- Paulo Vannuchi, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que espera que su visita aliente al gobierno a resolver con celeridad los problemas de las comunidades.
- Han pasado seis meses del acuerdo en Saramurillo y aún no hay un avance en la petición de que se realice una auditoría independiente del oleoducto de Petroperú ni al pedido de compensación de las comunidades.
Tres días después que una delegación internacional visitara las comunidades indígenas afectadas por la contaminación de petróleo, causada por fugas en el Oleoducto Nor Peruano, ubicado en la Amazonía del país, se informó de un nuevo derrame en la comunidad de Nueva Alianza.
La nueva fuga fue detectada la tarde del 11 de julio por varios jóvenes de la comunidad que habían ido a pescar al canal de flotación, que es una instalación artificial que aloja al oleoducto. En una declaración del 12 de julio, Petroperú, la empresa petrolera estatal que opera el ducto, culpó del derrame a “personas inescrupulosas” que aún no han sido identificadas.
Este incidente ha sido el primero desde el 2016, cuando una docena de derrames se reportaron en distintos tramos amazónicos del oleoducto, que fue construido en los 70 para transportar crudo desde los remotos yacimientos petrolíferos, pasando por los Andes hasta los puertos en la costa pacífica de Perú.
La tensión en torno a los derrames del oleoducto y las cuatro décadas de contaminación causadas por las operaciones petroleras en los dos yacimientos de crudo más antiguos del Amazonas han provocado una serie de protestas y demandas de las comunidades indígenas para recibir compensación y remediación por los daños ambientales causados. Las comunidades afectadas por la contaminación de petróleo han denunciado a varias instituciones del gobierno en los tribunales peruanos y han llevado su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dos oficiales de las Naciones Unidas han pedido a Perú que suspenda las negociaciones para la concesión de un yacimiento de petróleo clave hasta que se consulte a las comunidades y se limpie la contaminación de operaciones pasadas.
Sin embargo, aunque las quejas y demandas de las comunidades indígenas están recibiendo mayor atención —por ejemplo, de una delegación de la CIDH que visitó a las comunidades afectadas el 8 y 9 de julio— muchas de ellas aún no disponen de agua potable para beber ni cuentan con las garantías de que sea seguro comer el pescado que siempre han consumido.
La visita de la CIDH
La mañana del 8 de julio, Paulo Vannuchi, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó en helicóptero al punto en el que el Oleoducto Nor Peruano cruza el río Cuninico. En la explanada de tierra donde aterrizó el helicóptero lo esperaba Percy Casternoque, de 43 años, monitor ambiental de la comunidad de Cuninico, un pueblo de unas 100 familias situada en la boca del río Cuninico, donde se une al Marañón, uno de los mayores afluentes del Amazonas.
Casternoque tiene mucho que contarle a la comitiva de la CIDH. Tres años antes, en julio de 2014, este poblador ayudó en la limpieza luego de que una fuga en el oleoducto vertiera más de 2000 barriles de crudo en el canal de flotación construido para alojar la tubería. Fue uno de los más de doce hombres que pasaron días inmersos en agua aceitosa, buscando con sus pies el lugar exacto donde la tubería se había fracturado.
Cuando Vannuchi miró hacia el canal, sin poder ver aún el oleoducto, que permanecía tapado por el agua y las plantas acuáticas, Casternoque le dijo que los hombres habían trabajado sin equipo protector. Aunque los directivos de Petroperú que acompañaban al comisionado afirmaron que el petróleo no se había escapado del canal, por lo tanto, no había llegado al río Cuninico, porque la ruptura estaba ubicada, aproximadamente, a 2 km de distancia. Casternoque, sin embargo, dijo que las inundaciones estacionales de cada año hacían que el agua contaminada rebalsara alrededor del dique de protección.
Vannuchi y otros miembros de la delegación —como la ministra de justicia, Marisol Pérez Tello; el ministro de energía y minas, Gonzalo Tamayo; y el obispo católico, Miguel Olaortúa, de Iquitos— viajaron en un deslizador (embarcación usada en la Amazonía peruana) a la comunidad de Cuninico, donde pasaron las dos horas siguientes escuchando a los pobladores describir cómo había cambiado su vida después del derrame.
Los líderes de la comunidad explicaron que pescar en esa área, que en el pasado había ofrecido un modo de subsistencia a media docena de poblaciones locales, ya no era algo con lo que pudieran contar, y que el pescado a veces tenía un sabor aceitoso. Las madres contaron que a los niños les salían sarpullidos después de bañarse en el río Cuninico, que era la principal fuente de agua de la comunidad para beber, cocinar, bañarse y limpiar hasta el derrame de 2014.
