no hizo ningún otro gobierno en el país”, asegura Almeida, que además se refiere a la situación de vulnerabilidad que enfrentan comunidades aledañas al proyecto San Carlos-Panantza en la provincia de Morona Santiago, y que han tenido que dejar sus hogares y desplazarse a la selva o a otros poblados por el asedio de la fuerza pública.
“Creo que las causas que originan conflictos como en la comunidad Shuar, son las actividades extractivas. Y mientras no se tomen medidas respecto a esas causas, va a ser muy difícil un cambio. Puede que haya algún cambio en la forma, pero en el fondo, no, porque van a seguir con sus proyectos de megaminería en los territorios indígenas”, asegura Almeida. Y continúa: “Tal vez no sea muy escandalosa la represión a las poblaciones indígenas o las divisiones a la dirigencia que ha hecho este gobierno, especialmente al sur de la Amazonía. Prácticamente todas las organizaciones tienen dos directivas, una a favor del extractivismo y otra en contra, y eso es causado por el gobierno”, explica en conversación con Mongabay Latam. “Ese es el momento actual y por más que ofrezca Moreno tratar los temas de una manera más amable, la situación está ya dada. Las divisiones están dadas. La represión a dirigentes y el drama que viven las familias desplazadas por estos proyectos, eso ya se dio. Si va a continuar el extractivismo, así se trate de modificar un poco la forma, en el fondo van a ser los mismos impactos”, insiste la presidenta de Acción Ecológica.
Código Ambiental, ¿camisa de fuerza?
Existe un nuevo marco jurídico llamado Código Orgánico Ambiental (COA), que fue aprobado en diciembre pasado por la Asamblea de mayoría oficialista. Un instrumento legal que traerá cambios importantes y que no tuvo la atención adecuada porque se trató en medio de la agitación nacional por la pugna electoral. “Este Código Ambiental tiene muchísimos cuestionamientos de parte nuestra, sobre todo con la protección de áreas protegidas. En este Código, el artículo 37 dice que la autoridad ambiental nacional, o sea el Ministerio del Ambiente, sería el que tiene la potestad de cambiarle de categoría a un área protegida, o cambiarle los límites, o simplemente eliminar el decreto por el que fue creada como área protegida si es que no se están cumpliendo los fundamentos por el que fue creada. Eso ahora viene a ser una decisión del ministro o ministra de Ambiente”, sostiene Almeida. “Antes, las áreas protegidas estaban tan garantizadas que si incluso se quería realizar alguna actividad extractiva prohibida, se tenía que pedir a la Asamblea que la declare área de interés nacional, como se hizo con el Yasuní. Incluso la Constitución dice que la Asamblea podría llamar a una consulta popular para que la población tome esta decisión. Pero con la reforma ya no hay que hacer ningún trámite de estos. El ministro podrá cambiar los límites, decidir si sigue o no siendo área protegida”, añade.
La preocupación principal de los ecologistas es la vulnerabilidad de las reservas naturales frente al interés de desarrollar nuevos proyectos extractivos dentro de sus límites. “Este Código debilita muchísimo la protección de estas áreas declaradas protegidas por su altísima biodiversidad, porque tienen argumentos, estudios, elementos, que las lleva a ser declaradas protegidas”, señala Almeida y explica que con el nuevo Código, la tutela de los derechos de la naturaleza recae en el Ministerio del Ambiente, cuando la misma Constitución establece que toda persona tienen que velar por esos derechos. “Este marco legal nos deja sin esperanzas de algún cambio positivo que se pueda dar a futuro”, concluye la ambientalista.
La nueva legislación ambiental trae aportes importantes según el asambleísta del partido de gobierno Alianza País, Carlos Viteri, quien preside la Comisión de Biodiversidad y estuvo al frente del proyecto de ley. “Se trata de una normativa de enorme trascendencia de sensibilidad social”, dijo tras la aprobación del Código Ambiental, según recoge la página oficial del órgano Legislativo. “Dentro de las modificaciones hechas al texto del código se amplió el alcance del principio de in dubio pro natura, que es un principio de precaución a favor de los recursos naturales. Además existen mejoras en lo que tiene que ver con el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, para prevenir, reparar y sancionar la contaminación y los daños ambientales”, sostuvo Viteri, quien a contrario la presidenta de Acción Ecológica, destacó “la facultad de la Autoridad Nacional Ambiental para redelimitar o cambiar la categoría de las áreas protegidas, cuando no cumplen sus funciones biológicas y ambientales”.
Por su parte, el director de Conservación Internacional Ecuador aseguró en diálogo con Mongabay Latam que el principal reto del gobierno entrante “será la aplicación del nuevo Código Orgánico Ambiental (COA) y su consiguiente reglamentación, a fin de fortalecer la gestión ambiental en el Ecuador“. Lo cual deberá ir de la mano con la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, “incluyendo la creación y el manejo de áreas protegidas declaradas por gobiernos autónomos descentralizados, áreas de conservación comunitarias y áreas protegidas privadas”.
