- Samer Barrage y Juan Granda, ambos nacionalizados estadounidenses, reconocieron su culpabilidad en Corte Federal de Miami.
- Compraban oro ilegal de Perú y otros países sudamericanos, luego lo refinaban y vendían. El dinero obtenido se lo enviaban a los narcotraficantes y otros criminales asociados que financiaron la operación ilícita.
Samer Barrage, de 39 años, nacido en Londres, y Juan Granda, de 35 años, natural de Ecuador, ambos ciudadanos estadounidenses, lograron lavar hasta 3600 millones de dólares americanos provenientes de la venta de oro extraído de minas ilegales en la Amazonía del Perú y otros países sudamericanos mediante el uso de empresas fachadas, de acuerdo a una reciente publicación del diario The Miami Herald, basado en la acusación oficial del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI de Estados Unidos.
Ambos empresarios ya reconocieron su culpabilidad frente a la Corte Federal de Miami el último martes 5 de setiembre. De acuerdo a la declaración oficial de los acusados, sus operaciones ilícitas se realizaron entre enero 2013 hasta marzo del 2017. Tanto Barrage como Granda pueden recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.
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Su método consistía en comprar oro de minas ilegales localizadas en la Amazonía del Perú y otros países de la región sudamericana para la empresa en que trabajaban, NTR Metals, localizada en la ciudad de Miami, cuya casa matriz era la refinería ubicada en el Estado de Ohio, Elemetal. Luego, según sus testimonios frente a la Corte Federal de Miami, el metal precioso ya refinado era vendido y el efectivo obtenido era “devuelto como pago” a los narcotraficantes y otros criminales que financiaron estas operaciones clandestinas. Así era como lavaban el dinero de la cocaína, según explicaron los fiscales del caso.
“Por todos los miles de millones de dólares enviados desde Latinoamérica a NTR en Miami, NTR envió miles de millones de dólares en pagos a América Latina desde Estados Unidos”, se detalla en la acusación a Barrage y Granda del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Si bien no han sido acusadas las empresas NTR Metals ni su matriz Elemetal, esta última sí está suspendida de comprar, refinar y vender metales preciosos.
La publicación del diario Miami Herlad señala que los dos empresarios no trabajaban solos. Había un tercero, Renato Rodríguez, de 42 años y nacido en Nueva York. También era empleado de NTR Metals, sin embargo, debido al pago de una fianza de 100 000 dólares americanos está en libertad. “Mi cliente está luchando contra los cargos y quiere ir a juicio”, comentó a The Miami Herald, Sabrina Puglisi, abogada de Rodríguez.
De acuerdo a los fiscales federales del caso, Francisco Maderal y Tony González, solo en el 2013 los tres acusados compraron hasta mil millones de dólares americanos por el oro ilegal, justo antes que las autoridades peruanas comenzaran a reprimir este negocio ilícito.
Un oficial de cumplimiento de Elemetal, dijeron los fiscales, les advirtió a Barrage y Granda que estaban comprando oro ilegal de narcotraficantes, sin embargo, los acusados ignoraron el aviso y procedieron a abrir cuentas de Elemental para realizar sus operaciones.
“Es impresionante la cifra que han declarado como lavado de dinero. Los miles de millones de dólares que han admitido demuestran que han tenido una estrecha relación con diferentes agentes de la minería ilegal en América del Sur. Deben haber comercializado grandes volúmenes de oro ilegal. Su captura debe alarmar a los gobiernos, como el peruano, para afianzar el proceso de formalización”, declaró a Mongabay Latam, el exviceministro de Gestión Ambiental del Perú, Mariano Castro, al ser informado sobre la culpabilidad de los empresarios de Estados Unidos en el comercio de oro ilegal y el lavado de dinero por el narcotráfico.
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Además, la ex autoridad ambiental peruana recordó que una promesa de campaña del actual presidente PPK para combatir el oro ilegal era la creación de un banco minero que formalice las transacciones comerciales del oro. “Debe retomarse esa discusión. Estoy seguro de que no son las únicas personas que por su posición de dominio se aprovechan de este negocio ilegal”, agregó.
Por su parte, Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA por su sigla en inglés), dijo a Mongabay Latam que también es importante que los países demandantes se hagan corresponsables de este tipo de delitos internacionales. Como Estados Unidos por ejemplo. De esta forma apoyan los esfuerzos de los países productores.
“Hay un sistema de migración en términos de crímenes de lavado desde el narcotráfico en actividades que no son tan perseguidas en el mundo como el oro, la tala de madera, el comercio de especies silvestres. Estos son productos que una vez se comercian, pueden moverse libremente sin que nadie te fiscalice. Estos negocios son más rentables y los comerciantes disponen de más libertad”, advierte Urrunaga.
Un crimen que aún no se reconoce
Mongabay Latam se comunicó con el procurador especializado en delitos ambientales del Perú, Julio Guzmán, sobre el delito confesado por los dos comerciantes de oro ilegal y señaló que este tipo de crímenes son juzgados en el exterior porque en el Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, países donde está presente la minería ilícita, no existe el delito de exportación de minerales ilegales.
“No es como la madera ilegal que existe la trazabilidad que nos permite hacer un seguimiento desde el origen, sea legal o ilegal, de la madera hasta su exportación. Algo parecido a una trazabilidad minera no existe en el Perú ni en otros países de la cuenca amazónica hasta donde tengo entendido. Brasil tiene una ley para condenar la contaminación y la exportación de insumos minerales ilegales, por ejemplo. Aún nos falta al resto de países avanzar en ello”, declaró Julio Guzmán a Mongabay Latam.
El procurador ambiental del Perú también aseveró que la falta de la tipificación de este delito daña al comercio minero legal, ya que cuando sucede un crimen “se coloca a empresarios formales e ilegales en un mismo saco. No sabemos cuánto de oro sale de las zonas mineras ni su origen justamente porque no existe la trazabilidad que te comenté”, agregó.
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Un caso famoso que estuvo en la agenda mediática del Perú fue la captura del Pedro Pérez Miranda, alias “Peter Ferrari”, que envió oro ilegal hacia Estados Unidos por un valor de hasta 600 millones de dólares americanos, recuerda el procurador Guzmán. El empresario usaba empresas fachada como “Minerales Rivero S.A.C.” para exportar el metal precioso.
Tanto la minería ilegal de oro como los cultivos ilícitos de coca para el narcotráfico destruyen los bosques sudamericanos. De acuerdo al último reporte de las imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), solo en Perú, entre enero y agosto del 2017, se han deforestado hasta 15 000 hectáreas de bosques por estas actividades ilícitas junto a la pequeña y mediana agricultura.
¿Qué pasará con los culpables confesos?
Para febrero de 2018 el juez distrital Robert Scola tiene programada la sentencia de Samer Barrage y Juan Granda, mientras que el juzgamiento para el tercer implicado, Renato Rodríguez, será un mes antes, enero de 2018.
Como parte de los acuerdos entre los acusados y la justicia de Estados Unidos, está la colaboración para investigar “uno de los esquemas más grandes de lavado de dinero en la historia del sur de la Florida”, calificó The Miami Herald.
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El juicio ha puesto de nuevo en agenda a la ciudad de Miami, al sur del Estado de Florida, como uno de los más grandes centros para el comercio de oro, a través del Aeropuerto Internacional de Miami.
Julia Urrunaga de EIA afirma que después del comercio ilegal de drogas en el mundo, los delitos relacionados con bosques como el oro ilegal proveniente de la Amazonía, es uno de los más lucrativos del mundo.
*Imagen principal: Imagen referencial de Agencia Andina.
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