Flor de María Parana, que había testificado en una audiencia de la CIDH en Santiago de Chile en junio de 2014, llevó a Vannuchi a su casa a ver el sistema de cubos que su familia ha instalado para captar tanta agua como se pueda de las lluvias amazónicas.
“Si no llueve, no tenemos agua para tomar”, le dijo.
Los líderes de la comunidad también guiaron a Vannuchi a un puesto de salud instalado recientemente en la comunidad, pero sin personal y sin equipos hasta solo unos días antes de su visita.
El 9 de julio, Vannuchi tuvo una reunión similar en la comunidad de Puerto Alegría, donde un derrame del oleoducto de Petroperú, ocurrido en febrero de 2016, provocó que el crudo viajara 23 kilómetros hasta llegar al río Morona, otro afluente del Marañón. Los residentes de los pueblos situados alrededor de la comunidad de Chiriaco, donde se rompió el oleoducto en enero de 2016, también esperaban reunirse con Vannuchi, pero solo Pérez Tello llegó hasta el lugar.
“Este tipo de visita hace un cambio total en nuestra percepción”, dijo Vannuchi a Mongabay Latam. “Una cosa es leer un documento de abogados y otra es estar acá, escuchando a las personas”.
Luego agregó que pasar varios días con los funcionarios del Estado podría alentar al gobierno a actuar con mayor celeridad para resolver los problemas de las comunidades, tomando en cuenta que un caso en el sistema Interamericano de justicia podría durar una década o más.
Nuevos compromisos
La ministra de justicia Marisol Pérez Tello dijo que el gobierno se ha comprometido a ofrecer servicios sanitarios y agua potable a las comunidades. Y recordó que 65 comunidades de las cuatro cuencas afectadas por la contaminación de petróleo ya recibieron plantas de tratamiento temporales de agua en 2015 y que otras 50 están previstas, junto con algunos sistemas permanentes de agua, aunque aceptó que la instalación ha avanzado lentamente, porque se requiere de una coordinación entre el gobierno nacional, el regional y los locales.
Gonzalo Tamayo, titular del Ministerio de Energía y Minas, añadió que Petroperú se ha comprometido a mejorar su relación con las comunidades ubicadas a lo largo del oleoducto, valiéndose de un programa de responsabilidad social corporativa. El año pasado las tensiones se elevaron en algunas comunidades, ya que los residentes dijeron que los funcionarios de Petroperú los culparon injustamente por los derrames, mientras que los ejecutivos de la compañía acusaron a las comunidades de obstaculizar el trabajo de limpieza.
Pero al parecer, desde principios de 2017, Petroperú está tratando de cambiar de rumbo. Ha empezado por contratar a Beatriz Alva Hart como gerente de comunicaciones y relaciones comunitarias. Alva es una abogada que trabajó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que produjo un estudio sobre la violencia política de los 80 y los 90.
“No ha habido un trabajo coordinado y cohesionado con las comunidades”, dijo Alva en una entrevista concedida a Mongabay Latam en mayo. “Es momento de aprender de los errores. Sabemos que en relaciones comunitarias, reconstruir los tejidos de confianza es complicado”.
Petroperú planea generar un contrato con las comunidades ubicadas a lo largo del oleoducto, contó Alva, para mantener el derecho de paso libre de vegetación, y así los derrames puedan ser detectados más rápido. Además, esto facilitará el patrullaje de la ruta para reportar cualquier cosa inusual o sospechosa, dijo.
Sin embargo, antes de que este sistema pudiera ser implementado, se informó de un nuevo derrame en Nueva Alianza el 11 de julio, cerca de la boca del río Urituyacu. Tres derrames ocurrieron en la misma comunidad en 2016 —dos en agosto y uno en septiembre. Petroperú lo ha atribuido todo al vandalismo.
Dos posiciones opuestas
De una docena de derrames ocurridos en las secciones amazónicas del oleoducto en 2016, la empresa culpó en casi todos a terceros, solo en tres de ellos asumió la responsabilidad. Los funcionarios de la compañía también dicen que los dos derrames de 2014 —en Cuninico y en la comunidad vecina de San Pedro— fueron un sabotaje, aunque el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), institución que supervisa la operación del oleoducto, atribuyó la fuga de Cuninico a la corrosión.
Ambos casos son objeto de juicios en los que se acusa a los funcionarios del gobierno de no responder adecuadamente y con rapidez a estas emergencia ambientales.
En la mayoría de derrames que han ocurrido desde 2014, Petroperú ha presentado denuncias oficiales de vandalismo, acusando a «terceros» no identificados. Pero, hasta ahora, no se ha establecido quiénes serían los sospechosos. Una comisión especial del congreso que investiga los derrames del oleoducto recibió recientemente una extensión de 90 días para terminar con su trabajo. El objetivo es producir un informe para finales de septiembre.
En una reunión pública realizada en mayo en Iquitos, capital de la región de Loreto, donde se encuentran dos de los yacimientos petrolíferos más antiguos y donde han sucedido la mayoría de derrames, César Villanueva, congresista que dirige esta comisión, mencionó que la investigación se centra tanto en la antigüedad de la infraestructura como en el sistema para la contratación del mantenimiento del ducto y el trabajo de limpieza tras los derrames.
Los costos de limpieza han superado, hasta el momento, los 100 millones de dólares y los gerentes de Petroperú y Tamayo han dicho que el medio ambiente volverá a su condición original. Sin embargo, los líderes de varias comunidades, entre ellas Cuninico, San Pedro y Monterrico, dicen que las huellas del petróleo permanecen en el sedimento que se encuentra debajo de la tubería en el canal.
Un dato importante. En julio de 2016, los reguladores gubernamentales multaron a Petroperú por más de 3 millones de dólares por no remediar completamente el derrame de Cuninico.
Lo cierto es que los reguladores del gobierno han señalado que el ducto no ha recibido un mantenimiento con la frecuencia que requiere una infraestructura de este tipo. Es una de las razones por las que tuvieron que ordenar el cierre del oleoducto después del derrame de febrero de 2016, ocurrido cerca al río Morona, en la comunidad wampís de Mayuriaga.
Desde finales de 2015, Petroperú ha llevado a cabo inspecciones internas de la tubería y ha reparado los puntos más corroídos o dañados. Los funcionarios del gobierno han dicho que esperan que el oleoducto empiece a operar de nuevo este año.
Avances y retrocesos en los acuerdos firmados
La racha de derrames fue un factor que detonó en una protesta de 105 días a finales de 2016. Entonces un grupo de organizaciones indígenas bloquearon el tráfico de barcos en el río Marañón, a la altura de la comunidad de Saramurillo. Para solucionar este conflicto, autoridades del gobierno, entre ellas Pérez Tello y Tamayo, iniciaron una serie de negociaciones que condujeron a la firma de un acuerdo de 31 puntos que puso fin a la protesta a mediados de diciembre.
Han pasado más de seis meses y el progreso en el cumplimiento de esos puntos ha sido dispar. Por ejemplo, en el bajo Marañón se declaró una emergencia sanitaria a petición de las comunidades, pero la implementación de esta ha sido lenta. Por otro lado, mientras la ley sobre supervisión ambiental comunitaria sigue su camino en el Congreso, los monitores comunitarios ya están siendo entrenados por varias instituciones del Estado y por grupos no gubernamentales, y están empezando a trabajar con inspectores de las agencias regulatorias del gobierno.
Otro de los puntos por resolver, es que no ha habido progreso en la petición de una auditoría independiente al oleoducto de Petroperú y la red de tuberías que conectan con las instalaciones de bombeo y almacenamiento en los Bloques 1AB —que ahora se llama 192— y 8. También está pendiente un debate nacional sobre el cambio de la matriz energética del país para reducir el uso de combustibles fósiles.
Y, por el momento, tampoco hay una respuesta a la petición de las comunidades de ser compensadas por los daños producidos por los derrames de petróleo. Los funcionarios de Petroperú han dicho que la compensación dependerá en parte del resultado de las investigaciones sobre las causas del derrame.
Sin embargo, sí se ha avanzado en las negociaciones sobre el desarrollo de proyectos que generen ingresos, la educación y en otros programas financiados por el gobierno, algunos de los cuales coinciden con programas sociales que ya ofrecen organismos del Estado.
En etapa de planificación se encuentran la solicitud becas, la infraestructura escolar, la instalación de piscigranjas, de los sistemas de agua potable y otras iniciativas para aprovechar los recursos naturales de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada del otro lado del río Marañón.
¿Divisiones en las organizaciones indígenas?
La parte más espinosa sigue siendo el tema de la remediación, en parte porque algunos de los lugares contaminados están en áreas donde las empresas trabajan en la actualidad —Petroperú en el caso del oleoducto y Pluspetrol en el Bloque 8—, y también porque un proceso de remediación ya se ejecuta en lo que ahora es el Bloque 192, con cuatro federaciones indígenas que no participaron en la protesta de 2016 en Saramurillo.
Esas cuatro federaciones, que representan a las comunidades asentadas en las inmediaciones de los yacimientos de petróleo en las partes altas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y a lo largo de un sector del bajo Marañón, han luchado por conseguir la compensación y remediación durante más de 15 años.
Cuando el arrendamiento de Pluspetrol sobre el Bloque 1AB venció en 2015, esas federaciones, conocidas informalmente como las “cuatro cuencas”, ganaron el derecho a consulta previa antes que una nueva concesión de dos años se le otorgara al grupo empresarial Pacific Stratus Energy.
Sin embargo, Pluspetrol abandonó sus operaciones dejando varios sitios llenos de petróleo y sin ejecutar remediación alguna. El gobierno peruano insiste en que Pluspetrol debe limpiarlos, mientras que la empresa afirma que no es responsable de la contaminación que sucedió antes de que se hicieran cargo del arrendamiento.
Con los acuerdos alcanzados como parte de la consulta previa, el gobierno destinó 15 millones de dólares para remediar los lugares contaminados, aunque cálculos independientes han señalado que los costos ascienden por lo menos a mil millones de dólares. Las cuatro federaciones diseñaron una lista de los 32 sitios que deben ser atendidos, para comenzar, pero esta lista se ampliará a 60, según Renato Pita de Puinamudt, grupo de asesoría técnica que trabaja con las cuatro federaciones.
Durante las negociaciones realizadas en diciembre con los manifestantes de Saramurillo, se pidió que las federaciones estuvieran incluidas en los debates sobre el uso del fondo para la remediación, pero el proceso para incluirlos no se especificó y no ha habido progresos en ese punto, según líderes de las organizaciones.
Ese punto evidencia la tensión entre las federaciones de las “cuatro cuencas” situadas en las partes altas y las docenas o más que han firmado las negociaciones de Saramurillo, que se encuentran principalmente en las partes bajas.
Lo cierto es que por muy nefastos que hayan sido los derrames a lo largo del oleoducto desde 2014, sus impactos palidecen si se comparan con la cantidad y el tamaño de los lugares contaminados —que las fuentes del gobierno calculan que están en más de 1000 y los monitores comunitarios en cerca de 2000— en los bloques 192 y 8.
Las federaciones de las “cuatro cuencas” han luchado por conseguir compensación y limpieza durante años, han llevado su caso a los tribunales peruanos y estadounidenses, incluso a la escena política, y a veces han tomado la infraestructura de los yacimientos para obligar a la empresa y al gobierno a que escuchen sus exigencias.
Pero, si bien los líderes de los dos grupos de federaciones dicen estar en contacto, los dos procesos permanecen separados y varios líderes dicen que consideran poco probable que los grupos fusionen sus demandas
Las cuatro federaciones en las «cuatro cuencas» están exigiendo una nueva consulta antes de que el Bloque 192 se conceda nuevamente en concesión. Petroperú ha expresado ya su interés en operar el campo con otra empresa.
La demanda de las federaciones recibió un impulso el 13 de julio último, cuando Baskut Tuncak, relator especial de las Naciones Unidas (UN) para las sustancias tóxicas, y Victorial Tauli-Corpuz, relator de la UN para los pueblos indígenas, hicieron un llamado al gobierno peruano para que realice una consulta previa y para que complete la remediación antes de otorgar otra concesión en ese bloque.
Aunque los acontecimientos recientes han centrado más la atención pública y política en la difícil situación de las comunidades en todo el noreste de la Amazonía peruana que viven con los impactos de los derrames de petróleo, Wrays Pérez dice que las organizaciones indígenas ganarán más si pueden dejar de lado sus diferencias.
En la reunión pública realizada en mayo en Iquitos, donde representantes del Congreso presentaron la propuesta de ley de monitoreo comunitario, Pérez fue el primer líder indígena en hablar.
Mientras miraba al auditorio, la división se veía clara. Los líderes de las federaciones indígenas que habían participado en la protesta en Saramurillo en 2016 estaban sentados en la parte de la sala que quedaba a su derecha. En la parte de atrás, a la izquierda, estaban los representantes de dos federaciones de las «cuatro cuencas».
Las comunidades indígenas del Amazonas se enfrentan a los mismos problemas, y podrán luchar para conseguir soluciones de forma más efectiva si unen sus fuerzas, dijo Pérez. Luego señaló que un puñado de aventureros españoles conquistó el imperio Inca hace quinientos años porque Huáscar y Atahualpa, los dos herederos al trono Inca, estaban peleados.
Los grupos indígenas de la Amazonía deben aprender de eso, dijo Pérez, que espera que la Nación Wampis pueda actuar como mediador para unir a las federaciones.
“Tenemos que unirnos por la Amazonía”, dijo.
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